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Presionado por varios empresarios colombianos que cuentan con inversiones en Ecuador y que han sido un sólido apoyo a su gestión, el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez trató recientemente de tranquilizarlos al presentar “disculpas” al pueblo ecuatoriano y al presidente Rafael Correa Delgado por la violación a su soberanía y por la manera como ha generado desde la Casa de Nariño toda una matriz política y mediática para desprestigiar y desestabilizar a su gobierno.
No hay que olvidar que Uribe Vélez ha venido haciendo suya la táctica según la cual “es mejor pedir perdón que pedir permiso” y las “disculpas” que presentó al gobierno del presidente Correa no son más que la consecuencia de los efectos que a corto plazo deberá enfrentar Colombia por el rompimiento de relaciones con Ecuador, su tercer socio comercial.
Lo que salta a la vista es que desde la Casa de Nariño en Bogotá se ha elaborado todo un plan para desestabilizar políticamente al gobierno ecuatoriano, comenzando por satanizar mediáticamente al presidente Correa.
Gutiérrez ficha de la estrategia uribista
Para ello, el equipo uribista cuenta con un gran aliado que es el ex presidente Lucio Gutiérrez y su partido Sociedad Patriótica, para lo cual vienen trabajando desde hace algunos meses en forma coordinada y sistemática.
No es mera coincidencia que cuando se urde un mentís desde la Casa de Nariño en contra del mandatario ecuatoriano, el que le hace eco inmediatamente en el ámbito interno es Gutiérrez.
Analistas ecuatorianos consultados por CRONICON.NET hicieron énfasis en denunciar que el ex presidente Gutiérrez derrocado por escándalos de corrupción en abril de 2005 y sindicado de haber financiado su campaña electoral con dinero del narcotráfico, tras la detención del presunto traficante César Fernández, quien respaldó su aspiración presidencial a finales de 2002, se ha convertido en alfil del gobierno de Uribe Vélez para contribuir a la estrategia mediática de desprestigio orquestada desde Bogotá contra Correa y generar las condiciones para un golpe de Estado de nuevo tipo.
El periodista y escritor uruguayo-ecuatoriano Kintto Lucas, corresponsal en Quito de la agencia Inter Press Service (IPS), explica que es demasiado coincidente que cuando el gobierno de Uribe saca todo su arsenal como el burdo montaje del video del guerrillero alias “Mono Jojoy” para desprestigiar al presidente Correa, precisamente el día en que el Comando Sur de los Estados Unidos desalojó la base de Manta, Gutiérrez salga a hacerle eco en Ecuador a esa propaganda negra.
Afortunadamente, agrega el periodista de IPS, el gobierno de Correa, aunque reaccionó tarde, ahora es consciente de que la administración Uribe Vélez está buscando por todos los medios “desestabilizar” políticamente a Ecuador y para ello tiene un aliado de la catadura del coronel Gutiérrez, de triste recordación para el pueblo ecuatoriano.
De lo que se trata, dijo Lucas, un analista del conflicto colombiano y su incidencia en el Ecuador, quien ha escrito algunos libros sobre el tema, es de generar las condiciones desde Bogotá para protagonizar un “golpe de nuevo tipo” contra Correa con la ayuda de Gutiérrez y varios ex militares que no solo reciben apoyo de Bogotá sino del Comando Sur.
En concepto del ex ministro y ex presidente de la Asamblea Constituyente , Alberto Acosta, “Lucio Gutiérrez es el embajador en Ecuador del gobierno guerrerista de Álvaro Uribe”, al tiempo que denunció que “ex oficiales de las Fuerzas Armadas ecuatorianas vienen sirviendo de agregados militares de la embajada colombiana, pero no del pueblo colombiano, sino del inquilino de la Casa de Nariño”.
Ha quedado demostrado, dijo Acosta, que el gobierno de Bogotá le pasa información y le da instrucciones a Gutiérrez para que éste las replique en los medios de comunicación adversos al gobierno de Correa.
Finalmente, Alexis Ponce, directivo de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos del Ecuador, sostuvo que “Uribe Vélez debería darle la medalla al mérito a Lucio Gutiérrez como militar de inteligencia por los servicios prestados”, quien además de ser “consentido” del gobierno de Bogotá tiene estrechos vínculos de amistad con el controvertido general (r) colombiano Harold Bedoya y con círculos de la ultraderecha colombiana liderados por el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Diplomacia ciudadana
Si se quiere avanzar en la recomposición de las relaciones colombo-ecuatorianas afectadas por el atropello y la actitud guerrerista de Uribe Vélez, sectores progresistas ecuatorianos consideran necesario iniciar un proceso de “diplomacia ciudadana” entre algunas organizaciones sociales y partidos de izquierda de Colombia con el Palacio de Carondelet.
Una fuerza política progresista como el Polo Democrático Alternativo (PDA) de Colombia está llamada a jugar un papel preponderante en la superación de la crisis diplomática en las relaciones bilaterales, dado su espíritu integracionista en el ámbito latinoamericano. Esta es una de las percepciones que tienen analistas ecuatorianos consultados respecto de la necesidad de que ese partido de izquierda juegue un rol determinante en el restablecimiento de los vínculos entre estas dos naciones andinas.
En efecto, en Ecuador dirigentes y sectores afectos al gobierno de Correa confian en que el PDA se consolide como verdadera opción de poder porque, según manifestaron, es la única posibilidad para restablecer la confianza entre ambos Estados, luego del rompimiento de relaciones diplomáticas como consecuencia de la violación de la soberanía territorial del Ecuador el 1 de marzo de 2008 cuando se atacó el campamento transitorio del guerrillero Raúl Reyes.
Para Alberto Acosta, el PDA puede liderar un proceso de “diplomacia ciudadana” con gobiernos regionales, intelectuales progresistas y centros universitarios colombianos con miras a generar las condiciones para restablecer los canales de interlocución, dada la circunstancia, agregó, que “los Uribes son transitorios mientras que los pueblos sufren las consecuencias de los estilos autoritarios y guerreristas”.
Por su parte, Alexis Ponce, fue enfático en afirmar que en el mediano plazo una buena posibilidad para ponerle fin a esta crisis “es que el PDA gane y tome el poder en Colombia para terminar esta actitud belicista de Uribe, dándole además la oportunidad a este país hoy gobernado por la ultraderecha de hacer parte de la ola de gobiernos progresistas de América Latina”.
“El Polo –agregó Ponce- tiene el reto de fortalecerse en el nivel interno colombiano porque de esta forma tendrá incidencia regional y para las relaciones con Ecuador, ello es prioritario”.
Entre tanto, Kintto Lucas se mostró confiado en que una fuerza progresista y de izquierda como el Polo Democrático Alternativo genere espacios de entendimiento y comunicación con los diversos canales institucionales de Ecuador.
1. Colombia, con 44 millones de habitantes y un gobierno paramilitar, se ha convertido en modelo del gobierno ilegítimo de Felipe Calderón a pesar de que México es un país con muchos más recursos y el tercero en habitantes de América (108 millones). Pero lo que hace que Calderón mantenga lazos con el colombiano Álvaro Uribe es por la estrecha relación que mantienen con los EEUU y por el significado del Plan Colombia que con “cierto éxito” viene aplicándose desde 1999 en ese país. Así como Colombia es un Estado militarizado que en los últimos años (en nombre de la democracia) sus aviones y helicópteros se han dedicado a arrojar miles de bombas en montañas y selvas buscando asesinar a guerrilleros, así el gobierno de México busca recorrer ese camino.
2. Es el motivo esencial por el que Calderón ha firmado el compromiso de enviar a EEUU, Colombia y Canadá a varios miles de soldados y oficiales del ejército mexicano para que sean capacitados en “tácticas antiterroristas” y entrenados siguiendo los modelos de las fuerzas armadas de esos países. Esos fueron acuerdos muy evidentes, publicados también, en la “cumbre” y en la visita de Calderón a Colombia. Con estos ejemplos, si tomamos en cuenta el llamado Plan México o Iniciativa Mérida firmada en marzo de 2007 por Calderón y Bush, el México pacífico, conciliador, desaparece al comprometerse con las aventuras guerreras yanquis realizadas a través de la ONU y sus cascos azules. Ante el desplome económico, México se militariza con rapidez.
3. Hoy mismo –jueves 13- México y Estados Unidos firmaron “una carta de intención para desarrollar y coordinar respuestas a las amenazas que plantean el contrabando transfronterizo y del tráfico de armas y municiones”. Fue firmada por la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, y el procurador de México, Eduardo Medina Mora, al cabo de una reunión en la que participaron otros funcionarios de alto rango. Pero también hoy el presidente colombiano Álvaro Uribe anunció que acordó con Felipe Calderón fortalecer la lucha conjunta contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Uribe destacó que “los dos países desarrollan una intensa cooperación en materia de seguridad, la cual incluye intercambio de información y capacitación policíaca”.
4. La llamada Cumbre de Guadalajara fue indiscutiblemente un fracaso. Ni balance ni revisión del TLC, ni acuerdos sobre migración, ni apoyos al presidente Zelaya, ni arreglos de las visas canadienses. Nada, absolutamente nada. Los millones de dólares que se despilfarraron en la llamada “cumbre” sólo sirvieron para salir en las fotos y para subrayar el fortalecimiento a la lucha contra el “terrorismo” y estrechar la vigilancia a la frontera del norte. Sin embargo esos mismo días se reunieron en Ecuador los 12 representantes de UNASUR con el fin de analizar la instauración de las siete u ocho bases yanquis autorizadas por el presidente colombiano Uribe que representan una gran amenaza para Suramérica. Se emplazó a Uribe para la próxima reunión en Argentina.
5. Los vínculos y la penetración presupuestal del Departamento de Defensa de los EEUU en Colombia, escribió Saxe-Fernández, son intensos. Según oficiales chilenos en 10 años pasó de 50 millones de dólares (1998) a 5 mil millones de dólares anuales. Y adosaron: “Colombia es más peligrosa que un portaviones con cazas F-16. Tiene acceso a tecnología satelital de Estados Unidos que le permite monitorear y supervisar operaciones en cualquier lugar en tiempo real. Ningún otro país de la región puede hacer eso”. Es lo que logrará el gobierno de Calderón al profundizar los acuerdos del Plan México: tener un gran acceso a la tecnología guerrerista de punta de la cual los EEUU son los más importantes productores. Pero todo en nombre del combate contra el narcotráfico.
6. Las siete u ocho bases yanquis que se instalan en Colombia, con el total apoyo de los presidentes Obama y Uribe, no es cualquier “moco de pavo”, como diría mi amigo Juanito Guanabacoa. Es una cosa totalmente seria que amenaza a todos los países del “cono sur” de América Latina. El que parece estar más alarmado es Evo Morales, el presidente indígena de Bolivia que ha dicho (en clara referencia al presidente colombiano): “Quienes quieren implementar bases militares son traidores a sus pueblos, a Latinoamérica, a los países que luchan por su dignidad y soberanía”.
7. La realidad es que el gobierno de Álvaro Uribe, valiéndose de toda la cobertura del Plan Colombia firmado hace 10 años con el pretexto del combate a narcotráfico, ofreció al gobierno de Obama dos bases navales, tres aéreas y tres terrestres que operan bajo un prototipo de invasión / ocupación militar y paramilitar desarrollado en esta década para combatir a las guerrrillas de la FARC. La gira de Calderón nada tiene que ver con Unasur ni con la reinstalación de Zelaya en el gobierno de Honduras; después de Colombia irá a Uruguay y Brasil representando, en los hechos, la voz de los EEUU y Colombia, países que le han ofrecido la estructura militar y la capacitación de su ejército para las tareas que en este momento tiene Calderón: prepararse militarmente ante el desplome económico de México y una probable rebelión.
Sin embargo, Obama aparece ahora haciendo caso omiso de las recomendaciones del cuerpo fiscalizador estadounidense. Incluso, ha pretendido despachar las legítimas críticas latinoamericanas al oscuro acuerdo que le daría al Pentágono estadounidense acceso a seis bases militares en Colombia, como pura “retórica antiyanqui”. Insiste en que lo único que está haciendo Washington es actualizando el presente acuerdo de seguridad que hay con Colombia.
Las palabras de Obama, sin embargo, chocan no sólo con la experiencia histórica del intervencionismo militar estadounidense en la región sino que también con los juicios informados de expertos en la materia. Por ejemplo, según declaraciones dadas por Joy Olson, directora de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) a la BBC, la presencia de soldados estadounidenses en bases colombianas no es necesaria: “Si EE.UU. lo que quiere hacer son actividades antidrogas y el seguimiento de vuelos con drogas que se dirijan a EE.UU., se puede cumplir esa función sin necesidad de tener derechos de uso de bases”.
De ahí la insistencia de los mandatarios de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil, entre otros, en que el controvertible acuerdo Obama-Uribe persigue, en última instancia, la fracturación de los procesos de cambio vividos en la América nuestra en el presente siglo, sobre todo la creciente integración y unión política y económica regional sobre bases independientes de Washington.
El Plan Colombia forma parte desde sus inicios de una estrategia regional que fue diseñada por el Departamento de Defensa durante la presidencia de Bill Clinton. A partir de ésta se procedió a la instalación de una red de bases militares, con Colombia como su foco central, y cuyo fin último es la guerra de contrainsurgencia en la región. Bajo Clintón se fue desdibujando la diferencia operacional entre la lucha contra las drogas y las actividades de contrainsurgencia. La red incluía, entre otras instalaciones, las bases de Roosevelt Roads (Puerto Rico), Manta (Ecuador), Comalpa (El Salvador), Reina Beatriz (Aruba), Hato Rey (Curazao), Guantánamo (Cuba) y Soto Cano (Honduras). En esta última opera la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, adscrita al Comando Sur. A éstas habría que sumar la base de Mariscal Estigarribia (Paraguay). Ya en el 2008, esta red de dispositivos de intervención fue reforzada con el relanzamiento de la Cuarta Flota de la Marina de Guerra estadounidense para patrullar los mares alrededor de la América nuestra, sobre todo ante la pérdida de su base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico.
El nuevo siglo trajo algunas inesperadas amenazas a la estrategia regional del Pentágono, sobre todo ante el progresivo giro a la izquierda que se ha vivido en la región. En particular, el gobierno del Presidente Rafael Correa decidió no renovar el contrato para la permanencia de la base estadounidense en Manta, donde luego de varios años de la presencia militar yanqui allí ésta se ha convertido en el principal puerto de exportación de la droga en dicho país. A esto se le sumó la propuesta hecha por el presidente hondureño Manuel Zelaya para convertir la base de Estados Unidos en Soto Cano en un aeropuerto comercial, hecho éste que explica las complicidades que van saliendo a la luz entre el gobierno de Washington y los protagonistas del golpe contra Zelaya.
Precisamente, si hay algo que evidencia el caso del golpe en Honduras es la puesta en marcha de una estrategia de reversión de los cambios que se han ido produciendo en la América nuestra. A ello hay que añadir el Plan Mérida y la implantación desde México de una estrategia de seguridad dirigida más específica contra los procesos de cambio en la América Central, así como para apuntalar a un aliado percibido crecientemente como Estado fallido.
Según el sociólogo estadounidense James Petras, bajo el gobierno de Obama se implanta “una política de reforzamiento, de revertir los avances” de la izquierda en la región. La actual escalada militarista de Obama pretende intimidar a los gobiernos de la América nuestra y debilitar el apoyo a los procesos de cambio. Abunda Petras: “Todo la política exterior está controlada desde el Consejo de Seguridad Nacional. Esta presente Obama, la CIA y el Pentágono. Esta política de militarización en Colombia es de revertir el progreso en América Latina, de reprimir los movimientos sociales, particularmente con la crisis económica”.(2)
Sin embargo, los hechos hablan con mayor contundencia que las palabras. En una clara refutación al ropaje retórico usado por Obama en relación a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, se ha dado a conocer la denuncia contenida en un informe que circula en Washington que advierte, según fuentes del Ejército de Estados Unidos, sobre la creación de una especie de “Cartel del Comando Sur”. Esta seria imputación surge a raíz de varios incidentes de conocimiento público que han evidenciado la participación de instructores militares y paramilitares estadounidenses con el narcotráfico colombiano. Aún así, Obama se alinea con la estrategia imperial de reposicionar el Comando Sur como eje de su política exterior hacia la región. Aún así, refuerza su alianza con el gobierno derechista de Álvaro Uribe, no empece su notoria reputación represiva.
El autor es Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico. Es, además, miembro de la Junta de Directores y colaborador permanente del semanario puertorriqueño “Claridad”.
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens |
“Dentro de poco no habrá clase media. Tendremos unos pocos, y sólo unos pocos lores, y todos los demás, mendigos.” R.L. Bushman
“Nos estáis dividiendo rápidamente en dos clases – los extremadamente ricos y los extremadamente pobres.” “Bruto”
Los estadounidenses piensan que tienen “libertad y democracia” y que los políticos tienen que rendir cuentas en las elecciones. La realidad es que EE.UU. es gobernado por poderosos grupos de interés que controlan a los políticos con donaciones a sus campañas electorales. Nuestros verdaderos gobernantes son una oligarquía de intereses financieros y militares y de seguridad, y AIPAC [lobby israelí, N. del T.] que influencia la política exterior de EE.UU. en bien de Israel.
Echemos un vistazo a la política económica. Es dirigida en beneficio de grandes firmas financieras, como Goldman Sachs.
Los que recibieron 700.000 millones de dólares en fondos del TARP [Programa de Alivio para Activos en Problemas] fueron los bancos, no los millones de estadounidenses que han perdido sus casas, puestos de trabajo, seguro de salud, y pensiones. Los bancos utilizaron ese obsequio de capital para hacer más utilidades. En medio de la peor caída económica desde la Gran Depresión, Goldman Sachs anunció beneficios récord en el segundo trimestre y grandes bonificaciones de seis dígitos para cada empleado.
La política de bajos tipos de interés de la Reserva Federal es otro regalo a los bancos. Baja su coste de fondos y aumenta sus beneficios. Con la derogación de la Ley Glass-Steagall en 1999, los bancos se convirtieron en casas de inversión de alto riesgo que comercian con instrumentos financieros como ser derivados de tasas de interés y valores respaldados con hipotecas. Con abundantes fondos suministrados casi gratis por la Reserva Federal, los bancos no pagan prácticamente nada a los depositantes por sus ahorros.
A pesar de la política de bajas tasas de interés de la Reserva Federal, los bancos comenzarán a partir del 1 de octubre a aumentar la tasa porcentual anual (APR) para compras con tarjetas de crédito y adelantos de dinero y estados de cuenta que tienen una tasa disuasoria por pago atrasado. Los bancos también están aumentando las tasas por pagos atrasados. En medio de la peor situación económica desde los años treinta, estadounidenses fuertemente endeudados, que están perdiendo sus puestos de trabajo y sus casas, son desangrados hasta la bancarrota por los mismos bancos que están siendo subvencionados con fondos del TARP y bajas tasas de interés.
Además, es el público estadounidense el que está metido en apuros por el dinero del TARP y las bajas tasas de interés. Como el presupuesto del gobierno de EE.UU. está en números rojos en más de un 50%, hay que prestarse el dinero del TARP en el extranjero o tiene que ser monetizado por la Reserva Federal. Esto significa más presión sobre el valor de cambio del dólar de EE.UU. y un aumento en los precios de importación y también inflación en el interior.
Por lo tanto los estadounidenses pagarán por el TARP y los subsidios a las bajas tasas de interés a sus gobernantes financieros a través de la erosión del poder adquisitivo del dólar. Lo que estamos experimentando es una masiva redistribución de los ingresos del público estadounidense al sector financiero.
Y esto sucede bajo un gobierno demócrata encabezado por el primer presidente negro de EE.UU., con una mayoría demócrata en la Cámara y en el Senado.
¿Existe un gobierno en alguna parte que represente menos a sus ciudadanos que el de EE.UU.?
Consideremos las guerras de EE.UU. Al escribir estas notas, el coste pagado en efectivo de las guerras de EE.UU. en Iraq y Afganistán es de 900.000.000.000 dólares. Si se suman los costes futuros ya incurridos de las prestaciones a veteranos, interés sobre la deuda, el uso no aprovechado de los recursos para propósitos productivos, y otros costes similares tal como han sido calculados por el economista del Nobel Joseph Stiglitz y la experta presupuestaria de la Universidad Harvard Linda Bilmes, “nuestro” gobierno ha derrochado
3.000.000.000.000 de dólares –3 billones de dólares – en dos guerras que no traen beneficio alguno para algún estadounidense cuyos ingresos no dependan del complejo militar/industrial, ante el que nos advirtió un general de cinco estrellas, el presidente Eisenhower.
Ahora es un hecho probado que la invasión estadounidense de Iraq se basó en mentiras y engaño del público estadounidense. Los únicos beneficiados fueron las industrias de armamentos, Blackwater, Halliburton, oficiales militares que logran ascensos más rápidos durante la guerra, y los extremistas musulmanes cuya argumentación fue confirmada por el gobierno de EE.UU. mediante su agresión no provocada contra los musulmanes. Nadie más se benefició. Iraq no amenazaba a nadie, y la captura de Sadam Hussein y su ejecución después de un juicio irregular y arbitrario no tuvo efecto alguno sobre el fin de la guerra o para impedir el comienzo de otras.
El coste de las guerras de EE.UU. es un inmenso lastre sobre un país en bancarrota, pero el coste incurrido por los veteranos podría ser aún mayor. La falta de vivienda es una condición corriente de los veteranos, así como el estrés postraumático. Los soldados estadounidense, que combatieron ingenuamente por las guerras de la industria de la munición, por los altos pagos a los directores de la munición, y por los dividendos y las ganancias de capital de los accionistas de la munición, pagaron no sólo con vidas y extremidades perdidas, sino también con matrimonios rotos, carreras arruinadas, desórdenes psiquiátricos, y sentencias de prisión por no cumplir con pagos de manutención de menores.
¿Qué ganaron los estadounidenses gracias a una guerra incosteable en Iraq que dura mucho más que la Segunda Guerra Mundial y que llevó al poder a chiíes aliados con Irán?
La respuesta es obvia: absolutamente nada.
Que ganó la industria de armamentos: Miles de millones de dólares en beneficios.
Obama es el candidato presidencial que prometió terminar la guerra en Iraq. No lo ha hecho. Pero ha escalado la guerra en Afganistán, comenzado una nueva guerra en Pakistán, se propone repetir el escenario yugoslavo en el Cáucaso, y parece determinado a iniciar una guerra en Sudamérica. Como reacción a la aceptación por el presidente de Colombia títere de EE.UU., Álvaro Uribe, de siete bases militares de EE.UU. en Colombia, Venezuela advirtió a los países sudamericanos que “comienzan a soplar vientos de guerra.”
Tenemos un gobierno de EE.UU., totalmente dependiente de la generosidad de extranjeros para financiar la tinta roja, que se extiende en grandes cantidades hasta donde llega la vista, totalmente dominado por el complejo militar/seguridad, que nos destruirá a todos a fin de satisfacer las expectativas bursátiles de Wall Street.
¿Por qué le importa a algún estadounidense quién gobierna Afganistán? El país no tiene nada que ver con nosotros.
¿Calcularon los comités de servicios armados de la Cámara y del Senado el riesgo de desestabilizar a Pakistán armado con armas nucleares cuando aceptaron la nueva guerra de Obama en ese país, una guerra que ya ha desplazado a dos millones de paquistaníes?
No, claro que no. Los corruptos recibieron sus órdenes de la misma oligarquía militar/seguridad que mandó a Obama.
La gran superpotencia estadounidense y sus 300 millones de habitantes están siendo destruidos por los estrechos intereses de los grandes bancos y por la industria de armamentos. La gente, y no sólo los estadounidenses, está perdiendo a sus hijos, esposos, hermanos y padres sin otro motivo que los beneficios de las corporaciones de armamentos de EE.UU. y los crédulos estadounidenses parecen enorgullecerse de que así sea. Esas pegatinas en sus coches, todo terrenos y monstruosas camionetas proclaman su ingenua lealtad a la industria de armamentos y a los corruptos en Washington que promueven guerras.
¿Llegarán a comprender los estadounidenses, aplastados y destruidos por la política de “su” gobierno, que siempre pone a los estadounidenses en el último lugar, quiénes son sus verdaderos enemigos?
¿Se darán cuenta los estadounidenses de que no los gobiernan sus representantes elegidos sino una oligarquía que es dueña del prostíbulo Washington?
¿Llegarán algún día a comprender los estadounidenses que son siervos impotentes?
http://www.counterpunch.org/
Paul Craig Roberts fue secretario adjunto del Tesoro en el gobierno de Reagan. Es co-autor de “The Tyranny of Good Intentions.” Para contactos, escriba a: PaulCraigRoberts@yahoo.com
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