sábado, 21 de abril de 2012


       
Los desafíos de la nueva YPF


Rebelion...21/04/2012


La intervención de YPF y la introducción de una gestión estatal de la empresa son medidas necesarias para comenzar a revertir la depredación energética. Pero constituyen tan solo un punto de partida para recuperar los recursos petroleros.Durante una década REPSOL lideró el vaciamiento de pozos, reservas e instalaciones pre-existentes. Extrajo lo máximo posible sin invertir y expatrió ganancias en forma escandalosa. Esta conducta no irritó a ninguno de los críticos neoliberales de la expropiación en curso. Ahora cuestionan la “violación orden jurídico”, olvidando el total incumplimiento de los contratos por parte de la firma. Esta doble vara es congruente con su habitual aprobación de los atropellos contra los derechos de los asalariados o jubilados. Nunca extienden a estos sectores los principios de la seguridad jurídica.
FALACIAS NEOLIBERALES
Los derechistas están recreando los fantasmas del 2001-2005 y repiten los mismos argumentos que difundieron luego del default. Advierten contra las terribles consecuencias de “aislarse del mundo”, omitiendo su récord de pronósticos fallidos.
Algunos exculpan a REPSOL afirmando que sufrió un castigo de precios desfavorables. Pero silencian los sucesivos ajustes de los últimos años, la autorización para liquidar divisas en el exterior y el permiso para exportar a costa del auto-abastecimiento. Las objetadas retenciones móviles a las ventas externas fueron una tenue compensación del terrible drenaje que sufrió el país. Tampoco recuerdan que la falta de inversiones se remonta a los años 90, cuando el combustible era muy caro en dólares.
Los voceros locales de REPSOL afirman que la expropiación ahuyentará las inversiones, que se necesitan para recomponer la producción. Pero el desarrollo petrolero de Argentina nunca provino de los capitales foráneos. Fue un resultado de la propiedad estatal del crudo y del equilibrio entre exploración y explotación de pozos, que se logró mediante un sistema integrado de extracción, refinación y comercialización. Este régimen fue demolido con la privatización y debería ser recompuesto para reconstruir el abastecimiento.
Cualquier paso en esa dirección es visto por la derecha como una expresión de “populismo, caja o demagogia nacionalista”. Pero con su sostén de la privatización ya demostraron cómo conciben el ideal opuesto de conductas republicanas, maduras y responsables.
Los defensores más descarados de REPSOL alertan contra el inminente conflicto entre argentinos y españoles que suscitará la expropiación, como si la firma afectada fuera la representación del pueblo ibérico. En realidad es una empresa privada de dudosa propiedad hispana, puesto que el grueso de su capital se encuentra distribuido en varios centros financieros del mundo. Como se especializa, además, en localizar sociedades en paraísos fiscales, potencia la evasión impositiva que ha deteriorado las finanzas españolas, precipitando el brutal ajuste que padece ese país.
REPSOL es naturalmente defendida por una monarquía y un gobierno reaccionario, que continúan desplegando soberbia neo-colonial con creciente despiste. La repetición local de esa diatriba es particularmente chocante. Como la firma recurrirá a sus aliados de Europa y el G 20 para generar un conflicto jurídico internacional, es imperioso que Argentina se retire del CIADI. Ese tribunal ya tiene preparado un fallo a favor de la petrolera.
¿EMPRESA MIXTA O ESTATAL?
Los principales problemas de la nueva YPF no se ubican en el flanco externo. Es evidente que el gobierno decidió la expropiación por necesidad y no por convicción. Estaba acuciado por la caída de la producción y la consiguiente obligación de financiar importaciones con los pocos recursos que tiene la Tesorería. Presionado por esas circunstancias introdujo un giro de 180 grados en su idilio previo con la empresa afectada. Negoció sin resultados un compromiso de mayor inversión y finalmente optó por el choque con sus viejos socios. La expropiación no forma parte de una estrategia prevista, ni obedece al gran caudal de votos logrado en los últimos comicios.
La reconstrucción de YPF se encuentra ahora en manos de quienes participaron en su destrucción. Gran parte de la elite actual de funcionarios protagonizó el desguace menemista de la empresa y el remate de sus acciones. Su responsabilidad en el descalabro energético de los últimos ocho años es inocultable. De Vido es la antítesis de Mosconi. Por su despacho pasaron todas las autorizaciones requeridas para convalidar el aniquilamiento de YPF.
La iniciativa de expropiación es positiva, pero sus reales efectos dependerán de las próximas medidas. Una decisión clave se juega en el manejo de la indemnización. No se puede pagar por lo que es nuestro, ni premiar con mayores fondos a quienes descapitalizaron la empresa. Todavía hay que averiguar cuáles fueron las ganancias reales que acumuló REPSOL con la distribución de utilidades a costa de los activos energéticos y con la expansión internacional de la compañía, utilizando los recursos del subsuelo nacional.
Antes de hablar de cualquier valuación de la empresa (por cotización bursátil, contable o patrimonial) hay ver los resultados de una auditoría, que esclarezca el estado de los pozos y de los daños ambientales. Si se utilizan los fondos del ANSES, las reservas del Banco Central o la emisión de nueva deuda para pagarle a REPSOL, se repetirá la vieja historia de un estado bobo que se hace cargo de las pérdidas ocasionadas por ex concesionarios.
La nueva YPF es concebida como una sociedad anónima, siguiendo un modelo de empresa mixta muy distante de la vieja compañía íntegramente estatal. Esta decisión es errónea y conspira contra el proyecto de reconstrucción energética. No es casual que existan tantos ejemplos internacionales de manejo totalmente público de un recurso vital. Ese modelo de propiedad pública mantuvo la tasa de exploración requerida en el pasado para un país como Argentina, que tiene reservas limitadas y de costosa extracción.
La necesidad de un largo proceso de inversión no es compatible con los idealizados esquemas de compañías mixtas, que ya fueron ensayados en la primera etapa de privatización de YPF. Un test próximo de los problemas que enfrenta este modelo, saldrá a flote cuando deba resolverse la situación del grupo Eskenazi. Esta familia quedó como socia minoritaria de la nueva YPF, luego de haber perpetrado un fraude superior a las tropelías cometidas por REPSOL. Compró su participación sin poner un solo peso, recurriendo a un crédito a pagar con la distribución de utilidades. Su permanencia está en duda, desde el momento que deberá cancelar ese préstamo con su propio dinero. Si se concreta su deserción: ¿Quién se hará cargo de ese paquete? ¿El estado mediante pérdidas adicionales? ¿O habrá una transferencia a otros “capitalistas amigos” (Bulgheroni, Cristóbal López, Lázaro Báez, Eurekian), que ya se quedaron con varias áreas sin realizar ninguna inversión?
El peligro de la sociedad mixta no radica sólo en esos favoritismos. La fuerte presencia del capital privado dentro de la compañía exige operar con criterios de rentabilidad inmediata, que obstruyen la prioridad inversora. Este modelo induce, además, al aumento de los precios en boca de pozo por la presión por lograr mayores utilidades, generando un encarecimiento adicional del combustible.
GESTION, LEGISLACIÓN Y PROPIEDAD
El gobierno promete una administración profesional de la nueva YPF. Pero esta meta exige no sólo conocimientos técnicos, sino también gran independencia del lobby petrolero. Si las firmas privadas participan del directorio, aumentará el peligro de repetir los vicios del pasado (endeudamiento indebido de la compañía) o incurrir en nuevos desaciertos (uso de los recursos para financiar el bache de importaciones). Es evidente la trascendencia de definir cómo se administrará la compañía y ENARSA brinda un mal antecedente inmediato. Resulta imprescindible dotar a YPF de un genuino control social, popular y de los trabajadores.
Pero el mayor problema radica en lo que sucederá con el 70% de la actividad petrolera que actualmente se desarrolla fuera de YPF. El gobierno no ha definido qué tipo de modificaciones se introducirán, en un sector regido por principios neoliberales de libre disponibilidad del crudo por parte de los concesionarios.
La revisión de los contratos suscriptos con esas normas recién ha comenzado y en su gran mayoría afectó a pozos marginales. El proyecto de ley en curso no aclara qué ocurrirá con el marco legal que habilitó la atomización del sector y la proliferación de una gran variedad de gravosos convenios. Aquí se impone la inmediata recuperación de la atribución del estado para controlar toda la comercialización interna y externa, fijando las condiciones y los precios de extracción y procesamiento.
La propiedad provincial del subsuelo constituye otro impedimento para alcanzar esa meta. Mantiene el poder discrecional de los gobernadores para manejar un recurso de toda la nación. El compromiso de sindicatura común que se ha establecido con las provincias para el manejo de YPF, no se extiende al resto del sector y sólo pospone la necesidad de reintroducir la propiedad nacional. Marginar a las provincias no petroleras de la nueva conducción de YPF no contribuye a esa recomposición.
Con la expropiación se abre un nuevo capítulo de historia petrolera. Hay condiciones nacionales e internacionales muy favorables para reconstruir nuestro cimiento energético, avanzando hacia una empresa totalmente pública. Sólo este esquema permitirá equilibrar los costos de extracción con los precios requeridos para el desarrollo industrial. Este manejo es indispensable para diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de los hidrocarburos y evitar un mayor deterioro del medio ambiente.
El logro de estos objetivos exige afectar los intereses capitalistas que hasta ahora protegió el gobierno y adoptar una actitud soberana frente a las presiones externas. La movilización popular con banderas propias es el gran instrumento para esta acción.


[1] Profesor de UBA-CONICET y miembro de EDI (Economistas de Izquierda).

viernes, 20 de abril de 2012


   
Entre la pared argentina y la espada española
Notas sobre la expropiación de YPF


Rebelión...20/04/2012

El conflicto diplomático abierto entre los gobiernos español y argentino por la expropiación de YPF tiene todos los ingredientes geopolíticos para convertirse en las “Malvinas de la energía”. Con argumentos ideológicos y estratégicos de diferentes índoles, ambos gobiernos recurren sin embargo a patrones patrióticos clásicos que, una vez más, esconden uno de los retos del futuro: superar la crisis energética y climática, es decir el final de la era del petróleo barato y abundante y el cada vez más irreversible cambio climático debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, así como sus (retro)consecuencias sociales y económicas. Hagamos pues un repaso rápido de la situación y perspectivas.
El 16 de abril, tras meses de una táctica tradicional de acoso y derribo a Repsol-YPF (para que cayera el precio de sus acciones), la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia la expropiación de YPF, filial de Repsol en Argentina, mediante la compra del 51% de su capital. 90 años después de la creación de YPF y 20 años después de su privatización a favor de la transnacional Repsol en la época de liberalización y ajustes estructurales en los países del Sur (apoyada, por cierto, por la pareja Kirchner), YPF vuelve (casi) a la casilla de salida.
El gobierno español no ha tardado en responder con vehemencia. El ministro de Industria, Manuel Soria, ha declarado ni más ni menos que “es una decisión contra España y los españoles, no solo contra Repsol”. Más allá de que Repsol tenga menos de un 50% de capital español y de que sea grotesco asimilar los intereses de la ciudadanía española con los de los accionistas de una empresa privada, el tono catastrófico empleado recurre al más clásico patriotismo económico tintado de neocolonialismo (el control del oro negro en los países del Sur para garantizar un crecimiento con seguridad en el Norte) y de neoliberalismo (la promoción de los intereses de una multinacional de régimen privado y aficionada a los paraísos fiscales como motor del interés general). Nada mejor en tiempo de crisis que el repliegue identitario y belicista para unirse contra un enemigo común y olvidar —por unos días— la austeridad y los recortes, lo que ha surtido efecto con el apoyo del PSOECCOO y UGT. Mientras tanto, los partidos nacionalistas han hecho prueba de su capacidad de contorsión según se traten de intereses de clase o nacionales: CiU y PNV han privilegiado los intereses del capital, mientras que la izquierda abertzale, que lo tenía más fácil en torno al doble eje nacional vasco y socialista, ha saludado de forma efusiva la soberanía e independencia del pueblo argentino.
Si bien llego a coincidir con IU y otros movimientos de izquierdas en que la decisión del gobierno argentino es legítima y que seguramente los recursos naturales no tendrían que estar en manos de intereses privados que solo buscan rentabilidad económica y han cometido una serie de injusticias sociales y ambientales, al mismo tiempo no podemos obviar varias crudas realidades. Como bien dice Ecologistas en Acción, que saluda la decisión como un paso necesario, las razones por las que el Gobierno argentino se está planteando la nacionalización no son precisamente las ambientales. Argentina atraviesa una profunda crisis social y Fernández de Kirchner necesitaba también una medida fuerte para calmar los ánimos por los precios energéticos en el sector del transporte, garantizar divisas para pagar la deuda externa, bajar su factura energética y asentar su poder surfeando sobre la ola de la soberanía nacional que arrasa América Latina. Por el momento, es demasiado pronto para saber dónde recaerán los beneficios de esta re-nacionalización, si en el pueblo o en los oligarquías locales. Lo que está claro es que no marca ni mucho menos el fin del capitalismo (a lo mejor un empuje del capitalismo de Estado frente al capitalismo financiero), ya que el proyecto de ley de expropiación postula que la exploración y explotación (que seguramente necesitará una inversión de 25.000 millones de dólares en una década) se harán en base a “capitales públicos y privados, nacionales e internacionales”.
Pero sobre todo, no se nos tendría que escapar que detrás de esta estrategia se encuentra la voluntad no solo de controlar los recursos naturales sino de explotarlos con aún más determinación, abriendo más frentes para aumentar la capacidad de producción. Si nos fijamos de nuevo en elproyecto de ley de expropiación, además del bondadoso objetivo de “autoabastecimiento”, se trata de la explotación de “hidrocarburos convencionales y no convencionales”. Recordemos, y no es casualidad, que Repsol-YPF, descubrió el año pasado en la región argentina de Vaca Muerta el segundo mayor yacimiento de gas de pizarra (después de China) donde podrían ver la luz unos 2.000 pozos. Este gas requiere ni más ni menos que el mismo tipo de tecnología que hoy se propone utilizar en España y que ya está prohibido en Francia: el fracking o fractura hidraúlica. Como bien sabemos, gracias al trabajo de varias plataformas (CantabriaÁlava, etc.) o de documentales como Gas Land, esta técnica supone graves riesgos de contaminación del agua y del aire, de aumento del efecto invernadero así como de escapes de gas, terremotos locales y utilización masiva de químicos.
El gobierno argentino, siguiendo los pasos de otros gobiernos de América Latina como Brasil, inscribe su acción dentro del llamado extractivismo (de petróleo, gas, materias primas, etc.), particularmente agresivo con el medio ambiente y los pueblos originarios. Esta “izquierda marrón”, como la ha denominado Eduardo Gudynas, construye su estrategia de desarrollo y legitimidad a través de una apropiación brutal de los recursos naturales, su exportación en los mercados globales, con la redistribución in fine de parte de las riquezas mediante un Estado fuerte. Sin embargo, esta visión que, al fin y al cabo se parece bastante a la construcción histórica de nuestros Estados de Bienestar en el Norte, no se sostiene a largo plazo y aún menos de cara a la crisis climática y energética actual. Por experiencia y desde una perspectiva de justicia ambiental, no supone diferencia apreciable quién posea los medios de producción, si al mismo tiempo el proceso de producción en sí —ya sea público, privado o mixto— se fundamenta en suprimir las bases de su propia existencia. Como lo demuestra el pulso entre la izquierda progresista y extractivista en el poder institucional con los movimientos ecologistas, sociales e indígenas que reclaman otro modelo de desarrollo desde abajo y respetuoso de la Pacha Mama, constatamos que soberanía (estatal) y buen vivir (de las comunidades) no son por esencia sinónimos.
Más que nunca, la prosperidad, es decir nuestra capacidad de vivir felices dentro de los límites ecológicos del planeta, está entre la pared española del neocolonialismo neoliberal y la espada argentina del nacional-productivismo. Para salir de este callejón sin salida, tanto Argentina como España tendrán que emprender una transición pronunciada hacia una sociedad post-fosilista, plantear una “revolución energética” (según Greenpeace) o “caminar hacia un nuevo modelo energético sostenible y que no sea perjudicial para nuestro planeta y dejar atrás los conflictos comerciales y guerras por el oro negro, un recurso escaso y muy contaminante” (según Equo). Esta transformación socio-ecológica se basará, entre otras cosas, en dejar el oro negro y otros gases no convencionales en el subsuelo (como lo propone el proyecto Yasuní en Ecuador), reducir drásticamente nuestros consumos y huellas ecológicas, invertir en energías renovables, cambiar los patrones de producción (hacia la agroecología, ecología industrial, etc.), reruralizar y adaptar nuestras ciudades (véase las iniciativas en transición), y relocalizar urgentemente la economía para que sea baja en carbono, resiliente y gestionada democráticamente desde abajo. No es una cuestión de patriotismo: es una cuestión de supervivencia civilizada de la humanidad.

jueves, 19 de abril de 2012


   
¡Bravo por Cristina!


Rebelión...19/04/2012

La decisión de nacionalizar el petróleo tomada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un paso trascendental en la conquista de la segunda independencia de Argentina y de toda América Latina. El hidrocarburo fue controlado por el Estado desde el primer gobierno de Hipólito Irigoyen hasta su privatización por el ultraneoliberal Carlos Ménem(1992).El decreto enviado al Congreso por Cristina, cuya aprobación contará con importantes votos opositores, expropia casi la totalidad de las acciones de la nominalmente española Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales(YPF) –el 51 por ciento-, declara de “interés público” el logro del “autoabastecimiento de la producción de hidrocarburos y también las tareas “de explotación, industrialización, transporte y comercialización”. Asienta legalmente el fin de la primacía del capital sobre un recurso cuyo carácter finito, de seguridad nacional y objeto de desaforada especulación, así como su condición de palanca de desarrollo, exige como ninguno quedar bajo la total rectoría del Estado. YPF, fundada en 1922 por el legendario general Enrique Mosconi, su arquitecto y director durante ocho años, fue una entidad pública por la que los argentinos sintieron siempre un enorme orgullo, no sólo por su abastecimiento del mercado nacional sino su ostensible contribución al desarrollo económico y social y su condición de símbolo de soberanía.
Conviene recordar que las empresas de origen español han hecho su agosto en América Latina durante las décadas neoliberales mediante corruptos contubernios con personeros de los gobiernos que abierta, o solapadamente, han entregado sus bienes públicos y recursos naturales a la voracidad de aquellas. Algunas han comprado a precio de ganga para rápidamente convertirse en boyantes transnacionales como es el caso de Repsol, que debe su trasformación en gran empresa al saqueo de Argentina, o de los bancos BBV o Santander, cuyas utilidades dependen de sus filiales en la región.
El gobierno argentino responsabiliza a Repsol con la caída de 54 y 97 por ciento respectivamente de la producción de crudo y gas entre 1998 y 2011, como resultado de su política de explotación máxima de los pozos ya existentes cuando se privatizó YPF. Repsol-YPF apenas invirtió en todo ese tiempo en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos e infraestructura pues remesaba a su casa matriz el grueso de los beneficios (13 426 millones de dólares) y seguía una arbitraria política de precios, altamente lesiva para la economía argentina. Reconvenida por Buenos Aires anteriormente, la gota que colmó la copa fue la factura de combustibles que por valor de 9 397 millones de dólares se vio obligado a importar el país austral en 2011, una grave amenaza para su balanza comercial. Con el alto crecimiento del PIB que ha mantenido nueve años y en medio de la profunda crisis energética y de la economía capitalista mundial, para Argentina es indispensable asegurar el autoabastecimiento e incluso la exportación de combustible, como argumenta el decreto. Cristina ha señalado que la medida forma parte de la integración y seguridad energética suramericana, que se sella, dijo, con el ingreso de Venezuela al Mercosur.
La iniciativa prevé el fomento de la inversión extranjera privada en el sector energético y las alianzas con empresa públicas de otros países. Es totalmente falso que ahuyentará de Argentina a los inversionistas como arguyen los neoliberales. Existe un enorme interés del capital internacional por asociarse con el país rioplatense, cuyas reservas de crudo no tradicional se calculan en 116 millones de barriles.
Argentina ha dicho que pagará a Repsol según sus leyes pero la transnacional exige una cantidad desmesurada que ya Buenos Aires ha rechazado. El gobierno de Rajoy, en una trasnochada actitud colonialista no ha cesado de lanzar amenazas contra la Casa Rosada. En lugar de hacer algo por mejorar la dramática situación de los españoles –que comienzan a emigrar a Argentina-, continúa hundiéndolos en una insondable catástrofe social. Pero eso sí, defiende a una empresa connotada evasora fiscal en España con mayoría de capital no español, que en nada beneficia a los habitantes del reino. Mientras Brasil, Venezuela, Uruguay y Bolivia han expresado su solidaridad con Argentina -como lo harán otros gobiernos y los pueblos de nuestra América- Washington se une a las derechas hispanoamericanas en la defensa de Repsol. ¿Por qué será?

miércoles, 18 de abril de 2012


         
Washington guía al mundo hacia la ilegalidad


Global Research...18/04/2012

El gobierno de EE.UU. pretende que vive bajo el imperio del Estado de derecho y que garantiza la libertad y la democracia de sus ciudadanos. La pretensión de Washington y la dura realidad son diametralmente opuestas.Los funcionarios del gobierno de EE.UU. critican rutinariamente a otros gobiernos por que son antidemocráticos y violan los derechos humanos, Sin embargo ningún otro país, con la excepción de Israel, envía bombas, misiles y drones a países soberanos a fin de asesinar a sus poblaciones civiles. Las prisiones torturadoras Abu Ghraib, Guantánamo y los sitios secretos de entregas extraordinarias de la CIA son las contribuciones de los regímenes de Bush y Obama a los derechos humanos.
Washington viola los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Washington ha suspendido las libertades civiles garantizadas por la Constitución de EE.UU. y declaró su intención de detener indefinidamente a ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso legal. El presidente Obama ha anunciado que él, a su discreción, puede asesinar a ciudadanos de su país si los considera una amenaza para EE.UU.
El Congreso no reaccionó a esos extraordinarios anuncios con procesos judiciales de recusación. No hubo protestas de tribunales federales, escuelas de derecho o asociaciones de abogados. Glenn Greenwald informa de que el Departamento de Seguridad Interior acosa a los periodistas que se niegan a ser “prenstitutas”, y hemos vistos vídeos de la brutal opresión policial contra los pacíficos manifestantes de Ocupa Wall Street.
Ahora Washington obliga a todos los que puede en el mundo para que desmantelen los tratados internacionales y el derecho internacional. Washington ha emitido un ukase en el que afirma que solo su palabra es derecho internacional. Cualquier país que comercie con Irán o compre su petróleo, excepto los que reciben la dispensa de Washington, será sancionado por EE.UU. Esos países serán excluidos de los mercados estadounidenses y sus sistemas bancarios no podrán utilizar bancos que procesan pagos internacionales. En otras palabras las “sanciones contra Irán” de Washington no se aplicarán a Irán sino a todos los países que desafíen a Washington y satisfagan sus necesidades energéticas con petróleo iraní.
Según el Christian Science Monitor, hasta ahora Washington ha otorgado privilegios especiales a Japón y a 10 países de la Unión Europea para que sigan comprando petróleo iraní. La exigencia de que los países perjudiquen sus propias economías a fin de cumplir la vendetta de Washington contra Irán, una vendetta que ha tenido lugar desde que los iraníes derrocaron al títere instalado por Washington, el sha de Irán, hace más de tres décadas, era más de lo que se podía permitir EE.UU. Washington ha permitido que Japón siga importando entre 78 y 85% de sus importaciones normales de petróleo iraní.
Las dispensas de Washington, sin embargo, son arbitrarias. No se han otorgado dispensas a China, India, Turquía y Corea del Sur. India y China son los mayores importadores de petróleo iraní, y Turquía y Corea del Sur se encuentran entre los máximos diez importadores.
Antes de considerar las posibles consecuencias imprevistas de la vendetta de Washington contra Irán, ¿cuál es el argumento de Washington contra ese país?
Francamente, Washington no tiene ningún argumento válido. Es otra vez el engaño de las “armas de destrucción masiva”. Irán, a diferencia de Israel, firmó el Tratado de No Proliferación (TNP). Todos los países que firman el Tratado tienen derecho a la energía nuclear. Washington afirma que Irán viola el tratado al desarrollar un arma nuclear. No existe evidencia alguna de la afirmación de Washington. Las propias 16 agencias de inteligencia de Washington son unánimes al decir que Irán no ha tenido ningún programa de armas nucleares desde 2003. Además, los inspectores de armas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) están en Irán y han informado sistemáticamente de que no hay desviación de material nuclear del programa de energía a un programa de armas.
En las escasas ocaciones en que se le recuerdan estos hechos a Washington, este presenta un nuevo argumento. Afirma, a pesar de los derechos de Irán según el TNP, que Irán no puede tener un programa de energía nuclear, porque entonces Irán podría aprender lo suficiente para poder, en algún momento futuro, hacer una bomba. El poder hegemónico del mundo ha decidido unilateralmente que la posibilidad de que Irán pueda un día construir un arma nuclear es demasiado grande como para aceptarla. Es mejor, dice Washington, aumentar el precio del petróleo, golpear a la economía mundial, violar el derecho internacional y arriesgarse a una gran guerra, que tener que preocuparse de que un futuro gobierno iraní construya un arma nuclear. Es el enfoque tiránico de la ley de Jeremy Bentham que fue repudiado por el sistema legal anglo-estadounidense.
Cuesta calificar de buen discernimiento la posición de Washington. Además nunca ha explicado el inmenso riesgo que ve en la posibilidad de una bomba atómica iraní. ¿Por qué es tanto mayor ese riesgo que el asociado con bombas atómicas soviéticas o con las bombas nucleares actuales de EE.UU., Rusia, China, Israel, Pakistán, India y Corea del Norte? Irán es un país relativamente pequeño. No tiene las ambiciones hegemónicas mundiales de Washington. A diferencia de EE.UU., Irán no está en guerra con media docena de países. ¿Por qué destruye Washington la reputación de EE.UU. como país que respeta la ley y se arriesga a una gran guerra y a la dislocación económica por un hipotético desarrollo futuro, cuya probabilidad se desconoce?
No existe una buena respuesta a esa pregunta. A falta de evidencia para un caso contra Irán, Washington e Israel la han reemplazado por la demonización. La mentira se ha establecido como verdad diciendo que el actual presidente de Irán se propone borrar a Israel de la faz de la tierra.
La mentira ha tenido éxito como propaganda a pesar de que numerosos expertos lingüistas han demostrado que la intención atribuida al presidente iraní por la propaganda estadounidense e israelí es un burdo error de traducción de lo que dijo realmente el presidente de Irán. Una vez más, para Washington y sus "prenstitutas," los hechos no importan. Lo que cuenta son sus planes y utilizarán cualquier mentira para hacerlos progresar.
Puede ocurrir que finalmente las sanciones de Washington acaben perjudicando más a Irán que a EE.UU.
¿Qué hará Washington si India, China, Turquía y Corea del Sur no sucumben ante sus amenazas?
Según noticias recientes, India y China no están dispuestas a crearse molestinas y dañar su desarrollo económico a fin de apoyar la vendettade Washington contra Irán. Después de ver el rápido ascenso de China y de haber observado la inmunidad de Corea del Norte ante el ataque estadounidense, Corea del Sur podría preguntarse durante cuánto tiempo debería mantener la intención de seguir siendo un Estado títere de Washington. Turquía, donde el gobierno civil y en cierto modo islamista ha logrado independizarse de los militares turcos controlados por EE.UU., parece llegar lentamente a comprender que Washington y la OTAN mantienen a Turquía en un “rol de servicio” en el cual Turquía es un agente de Washington contra sus semejantes. Parece que el gobierno turco está revisando los beneficios de ser el peón de Washington.
Lo que decidan Turquía y Corea del Sur es básicamente la decisión de si sus países serán independientes o seguirán cometidos al imperio de Washington.
El éxito del ataque estadounidense-israelí contra la independencia de Irán depende de India y China.
Si India y China mandan a freír espárragos a Washington, ¿qué podrá hacer este último? Absolutamente nada. ¿Qué pasaría si Washington, arrogándose en su propia arrogancia, anunciara sanciones contra India y China?
Las estanterías de Wal-Mart estarían vacías y el mayor comerciante minorista de EE.UU. estaría golpeando la puerta de la Casa Blanca.
Apple Computer y numerosas poderosas corporaciones estadounidenses, que han subcontratado a China su producción para el mercado local, sufrirían la evaporación de sus beneficios. Junto con sus aliados de Wall Street, esas poderosas corporaciones atacarían al demente de la Casa Blanca con más fuerza que el Ejército Rojo. El superávit comercial chino dejaría de fluir hacia la deuda de EE.UU. Las operaciones bancarias, de tarjetas de crédito, empresariales y servicios al cliente de servicios públicos en todo EE.UU. dejarían de funcionar.
El caos reinaría en EE.UU. Es la recompensa de la globalización auspiciada por el imperio.
El imbécil de la Casa Blanca y los belicistas neoconservadores e israelíes que lo instan a iniciar más guerras no comprenden que EE.UU. ya no es un país independiente. EE.UU. pertenece a las corporaciones deslocalizadoras que han exportado su producción para los mercados estadounidenses. Sanciones contra China e India (y Corea del Sur) significan sanciones contra corporaciones estadounidenses. Sanciones contra Turquía significan sanciones contra un aliado de la OTAN.
¿Se dan cuenta China, India, Corea del Sur y Turquía de que tienen el juego de cartas ganador? ¿Comprenden que pueden abuchear al Imperio Estadounidense y producir su colapso, o les han lavado el cerebro como a Europa y al resto del mundo para que crean que no se puede resistir a los poderosos estadounidenses?
¿Ejercerán su poder sobre EE.UU. China e India o rehuirán el problema y adoptarán una pose que salve la cara a Washington mientras siguen comprando petróleo iraní?
La respuesta a esta pregunta es: ¿cuánto pagará en concesiones secretas Washington a China e India, como la evicción de EE.UU. del Mar del Sur de China, por su simulación de que ambos países reconocen los poderes dictatoriales de Washington sobre el resto del mundo?
Es probable que sin concesiones a China e India, Washington sea ignorado mientras ve cómo se evapora su poder. Un país que no puede producir bienes industriales y manufacturados, sino que solo puede imprimir instrumentos de deuda y dinero no es un país poderoso. Es un matón de mala muerte que puede seguirse pavoneando hasta que el niño proverbial diga: “el emperador va desnudo”.
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Paul Craig Roberts fue editor del Wall Street Journal y secretario adjunto del Tesoro de EE.UU. Su último libro, How the economy was lost , acaba de ser publicado por CounterPunch/AK Press.
Fuente: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30273