sábado, 9 de junio de 2012


       
Colombia empalada


Rebelión...09/06/2012

El brutal asesinato, tortura y violación de Rosa Elvira Cely, en pleno Parque Nacional de Bogotá, ha causado una justa ola de indignación en todo el país. Al grito de “¡Ni una Rosa más!” miles de bogotanos se reunieron el 3 de Junio en el lugar del macabro crimen a rendir sentido tributo a esta víctima y a protestar vehemente contra la violencia contra la mujer.En este espacio no quiero extenderme demasiado sobre este crimen en particular, que lamentablemente, es uno más entre miles de abusos y feminicidios que ocurren cotidianamente en Colombia. Ni quiero tampoco referirme a las múltiples negligencias que contribuyeron, en algún grado, al desenlace fatal de esta historia (una respuesta inadecuada de la policía a los llamados de auxilio, negligencia en su atención médica, que no se atendieran sus heridas de puñal que fueron las que finalmente le ocasionaron la muerte, etc.). Sobre lo que quiero llamar la atención es sobre la hipocresía de los medios y las élites colombianas que hoy se horrorizan ante el cadáver de Rosa Elvira Cely, pero que sistemáticamente han hecho la vista gorda ante los crímenes del paramilitarismo, que son calco y copia del empalamiento de Rosa Elvira Cely.
La práctica del empalamiento, es decir, la penetración forzosa por el ano o la vagina de la víctima con un palo que le perfora los órganos internos, a veces saliendo por la boca, no es un acto sádico novedoso. Es una práctica que, de hecho, se ha aplicado en Colombia desde los inicios de la violencia conservadora a mediados de los ‘40, en innumerables veredas y zonas rurales, donde las cuadrillas de chulavitas, pájaros o paramilitares (como se les ha llamado en diferentes épocas y regiones a los ejércitos privados al servicio de terratenientes y caciques políticos del establecimiento) se han desplazado aterrorizando a la población, utilizando a la violencia sexual como una forma de amedrentamiento y control. El empalamiento, así como otras formas de agresión sádica hacia la mujer (cercenar los senos, extraer el feto del vientre de las embarazadas, por ejemplo), demuestran la notable continuidad entre la violencia “chulavita” de los ‘40 y la violencia “paraca” de los ‘90 hasta ahora. La agresión hacia la mujer, y hacia las niñas, es vista en la lógica paramilitar como una manera de humillar y proyectar el control total, patriarcal-machista-violento, sobre comunidades que consideran hostiles a su proyecto de “Estado comunitario” o aliadas de la “subversión”. En palabras de la investigadora Donny Meertens, la violencia sexual “no es tolerada como un acto de perversión individual, sino que ha sido permitida como una práctica sistemática de guerra, aplicable solamente a comunidades específicas[1].Volviendo al empalamiento, abundan los casos de mujeres que, por haber sido señaladas de ser amantes de un guerrillero, se les violó, asesinó y, en muchos casos, empaló. El empalamiento, por citar un ejemplo, fue utilizado en la masacre del Salado, en los Montes de María, en el 2000: al menos una víctima, Neivis Arrieta, de 18 años, fue empalada al ser acusada de amante de un guerrillero de las FARC-EP[2]. Según Olga Amparo Sánchez, de la Casa de la Mujer, en Tumaco hoy en día se está utilizando el empalamiento como una práctica sistemática por parte de paramilitares y lo mismo ocurre en muchas otras regiones del país[3]. También los paramilitares han torturado con el empalamiento a homosexuales en sus áreas de control y en sus campañas de “limpieza social”[4].
Los medios colombianos, que hoy se rasgan los vestidos con el horror del empalamiento de Cely, jamás se escandalizaron demasiado cuando estas prácticas eran llevadas a efecto por los paramilitares en “zonas rojas”, frecuentemente de la mano de la fuerza pública. Los medios, que estaban al tanto de todo cuanto ha ocurrido en las zonas rurales de Colombia desde los inicios de la ofensiva paramilitar de los ‘80, jamás informaron con lujo de detalle, como sí hicieron con el caso de Cely, de las atrocidades cometidas por el binomio paramilitarismo-ejército[5]. Curiosamente, nos hemos tenido que enterar del real calibre de esta barbarie a través de los informes de organizaciones de Derechos Humanos o mediante páginas especializadas en el conflicto, como Verdad Abierta, o a través del trabajo de periodistas extranjeros, como el ahora célebre Roméo Langlois. Los periodistas colombianos, salvo muy honrosas excepciones -Hollman Morris a la cabeza de ellos-, han optado por no investigar sobre estos temas, sea por mediocridad, pereza, por miedo, autocensura, lambonería o complicidad. Y digo complicidad, porque los grupos económicos que manejan los medios en Colombia tienen plena identidad de intereses con los sectores económicos colombianos que han financiado, armado y estimulado al paramilitarismo (extractivos, mafiosos, ganaderos, terratenientes, multinacionales, etc.). Todos al final son la misma rosca. Los medios masivos colombianos, a lo más, lamentaron los “excesos” del paramilitarismo, siempre excusándolo al decir que era una respuesta “exagerada” a la “amenaza guerrillera” –poniendo, de esta manera, la historia colombiana de cabeza y distorsionando los eventos[6]. En casos de excepcional honestidad, hasta han llegado a aplaudir abiertamente al paramilitarismo[7]. Los crímenes paramilitares han sido silenciados, trivializados, mistificados, ocultados, ignorados, excusados, cuando no aplaudidos, en los medios, los que han ayudado, de esta manera, a hacer más espesa la “noche y la niebla” al amparo de la cual actúa el paramilitarismo[8].
De Javier Velasco, el único detenido hasta el momento en relación al asesinato, se ha dicho apenas que era un “delincuente común[9]. Pero la práctica del empalamiento no es una forma cualquiera de sadismo, sino que está estrictamente asociada a la figura del paramilitarismo en Colombia. Es una tortura normada, pautada, ritualizada y aprendida. No me cabe ninguna duda que el asesino de Rosa Elvira Cely alguna relación ha tenido con el paramilitarismo y con las bandas de “limpieza social”, los ejércitos privados que la derecha tiene a su disposición para destruir tejido social, imponer su control absoluto, imponer su visión retrógrada y conservadora del mundo[10] y para hacer el trabajo sucio que no siempre puede hacer el ejército abiertamente. Y no me cabe ninguna duda que este muy posible vínculo no será investigado, ni estudiado, porque jamás los medios colombianos ni los grupos de interés detrás de ellos, les ha interesado generar verdadero rechazo al paramilitarismo en la opinión pública[11]. Les basta con tomar un tibio distanciamiento público, condenar sus “excesos”, la muerte de “inocentes” (daños colaterales), mientras reproducen el discurso del “mal necesario”.
La bestialidad de este crimen merece la justa indignación de toda persona que tenga un poco de corazón: Todos somos Rosa Elvira Cely, todos debemos repudiar enérgicamente este crimen. Pero los medios y las élites que los controlan ponen el grito en el cielo no ante el crimen en sí, sino ante el hecho de que el empalamiento se da por fuera del espacio en el cual es “natural” que se diera: el marco del conflicto armado. Ponen el grito de espanto porque la víctima no era ni un “marica” víctima de la limpieza social, ni una “zorra malparida” que se acostaba con un guerrillero. Porque el empalamiento ocurrió en el Parque Nacional y no en una “zona roja”, en un municipio apartado en medio de la nada o en un barrio paupérrimo. Porque esta bestialidad se realizó, en palabras de Meertens, fuera de la “comunidad específica” a la que normalmente se victimiza de esta manera ante el silencio cómplice de los medios y la mirada indiferente o de aprobación incluso, de las élites que se siguen enriqueciendo con la guerra y su lógica de apropiación de riquezas mediante el despojo violento, el control de comunidades y territorios. Por eso se horrorizaron tanto, pero esas mismas élites son las que siguen creando los “Javier Velascos” que empalan, violan, descuartizan, las que siguen apoyando y formando sus ejércitos mercenarios, las que siguen haciendo de la muerte una de las industrias más prósperas en la lacerada tierra colombiana. Esto no lo olvidemos ni por un minuto.


NOTAS DEL AUTOR:
[1] “Victims and Survivors of War in Colombia –Three Views of Gender Relations” en “Violence in Colombia 1990-2000”, Ed. Charles Bergquist, Ricardo Peñaranda, Gonzalo Sánchez, SR Books, 2001, p.154. La autora se refiere al contexto de la “Violencia” de las décadas de 1940-1950, pero consideramos que esta conclusión es igualmente válida para la campaña paramilitar de la década de los ’80 hasta el presente.
[5] El binomio paramilitarismo-ejército es, según informes de Medicina Legal, responsable del 78% de los crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado –de los cuales, el 63% sería responsabilidad directa del ejército. Este elevado número nos habla de una práctica sistemática y recurrente. Ver las memorias del foro “¿Para qué una política criminal sobre violencia sexual en Colombia?” (Noviembre 2011), p.6 .http://www.sismamujer.org/sites/default/files/publicaciones/Memorias%20en%20pdf%20del%20foro%20%C2%BFpara%20qu%C3%A9%20una%20pol%C3%ADtica%20criminal%20sobre%20violencia%20sexual%20en%20Colombia.pdf Aún así, es importante tener en cuenta que estas cifras oficiales son, con toda certeza, una subvaloración de la estadística real, sea por la tendencia a disminuir los abusos de la fuerza pública y exagerar los de la insurgencia (algo común en la mayoría de las estadísticas oficiales), sea por el bajo nivel de la denuncia: según un informe de la Defensoría del Pueblo del 2008, el 81,7% de las personas desplazadas que sufrieron abuso sexual no presentaron ninguna denuncia. Estas cifras son consistentes con un estudio independiente, realizado el 2012 por Oxfam y la Casa de la Mujer en una muestra representativa de mujeres, en la cual el 82% de las que reconoció haber sido víctima de violencia sexual no presentó ninguna forma de denuncia (Ibid). Según otro informe, sobre la violencia sexual en el departamento del Magdalena y en los Montes de María, se llega a la conclusión que “Los militares son de lejos los principales responsables de ese delito, que cometían "en contextos estratégicos" de su conquista territorial y también de manera "oportunista" para conseguir "satisfacción sexual", pues el "desprecio hacia las mujeres" inculcado en sus filas (…) marcó esa conducta.” http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-311782-paramilitares-usaron-violencia-sexual-arma-de-conquista-colombia
[6] En realidad, las guerrillas se forman hacia fines de los ‘40 como respuesta (como grupos de autodefensa) por los desmanes y atropellos de las escuadras conservadoras (antecesores de los modernos paramilitares) en el campo colombiano.
[7] Ver la editorial de El Tiempo del 30 de Julio de 1987.
[8] Como prueba de ello, esta semana hubo una masacre paramilitar de 5 personas en el municipio de Remedios (Antioquia), la cual apenas fue “cubierta” con una escuálida nota de 120 míseras palabras (3 de Junio). Esto no fue una masacre, sino que un “ataque”, perpetrado no por “terroristas” sino que por “desconocidos”. El medio informa de que en la zona operan paramilitares y guerrilleros, dejando un manto de duda sobre la autoría de la masacre, aún cuando todo el mundo sabe que fue un ataque de los paramilitares: la masacre, de hecho, se realizó en un local comunitario, centros sociales que frecuentemente son blancos de la actividad paramilitar que se especializa en atacar toda forma de organización popular. El Espectador no se atreve a denunciar al paramilitarismo, sino que las aciones paramilitares siempre son perpetradas por “desconocidos” –esto no es sino una manera de tejer el manto de “noche y niebla” con la que operan estos ejércitos mercenarios de la derecha política. Contrasta esta nota marcadamente con la cobertura que reciben las acciones insurgentes en este mismo medio. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-350657-cinco-muertos-y-tres-heridos-ataque-remedios-antioquia
[10] Sicarios y descuartizadores suelen cargar rosarios y llevar siempre una oración a flor de labios
[11] Prueba de ello es la distancia y ambigüedad con la que han asumido los llamados a jornadas nacionales de protesta contra el paramilitarismo (como la del 6 de Marzo del 2008), que contrasta con el entusiasmo que demuestran cada vez que hay algún pronunciamiento contra la insurgencia. 



(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario, residente en Irlanda donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacionalwww.anarkismo.net. Autor de "Problemas e Possibilidades do Anarquismo" (en portugués -Faisca ed., 2011) y coordinador del libro "Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina" (Quimantú ed. 2010). 

viernes, 8 de junio de 2012


La invasión paramilitar


RNV...08/06/2012

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La invasión de los paramilitares en mayo de 2004 por la finca Daktari no es una intrusión externa, sin conexiones con la vida nacional. Empresarios, medios de comunicación privados, oposición política y oficiales conspiradores cómplices operaron como Quinta Columna que financió, escondió, apoyó y justificó a los sicarios.

2
La invasión de los paramilitares era la salida desesperada de una oposición que sabía que iba a perder una consulta electoral. Fracasados el golpe de abril de 2002 y el sabotaje petrolero de 2002 y 2003, convocaron los opositores un referendo revocatorio que las encuestas mostraban como un seguro fiasco. Una perturbación mayor del orden público suspendería la temida derrota electoral, arrojaría la culpa de la suspensión sobre el gobierno, abriría el camino hacia un nuevo asalto violento al poder.

3

La invasión de los paramilitares estaba planeada como detonador de acciones más complejas. El magnicidio del Presidente o la perturbación del orden público al intentarlo serían acompañados de una cortina de humo mediática destinada a confundir al pueblo y a legitimar un nuevo pronunciamiento golpista, posiblemente acompañado de intervención extranjera.

4
La invasión de los paramilitares fue sólo uno de los episodios de un plan mayor estadounidense que persigue el dominio sobre los recursos naturales y la mano de obra de América Latina mediante un corredor estratégico llamado Plan Puebla-Panamá, que utilizaría a México y América Central como un puente hasta una Colombia ocupada por bases estadounidenses, que a su vez sería usada, dentro del llamado Eje del Pacífico, como país halcón contra los planes de integración y revolución latinoamericana. Para ello es indispensable un desproporcionado gasto militar. En mi libro La Paz con Colombia señalo que la Hermana República mantenía 459.687 efectivos en su Presupuesto de Defensa para 2007 y gastaba unos 22.000 millones de dólares en gastos bélicos, un 6,5% de su PIB (Caracas, Minci, 2010). En artículo del 11 de mayo de 2012 en Aporrea, señala José Gregorio Piña que “en el quinquenio 2006-2010 los gastos militares de Venezuela fueron el 10,7% del total de países de la UNASUR, mientras que los de Colombia en el mismo lapso fueron el 17% de ese total; es decir, que Colombia gasto 59% más que Venezuela; no es la resta entre ambos porcentajes, sino la proporción entre ambos porcentajes. En términos de los respectivos PIB, Colombia gastó 174% más que Venezuela, es decir, casi el triple”.

5
La invasión de los paramilitares fue el prólogo de la aplicación de ese poderío armamentista en acciones de mayor magnitud, como la agresión de Colombia contra Ecuador con apoyo y dirección de Estados Unidos en 2008, y las operaciones de espionaje e intervención planeadas por el presidente Uribe contra Ecuador, Venezuela y Colombia en la llamada Operación Orión, que el ministro Tarek el Aisami documentó en la Asamblea Nacional en 2011. 

4

La invasión de los paramilitares es silenciosa. En su país de origen, nadie reconoce oficialmente su existencia ni admite la extensión de sus poderes. En Venezuela, gran parte de los medios privados ocultó su presencia con un apagón comunicacional. Cuando una cadena nacional reveló su existencia, la disimularla alegando que se trataría de un montaje noticioso. Ahora imponen sobre la agresión y sus secuelas un interesado olvido.

5

La invasión de los paramilitares prosigue. La delatan la multiplicación de denuncias sobre cobros de peaje y alcabalas en estados fronterizos dominados por la oposición. La progresión de señalamientos de su presencia en otras regiones, hasta las colindantes con la Guayana Esequiba. El crecimiento del sicariato, que cuenta ya dos centenares de víctimas entre los dirigentes agrarios y decenas entre los sindicalistas urbanos. La multiplicación de crímenes horrendos, con agravantes de ensañamiento y detalles macabros, que parecieran no tener otro fin que sembrar el pavor en la población y sugerir que las autoridades son incapaces de contenerlos. La progresiva suplantación de nuestra hampa artesanal por una delincuencia organizada con disciplina, armamento y financiamiento militar. La proliferación de industrias en las cuales invierten narcos y paramilitares: bingos, casinos, prostitución, transporte y comunicaciones (El Tiempo.com, 2 -6- 2005). Como explica Darío Azzellini en entrevista con Marcelo Collussi: “En una primera fase ese paramilitarismo colombiano comenzó a penetrar Venezuela desde el punto de vista económico. De hecho tiene el control de muchos sectores aquí, con fincas y toda una logística que le permite tener lugares seguros para actuar y replegarse cuando es el momento. En territorio nacional controla el contrabando de gasolina de Venezuela hacia Colombia, y eso es un negocio muy grande. Controla el narcotráfico, y se puede suponer, a partir de los datos que han ido saliendo a luz recientemente, que controla también el contrabando de alimentos. Si tienen ya montada la estructura para el contrabando de la gasolina, pueden aprovechar eso perfectamente para contrabandear cualquier otra cosa, alimentos para el caso. Y con eso, justamente, se ve el perfil desestabilizador que habría en ese contrabando: se provoca el desabastecimiento, lo cual ayuda a la ingobernabilidad en Venezuela. De hecho, en Colombia los paramilitares tienen el control de una buena parte del acopio de leche. Por ello es que podría deducirse que en el actual desabastecimiento de la leche en Venezuela estarían estas organizaciones, manejándose con un criterio político en definitiva. Además de eso, se dan otros fenómenos del paramilitarismo colombiano dentro de territorio venezolano, como por ejemplo la colaboración con ganaderos. Muchos de los sicarios responsables de las muertes de líderes campesinos de Venezuela (186 desde el año 2001 cuando aparece la Ley de Tierras) son colombianos. Y eso es muy fácil de saber, porque simplemente se los identifica por su acento. Hay muchos testimonios al respecto. Se sabe de la presencia de paramilitares colombianos en Venezuela, aunque todavía no estén actuando como formaciones armadas tal como hacen en Colombia. De momento los asesinatos que provocan son selectivos, y actuando en grupos pequeños, de dos o tres personas. No son las masacres enormes como habitualmente hacen en Colombia (Argenpress: “Venezuela ante la encrucijada militar”, 22-2-2008).

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La invasión de los paramilitares prefigura lo que sería un gobierno de la oposición que los importó. Incapaz de acceder al poder por vía electoral, lo buscaría por golpe de fuerza como en abril de 2002, por invasión extranjera como en 2004 o por combinación de ambos. Para sostenerse recurriría a los más brutales expedientes de la cultura de la muerte. Pactos con el diablo o con paramilitares convierten al lacayo en amo. Gobierno que se sirve del paramilitarismo concluye sirviéndolo. El paramilitarismo es una ideología, pero también una sociología, una economía, una política. Las industrias infames del paramilitarismo, narcóticos, juego, prostitución, extorsión y sicariato dominarían la vida nacional. Un poder divorciado de las mayorías las reprimiría en exclusivo beneficio propio. Políticos y Estado no representarían al pueblo, sino a la violencia ilegal que intentaría aniquilarlo. La riqueza de Venezuela sería repartida como botín de traficantes. Mandadero de poderes mayores, el paramilitarismo abriría la puerta a las bases militares extranjeras. Venezuela devendría país ocupado. La resistencia popular iniciaría una guerra de liberación que sólo concluiría con la victoria.

7

La invasión de los paramilitares no es tema para el recuerdo, sino para la previsión, la acción y la constante alerta. 

Fuente: http://www.rnv.gob.ve/noticias/?act=ST&f=15&t=185880

jueves, 7 de junio de 2012



El presidente  Obama y sus apóstoles
El asesino en jefe



Tom Dispatch...07/06/2012

Podéis estar seguros de una cosa: no importa quién resulte elegido en noviembre, no solo elegirán a un presidente de EE.UU.; también estarán eligiendo un asesino en jefe. Puede que los últimos dos presidentes no hayan sido emperadores o reyes pero ellos -y la vasta estructura de seguridad nacional que se sigue incrementando e institucionalizando alrededor del presidente- son ciertamente una de las pesadillas de las que nos advirtieron los padres fundadores de este país. Son uno de los motivos por los cuales esos fundadores pusieron importantes poderes respecto a la guerra en manos del Congreso. Sabían que sería un organismo lento, recalcitrante, deliberativo.Gracias a un largo artículo del New York Times de Jo Becker y Scott Shane, “Secret ‘Kill List’ Proves a Test of Obama’s Principles and Will,” (Lista secreta de asesinatos, prueba de los principios y la voluntad de Obama) sabemos ahora que el presidente ha pasado una cantidad sorprendente de tiempo supervisando la “nominación” de presuntos terroristas para asesinarlos mediante el programa de drones [aviones sin tripulación a control remoto] que heredó del presidente George W. Bush y que ha expandido exponencialmente. Además, ese artículo se basó en gran parte en entrevistas con “tres docenas de sus actuales y antiguos consejeros”. En otras palabras, fue esencialmente un artículo inspirado por el gobierno –el columnista Robert Scheer lo denomina “plantado”- sobre un programa “secreto” del cual el presidente y sus allegados están bastante orgullosos y del que quieren alardear en un año electoral.
El lenguaje del artículo sobre nuestro presidente guerrero es generalmente favorable, incluso en algunos sitios apasionado. Se concentra en los dilemas de un hombre que, como sabemos ahora, ha aprobado y supervisado el crecimiento de un programa de asesinatos notablemente poderoso en Yemen, Somalia y Pakistán basado en una “lista de asesinatos”. Además lo ha hecho regularmente, objetivo tras objetivo, nombre tras nombre, (El Times no mencionó el reciente ataque de un drone estadounidense en las Filipinas que mató a 15 personas.). Según Becker y Shane, el presidente Obama también ha estado involucrado en el uso de un método fraudulento de recuento de asesinatos de drones que minimiza las muertes de civiles.
Hablando históricamente, todo esto es bastante extraño. El Times califica el papel de Obama en la maquinaria de asesinatos mediante drones de “sin precedentes en la historia presidencial”. Y así es.
No significa, sin embargo, que otros presidentes de EE.UU. nunca hayan tenido nada que ver o no hayan estado involucrados de alguna manera en programas de asesinatos. No se puede decir que el Estado como asesino sea desconocido en nuestra historia. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el presidente John F. Kennedy no conociera las tramas de asesinatos, inspirados o respaldados por la CIA, contra Fidel Castro en Cuba, Patrice Lumumba en el Congo y el autócrata sudvietnamita (y ostensible aliado) Ngo Dinh Diem? (Lumumba y Diem fueron exitosamente asesinados.) De la misma manera, durante la presidencia de Lyndon Johnson, la CIA realizó una campaña masiva de asesinatos en Vietnam, la Operación Phoenix. Resultó ser un programa sorprendentemente disoluto de asesinatos de decenas de miles de vietnamitas, de verdaderos enemigos y de otros que simplemente fueron incluidos en el proceso.
En eras anteriores, sin embargo, los presidentes se mantenían por sobre los asesinatos o practicaban una especie de negación plausible respecto a esos actos. Es seguro que nos encontramos en una nueva etapa en la historia de la presidencia imperial cuando un presidente (o su equipo electoral) junta a sus asistentes, consejeros y asociados promueve una historia que se propone transmitir el orgullo colectivo del grupo por la nueva posición de asesino en jefe.
¿Congregación religiosa o brigada mafiosa?
Estamos ante una nota al pie, lo crean o no, en nuestra era estadounidense. ¿Quién recuerda que en los primeros años de su presidencia George W. Bush llevaba lo que Bob Woodward del Washington Post llamó “su propia cuenta personal de la guerra” contra el terror? Consistía en fotografías con breves biografías y descripciones de la personalidad de los que estaban considerados los terroristas más peligrosos del mundo, cada uno de ellos listo para que Bush lo tachara una vez que lo capturasen o lo asesinasen. Esa cuenta, agrega Woodward, estaba siempre disponible en un cajón del escritorio del Despacho Oval.
Ahora, una contabilidad privada presidencial ciertamente parece de poca monta. La distancia que hemos recorrido en una década se puede medir por la descripción del Times del equivalente actual de esa “cuenta personal” (y sin un cajón de escritorio donde guardarla):
“Es el más extraño de los rituales burocráticos: Más o menos cada semana, se reúnen más de 100 miembros del creciente aparato de seguridad nacional del gobierno, en una vídeoconferencia segura, para estudiar las biografías de presuntos terroristas y recomendar al presidente quiénes deben ser los próximos eliminados. Ese proceso secreto de ‘nominaciones’ es un invento del gobierno de Obama, un nefasto círculo de discusión que estudia las diapositivas de PowerPoint con los nombres, alias y biografías de presuntos miembros de la filial de al Qaida en Yemen o sus aliados en la milicia Shabab en Somalia. Las nominaciones van a la Casa Blanca, donde por su propia insistencia y guiado por el ‘zar’ del contraterrorismo John O. Brennan, Obama debe aprobar cada nombre”.
En otras palabras, gracias a tales reuniones –en lo que los conocedores llaman “martes del terror”— los asesinatos se han institucionalizado, normalizado y burocratizado alrededor de la figura del presidente. Sin la ayuda, o cualquier supervisión del pueblo estadounidense o sus representantes elegidos, solo él es ahora responsable de los asesinatos regulares perpetrados a miles de kilómetros, incluidos los de civiles y niños. En otras palabras, si no es un rey, sí es por lo menos el rey de los asesinatos estadounidenses. En ese aspecto, su poder es total y carente de todo control. Puede prescribir la muerte de cualquier “nominado” eligiendo cualquiera de las “tarjetas de beisbol (biografías en PowerPoint) en esa lista de asesinatos y luego ordenar que los drones lo liquiden (a él y a cualquier vecino suyo).
Él y solo él puede decidir que el asesinato de individuos conocidos no es suficiente y que en vez de eso los drones de la CIA pueden atacar “tipos de conducta” sospechosos en tierra en Yemen o Pakistán, Puede detener cualquier ataque, cualquier asesinato, pero no hay nadie, ningún mecanismo que lo pueda detener a él. Una máquina global de asesinato estadounidense (de modo bastante literal, considerando la creciente fuerza de los drones) se encuentra ahora a entera disposición de un solo individuo que no tiene que rendir cuentas a nadie. Es la pesadilla de la que nos querían proteger los padres fundadores.
Al hacerlo, como ha señalado Glenn Greenwald de Salon, el presidente ha destruido la Quinta Enmienda, que garantiza a los estadounidenses que no serán “privados de vida, libertad, o propiedad sin el debido proceso”. La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia elaboró un memorando secreto en el que afirma que, aunque la garantía de debido proceso de la Quinta Enmienda se aplica al asesinato mediante drones de un ciudadano estadounidense en un país con el cual no estamos en guerra, “debe aprobarse mediante deliberaciones internas del poder ejecutivo”. (Eso, escribe Greenwald, es “la interpretación gubernamental más extremista de la Declaración de Derechos que he oído en mi vida"). En otras palabras, el exprofesor de derecho constitucional ha sido liberado de la ley del país en casos en los que “nomine”, como lo ha hecho, a ciudadanos estadounidenses para la muerte robótica.
Existe, sin embargo, otro aspecto respecto a la institucionalización de esas “listas de asesinatos” y es el asesinato como prerrogativa presidencial, que no se ha mencionado. Si creemos el artículo del Times, que refleja en gran parte cómo pretende verse a sí mismo y a sus acciones el gobierno de Obama, el programa de drones también se encuentra en proceso de santificación y sacralización.
Se obtiene un sentido del asunto por el lenguaje del propio artículo. (“Un proceso paralelo de la CIA, más enclaustrado, se concentra en gran parte en Pakistán…”) Presenta al presidente como como un hombre particularmente moral, que estudia las obras de la “guerra justa” de personajes religiosos como Tomás de Aquino y San Agustín y toma cada muerte como una carga moral. Su principal consejero de contraterrorismo Brennan, un hombre que mientras estaba en la CIA estuvo implicado hasta el cuello en la controversia sobre la tortura, aparece de un modo bastante literal, como un sacerdote de la muerte, no una vez, sino dos veces en el artículo. Es descrito por los reporteros del Times como “un sacerdote cuya bendición se ha convertido en indispensable para Obama”. Luego citan al principal abogado del Departamento de Estado, Harold H. Koh: “Es como si tuvieras un sacerdote con valores morales extremadamente fuertes que de repente se encargase de dirigir una guerra”.
Según el Times, la organización de la muerte robótica se ha convertido en la idea fija del gobierno, una especie de culto a la muerte en Despacho Oval, y los que están involucrados son otros tantos devotos religiosos. Es decir, que podríamos estar al borde de una nueva religión, dirigida por el Estado y basada en la seguridad nacional, de asesinatos sobre la base de que estamos en un mundo “peligroso” y que la “seguridad” de los estadounidenses es nuestro valor supremo. En otras palabras, el presidente, sus apóstoles y los acólitos de su campaña oran todos, al parecer, en la Iglesia de "San Drone".
Por cierto, pensado de otra manera, la escena del “martes del terror” podría no provenir de un monasterio o de un sínodo eclesiástico, sino directamente de un consejo de la mafia de una novela de Mario Puzo, con el presidente como Padrino, decidiendo los “golpes” en un mundo de reyertas.
¡Adónde hemos llegado solo en dos presidencias! El asesinato como modo de vida se ha institucionalizado en el Despacho Oval, se ha normalizado totalmente y ahora nos lo presentan a todos como una solución razonable a los problemas globales de EE.UU. y un asunto en el que se basa una campaña presidencial.
Cuesta abajo hacia el planeta Blowback
Después de 5.719 palabras propias de Washington (la mayoría procedentes del Despacho Oval), el artículo del Times finalmente llega a esta única frase respecto al exterior: “Se puede afirmar que tanto Pakistán como Yemen son menos estables y más hostiles a EE.UU. que cuando Obama llegó a la presidencia”.
¡Se puede decir, sin duda! Para los pocos que llegaron a ese punto fue un breve recordatorio de lo estrecha y limitadora que es la experiencia de rendir culto a San Drone. Todas esas interminables reuniones, todas esas horas presidenciales se podrían haber dedicado a recolectar todavía más dinero para la campaña 2012, y los dos países que han soportado la mayor parte de los ataques de los drones son más hostiles, más peligrosos y están en peores condiciones que en 2009. (Y hay que tener en cuenta que uno de ellos es una potencia nuclear). Desde entonces las noticias solo han subrayado el poder con el que los drones han radicalizado a poblaciones enteras, sin importar a cuantos "sujetos malos" (y niños) han borrado de la faz de la tierra.
Y aunque el Times no lo menciona, no son solo malas noticias para Yemen o Pakistán. A la democracia estadounidense, que ya está al borde del abismo, también le va peor.
Lo que debería sorprender a los estadounidenses –pero al parecer pocas veces se observa– es la forma en que, en las sombras, el rigor militar estéril se ha convertido en el pensamiento profundo de Washington ante el altar de San Drone y sus equivalentes (incluidas las fuerzas de operaciones especiales secretas del presidente que van en aumento en las fuerzas armadas). Sí, el mundo sigue siendo un lugar peligroso, aunque mucho menos que en la epoca de la Guerra Fría cuando dos superpotencias estaban a un paso de una guerra nuclear. Pero –aunque sea cada vez más herético decirlo– los peligros que enfrentan los estadounidenses, incluidos peligros relativamente modestos del terrorismo, no constituyen lo peor de nuestro planeta.
La elección de un asesino en jefe, no importa por quién votéis, es peor. La pretensión de que la Iglesia de San Drone ofrezca algún de tipo de soluciones razonables o incluso prácticas en este planeta nuestro, es peor todavía. E incluso peor, una vez que comienza un proceso semejante, es que tenderá a ir continuamente cuesta abajo. Como nos informó la semana pasada el Times, no solo tenemos a un asesino en jefe en el Despacho Oval, sino a un ciber-guerrero perfectamente dispuesto a desplegar un nuevo tipo de armamento, el “gusano” informático más sofisticado que se ha desarrollado, contra otro país con el que no estamos en guerra.
Esto representa un sobrecogedor tipo de imprudencia, especialmente por parte del líder de un país que, tal vez más que cualquier otro, depende de sistemas computarizados, exponiendo a EE.UU. a tipos potencialmente debilitantes de futuras represalias. Una vez más, como en el caso de los drones, la Casa Blanca está estableciendo las reglas globales para todo país (y grupo) que pueda obtener un armamento semejante y salga a la carretera a 200 kilómetros por hora sin que haya un policía a la vista.
James Madison, Thomas Jefferson, George Washington y todos los demás comocían la guerra y no fueron acólitos de los equivalentes de San Drone en el Siglo XVIII, ni de presidentes a los que se podría permitir que convirtieran el mundo en una zona de la muerte. Sabían, por lo menos tanto como cualquiera en nuestro Estado de seguridad nacional actual, que el mundo es siempre un lugar peligroso y que eso no es una excusa para entregar los poderes de la guerra a un solo individuo. No pensaban que un Estado de guerra permanente, un Estado de muerte permanente, o un presidente con la libertad para lanzar a los estadounidenses a estados semejantes era un camino razonable para su nueva república. Para ellos, era de lejos la manera más peligrosa de existir en nuestro mundo.
Los padres fundadores seguramente habrían preferido la democracia republicana a la seguridad. Nunca habrían creído que un hombre rodeado de consejeros y abogados, abandonado a su propio criterio, podría protegerlos de lo verdaderamente importante. Trataron de prevenir esa posibilidad. Ahora tenemos un gobierno y una presidencia que está dedicado a ello, no importa quién sea elegido en noviembre.
Tom Engelhardt, cofundador de American Empire Project y autor de The United States of Fear y The End of Victory Culture es el director de Tom Dispatch.com del Nation Institute. Su último libro, en colaboración con Nick Turse, es Terminator Planet: The First History of Drone Warfare, 2001-2050.
Copyright 2012 Tom Engelhardt
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Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Fuente: http://www.tomdispatch.com/post/175551/tomgram%3A_engelhardt%2C_assassin-in-chief/#more

miércoles, 6 de junio de 2012


       
¿Venezuela abandonará el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?


Prensa Latina...06/06/2012

La salida de Venezuela de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos parece cobrar fuerza hoy aquí, ante las escasas señales de cambios de los mecanismos empleados por esas dependencias de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han sido blancos de fuertes críticas por parte de las naciones representadas en la 42 Asamblea de la OEA, que concluyó sus debates este martes en Cochabamba, Bolivia.

Los países integrantes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y otros estados de la región, cuestionaron de manera abierta en el cónclave la degradación que ha sufrido la OEA y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos al caer en manos de los intereses de Estados Unidos.

Los presidentes de Bolivia, Evo Morales; y de Ecuador, Rafael Correa, fueron enfáticos en sus críticas a la organización continental y el primero recordó que "la OEA nació en otros momentos, con otros fines, fundamentalmente para perpetuar el dominio de Estados Unidos y su economía sobre los países de América".

"¿Para qué la OEA y para qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Vamos a crear nuestros mecanismos en estos espacios geopolíticos de unidad y de integración que están naciendo", expresó este lunes en esta capital el presidente venezolano, Hugo Chávez.

El jefe del Estado recordó al respecto la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Caracas, en diciembre del pasado año, y anteriormente la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en isla Margarita, en el estado venezolano de Nueva Esparta.

Por su parte, el canciller Nicolás Maduro, jefe de la delegación venezolana, afirmó ayer que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha ido derivando y degradando en los últimos años y se ha convertido, tanto la Comisión como la Corte, en instrumentos ejecutores de la política exterior de Washington.

En una segunda intervención este martes, Maduro exhortó a los países que integran la OEA a ""corregir los entuertos de un conjunto de funcionarios, de diplomáticos, de la burocracia internacional, que han tomado esta institución para someter y perseguir gobiernos".

"Nosotros llamamos a que no se cierren las puertas a los cambios porque eso sería condenar a esta organización", recalcó el canciller, quien citó el artículo 76 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el cual establece que los estados tienen la potestad de legislar para promover una propuesta de enmienda.

"En este momento -dijo el canciller venezolano- el Consejo de Estado está estudiando la situación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las graves violaciones que ha cometido, y se está evaluando la posibilidad cierta de denunciar el Pacto de San José".

El Consejo de Estado es una instancia contemplada en la Constitución Bolivariana de Venezuela y su instalación fue anunciada el pasado 30 de abril por el presidente, Hugo Chávez.

En esa oportunidad, el mandatario indicó que la primera tarea de esa entidad sería evaluar la conveniencia o no de la salida de Venezuela de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En la Asamblea de la OEA, Maduro denunció las constantes violaciones a la soberanía de los estados y la actuación extralimitada de los funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En relación con Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores recordó el aval otorgado por el secretario ejecutivo de esa Comisión, Santiago Cantón, al golpe de Estado perpetrado contra el presidente Chávez en abril de 2002, entre otras acciones punitivas contra la nación suramericana.

Mientras tanto, en Caracas, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, opinó este lunes que Venezuela puede abandonar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Los convenios no pueden ser unilaterales y no deben ser impuestos, se tiene que respetar la autodeterminación de los pueblos y su soberanía", dijo Morales, y añadió que los países son miembros de estos organismos voluntariamente y por ello se puede condicionar la forma de participación, denunciar o incluso retirarse.

El problema de Venezuela, más que con el tratado, es con los órganos como la Corte y la Comisión de Derechos Humanos, "porque han tergiversado las condiciones y no han cumplido el mismo tratado y por ello se han hecho acreedores de una desconfianza", dijo la magistrada.

"En el país se reconocen los derechos humanos de todos los venezolanos, no es necesario ir a una instancia internacional para defender estos derechos, estamos en la obligación de estudiar profundamente la opción de retirarnos de los tratados y órganos", aseveró la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia.


Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=513731&Itemid=1