sábado, 29 de enero de 2011

//
La justicia de EEUU en entredicho

IPS...29/01/2011


La cadena perpetua impuesta a Ahmed Kalfan Ghailani por su participación en los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, en 1998, catapultó el debate sobre qué justicia, si la civil o la militar, debe procesar a los detenidos por terrorismo en Guantánamo.

La sentencia conocida el martes es resultado del primer juicio llevado totalmente a cabo por un tribunal federal civil. Murieron 224 personas en los atentados de 1998 y cientos más quedaron heridas.

Ghailani fue declarado culpable en noviembre de conspiración y absuelto de otros 284 cargos. La justicia civil lo condenó a la máxima pena prevista pese al pedido de clemencia de sus abogados alegando las torturas y los malos tratos de que fuera víctima en los llamados "sitios oscuros" de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) y en el centro de detención de la base naval de Guantánamo, Cuba.

El sufrimiento de Ghaliani "es nimio comparado con el horror que él y sus cómplices causaron", señaló el juez federal de la Corte de Distrito, Lewis Kaplan, al rechazar el pedido en su tribunal de Manhattan, en Nueva York. "El asesinato y la mutilación a sangre fría de personas inocentes fue de una magnitud difícil de imaginar en 1998", añadió.

El gobierno del presidente Barack Obama defendió la importancia de que ese tipo de juicios fueran realizados por tribunales federales. Pero a fines del año pasado, el Congreso legislativo aprobó una enmienda al proyecto de ley de autorización de defensa 2011 que prohíbe el uso de fondos del Pentágono, sede del Departamento de Defensa, para trasladar detenidos de Guantánamo a Estados Unidos.

La reforma impidió que Obama cumpliera su promesa de cerrar Guantánamo, pero también mantuvo a las criticadas comisiones militares, acusadas de innumerables errores, como el único ámbito para procesar a los detenidos. Sólo cinco casos fueron juzgados con éxito en tribunales militares en los nueve años transcurridos desde que llegaron los primeros presos a Guantánamo.

Cuando Obama promulgó la ley envió un comunicado en el que reafirmó su voluntad de que los juicios fuera realizados por tribunales civiles y prometió trabajar con el nuevo Congreso para revocar la enmienda, una tarea mucho más difícil ahora que la Cámara de Representantes tiene mayoría de legisladores del opositor Partido Republicano. El fallo fue aplaudido por organizaciones de derechos humanos. "El juicio de Ghailani demostró que un caso complejo como el horrendo crimen cometido en el extranjero puede ser objeto de un proceso justo en un sistema legítimo y concluir con una condena acorde con el delito", señaló Laura Pitter, asesora en materia de antiterrorismo de Human Rights Watch (HRW).

Similares declaraciones realizó Amnistía Internacional que, al igual que HRW y otras organizaciones de derechos humanos, sostienen desde hace tiempo que las personas acusadas de terrorismo en Guantánamo deben ser procesadas por tribunales civiles. "El veredicto y la sentencia serán reconocidos internacionalmente como el producto de un sistema establecido y abierto, a diferencia de las comisiones militares", señaló Geneve Mantri, directora de relaciones con el gobierno en materia de seguridad nacional y derechos humanos del capítulo local de Amnistía.

Ghailani, miembro de la red extremista Al Qaeda de Tanzania que desempeñó un papel clave en la organización de los atentados y el contrabando de explosivos para el hombre que ejecutó el ataque en Dar es Salaam, fue acusado poco después de ocurrido el hecho y capturado en Pakistán en 2004. Estuvo varios años en uno de los "sitios oscuros" de la CIA, donde habría sido torturado y luego llevado a Guantánamo en septiembre de 2006.

El Departamento de Justicia ordenó en mayo de 2009 su traslado a Estados Unidos para ser procesado por un tribunal federal. Durante el juicio, Kaplan excluyó al único testigo que podía vincular a Ghailani directamente con los explosivos utilizados en los atentados alegando que la identidad de la persona había sido obtenida bajo técnicas de interrogatorio calificadas de tortura por la mayoría de las organizaciones de derechos humanos.

El jurado sorprendió al absolver a Ghailani de todos los cargos, salvo el de conspiración para destruir edificios y propiedades del gobierno.

El veredicto sirvió para que la mayoría de los republicanos que critican la iniciativa de Obama de juzgar a los presuntos terroristas de Guantánamo en tribunales federales de Estados Unidos lo utilizaran como prueba de que la justicia civil les otorga demasiadas salvaguardas.

El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, pidió al gobierno que considere que es un error recurrir a los tribunales federales "y nos asegure que los terroristas serán procesados de aquí en más en el sistema de comisiones militares". El veredicto y el posterior escándalo llevaron a varios legisladores del gobernante Partido Demócrata a abandonar a su presidente y votar a favor de la enmienda.

Pero el delito por el cual fue acusado Ghailani ofrece al magistrado la discreción sustancial de una sentencia mínima de 20 años a una máxima de cadena perpetua sin libertad bajo fianza. El juez optó por esta última. Kaplan todavía debe decidir donde cumplirá la condena Ghailani, pero la mayoría de los observadores especulan que será en la prisión federal de Colorado, donde están cuatro de sus cómplices de los ataques de 1998, condenados por un tribunal federal en 2001, antes de los atentados contra Nueva York y Washington.

Habrá que ver qué pasará con los próximos juicios a los presos de Guantánamo, entre los que está Jalid Jeque Mohammad, el presunto ideólogo de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Fuente: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97395

viernes, 28 de enero de 2011

Con la excusa de las inundaciones...
El asalto neoliberal de Santos a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)

Agencia Prensa Rural / MOIR,,,28/01/2011

La emergencia económica como pretexto neoliberal. Las CAR quedaron como aparato de bolsillo del Presidente. Se viola la Constitución. Menos controles ambientales a la gran minería. Decreto del 5 de agosto pasado muestra lo que quieren Uribe y Santos.


El gobierno anunció, haciendo uso de la Emergencia Económica, el decreto de reestructuración de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Por el texto que se conoce se trata de aprovecharse de la tragedia de millones de compatriotas –cuyos problemas deben ser atendidos por el gobierno sin manipulaciones y con seriedad, cosa que no viene sucediendo– para hacer una reforma neoliberal, es decir, apoyada en falacias, en contra del medio ambiente, en beneficio de la gran minería y violando la Constitución.

1. Constituye una falsedad adjudicarles la responsabilidad principal del desastre invernal a las CAR. Solo por ignorancia o por viveza puede afirmarse eso. Porque las normas no les dan poderes suficientes para intervenir con suficiencia en todos los asuntos ambientales del país y porque su presupuesto –de apenas 800 mil millones de pesos para treinta CAR– es a todas luces insuficiente. Es obvio que el presidente Juan Manuel Santos quiere usar a las CAR como chivo expiatorio para ocultar la enorme responsabilidad que en el desastre les cabe a su gobierno y al de Álvaro Uribe, y a los anteriores. Un ejemplo de su culpa: desde mayo del 2009, los habitantes de la zona del Canal del Dique, en el Atlántico, le advirtieron al Ministerio de Vías que el dique amenazaba con fallar y los gobiernos no hicieron absolutamente nada por impedirlo.

2. El verdadero y principal propósito del presidente Santos es arrebatarles la autonomía que la Constitución les confiere a las CAR frente al gobierno nacional, de manera que el jefe del Estado pueda manejarlas a su antojo. En las nuevas CAR, el director será escogido por el ministro de Ambiente y en los consejos directivos tendrán mayoría los nombrados a dedo por el gobierno. Con esto, el gobierno nacional reemplazará a todos los directores por incondicionales suyos y definirá cada nombramiento y contrato, luego de barrer con los cinco mil funcionarios actuales. Así logrará darles el pase a todos los proyectos de gran minería que hoy se encuentran severamente cuestionados por las CAR, como ocurre con el de la Anglo Gold Ashanti, en el Tolima, que amenaza las aguas del departamento. Otra razón más para entender por qué el jefe del Cerrejón, León Teicher, hablando en nombre de toda la gran minería, considera que con Santos “se nos volvió a aparecer la virgen”.

3. Esta determinación del presidente Juan Manuel Santos es antidemocrática e inconstitucional de varias maneras. Porque la Emergencia no sirve para justificar legalmente medidas como esta, que constituyen una especie de dictadura constitucional calculada para romper con la separación de los poderes. Porque este uso abusivo de la Emergencia apunta a arrebatarle al Congreso el derecho constitucional de reformar las CAR, a partir del debate político democrático. Y porque es por completo violatorio de la Carta arrebatarles la autonomía a las CAR y someterlas al control del poder Ejecutivo, pues dicha autonomía es de rango constitucional. Sobre esto último, la Corte Constitucional dijo:

“El mandato de coordinación entre las distintas autoridades ambientales no puede traducirse en una subordinación orgánica de las CAR a las autoridades nacionales, que anule el contenido de autonomía de las CAR. Vulneran entonces la Carta todas aquellas regulaciones legales que desconozcan el manejo autónomo de sus asuntos por parte de esas entidades, ya que ese manejo hace parte del contenido constitucionalmente protegido de la autonomía” (Sentencia C-462 de 2008).

Como siempre en Colombia, no hay medida retardataria que no se presente en nombre de la lucha contra la politiquería, cuando los primeros politiqueros son los que así proceden para ocultar que su politiquería está puesta al servicio de intereses que no son los nacionales. Que lo que haya que mejorarles a las CAR –donde sin duda hay problemas–, se mejore, pero sin astucias ni manipulaciones demagógicas, respetando la Constitución y no para destruirles sus aspectos positivos.

Santos sí se tomó las CAR

Conocido el decreto de intervención de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) se confirma que el gobierno sí se aprovechó del desastre invernal para tomárselas. La reforma destituye a dos de los actuales directores de las CAR, que serán reemplazados por los que indique el Presidente de la República y desde el 2012 nombrará al resto. Además, el gobierno también se quedó con la mayoría en los Consejos Directivos de las corporaciones. Así, Juan Manuel Santos definirá a su antojo la política ambiental de las CAR, cosa que es ilegal porque les viola la autonomía que les confiere la Constitución, y se queda también con la capacidad para determinar la contratación y la nómina.

En el decreto el gobierno desnuda su manipulación. Porque primero dice que el desastre invernal era imprevisible, con lo que se absuelve por su negligencia y justifica la emergencia económica, pero luego le echa la culpa del desastre a las CAR. Para el senador del Polo Democrático Alternativo, las CAR como aparato de bolsillo de Santos no podrán defender los intereses medioambientales de las regiones, como ha sucedido en Tolima frente al proyecto de gran minería de la AngloGold Ashanti.

Lo que quiere Santos, que también lo intentó Uribe, se desnuda por el Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, en el empalme de los dos gobiernos. Ese decreto les quitó a las CAR la función de otorgar licencias, concesiones y permisos a los proyectos de gran minería e hidrocarburos en la etapa de exploración, para entregarle esta potestad al Ministerio de Ambiente.

El senador Robledo reiteró que, excusándose en la tragedia de millones de colombianos, el gobierno impone una especie de dictadura constitucional, pasa por encima del Congreso y profundiza las políticas sociales y económicas neoliberales que ya venían del gobierno de Álvaro Uribe.

Robledo denunció que el rumbo de los asuntos medioambientales también lo ilustra el Decreto 1469 de 2010 que permite que se otorguen licencias urbanísticas para construir en zonas de alto riesgo o amenaza alta.

Que lo que haya que mal en las CAR, pues que se resuelva, pero no violando la Constitución ni despojándolas de los aspectos positivos de su estructura institucional.


(*) Jorge Enrique Robledo es Senador del Polo Democrático Alternativo.

http://prensarural.org/spip/spip.php?article5213

http://www.moir.org.co/Santos-si-se-tomo-las-CAR.html

jueves, 27 de enero de 2011

Le lavaría la cara al régimen de Santos, a sueldo de la AECI
El Gobierno colombiano confirma el interés por la asesoría de Baltasar Garzón

AFP / DPA / La W Radio / ABC...27/01/2011

Tanto el presidente Santos como la ministra de Relaciones Exteriores confirman que ha habido contactos para "fichar· al ex juez "estrella" de la Audiencia Nacional como asesor en materia de derechos humanos.


El gobierno colombiano confirmó que está interesado en tener la asesoría del ex juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón para que brinde orientaciones en materia de derechos humanos.

"Queremos fortalecer la respuesta que les damos a los organismos internacionales y creemos que el juez es una persona con gran conocimiento para estos temas", dijo la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, en declaraciones que dio en París a la cadena radial Caracol.

"Es (para) colaborar en las respuestas a las demandas o preguntas que haga cualquier organismo internacional y, en general, cooperación judicial, agregó la funcionaria.

En declaraciones a la estación W Radio, Holguín manifestó que la posibilidad de que Garzón sea contratado como asesor del gobierno colombiano ha sido analizada dentro de los acuerdos de cooperación judicial entre Bogotá y Madrid.

"En el marco de la cooperación judicial que tenemos con España, este país nos ha ofrecido llegar a un acuerdo de cooperación, y estamos viendo uno de los nombres que nos ha ofrecido y es el del juez Baltasar Garzón", dijo la jefa de la diplomacia colombiana.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, confirmó este lunes contactos con el juez español Baltasar Garzón para que asesore a su gobierno en materia de derechos humanos, en declaraciones a la AFP durante su visita a París.

"Estamos en conversaciones, sí, para que él nos preste una asesoría en materia de derechos humanos", afirmó Santos, confirmando una noticia del diario español ABC, que anunció contactos entre el juez Garzón y el gobierno colombiano en materia de derechos humanos.

Sus consejos permitirían al gobierno colombiano "ver cómo podemos sobre todo mejorar los procesos para que podamos tener menos impunidad", afirmó el presidente tras participar en la llamada Cena del Atlántico, un evento que trata de impulsar el diálogo entre las dos orillas del océano.

"El juez Baltasar Garzón tiene una gran experiencia en muchos frentes donde para nosotros podría ser muy útil su asesoría", añadió Santos, que efectúa una visita a París que concluirá el miércoles con una entrevista con el presidente francés Nicolas Sarkozy.

Según ABC, el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero "está haciendo gestiones" para que Garzón consiga un puesto de "asesor" en el ejecutivo colombiano.

El gobierno español, interrogado por la AFP, no dio información al respecto.

El diario indica que "uno de los posibles destinos del juez español sería integrarse en alguno de los órganos que creará la Ley de Reparación de Víctimas que se está discutiendo en el parlamento colombiano" y que se quiere aprobar antes de julio.

La ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, aprovechó "al parecer" su participación en la Cumbre Iberoamericana de diciembre en Mar del Plata (Argentina) "para sondear a su colega colombiana, María Angela Holguín", al respecto, precisó.

La respuesta de la canciller colombiana "fue positiva", pero puso como condición que el gobierno español "tendría que cubrir los gastos" del puesto del magistrado español, añadió.

La entrada de Garzón en el gobierno colombiano de derecha como asesor se enmarca en el empeño de Santos en "desarrollar una política de mayor compromiso en el respeto de los derechos humanos" y "le daría más credibilidad entre los sectores de izquierdas", según el diario.

Garzón, de 55 años, conocido internacionalmente por su defensa del principio de la jurisdicción universal y por ordenar en 1998 la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet, está temporalmente suspendido de sus funciones desde mayo. Actualmente trabaja temporalmente como asesor del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo.


http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=1415838

http://www.abc.es/20110124/espana/abcp-gobierno-ayuda-garzon-buscar-20110124.html

miércoles, 26 de enero de 2011

Venezuela
Guerra cibernética en acción

La pupila insomne...26/01/2011


Después de la explosión del gasoducto transiberiano a principios de la década de los 80 del siglo pasado, considerada la ocasión en que se estrenó la primera arma cibernética conocida, que contribuyó al colapso de la economía soviética y al derrumbe del socialismo en Europa, se supone al paro petrolero de diciembre de 2002 en Venezuela, como el otro ataque cibernético de mayor impacto. El primer caso fue explicado por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en su reflexión Mentiras deliberadas, muertes extrañas y agresión a la economía mundial, el 18 de septiembre del 2007.

En el segundo hecho, la plataforma informática de la empresa estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, estaba controlada por empresas transnacionales que jugaron un papel decisivo en este paro petrolero, al participar en el sabotaje informático de los servidores y aplicaciones de gestión de la industria petrolera de ese país. Se reportó la destrucción de equipos, intervención de sistemas automatizados que garantizaban la distribución del crudo y sus derivados, y el bloqueo a diversos servicios tecnológicos esenciales.

El paro petrolero ocasionó pérdidas cercanas a los 20 mil millones de dólares y fue una medida fallida de presión de la oligarquía venezolana e internacional, para provocar una convulsión social insoportable, que llevara la caída del gobierno y la dimisión del presidente Chávez.

Por otra parte, en la esfera ideológica, Venezuela es objeto de un sinnúmero de acciones de carácter subversivo utilizando los medios de comunicación, con el mismo propósito descrito anteriormente. Es en este contexto que el pasado 19 de enero se reportó el ataque contra el sitio del Gobierno Bolivariano de Venezuela, hasta hacerlo inaccesible para los internautas.

El grupo de activistas de Internet, Anonymous, se adjudicó el ataque cibernético, arguyendo “la política de censura y opresión a la libertad de expresión en el gobierno de Hugo Chávez”. Pero todo indica que estamos en presencia de un acto premeditado y obcecado de la oposición servil a Washington.

¿Cómo es posible que se acuse al gobierno de Chávez de ser enemigo de Internet, cuando ha propiciado el acceso a la red de redes de cientos de miles de venezolanos de todas las regiones del país, enseñado a leer y escribir a casi 1,5 millones de habitantes, lo que dejó el índice nacional de analfabetismo por debajo del 1%, y ha ampliado la red de telecomunicaciones de ese país? Incluso, el presidente venezolano superó el millón de seguidores en la red social Twitter y creó un blog para hablar con los mismos.

Contra Venezuela se ensayan hoy todo tipo de armas, incluidas las cibernéticas, para detener el proceso de cambios de la Revolución Bolivariana. El ataque a su red gubernamental es parte de ese acoso. Como hemos dicho anteriormente, no cabe la ingenuidad, sino el apoyo total a las políticas inclusivas y democráticas del gobierno del presidente Chávez, sometido a los ataques virtuales y reales de los mismos que persiguen a Julian Assange y Wikileaks.

http://lapupilainsomne.wordpress.com/2011/01/25/venezuela-guerra-cibernetica-en-accion/

martes, 25 de enero de 2011

Las huellas de la impunidad
Las asesinadas de Ciudad Juárez

CounterPunch...25/01/2011




La vida de Marisela Escobedo cambió para siempre en agosto de 2008 cuando su hija de dieciséis años, Rubí, no volvió más a casa. Meses después fue en un basurero donde se encontró lo que quedaba del cuerpo de Rubí: 39 trozos de huesos calcinados.

Rubí pasó a ser una macabra estadística más en Ciudad Juárez, el lugar con casi dos décadas de feminicidios. El asesinato de mujeres jóvenes, a menudo violadas y torturadas, llevó la infamia internacional a la ciudad mucho antes de que se convirtiera en el epicentro de la guerra contra la droga de Calderón y asumiera también el título de capital mundial del crimen.

Empero, para su madre, Rubí jamás podía convertirse en una estadística. Marisela sabía que un antiguo novio, Sergio Barraza, había asesinado a su hija. Como las autoridades no mostraban interés alguno por investigar el caso, empezó una cruzada de mujer sola por dos estados para llevar al asesino ante la justicia. La revista mexicana Proceso obtuvo recientemente los archivos de su caso. La odisea de Marisela le hizo ir siguiendo el rastro de un asesinato pero también el rastro del sexismo, de la corrupción y de la impunidad.

Es una odisea que termina el 16 de diciembre de 2010 cuando a Marisela -la madre- le volaron la cabeza en castigo a su continuada protesta por la ausencia de justicia para el asesinato de su hija de dos años antes.

Huellas de impunidad

Finalmente, Marisela Escobedo consiguió localizar a Barraza. Hizo que le arrestaran y le sometieran a juicio y vio por fin una posibilidad de que la justicia, que tan penosamente había tenido que buscar, le permitiera seguir adelante con su vida.

Pero en Ciudad Juárez, el término “justicia” es una broma de mal gusto, especialmente si eres mujer. A pesar del hecho de que Barraza confesó en el juicio y llevó a las autoridades ante el cadáver, tres jueces del estado de Chihuahua le liberaron. Marisela tuvo que ver como el asesino confeso de su hija salía del tribunal absuelto de todas las acusaciones por “falta de pruebas”.

Como consecuencia del incremento de las presiones por parte de las organizaciones de mujeres y de los derechos humanos, se abrió un nuevo juicio y Barraza fue condenado a 50 años de cárcel. Pero en ese momento hacía ya tiempo que había desaparecido sin que todavía haya podido detenérsele, a pesar del éxito de Marisela descubriendo su paradero y proporcionando información clave a policía y fiscales.

La historia no terminó ahí. Cada día, Marisela se levantaba para luchar por la justicia para su hija y buscar al asesino. Recibió múltiples amenazas de muerte. Respondía diciendo: “Si van a matarme, deberían hacerlo frente al edificio del gobierno a ver si así sienten todos algo de vergüenza”.

Y así ocurrió, dicho y hecho. Marisela llevaba sus demandas a la justicia desde la frontera de la capital del estado cuando un sicario se le acercó a plena luz del día, persiguiéndola y disparándole un tiro en la cabeza.

La historia de una familia había cerrado su círculo. Según todos los relatos, la muerte de Rubí se produjo a manos de un novio maltratador. Sin embargo, la muerte de Marisela vino facilitada por un sistema abusivo que trató de protegerse ante su determinación para denunciar su injusticia. No se conoce la identidad del sicario, pero la responsabilidad recae claramente en los miembros de un estado que, en el mejor de los casos, son incapaces de defender a las mujeres y, en el peor, culpables de complicidad en los asesinatos.

Violencia de género y violencia de la droga

A Ciudad Juárez se la ha descrito recientemente como Tierra de Nadie, donde las instituciones legales han perdido el control ante la potencia armada de los cárteles de la droga. Sin embargo, los feminicidios nos muestran que la cadena causal es realmente la inversa.

Hace diecisiete años, Ciudad Juárez empezó a registrar un número alarmante de casos de mujeres torturadas, asesinadas o desaparecidas. Durante décadas, las organizaciones feministas nacionales e internacionales presionaron al gobierno para que hiciera justicia. A su vez, el gobierno formó comisiones que cambiaban de siglas y directores con cada nuevo gobernador. Todos ellos compartían un rasgo distintivo: nunca conseguían llegar a parte alguna para resolver los crímenes de violencia de género y mucho menos para prevenirlos. Las recomendaciones al gobierno de México se amontonaban junto a los cadáveres: misiones de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos proveyeron de alrededor de 200 recomendaciones para proteger los derechos de las mujeres, cincuenta de ellas referidas sólo a Ciudad Juárez.

El asesinato de Marisela se produjo un año después de que el Tribunal Interamericano para los Derechos Humanos emitiera una resolución en la que se hablaba de la negligencia del gobierno mexicano respecto a los asesinatos de las mujeres jóvenes. La resolución sobre el caso “Campo de Algodón” –llamado así por el solar donde el 21 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de tres mujeres- incluye una lista de medidas y reparaciones, la mayor parte de las cuales fueron rechazadas o ignoradas.

Desde los casos analizados en la resolución del Tribunal mencionado, la guerra de la droga emprendida en Ciudad Juárez por el gobierno mexicano, con el apoyo de la Iniciativa Mérida estadounidense, ha producido una cifra record de 15.273 homicidios en 2010 (con un total de 34.612 muertes desde que Calderón lanzara la ofensiva hace cuatro años). La estrategia se ha centrado en el uso de la violencia frente a los cárteles del narcotráfico para interceptar los envíos y capturar a los señores de la droga. Se ha basado en la militarización de la ciudad, lo que ha llevado una violencia a la región que nadie podía imaginar.

Irónicamente, el Presidente Felipe Calderón declara que los objetivos de la guerra contra la droga buscan aumentar la seguridad pública y fortalecer las instituciones legales. Pero la historia de los crímenes de género, y la respuesta del gobierno, revela los errores fundamentales de los actuales esfuerzos de lucha contra el narcotráfico y los fallos de un sistema que prácticamente garantiza la impunidad a través de un cóctel de corrupción institucional, sexismo, racismo, incompetencia e indiferencia.

Dado el historial de injusticia institucionalizada, la guerra contra la droga en Juárez se cortocircuitó desde el principio. La secuencia lógica de investigación, arresto, enjuiciamiento y castigo sencillamente no existe ante la ausencia de un sistema eficiente de justicia. Al desestabilizar el tráfico transfronterizo de los cárteles de la droga y lanzar guerras fuera de control, el gobierno desató una tormenta de violencia en relación con la droga a la que ni la policía ni las instituciones legales pueden hacer frente porque estas instituciones son disfuncionales. En ausencia de instituciones de apoyo o de una estrategia coherente, era de prever la explosión resultante de esa confrontación directa con los cárteles de la droga. Si algo nos muestra la tragedia de las cruces rosas erigidas en el desierto para marcar los casos sin resolver de las mujeres asesinadas, es que el problema fundamental consiste en que, en Juárez, las huellas llevan hasta el mismo gobierno. Hasta que no se ponga fin a la impunidad, la región seguirá atrayendo a la delincuencia, común u organizada, o simplemente perversa.

En ese entorno, los feminicidios en Juárez no sólo no se han resuelto nunca sino que han aumentado de forma espectacular –casi 300 en 2010-, junto con las tasas globales de homicidios. La guerra contra la droga del gobierno ha estimulado más violencia de género en lugar de disminuirla. Acoge a los que cometen asesinatos y otras barbaridades contra las mujeres al hacer del asesinato una parte normal de la vida diaria. Fomenta una sociedad armada donde las personas demasiado pobres para poder marcharse no tienen otra posibilidad que la de meterse bajo tierra para que no las machaquen por todos lados. No sólo Juárez acoge a asesinos, torturadores y violadores de mujeres, también les atrae.

La vulnerabilidad de las mujeres aumenta. Durante años, la impunidad le ha dado carta blanca a los asesinos de mujeres que encontraban que las trabajadoras de las maquiladoras eran objetivos especialmente fáciles para la tortura, actos de sadismo, violación, asesinato y otros actos posiblemente relacionados con las películas sobre asesinatos reales (snuff movies) y las redes internacionales de la delincuencia, todo ello encubierto por funcionarios del gobierno. Últimamente, los defensores de los derechos humanos de las mujeres se han convertido también en blanco. Poco después del asesinato de Marisela, se encontró a Susana Chavez asesinada y con una mano amputada. Chavez era una poeta feminista que acuñó la frase “¡Ni una muerte más!” que se convirtió en el eslogan del movimiento de mujeres de Juárez. Las mujeres activistas sienten como si se hubiera abierto una veda contra ellas.

La respuesta de la sociedad civil

El único rayo de luz ha surgido de la respuesta de la sociedad civil mexicana. Tras el asesinato de Marisela, una de las ex directoras de una de las comisiones del gobierno, Alicia Duarte, escribió una carta abierta al Presidente Calderón:

    “Hace tres años, cuando dejé mi puesto de Fiscal Especial para la Atención a los Crímenes Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres en la Oficina del Fiscal General, indiqué claramente que lo hacía por la vergüenza que sentía de pertenecer al corrupto sistema de justicia de mi país. En estos momentos, esa vergüenza vuelve a invadirme y me quema la piel y la conciencia, por tanto debo unirme a la indignación de todas las mujeres de este país que, al saber del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz y de los ataques contra su familia de hace pocos días, se han puesto a reclamar justicia…”

Mujeres y hombres se han manifestado por todo el país exigiendo que se resuelvan los procesos de Marisela y Rubí, pidiendo el fin de la impunidad que protege en cientos de casos a los asesinos y obligando al gobierno a cumplir con las recomendaciones para proteger a las mujeres e impedir más muertes. Sus protestas se han unido a un movimiento ciudadano de alcance nacional llamado “No Más Sangre”, en rechazo a la actual estrategia de la guerra contra la droga. Se ha llegado finalmente a un momento decisivo.

El asesinato de Marisela prácticamente en los escalones del Capitolio del Estado, simboliza la relación existente entre la violencia de género en las esferas privada y pública, entre el letal sexismo de hombres que matan a mujeres y los gobiernos que les permiten hacer impunemente lo que les viene en gana, entre una guerra contra el narcotráfico fuera de control y la ebullición de una duradera situación de crímenes de género sin castigo.

Nadie en el gobierno mexicano reconoce esas relaciones. Lo mismo podría aplicarse al gobierno de EEUU. El último informe del Departamento de Estado dio un aprobado a México en derechos humanos para que se autorizaran más apoyos a la Iniciativa Mérida para la guerra contra la droga. La indignación actual por el asesinato de Marisela y la nueva campaña “No Más Sangre” demuestran que el pueblo mexicano ha soportado ya suficientes excusas para la violencia en la que le están obligando a vivir.

Hasta que ambos gobiernos cambien de punto de vista ante la hipocresía de sus sistemas y políticas legales, la espiral de la violencia no hará más que continuar. En honor de Marisela y de tantas otras que se han atrevido a defender los derechos humanos y la justicia en México, es hora ya de que la sociedad civil a ambos lados de la frontera exija que se ponga fin al baño de sangre.

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Laura Carlsen es directora del Programa de Políticas para las Américas en Ciudad de México. Puede contactarse con ella en:lcarlsen@ciponline.org

Fuente: http://www.counterpunch.org/carlsen01212011.html

lunes, 24 de enero de 2011

Guillermo Guzmán (Desde Barcelona, Venezuela. Especial para ARGENPRESS CULTURAL)...24/01/2011

La Asamblea Nacional debe declarar a Insulsa como persona no grata dadas sus necedades.

Insulza es una persona insulsa, sosa, maleducada y falta de respeto al gentilicio venezolano, se trata de un escuálido extraterritorial al que, consecuencialmente, repudiamos.

De ser menos que nada, el referido fantasma puede encarnar en Nerón, que apuñaló a su propia madre y al verla desnuda ya muerta, exclamó “¡Qué hermosa, he debido poseerla previamente!

A Insulza se le notan desde lejos las miserias que él tiene en la cabeza. Sabe el insulso hombre que en pocos meses se concretará a pie firme la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y que la OEA quedará como los interiores de Supermán-por fuera-y esa es la razón de su miserable ataque a Venezuela porque será acá en nuestra patria donde se realizará esa reunión de países suramericanos donde, desde luego estará Chile.

Con su inaceptable intromisión en los asuntos soberanos de Venezuela, Insulsa lanza tiros por elevación contra su propio país Chile, que ojalá se pronuncie al respecto para dilucidar las cosas. Además, el resto de la comunidad de naciones suramericanas, en sus pueblos y en sus gobiernos, deben pronunciarse también, al respecto.

Estimo que la asamblea Nacional debe exhortar a todos a poner las cartas sobre la mesa y darle una buena patada en el culo al maleducado manganzón, tan pérfido que es capaz de cometer incesto político.

Hay que propinarle un severo castigo moral a ese sinvergüenza para que vaya a lavarse ese paltó.
Arizona: ¿quién es el loco?

Rebelión...24/01/2011


En Junio del año pasado la legislación del Estado de Arizona en materia de control de armas fue considerablemente relajada. La gobernadora republicana, Jan Brewer, impulsora de la cacería a todos aquellos sospechosos de haber incurrido en el delito de “portación de cara” (léase: personas con rasgos fisonómicos que se alejan del modelo “WASP”:blanco, anglosajón y protestante, es decir, lo que en Estados Unidos se conoce como “latinos”), promulgó una iniciativa de la legislatura de ese estado, apoyada fuertemente por el poderosísimo lobby de la Asociación Nacional del Rifle, derogando una vieja ley estatal que obligaba a los poseedores de armas a obtener un permiso para llevar un arma oculta. Gracias a este “avance libertario y democrático” ahora cualquier persona mayor de 21 años puede portar un arma oculta entre sus ropas, o en su automóvil, o donde sea, sin necesidad de obtener una licencia previa. La legislación vigente, de todos modos, era ya sumamente permisiva porque permitía a cualquier ciudadano mayor de 18 años, sin antecedentes penales, comprar o poseer un rifle o una escopeta. Para adquirir una pistola la ley se “endurecía” y el eventual comprador debía demostrar ser mayor de 21 años. La anterior gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, actual Secretaria de Seguridad Nacional de la Administración Obama, había vetado numerosos intentos de eliminar la licencia para portar armas ocultas. Derrotada por la derecha troglodita republicana, su sucesora corrigió de inmediato tamaño error.

La actual legislación, una obra maestra del terror, autoriza a quienes así lo deseen a circular armados en la vía pública con tal de que su arma no sea exhibida: pueden entrar a cualquier sitio, salvo un consultorio médico o una oficina empresarial. Se puede ingresar armado al recinto de la legislatura estadual y a cualquier oficina pública del estado de Arizona. También a restaurantes y bares, a condición de que el individuo armado no consuma alcohol, algo que dependerá exclusivamente de su propia voluntad pues ni el cantinero ni el mesero están autorizados a preguntarle a quien ordena una bebida alcohólica si es que lleva un arma oculta entre sus ropas. Las escuelas públicas no son excepción a esta regla: sólo que quienes porten armas deberán llevarlas descargadas y dejarlas en su automóvil mientras se lleva o recoge a un niño. Lo paradojal del caso es que algunas de las víctimas de la reciente masacre de Tucson, como la congresista Gabrielle Giffords aprobó estas medidas, amparadas en una sesgada interpretación de la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y en el respeto a los valores tradicionales de Arizona y, en general, del Lejano Oeste. Quien sí lo pagó con su vida, aparte de otros inocentes, entre ellos una niña de 9 años, fue el juez federal John M. Roll, quien había sentenciado la inconstitucionalidad de cualquier decisión del gobierno federal que obligara a los estados a llevar a cabo revisiones de antecedentes penales antes de vender un arma de fuego.
Una perlita indicativa de la gravedad de la crisis política que existe en la ejemplar democracia del Norte la ofrece el hecho de que no haya sido otro que el sheriff del condado de Pima, Clarence W. Dupnik, quien haya aportado un grano de cordura al criticar las leyes vigentes en Arizona y las iniciativas de algunos legisladores del estado que, como respuesta a la masacre perpetrada en Virginia Tech (Abril 2007, ocasionando 32 muertos) habían propuesto nada menos que permitir a estudiantes y maestros portar armas en colegios y universidades. Contrariamente a las enseñanzas de la filosofía política, que supone que jueces y legisladores deben ser personas sensatas, iluminadas por la sabiduría y bendecidas por la templanza, estos personajes públicos de Arizona -y, me arriesgaría a decir, en la mayoría de los estados de la Unión- son energúmenos merecedores de un profundo tratamiento de rehabilitación psiquiátrica antes de ser luego condenados al ostracismo vitalicio. Cabe preguntarse: en la tragedia de Tucson, ¿quién es el loco? El que vació su cargador matando a tantos inocentes o quienes estampan el sello de legalidad a tanta locura?

Pese a todo esto, los publicistas de la derecha insisten en que nada hay de malo en la sociedad norteamericana, que sus leyes son justas y sabias, y que no hay causalidad social que actúe como desencadenante de la tragedia de Tucson. El sistema es maravilloso, lo que fallan son algunos individuos. Si un afro-norteamericano como Obama llegó a ser presidente –una fenomenal tentativa de reanimar al ya difunto Sueño Americano- el que se quedó en el ghetto y vive del narcotráfico o la mendicidad es por sus vicios, su holgazanería y su irresponsabilidad. Las víctimas del sistema se convierten, en ese discurso, en victimarios. En línea con esta interpretación uno de esos publicistas, Howard Fineman, escribió días atrás en elThe Huffington Post que “Las muertes no fueron provocadas por la política, por ideologías o por partidismo. Por lo que sabemos hasta ahora, los actos fueron cometidos por un loco que evidentemente estaba divorciado de la realidad, así como del debate público”. Un debate público que, para hacerlo más ameno, tiene como protagonistas a una gran cantidad de sujetos armados hasta los dientes. Pero con sus armas ocultas, eso sí.

domingo, 23 de enero de 2011

En Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo, por una violencia sistemática del Estado colombiano

Departamento de Derechos Humanos de la CUT...23/01/2011


“ en Colombia se comenten el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo (…) una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano.”


La organización de las víctimas, paso fundamental para poner punto final a las prácticas genocidas

La violencia antisindical se da en medio de la persistencia de la crisis de derechos humanos, la continuidad del conflicto interno, la implementación de la política de “Seguridad Democrática” y la militarización de la sociedad, que muestra fenómenos de reincidencia en el actual momento de victimización de los jóvenes, niños y niñas como en el caso de Arauca por agentes del Estado; la denuncia de la Presidenta del Polo Democrático, Clara López, donde señala que del 7 de agosto al presente, han sido asesinados 50 líderes y defensores de derechos humanos, entre ellos, líderes que reclamaban la restitución de tierras; una nueva escalada de masacres, una diaria ocurrida en la semana del 8 al 12 de noviembre de 2010, lo que arroja como resultado una creciente victimización de la sociedad colombiana demostrando la persistencia de fenómenos como la parapolítica, el apoyo a la violencia por parte de algunos empresarios y multinacionales, los falsos positivos, las interceptaciones ilegales como el reciente y denunciado “Plan Escalera”, del pago ilegal de informantes por parte del DAS, para sustraer información de los sindicatos, la reorganización del paramilitarismo, la sostenida impunidad, la profunda crisis social en el empleo y la salud, empiezan a ser reveladas y no pueden ser ocultadas por el gobierno.

Señalamos que no existen condiciones para la realización de los derechos de las víctimas. En primer lugar, porque como lo anticipábamos desde el movimiento sindical y algunas organizaciones de derechos humanos, fracasó rotundamente el proceso de negociación y reinserción de los grupos paramilitares y su instrumento jurídico la ley de Justicia y Paz, cerrando las posibilidades de reconstrucción de la verdad, justicia y reparación a las víctimas; en segundo lugar, por las profundas limitaciones de un proyecto de Ley de víctimas que hoy inicia su debate a partir del proyecto del gobierno de la “Unidad Nacional” que no consultó a las organizaciones de víctimas, ni a las organizaciones sociales y sindicales victimizadas, y tampoco reconoce a todo el universo de víctimas. El Estado se abroga la facultad de definir quién es víctima y quién no, y que el tema medular para la discusión del gobierno es el costo y la sostenibilidad fiscal, por encima de los derechos de las víctimas; y además, entre otras cosas, el proyecto gubernamental no contiene la reparación colectiva a las organizaciones que hemos venido siendo arrasadas, y el Estado no asume, por acción por omisión, su responsabilidad en el genocidio.

De esta forma, señalamos que el Estado y el gobierno colombiano , en unión con empresarios, multinacionales y sectores de derecha, adelantan acciones para tratar de ocultar el genocidio desarrollando una labor diplomática a nivel internacional con el fin de desconocer que el movimiento sindical continúa siendo victimizado, buscando imponer el olvido a la sistemática violencia antisindical.

Cifras de violaciones

Partimos de señalar que en ningún momento podemos caracterizar que estamos en una situación de posconflicto, por el contrario, nuestros afiliados, que se encuentran en casi todo el territorio nacional, y nuestras organizaciones afiliadas sufrimos altos niveles de violaciones, si revisamos lo ocurrido durante el 2010 39 sindicalistas han sido asesinados , de los cuales, 17 son educadores afiliados a Fecode, persiste que cada día se viola un derecho a la vida, a la libertad e integridad de los sindicalistas , como ha ocurrido durante los últimos 25 años. Entre el 1 de enero y el 30 agosto de 2010, se han dado 275 violaciones. Entre ellas 201 amenazas, 16 atentados, 10 hostigamientos, 5 secuestros, 5 desapariciones, 2 allanamientos ilegales, 1 detención arbitraria y los homicidios mencionados. Estos datos son preliminares para el 2010 y muestran un escenario aterrador y peligroso para quienes deciden abanderar las luchas de miles de trabajadores y trabajadoras.

Este fenómeno es la continuación de una política de exterminio y arrasamiento de las organizaciones sindicales, nuestros encuentros vienen levantando el reclamo a la comunidad nacional e internacional de poner punto final al genocidio contra el movimiento sindical colombiano . En esa lucha hemos logrado que organizaciones sindicales hermanas a nivel internacional, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se solidaricen con nuestra situación, e instancias como la OIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parlamentos y gobiernos de la comunidad internacional, reconozcan que en Colombia se comenten el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo. Denuncia que ha significado la no aprobación o ratificación de Tratados de Libre comercio con el gobierno y los empresarios colombianos , como el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o el grupo EFTA, de los países nórdicos. Frente a nuestro reclamo por genocidio los encuentros de víctimas han dado cuenta que el movimiento sindical colombiano ha padecido una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano .

Esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados , 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano . Las regiones más victimizadas, en su orden, son Antioquia, Santander, Valle del Cauca, César y Magdalena. Los sindicatos más victimizados, teniendo en cuenta la información entre el 1 de enero de 1986 y el 30 de agosto de 2010: Fecode y los educadores aparecen como la organización más victimizada, con 921 homicidios, le siguen: Sintrainagro con 798; USO, 116; Anthoc, 58; Sintraelecol, 50; Asonal, 47; Sutimac, 38; y, Fensuagro, 37. El análisis de esta información evidenció que la violencia contra el sindicalismo se concentró en 15 sindicatos, es decir, el 78.2% de los homicidios se realizaron contra los integrantes de estas organizaciones, de lo cual es posible deducir que hubo una violencia orientada al exterminio de las organizaciones sindicales más allá del individuo víctima de un homicidio [1].

Este fenómeno tiene hondas raíces históricas, no solamente para el movimiento sindical, sino para muchos sectores sociales, étnicos y políticos que han sufrido una práctica de exterminio masivo. Desde el surgimiento del movimiento sindical en Colombia , la violencia antisindical ha sido una constante y a las organizaciones y sus afiliados se les ha impuesto el rol de víctima por el sólo hecho de ejercer los derechos de asociación y el ejercicio de las libertades sindicales. Podemos mencionar como antecedentes históricos de las respuestas violentas frente a las peticiones de los trabajadores, las luchas y gestas históricas de trabajadores de ferrocarriles, petroleros, navieros y la tristemente recordada lucha de los trabajadores agrícolas y bananeros que lograron sus primeras reivindicaciones a costa del sacrificio de vidas entre sus dirigentes y afiliados.

La impunidad asegura la persistencia del genocidio sindical

Frente a la grave situación de violencia contra el movimiento sindical, las medidas del Estado han sido casi nulas. Sólo hasta mediados del 2007 la Fiscalía y la Judicatura emprendieron alguna clase de medida, impulsada por la presión del movimiento sindical colombiano y mundial, en el marco de las discusiones sobre el Tratado de Libre Comercio que el gobierno de Colombia quería firmar con Estados Unidos.

La intolerable situación de impunidad se mantiene, demostrando que la unidad especial de la fiscalía y los tres jueces encargados de los crímenes contra sindicalistas , no constituyeron una medida seria, adecuada y efectiva para realizar avances. Si en el año 2007 se hablaba de una impunidad del 100%, hoy pese a la denuncia, la presión internacional y los diferentes pronunciamientos del Estado colombiano , la impunidad, para el caso de homicidios es del 96.11% y en otras violaciones, la impunidad está en el 99.84%. Haciendo la precisión que en la mayoría de los casos se determinan sentencias para autores materiales, pero es casi inexistente las sentencias para identificar a los autores intelectuales de las violaciones de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas . Lo cual manda un mensaje muy negativo del alto grado de impunidad y de permanente revictimización a las víctimas del movimiento sindical, en la medida en que no se desmontan las estructuras generadoras de la violencia antisindical.

El movimiento sindical, y especialmente la Central Unitaria de Trabajadores que viene ofrendando el 87% de las víctimas de la violencia antisindical, tiene el compromiso moral de rescatar la memoria y reivindicar los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y no revictimización, tanto individual como colectiva y defender de esta manera el derecho a existir en el libre ejercicio de las libertades sindicales y la defensa de los derechos de los trabajadores.

Nota:

[1] Cuaderno de derechos humanos No. 22. Que os duelan las sangres ignoradas. Informe sobre violaciones a los derechos humanos de los y las sindicalistas y la situación de impunidad, 2009-2010 y 2002-2010. Colombia : ENS y Comisión Colombiana de Juristas, 0ctubre de 2010.