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A pesar de que la cultura del terror y la influencia del imperialismo aún gravitan con fuerza en la memoria colectiva y en la geopolítica centroamericana, en los últimos años también asistimos a un despertar de los pueblos, de sus luchas y formas de organización, estimuladas por los procesos revolucionarios y de cambio político-cultural en nuestra América. Hoy, la resistencia del pueblo hondureño va abriendo nuevos caminos.
El mismo día que el presidente Manuel Zelaya sorprendió al mundo con su ingreso a Tegucigalpa, echando por tierra los cálculos políticos de impunidad de los golpistas dirigidos por Roberto Micheletti, el General Romeo Vázquez y sus aliados en el Departamento de Estado y el Comando Sur de los Estados Unidos, el diario La Jornada de México publicó una entrevista a Noam Chomsky (América Latina es el lugar más estimulante del mundo, 21-09-2009), en la que el intelectual estadounidense aseguró que ³Centroamérica está traumatizada por el terror reaganiano. No es mucho lo que sucede allí. Estados Unidos sigue tolerando el golpe militar en Honduras, aunque es significativo que no lo pueda apoyar abiertamente².
Chomsky acierta en cuanto que asigna al terror un lugar fundamental en el análisis y la comprensión de la realidad centroamericana. La carga de los soldados y policías hondureños contra hombres y mujeres armados únicamente con su dignidad, demuestra el grado de enajenación de ese aparato ideológico-militar. Entrenados según los principios de la doctrina de seguridad nacional, los militares hondureños ven en sus compatriotas al temible enemigo interno y a los fantasmas del comunismo internacional. En consecuencia, están dispuestos a matar y reprimir sin escrúpulos.
Ahora bien, se trata de una política del terror que antecede a la guerra sucia promovida por el expresidente Reagan y los halcones del Pentágono durante la década de 1980, en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Sus raíces se hunden en los orígenes mismos del Estado en Centroamérica, hacia mediados del siglo XIX, cuando desde la oligarquía se gestó una cultura de la violencia y un ejercicio arbitrario del poder que pervive en nuestros días, como obstáculo inmenso para la construcción de auténticas democracias.
Allí donde el Estado oligárquico, rendido a los intereses del monopolio y el capital extranjero, no logró subordinar a los sectores campesinos, indígenas y populares a su hegemonía, se impuso el orden a través del terror físico, sicológico y político.
Para comprobarlo, bastaría con repasar la historia de la represión en Centroamérica como forma de dominación y control social ejercido por la oligarquía y el imperialismo, con casos tan representativos como el genocidio de 30.000 campesinos, indígenas y obreros en El Salvador, en 1932; la explotación de los trabajadores bananeros en la costa Atlántica de Honduras, Nicaragua y Costa Rica; la usurpación de tierras indígenas y campesinas por parte de los latifundistas; o el etnocidio y las desapariciones (estimadas en más de 40.000 personas) practicados como política de Estado en Guatemala, durante la guerra de tierra arrasada y contrainsurgencia de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980.
Cultura del terror y abuso del poder forman un binomio clave en el desarrollo fragmentado, desigual y excluyente de los países centroamericanos.
Donde discrepamos del argumento de Chomsky es en su afirmación de que aquí, en nuestras sufridas tierras, ³no es mucho lo que sucede². A pesar de que la cultura del terror y la influencia del imperialismo aun gravitan con fuerza en la memoria colectiva y en la geopolítica centroamericana, en los últimos años también asistimos a un despertar de los pueblos, de sus luchas y formas de organización, estimuladas por los procesos revolucionarios y de cambio político-cultural en nuestra América.
Desde el año 2000, las movilizaciones populares contra el ALCA, el Plan Puebla Panamá y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y EE.UU, se fortalecieron en toda la región. Asimismo, el reciente triunfo electoral del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en El Salvador, evidencia un cambio importante en la correlación de fuerzas políticas y sociales, que alcanza también a Guatemala y Nicaragua.
Hoy, la resistencia del pueblo hondureño va abriendo nuevos caminos. Su lucha diaria, durante tres meses, contra la represión militar, así como la progresiva radicalización del liberal Manuel Zelaya y su acercamiento a los movimientos populares, campesinos e intelectuales, constituyen un proceso pedagógico y ejemplar, liberador y sumamente estimulante para la unidad de los pueblos centroamericanos.
Precisamente, el decidido apoyo a la democracia en Honduras, al Frente Nacional de Resistencia y al presidente Zelaya, por parte de los gobiernos y organizaciones sociales de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y de Costa Rica más allá del ambiguo papel desempeñado por el presidente Oscar Arias-, constituyen una señal alentadora en una región educada para el aislamiento y la mutua desconfianza.
En una de sus últimas reflexiones, publicada el 24 de setiembre, Fidel Castro explicó que ³hemos visto surgir una nueva conciencia en el pueblo hondureño. Toda una legión de luchadores sociales se ha curtido en esa batalla. Zelaya cumplió su promesa de regresar. Tiene derecho a que se le restablezca en el Gobierno y presidir las elecciones. De los combativos movimientos sociales están destacándose nuevos y admirables cuadros, capaces de conducir a ese pueblo por los difíciles caminos que les espera a los pueblos de Nuestra América. Allí se engendra una Revolución².
Los pueblos asumen el protagonismo de su destino. Hay triunfos y derrotas, pero el terror oligárquico e imperialista va quedando atrás, aunque los golpistas hondureños insistan en volver al pasado.
Definitivamente, algo empieza a ocurrir en Centroamérica.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
Fuente: http://tercerainformacion.es/spip.php?article10338Luego de tres años del inicio de los procesos contra 'parapolíticos' en la Corte Suprema y contra paramilitares en la Fiscalía, está claro que esa división fue artificial, producto de que los paramilitares se desmovilizaron voluntariamente, mientras que los 'parapolíticos' no y, por el contrario confiaron, aún confían, en que pueden eludir su responsabilidad.
Basta leer cualquiera de las 2.300 versiones rendidas en Justicia y Paz para verificar que la creación, llegada y expansión de un grupo paramilitar siempre está conectada con una esfera de poder legal establecida. Siempre hay algún ganadero, gamonal, empresario, policía, militar, político o servidor público en la historia. Por eso, los paramilitares no fueron sólo un grupo armado, sino un grupo de poder que combinó múltiples conexiones, privadas y públicas, legales e ilegales, individuales y colectivas, desde lo local hasta lo nacional, para conformar su propia y, hasta cierto punto, autónoma estructura. Esas conexiones fueron determinantes en la conformación y operación de la estructura de poder paramilitar.
Eso es lo que nos negamos a reconocer. Que no fueron un puñado de narcotraficantes y criminales aislados los que causaron esta tragedia, sino la suma de miles de decisiones individuales de personas en la legalidad, en su inmensa mayoría, incapaces de dimensionar, y menos de controlar, las consecuencias de sus decisiones sobre una actuación criminal de magnitudes colectivas.
Por eso, la principal garantía de reparación para las víctimas de ayer y las generaciones futuras depende de un nuevo consenso político que reconozca la tragedia de la autodefensa individual e ilegal y se comprometa con la legítima defensa colectiva y, de otra parte, de la judicialización de los principales responsables.
Los servidores que ponen su función pública al servicio de un aparato de poder ilegal o se benefician del aparato para su función forman parte de los principales responsables. Así lo considera la jurisprudencia internacional y lo recoge la nacional.
En consecuencia, lo que deben reflexionar los 'parapolíticos' y demás paraservidores no es si eventualmente los harán o no corresponsables de lo ejecutado por el aparato de poder paramilitar, sino cuándo, dónde y en qué condiciones. Puede ser ya, en Colombia y condiciones favorables, o en unos años en cortes internacionales y condiciones menos ventajosas.
Nuestra reconciliación como sociedad no depende solamente de enjuiciar a los principales responsables, sino de reconocer las consecuencias colectivas, indeseadas e injustificables, que nuestras decisiones individuales generaron. Evitar ese reconocimiento y obstruir un nuevo consenso forma parte de la polarización política y de la actuación insólita de ciertos funcionarios.
Por ejemplo, en su afán por obstruir las funciones de la Corte, el procurador Ordóñez ha amenazado con demandar a los magistrados si adelantan entrevistas con desmovilizados como parte de su labor investigativa sin presencia de un delegado suyo, requisito que no existe para los demás procesos penales. Si el CTI y las cortes solo pudieran investigar con un procurador al lado colapsaría el sistema judicial. Otra cosa es que un juez y un procurador validen la legalidad de lo investigado para incluirlo al proceso. Además, se inventó la teoría de que la relación entre paramilitares y congresistas no tiene que ver con su función pública, como si la relación se acabara el día que los eligen. Tan se mantiene que la misma Procuraduría, que sólo sanciona a servidores públicos por hechos relacionados con su cargo, ha sancionado a varios congresistas por 'parapolítica', por ejemplo al ex senador Álvaro García. Sin embargo, ahora Ordóñez dice a la Corte que no puede reasumir el caso de García porque no tiene que ver con su función. Entonces, ¿por qué lo sancionó la Procuraduría?
Ordóñez debe al menos disimular su labor de abogado de oficio de quienes por el contrario debe investigar y dejar de obstruir el consenso y judicialización que requiere la reconciliación del país.
El acuerdo suscrito entre EEUU y el gobierno de Álvaro Uribe de Colombia para la utilización de bases militares en territorio colombiano es una prueba de que EEUU quiere continuar ejerciendo su influencia en América Latina y en especial ejercer presión sobre la Venezuela de Hugo Chávez.
El reciente acuerdo firmado entre los gobiernos de Colombia y EEUU sobre el uso de bases militares colombianas por parte del Pentágono para reforzar la lucha contra el narcotráfico, es la confirmación de que EEUU no se resigna a no intervenir en los asuntos internos de los países del continente sudamericano, pues el acuerdo viene precedido por la no renovación de otro acuerdo que permitía a Washington utilizar la base de Manta en Ecuador, que expira en el noviembre próximo, y que dejaba a EEUU sin bases operativas en el cono suramericano.
La importancia de este nuevo acuerdo –y ahí reside la gravedad del asunto- es que, hasta el momento, es secreto. Ni siquiera en la reunión de los jefes de Estado de Unasur en Bariloche (Argentina), Álvaro Uribe entregó al resto de mandatarios documento alguno que pudiera calmar las tensiones de los más afectados por las bases de EEUU, en particular sus vecinos Ecuador y Venezuela. Todo lo que ha trascendido a los medios es que EEUU podrá utilizar siete instalaciones militares colombianas para continuar la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, existe el temor de que el acuerdo vaya mucho más allá de la utilización conjunta de siete bases. Según el parecer de la oposición política en Colombia, el acuerdo permite al Pentágono la utilización de un número indefinido de instalaciones, es decir, que el gobierno de Uribe ha hipotecado la soberanía de Colombia dejando en manos del Pentágono la utilización de todo el territorio nacional como campo operativo militar para EEUU.
Cabe preguntarse ¿Por qué el acuerdo es secreto? La oposición en Colombia recurre a la Constitución para argumentar que cualquier tipo de acuerdo internacional debe ser refrendado por el Congreso (artículo 150); que, en política exterior, la Constitución vuelve a recabar que cualquier acuerdo debe someterse al referendo de la Cámara (artículos 189 y 224); y que en los artículos 9 y 227 se proclama el compromiso de Colombia de impulsar y articular la integración regional de América Latina y el Caribe. Es evidente que el acuerdo suscrito con la Casa Blanca va en sentido contrario, divide y enfrenta a Colombia con el resto de los países de la región.
Recordemos que la lucha contra el narcotráfico se tradujo en el Plan Colombia lanzado en 1998 durante la etapa de los presidentes Pastrana y Clinton, y proseguido después por Uribe y Bush con unos resultados a día de hoy catastróficos. Bajo la excusa de acabar con el cultivo de la coca se ha expulsado a 180.000 campesinos de sus tierras, muchos han acabado refugiados en Ecuador y Venezuela y otros desplazados en el interior de Colombia. No pasa día que no se conozcan nuevos asesinatos y masacres en la guerra sucia que practican los paramilitares mediante asesinatos y expulsión de campesinos e indígenas en beneficio de terratenientes dedicados a la ganadería y al cultivo de la palma africana para producir agrocombustible. En 10 años la producción de esta palma ha pasado de 145.000 hectáreas a 300.000, y el gobierno de Uribe aspira alcanzar los 6 millones. Además, a pesar de los doce años transcurridos, la coca continúa siendo la principal fuente de ingresos de las guerrillas y el principal producto que engorda el PIB colombiano para regocijo de los narcotraficantes.
Entonces, ¿para qué sirvieron los 5.000 millones de dólares de ayudas de EEUU para el Plan Colombia? Plan que por cierto obtuvo el apoyó del gobierno de José María Aznar con una aportación de 100 millones de dólares. Pues han servido para armar a las fuerzas armadas colombianas, como atestigua el presupuesto militar que ha pasado de 3.439 millones de dólares en el año 2000 a 6.558 millones en 2008. Es prudente suponer que el nuevo acuerdo militar seguirá el mismo camino, continuar aumentando la ayuda militar a Colombia.
Y ahí reside el principal peligro de ese insensato acuerdo, que todo se reduzca a un incremento de la militarización de la región, más armas, mayor presencia y libertad de movimientos para las fuerzas armadas de EEUU en Colombia. Esto sólo puede ser visto por los países vecinos como una intromisión en los asuntos regionales y una provocación, pues desde las bases colombianas el Pentágono no sólo someterá a vigilancia al narcotráfico y la guerrilla, cabe suponer que también someterá a vigilancia toda la región, convirtiéndose en una amenaza para la seguridad de Venezuela, Ecuador y Bolivia, los países más hostiles a la política exterior de EEUU. Es por ese motivo que los presidentes Rafael Correa de Ecuador y Hugo Chávez de Venezuela han lanzado agrias acusaciones contra Uribe y han hablado de una situación prebélica.
Pero el acuerdo de las bases con Colombia no llega solo, pues tiene el precedente de la reactivación de la IV Flota de EEUU. Despliegue que fue anulado en 1950, pero que desde enero de este año vuelve a patrullar por América Latina, hecho que ha merecido el rechazo unánime de los gobiernos del cono sur americano, con la sola excepción del gobierno colombiano de Uribe. Es decir, la región se encuentra ante una situación geopolítica extremadamente delicada. Recientemente se han repetido diversas tensiones entre Colombia y sus vecinos Ecuador y Venezuela, las más alarmantes: el ejército colombiano bombardeó bases guerrilleras de las FARC en territorio de Ecuador, y Uribe acusó al gobierno de Hugo Chávez de facilitar ayuda y armamento a las guerrillas que operan en Colombia. Barack Obama y su política exterior tienen una buena parte de responsabilidad en que la paz en Latinoamérica esté en peligro.
Para el régimen golpista la única salida posible parece ser mantener la situación tal y como está hasta las próximas elecciones del 29 de noviembre. “Ellos apuestan por ello como su última carta”, piensan que “la gente va a ir a las elecciones y que estará terminado el asunto”, afirma Miriam Miranda, representante del Frente Nacional de Resistencia al Golpe de Estado, organización que está coordinando las continuas movilizaciones populares. Pero según Erasto Reyes, miembro también del Frente, “con este Gobierno golpista no está garantizada una elección libre, pues los custodios de todo el proceso electoral serán las mismas Fuerzas Armadas que han dado el golpe”, por lo que aboga no sólo por la restitución del orden constitucional, sino por la convocatoria de un proceso Constituyente como única salida para el conflicto. La propia ONU comparte la desconfianza sobre los resultados que pudieran tener unas elecciones en estas circunstancias.
El secretario general, Ban Ki-Moon manifestó, tras la reciente condena por parte del Consejo de Seguridad, que “no existen las condiciones para organizar unas elecciones creíbles que impulsen la paz y la estabilidad”. En consecuencia, la ONU decidió suspender la asistencia electoral a Honduras.
La Asamblea Constituyente se ha convertido en la principal reclamación de las organizaciones populares, pues en el caso de regresar Zelaya a la presidencia, en el próximo enero acabaría su mandato, ya que no es posible la reelección presidencial en el país centroamericano. “La reinstauración del presidente es un objetivo fundamental, pero éste no es el propósito más importante de este proceso”, afirmó el investigador social Ricardo Arturo Salgado.
Un país paralizado
Mientras, organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, denuncian que en los últimos días se han incrementado las graves violaciones de los derechos humanos, en forma de asesinatos, agresiones indiscriminadas, persecuciones políticas o detenciones ilegales tanto individuales como colectivas, así como el uso, como medio para disolver las movilizaciones populares, de un agente químico tóxico con altas concentraciones de ácido cianhídrico que provocó sangrados por las vías respiratorias y por la orina de los afectados, además de vómitos, desorientación y fuertes dolores de cabeza. Efectos que también se habrían sufrido en el interior de la embajada brasileña.
Quedan aún dos meses para esas hipotéticas elecciones y no está claro qué puede suceder hasta entonces. Según la socióloga y economista Leticia Salomón, del Centro de Documentación de Honduras, los mismos sectores empresariales “han empezado a presionar para que se encuentre una salida, porque ya han llegado al límite de las pérdidas”. No en vano, los continuos estados de sitio y las movilizaciones y bloqueos de vías que están paralizando el país suponen un fuerte impacto en la economía nacional. Está por ver si esa salida pasa por la renuncia del Gobierno golpista o por un recrudecimiento de la situación.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Honduras-los-golpistas-se-aferran.html
Dispositivo Acústico de Largo Alcance (LRAD, por sus siglas en inglés), se llama el arma "secreta" utilizado ilegalmente contra la embajada de Brasil en Honduras y luego para reprimir una manifestación no violenta en Pittsburgh. |
Dos veces en una semana ha sido utilizado un arma "secreta" de Washington para reprimir manifestaciones no violentas. Primero, en las afueras de la embajada de Brasil en Tegucigalpa, Honduras, fue detectado el uso de un aparato que emitía un sonido tormentoso hacia la sede diplomática, donde se refugiaba el Presidente Manuel Zelaya luego de su exitoso regreso al país. Días después, muy al norte de Tegucigalpa, el mismo aparato fue utilizado, ésta vez en la ciudad de Pittsburgh, donde se estaba realizando la reunión del G-20, organización que reúne a las grandes potencias mundiales para discutir a puerta cerrada las políticas que afectan a los pueblos.
Dispositivo Acústico de Largo Alcance (LRAD, por sus siglas en inglés), se llama el arma "secreta" utilizado ilegalmente contra la embajada de Brasil en Honduras y luego para reprimir una manifestación no violenta en Pittsburgh. Según la empresa productora, American Technology Corporation, miembro del complejo militar industrial, LRAD fue concebido después del ataque contra el buque de guerra estadounidense U.S.S. Cole en Yemen en 2000 como un arma no-letal con la capacidad de alertar y detener los avances del enemigo.
LRAD combina comandos de voz en 25 idiomas con tonos de alerta y sirenas capáces de "torturar" el oido humano, con un alcance por encima de los 500 metros. Según el periodista canadiense-cubano, Jean-Guy Allard, "a 100 metros, según los expertos, la recepción del rayo LRAD puede ser muy dolorosa. A plena capacidad, LRAD emite una onda acústica de 150 decibeles. Como comparación, el avión supersónico Concorde, emitía ondas de 110 decibeles a plena velocidadÂ…cualquier volumen encima de 90 db causa daños permanentes."
El arma LRAD, parte del nuevo arsenal tecnológico de Washington, ha sido utilizado en Irak y Afganistán para reprimir y detener manifestaciones populares contra la invasión estadounidense. El Pentágono también vendió LRAD a Georgia en 2007 para ayudar reprimir a las protestas en contra del gobierno títere de Washington liderado por Mikehil Saakashvili.
Pero es primera vez que LRAD aparece en las Américas, y primera vez que se utiliza para agredir a un presidente constitucional. Dentro de Estados Unidos, muchos se especulan que el uso de LRAD contra la manifestación en Pittsburgh fue un ensayo y un señal de que ya Washington está decidido traer a los armas más efectivos e útiles a casa, para reprimir a su propio pueblo.
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