| La política de seguridad inició en 2002, señalando que los 20.600 hombres en armas en contra del Estado serían derrotados en 180 días, 5 años más tarde había 50.400 bajas entre muertes, en combate, capturas y desmovilizaciones, y la insurgencia seguía activa, a la par que crecían la pobreza y la riqueza y los partidos políticos eran desvertebrados con dádivas y cargos públicos. |
La apropiación de los dispositivos de poder del Estado y del Gobierno en beneficio privado tienen a Colombia sumida en una profunda crisis, que compromete a la Economía, a la Política, a la cultura y al modo de ser humanos.
La crisis presenta resultados como:
a ) La degradación del Estado de Derecho, lo que afecta el contenido de la Democracia, la Convivencia y los Derechos humanos;
b ) El crecimiento de los niveles de empobrecimiento colectivo, causado por la implantación desmedida de prácticas neoliberales que llevaron a la quiebra a la pequeña y media empresa nacional, precarizaron el empleo y causaron mayor desempleo;
c ) La vulneración sistemática de derechos humanos a sectores sociales empobrecidos, oposición política y líderes sociales, cuya huella de barbarie solo es comparable al terror de la era nazi;
d) La imposición de estrategias de guerra manifiesta en un desplazamiento forzado del 10% del total de población.
Los dispositivos de la guerra auspician un modo de vivir, afianzado en técnicas de muerte, que se hicieron extensivas a todo el territorio nacional a través de la Seguridad Democrática, que se instaló en lo más hondo de las conciencias de buena parte de la población, para la cual es natural y legítimo el uso de las armas y la eliminación física del contrario. La seguridad democrática destruyó al Estado de Derecho al fijar el imaginario de que “todo vale para derrotar al enemigo” sea este real o imaginado.
El ejecutivo en nombre de un difuso concepto de Estado de Opinión permitió que legalidad e ilegalidad rompieran la línea divisoria que las separaba. El Estado de Derecho basado en la división de poderes, el respeto a los derechos y el imperio de la ley, paulatinamente fue sustituido por la voluntad del soberano. La división de poderes se franquea con un ministro del interior que ejerce también funciones de ministro de justicia, los derechos humanos son un privilegio de pocos e impera la ley de los fuertes sobre los débiles.
Sin Estado de Derecho y en medio de un conflicto social y armado de medio siglo de duración la tasa de homicidios se sostiene de primera en América Latina con más de 15.000 asesinados por año, la mayoría jóvenes entre 19 y 22 años que deberían ser estudiantes universitarios o innovadores empresarios. Las tropas y agentes del estado en la guerra suman más que el número de profesores y médicos juntos. Y el presupuesto de la guerra supera por amplio margen el gasto social en salud y educación. Se construyen nuevas cárceles para mitigar el hacinamiento de 80.000 prisioneros, de los cuales el 10% son presos de conciencia. Encadenados de pies y manos han sido extraditados a los Estados Unidos más de 1000 colombianos, entre ellos una docena de jefes paramilitares defensores de las políticas de seguridad que a diario comprometen al gobierno y altos cargos, cuyos crímenes son de lesa humanidad, pero se les juzga por tráfico de cocaína.
La sociedad, es conminada de todas las formas posibles a aceptar las verdades del gobierno como verdades únicas configuradas alrededor de solo tres temas: “seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social”. La realidad de lo que ocurre permanece opacada por los velos y tinieblas colocadas desde el palacio de gobierno, por el propio presidente, sus ministros y asesores.
La ciudadanía controlada y bajo temor sabe parcialmente de lo que pasa por la recurrencia de los grandes escándalos que rompen las reglas del Estado de Derecho, entre los que se destacan: Crímenes de Estado o falsos positivos judiciales; Interceptaciones Telefónicas ilegales o chuzadas a magistrados, líderes políticos y sociales, opositores al gobierno, defensores de derechos humanos, diplomáticos de otras nacionalidades; Dilapidación de Dineros Públicos o Recursos de Estado donados a terratenientes y amigos del gobierno con el programa Agro Ingreso Seguro AIS; Cambio de destino del uso de la tierra, referido a las Zonas Francas que envolvió a los hijos del presidente; Cohecho la compra de votos por notarias y cargos públicos por la primera reelección del presidente o yidispolitica; Invasión armada a territorio extranjero y muerte a ciudadanos o caso de Raúl Reyes; Falsedad en Información en caso de firmas y dineros para aprobar el referendo reeleccionista de segunda vez; Autorización de uso de Territorio a tropas extranjeras sin consultas a otros organismos de estado o de la entrega de 7 bases militares a Estados unidos; Soborno en compras de buques de guerra según denuncias de un periódico alemán; Perfidia o uso de símbolos protegidos para engañar a otros; Injuria y Calumnia o de señalamientos de apoyo terrorista a personalidades no uribistas, como lideres liberales, congresistas del PDA, magistrados de la corte; Modificaciones a la Constitución para una primerareelección del presidente y el intento de una segunda reelección que traumatizó el orden institucional; Imposición del estado de conmoción para conjurar una huelga del poder judicial; Reuniones secretas en palacio con paramilitares como caso de Job en la casa de nari; Aprobación de una ley de justicia y paz o de impunidad; Absolución y halago público a Rojas, un delincuente que cortó la mano de su víctima y la entregó al gobierno para reclamar recompensa; Encarcelamiento de presidentes de partidos electores de Uribe y de otros amigos y colaboradores del gobierno: Gil, Martínez, García, Arana, Noguera, Araujo, Mario Uribe, Enilce López.
Lo paradójico de la situación es la confluencia de grupos sociales antagónicos, procedentes unos de los sectores más empobrecidos y otros de los sectores más enriquecidos, quienes coinciden en buscar la continuidad del modelo Uribe. Los dos grupos alientan la estrategia de polarización entre amigos o enemigos del gobierno o entre patriotas o apátridas, quebrantando los cimientos de la democracia y de las relaciones entre humanos, sean estos nacionales o vecinos.
Esta máquina de guerra reproduce como lenguaje común las ideas de “dar de baja, linchar, desaparecer o desplazar” para garantizar la seguridad, la inversión y la cohesión social. Las técnicas de la guerra han fracturado la forma de ser humanos en Colombia y creado la sensación de que los derechos pueden usarse para justificar el asesinato del otro. Sin embargo aquello que parece tan natural, significa lo contrario.
Los derechos están del lado opuesto a la opresión o utilización del ser humano como medio o instrumento para provocar daño o muerte, aunque esta ocurra sobre el peor de los criminales. Invocar derechos para “producir bajas”, es de cínicos, de perversos, constituye una afrenta a la humanidad. La política de seguridad inició en 2002, señalando que los 20.600 hombres en armas en contra del Estado serían derrotados en 180 días, 5 años más tarde había 50.400 bajas entre muertes, en combate, capturas y desmovilizaciones, y la insurgencia seguía activa, a la par que crecían la pobreza y la riqueza y los partidos políticos eran desvertebrados con dádivas y cargos públicos.
Entre humanos, está establecido que a ningún ser humano se le mata y que es pervertido, loco, enajenado, quien celebra un crimen o da la orden de cometerlo. De ahí la necesidad de detener la muerte, cuyo deleite es presentar cada vez más abultados listados de bajas y enemigos, ante las que la vida aparece como la más barata e insignificante de todas las mercancías.
Defender la vida es defender la dignidad, es la apuesta común para detener la continuidad de la máquina de guerra. La defensa de la vida es el primer pacto necesario para dar un paso adelante y empezar a repensar a Colombia y a reflexionar sobre qué somos y en qué tipo de sociedad queremos convivir, no solo sobrevivir. El segundo pacto será reconstruir la legalidad como base para devolver a sus ejes al Estado de Derecho. Recuperar este sentido convoca por esta vez, a abandonar dogmatismos e inamovibles en los sectores que igual consideran un asunto vital defender la vida y detener la guerra, lo que no implica negociar proyectos ideológicos, ni claudicar en propuestas políticas.
Defender la vida implica asumir una toma de partido en la contienda electoral por la presidencia de la república, en la que se plantean como opciones polarizadas con mayor favorabilidad de votos: la legalidad democrática frente a la seguridad democrática. Podría presumirse que los partidos de estructuras tradicionales que plantean otros programas interpretarán la existencia de una elección a dos vueltas. En la primera las militancias están llamadas a ratificar convicciones y compromisos de partido. El partido liberal a asumir la tarea de defender las libertades, con Pardo, el conservador a ratificar la persistencia del statu quo con Noemí y el Polo Democrático Alternativo a sostener el ideal de una sociedad de igualdad en la diferencia con Petro. Los otros dos partidos, polarizados para ganar en la primera vuelta, responden a formas de organización que superan el campo de las militancias. El partido de la U, es el producto de las alianzas de 8 años de gobierno y está presidido por su candidato Santos ex ministro de la guerra. El partido Verde, surgido de débiles alianzas de provincia se fortaleció con el ingreso reciente de los últimos tres ex alcaldes de Bogotá, de distintas procedencias políticas que en una consulta con participación de cerca de dos millones de electores escogió a Mockus para representarlo.
Estas dos formas de hacer política en Colombia recibirán los beneficios electorales bien por el afianzamiento de la máquina de seguridad y guerra de Santos o por espacios para la legalidad y el respeto a la vida de Mockus. Antanas Mockus es un actor político que apareció en la vida pública como rector de la Universidad Nacional de Colombia, principal universidad Colombiana con 50.000 estudiantes, en donde se destacó como profesor de filosofía y matemáticas e investigador de la pedagogía. Fue dos veces alcalde de Bogotá y baso su gobierno en el respeto por la vida y los bienes públicos mediante una pedagogía de cultura ciudadana, en la que deliberar para decidir era la base del buen gobierno. Con Mockus se podrá esperar un ministerio de ciencia antes que otros batallones o más recursos a educación y salud antes que a instrucción militar, o más diplomacia que amenazas con fusiles.En juego no hay propuestas para modificar las estructuras del Estado o abandonar el mercado, eso vendrá dado de los modos como se recuperen los dispositivos del Estado y del Gobierno. En el primer momento sólo hay un sentido común: derrotar la continuidad y afianzamiento de una máquina de guerra cuyo funcionamiento produce una espiral de muerte.
[1] Manuel Restrepo Domínguez. Profesor titular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ph.D en derechos humanos. Director Maestría en derechos humanos.
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