sábado, 17 de octubre de 2009



Declaración desde Cochabamba, Bolivia
ALBA aplicará sanciones económicas y comerciales contra gobierno ilegal en Honduras

La Revolución Vive...17/10/2009


Las deliberaciones que este viernes protagonizan los países que integran la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (Alba) derivaron en una declaración especial sobre la situación en Honduras, en la que resolvieron que aplicarán sanciones económicas y comerciales contra el régimen dictatorial instalado en la nación centroamericana.

El documento contiene siete resoluciones específicas, entre las cuales se expresa textualmente la decisión de “aplicar sanciones económicas y comerciales en contra del régimen golpista, adoptadas por parte de los países miembros, según corresponda”.

La iniciativa fue comentada por los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y de Bolivia, Evo Morales, durante los debates correspondientes a la VII Cumbre del grupo, instalada este viernes en Cochabamba, Bolivia.

Las otras medidas incluyen no reconocer ningún proceso electoral (ni sus resultados) efectuado bajo el régimen dictatorial; no permitir el ingreso o permanencia en los países Alba de los integrantes y funcionarios del gobierno golpista; encomendar al grupo de trabajo del Alba en temas de derecho internacional el estudio de sanciones ante instancias de justicia internacional; y pedir urgente a la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que nombre una comisión especial de cancilleres para viajar a Honduras y exigir el régimen respeto a la inviolabilidad de la Misión Diplomática de Brasil, en cuya embajada se encuentra el presidente Manuel Zelaya.

A continuación, la transcripción de la declaración suscrita en Cochabamba:

La Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), ante la gravedad de las acciones violatorias de todos los derechos y garantías fundamentales del pueblo hondureño, que sistemáticamente vienen cometiéndose desde el pasado 28 de junio del año en curso en la hermana República de Honduras, expresa su más profundo rechazo por la insostenible situación política y social actual, a causa de la irresponsable aventura de quienes urdieron y consumaron un infame golpe de Estado, que pese al rechazo general, tanto interno como internacional, continúan ilegalmente usurpando el poder en detrimento del derecho constitucional de los hondureños de contar con sus autoridades elegidas legal y legítimamente, de acuerdo al poder constituyente soberano que emana del pueblo;

Tomando en cuenta que la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) fue el primer grupo en reaccionar frente al golpe de Estado en Honduras, por considerarla una agresión directa contra la democracia y todos los países del ALBA, activando resoluciones y pronunciamientos de condena de otros grupos y organismos regionales e internacionales;

Conscientes de que sólo el restablecimiento pleno del régimen democrático a través de la restitución inmediata e incondicional del presidente Manuel Zelaya Rosales pondrá fin a la violación grave de los derechos humanos, a la suspensión de garantías y libertades públicas, a la brutal represión y las muertes que hoy sufre el pueblo de Honduras, y al cierre de medios de comunicación por su denuncia permanente del régimen usurpador;

Preocupados por el asedio en contra de la embajada de la República Federativa de Brasil y otras misiones diplomáticas acreditadas en Tegucigalpa, que viola lo concerniente a las inmunidades y garantías establecidas en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas;

Expresando seria preocupación ante los peligros que enfrentan el presidente constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya, integrantes de su familia, funcionarios diplomáticos y otras personas que se encuentran en la embajada de Brasil en Tegucigalpa; sometidos a sistemáticas agresiones físicas y psicológicas mediante el uso de gases y sustancias tóxicas, equipos de ultrasonido, reflectores de alta intensidad que generan calor, amenazas de allanamiento y asalto permanentes;

Teniendo presente que la dictadura militar-empresarial en Honduras ha actuado en evidente menosprecio de las resoluciones del ALBA y de la comunidad internacional, tanto de la ONU, OEA, Unasur, Grupo de Río, Caricom y SICA, entre otros, que exigen el retorno del orden constitucional en Honduras; y el hecho de que los esfuerzos diplomáticos emprendidos en tal sentido no han dado los resultados que demandan el pueblo hondureño y la comunidad internacional;

Habiéndose agotado las dilaciones del régimen de facto se incrementan nuestras preocupaciones por un recrudecimiento de la violencia sobre el pueblo hondureño con la finalidad de imponer de forma violenta los resultados del proceso electoral que impulsan, el cual ya fue desconocido por la comunidad internacional;

Haciéndose necesario aplicar acciones firmes y concretas para sancionar al régimen golpista, resolvemos:

1. Los pueblos y gobiernos del ALBA expresan que ante la intransigencia del régimen usurpador frente a las resoluciones de la comunidad internacional, redoblarán sus esfuerzos por el restablecimiento del orden constitucional en Honduras a través de la restitución del presidente Manuel Zelaya.

2. No reconocer ningún proceso electoral realizado bajo el régimen golpista, ni ningún resultado del mismo.

3. No permitir el ingreso o permanencia en el territorio de ninguno de los países miembros de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América de los principales responsables del golpe de Estado en Honduras.

4. Aplicar sanciones económicas y comerciales en contra del régimen golpista, adoptadas por parte de los países miembros según corresponda.

5. Encomendar al grupo de trabajo en temas de derecho internacional, autodeterminación, respeto a la soberanía y derechos humanos del ALBA el estudio de acciones ante instancias de justicia internacional y otras, en contra de los principales responsables del golpe de Estado en Honduras.

6. Pedir de manera urgente a la Secretaría de la ONU que nombre una comisión especial de cancilleres para que viaje a Honduras a exigir al régimen golpista, en apoyo a Brasil y en cumplimiento de la Convención de Viena, respeto a la inviolabilidad de la misión diplomática de ese hermano país, y condiciones de seguridad y humanitarias adecuadas para la permanencia del presidente Zelaya, su familia y demás acompañantes en dicha sede diplomática.

7. En una ofensiva diplomática, los estados miembros del ALBA, como integrantes plenos de los organismos regionales e Internacionales: ONU, OEA, Unasur, Grupo de Río y SICA procederán a convocar reuniones extraordinarias e inmediatas de los mismos, para presentar la situación de Honduras y promover la adopción de acciones contra el régimen golpista, en el marco de este mandato.

8. Finalmente nos declaramos en sesión y vigilia permanentes, para acompañar la lucha del pueblo hondureño y a su legítimo Presidente, por el respeto de sus derechos y libertades, fundamentalmente el derecho soberano a elegir democráticamente sus autoridades, y su derecho al ejercicio del poder constituyente.

La Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) saluda y rinde homenaje al noble y valeroso pueblo hondureño y a todos aquellos hombres y mujeres de Honduras que desean vivir en paz y dignidad, y los acompaña en su lucha por recobrar sus derechos fundamentales a través de su firme y permanente resistencia y rechazo al golpe de Estado.

Fuente
: http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article469


Carta abierta de un guatemalteco al alcalde de Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen
Apoyar a los golpistas hondureños es confabularse con la injusticia

Rebelión...17/10/2009


Ciudad de la Habana, 16 de octubre de 2009.

Señor Álvaro Arzú Irigoyen.

Alcalde de Ciudad Guatemala.

Estimado señor Alcalde:

Aún guardo gratos recuerdos de cuando tuve la oportunidad de saludarlo en el Hotel Nacional de la Habana, en octubre de 1999, llegado a Cuba desde mi entrañable Guatemala, con el innegable mérito de haber sido el presidente que dio al traste a la ignominiosa decisión de gobiernos anteriores, de mantener alejados infructuosamente a los pueblos cubano y guatemalteco por 37 largos años. Su digna decisión de restablecer relaciones diplomáticas entre Guatemala y Cuba el 27 de enero de 1998, siempre será recordada como un acto de valentía y apego a la justicia.

Recuerdo también sus declaraciones a Prensa Latina, el 2 de marzo de 2007, en las que reconoció el carácter solidario de la ayuda médica cubana a Guatemala, cuando expresó con agradecimiento: "Nosotros tuvimos alrededor de 770 médicos cubanos que fueron primordiales, sobre todo para encarar el gran drama vivido durante el huracán Mitch".

No tuvo entonces reparo alguno en destacar que gracias a los médicos cubanos se logró para entonces reducir la mortalidad infantil de 37 a 28 por cada mil niños nacidos vivos.

Traía también usted el mérito de haber contribuido a la firma de los Acuerdos de Paz, con los que se puso fin, al menos formalmente, a casi 30 años de terror institucional que enlutaron a nuestra patria con más de doscientos mil muertos. Es cierto que estos acuerdos no lograron en realidad solucionar los males estructurales que hacen de nuestro pueblo uno de los más pobres del continente, ni abrió un espacio de justicia verdadera para los desposeídos que no obtuvieron beneficio alguno después de su firma. Pero, al menos, fue un intento por mejorar la situación nacional.

A fuer de ser justo, no se le pudo pedir más a alguien cuyas posiciones políticas responden a su extracción clasista, y que siempre fue centro de presiones de grupos de poder en Guatemala y de Estados Unidos durante su mandato entre 1996 y el 2000.

Casi diez años después tuve la oportunidad de saludarlo en la Habana en febrero de 2008, en ocasión de su visita para conmemorar el décimo aniversario de la reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y Guatemala.

Sin ánimo de herirlo ni de hacer prevalecer mis posiciones ideológicas, diferentes a las suyas por supuesto, me veo sin embargo en el deber de exponerle mi preocupación como ciudadano guatemalteco sobre algunas posiciones asumidas por usted que me hacen cuestionar aquella imagen formada en mí durante los encuentros a los que he hecho referencia anteriormente.

No puedo cuestionarle el apoyo ofrecido por usted a al salvadoreño Norman Quijano, en su campaña contra la candidata del FMLN, pues usted obró en correspondencia con sus concepciones ideológicas. Pero sí me siento obligado a exponerle mi total oposición a su alineamiento con el régimen de facto de Roberto Micheletti en Honduras, cuando el propio gobierno guatemalteco ha declarado públicamente su condena al golpe militar empresarial contra el presidente Manuel Zelaya.

En septiembre pasado usted declaró que: “Ningún país tiene derecho a sentar en el banquillo de acusados a los hondureños, porque tienen derecho a manejarse de acuerdo con su sistema legal”. Tanto la opinión pública mundial como organismos de carácter internacional como la ONU, la OEA, UNASUR, la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han denunciado no solo la inconstitucionalidad de las acciones golpistas contra el gobierno constitucional de Zelaya, sino también la brutal represión desatada por los usurpadores contra el pueblo hondureño.

La invitación recibida por usted por parte del Tribunal Supremo Electoral de Honduras para participar como observador en las elecciones de noviembre, que han sido declaradas inconstitucionales por la opinión pública internacional, le comprometerían y lo alinearían junto a los represores y genocidas que hoy masacran a su pueblo. Usted, probo hombre de bien, se apresuró a aceptarlas no como Alcalde sino como ex presidente, en lo que considero un acto impensado que afectará notablemente su imagen política ante su pueblo, aunque no frente a la minoría de hacendados y ultraderechistas guatemaltecos.

Es preocupante que su posición con respecto a Honduras contradiga a las asumidas por el gobierno de Guatemala en los principales foros internacionales. Recientemente el presidente Álvaro Colom declaró durante su visita a Chile que Guatemala apoya la gestión mediadora de la OEA, aceptada incluso por la administración de Obama, a favor de que se restablezca en ese país orden constitucional y democrático violentado por el golpismo.

En nombre de la admiración que he sentido por usted y el grato recuerdo que guardo de sus visitas, le pido que se aleje de las posiciones solidarias con los golpistas hondureños, tanto en sus declaraciones ante el Congreso de Guatemala como ante medios de prensa. Si quiere, por tanto, ser admirado como servidor de la justicia e incondicional aliado de las buenas obras, recapacite usted en el momento justo que debe hacerlo.

Agradeciendo su atención,

Le saluda,

Percy Francisco Alvarado Godoy

Escritor guatemalteco radicado en Cuba.




La incomprendida Seguridad Democrática de Uribe

Rebelión...17/10/2009


La Seguridad Democrática es el nombre, la estrategia, el alma, la filosofía y la estrella polar del régimen de Álvaro Uribe Vélez. Durante todos los días de los últimos seis años hemos escuchado que la Seguridad Democrática está por encima de todo y lo condiciona todo. Que con la guerrilla no podía haber intercambio de prisioneros y secuestrados porque una decisión así afectaba la Seguridad Democrática. Que un aumento general de sueldos y salarios no era posible pues se afectaba la Seguridad Democrática.

Y también todos los días hemos escuchado que gracias a ella, la Seguridad Democrática, la paz había llegado por fin al campo colombiano después de décadas de violencia e inseguridad. Que los campesinos ahora si podían volver tranquilos y felices a sus tierras. Que en los campos ya no había guerrilleros, ni violencia.

Ahora podemos, entender la por muchos incrédulos poco comprendida, Seguridad Democrática.

En el campo ya no hay violencia. Por lo menos en las tierras de los que creyeron en la Seguridad Democrática. Claro que tampoco hay campesinos. Fueron desplazados a punta de bala y de motosierra. Cuatro millones de campesinos, sobrevivientes de masacres o de procesos judiciales, abandonaron sus tierras y salieron despavoridos hacia los cinturones de miseria de las grandes ciudades. A vender cachivaches en los semáforos. A aprender, después de viejos, nuevos oficios. Muchos se hicieron albañiles. Otros pordioseros. Pero también muchos de ellos y ellas se vincularon a las movilizaciones y protestas. Hicieron tomas de iglesias, de instalaciones públicas y hasta de consulados.

Camino contrario al que tomaron los campesinos desplazados iban los terratenientes amigos de los paramilitares y del Ejercito. Y de Uribe. Entre todos ellos se quedaron con los seis millones de hectáreas de tierra arrebatados a los campesinos desplazados. O migrantes como diría el primo de Pablo Escobar, hoy ideólogo de cabecera de Álvaro Uribe. Dicen que disminuyó la violencia en el campo pero en las ciudades aumentó el sicariato y el crimen.

Pero esa tierra había que ponerla a producir, hacerla rentable. La Seguridad Democrática, obviamente, tenía la formula salvadora. El programa “Agro ingreso seguro”, la versión uribista de la reforma agraria. La concepción más elevada en política agraria. Invertir en el campo. Eso a nadie se le había ocurrido. Y hubo inversión en el campo. Miles de millones de pesos fueron entregados a agradecidos campesinos. Y como la Seguridad Democrática es inmensamente generosa pues no tendrán que reembolsar esos dineros. Es un regalo. Pero además el gobierno de Uribe creó un Banco de maquinarias para rentarlos a muy bajos precios a los desamparados campesinos.

Pero los resentidos, los amigos de la guerrilla y los opositores de oficio no entienden estas altas políticas de la seguridad Democrática. No saben de política agraria. Que ni siquiera saben montar a caballo mientras sostienen una humeante taza de café que no se riega como si lo sabe hacer el presidente-terrateniente y caballista.

Y mucho menos entienden de coincidencias.

Que el dinero se haya concentrado en cuatro familias de terratenientes. Que estas familias estén relacionadas con políticos de la región que dieron dineros para la campaña electoral de Uribe y estos políticos de la región estén relacionados con los paramilitares.

Ni siquiera Bastenier, nacionalizado colombiano por Uribe, lo ha podido entender.

viernes, 16 de octubre de 2009


La batalla de honduras
JUAN DIEGO GARCÍA...16/10/2009

Independientemente del mayor o menor compromiso de la Casa Blanca en el golpe de Honduras lo cierto es que de sus ambigüas condenas iniciales se ha pasado al intento de consolidarlo mediante cambios cosméticos que lo armonicen mejor con la estrategia general destinada a detener el movimiento popular y nacionalista en el continente. Washington hubiese preferido un golpe menos torpe que no les pusiera en evidencia, pero ya producido el estropicio, consideraciones mayores aconsejan buscarle una salida a los golpistas y recuperar Honduras rompiendo por el eslabón más débil la cadena de gobiernos que promueven la integración regional, y de forma prioritaria aquellos que se se agrupan en la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).

La forma como se realiza el golpe (más que el golpe mismo) contraría al gobierno de Obama porque empaña la prometida imagen de una nueva época en las relaciones de los Estados Unidos con Latinoamérica. Sin embargo, dados los intereses en juego, algo semejante sucedería tarde o temprano si bien hubiese sido preferible con un contraste menos alejado del discurso oficial. En última instancia, para la Casa Blanca siempre será preferible un gobierno de orígenes espúrios pero leal, que permitir que en Honduras se produjecen cambios similares a los de Venezuela, Ecuador o Bolivia, es decir, el surgimiento de nuevas relaciones institucionales como resultado de una nueva constitución, con un destacado protagonismo de los sectores populares y el retroceso de sus eternos aliados, la burguesía criolla. Con un marco institucional progresista se avanzaría notoriamente en el combate real contra la pobreza y sobre todo se recuperaría el control nacional sobre los recursos naturales, en poder de las voraces compañías transnacionales. Y aunque en Honduras no está en juego ciertamente el control de algún recurso clave, existen motivos de geoestrategia que imponen tal intervención.

Por este motivo Obama no acompaña su retórica de defensa de la democracia en Honduras con medidas efectivas que obliguen a los golpistas a una salida pactada; ni siquiera en los términos muy desventajosos del llamado Consenso de San José, una fórmula tramposa preparada por la secretaria Clinton y el presidente Arias para sacar del golpe todas las ventajas al menor precio posible. Según este acuerdo, se entrega un poder simbólico a Zelaya, se constituye un “gobierno de coalición”, se descarta la reforma de la constitución y se celebran unas elecciones generales manipuladas que asegurarían en la práctica la continuidad del régimen de facto. Como complemento, la derecha más cerril desarrolla una febril campaña de apoyo directo o solapado a Micheletti y su pandilla. Todos a una, legisladores, creadores de opinión y medios de comunicación como The Washington Post y sus afines en todo el continente -propiedad casi todos de la oligarquía criolla o directamente en manos de grandes consorcios internacionales- se afanan por justificar la necesidad del golpe. Hasta el trío siniestro de los legisladores cubano-americanos de Miami se desplaza a Tegucigalpa a dar respaldar al gobierno de facto y Uribe Vélez, que condena a los golpistas en la OEA, los recibe discretamente en Bogotá y les promete pleno apoyo. Todos al unísono, en públlico o en privado, saludan la vuelta a los “viejos tiempos” de los golpes de estado por lo útiles que resultan a sus intereses como instrumentos frente el populismo amenazador.

Pero hasta hoy han sido vanos los esfuerzos por convencer a los golpistas de la necesidad de buscar una salida que permita alcanzar sus mismos objetivos dando al proceso una imagen de legalidad. El gobierno de facto no da su brazo a torcer. Micheletti insiste en los peligros que supone otorgar espacios, así sean mínimos, al presidente Zelaya y al movimiento popular que lo respalda. Su estrategia consiste en dejar pasar el tiempo y convocar en noviembre unas elecciones que le permitan el “regreso pleno a la normalidad democrática”. Con el tiempo espera que disminuya la oposición internacional mientras una feroz represión permitirá mantener internamente todo bajo control.

Los Estados Unidos aprovechan el golpe para recuperar la iniciativa que los continuados triunfos populares le han arrebatado. La coyuntura le permite además calibrar la fortaleza del movimiento de integración que ha sido una respuesta hasta hoy muy exitosa de los países de la región a los tratados de libre comercio auspiciados por Washington y la Unión Europea (ALCA). Se trata de golpear en primer lugar el ALBA que encabeza Venezuela pero también es un mensaje paraBrasil que se destaca como un factor clave en la región y constituye el principal obstáculo a la nueva expansión colonial de los Estados Unidos en el continente. No por azar el gran coloso suramericano condena sin paliativos a los golpistas y exige el retorno inmediato a la legalidad.

Como no podía ser de otra manera, Obama responde en casa ante las exigencias de los grupos de presión que son los que realmente deciden. Ellos lo han elegido y a ellos se debe. La gran banca, el sistema financiero, el complejo militar industrial (entre los más destacables) pueden admitir cambios retóricos en el discurso oficial y hasta ciertos matices nuevos en la política exterior de los Estados Unidos pero jamás van a consentir que se pongan en riesgo los llamados “intereses nacionales”, menos áun cuando se trata de un pequeño y pobre país de Centroamérica que ha sido siempre una base segura para sus políticas contrainsurgentes en el área.

Pero los costes de esta operación ya son muy altos tanto para los Estados Unidos como para la oligarquía criolla pues aunque han conseguido detener momentaneamente el proceso de cambios en Honduras, el método empleado deteriora gravemente la idea de la democracia representativa como el instrumento idóneo para satisfacer los anhelos populares y las reivindicaciones nacionales por medios pacíficos. Seguramente los estrategas de la derecha dan poco valor a la legitimidad y confían más en la fuerza y en la lealtad de los militares. De hecho, siempre consiguieron ahogar en sangre los procesos de reforma mediante regímenes de terror que luego desmantelan cuando ya han cumplido su papel, para permitir entonces el regreso a esa democracia formal y en extremo limitada tan típica del continente. Pero el retorno a la democracia política acompañado del modelo económico neoliberal han supuesto un exagerado aumento de la pobreza y el descontento y una crisis profunda del sistema político. Ese vacío lo han llenado nuevas formas de movilización política y social y organizaciones que moviéndose dentro de la misma legalidad vigente derrotan en las urnas a las clases dominantes tradicionales.

Es así como han llegado al gobierno nuevos colectivos, contrarios a los grupos tradicionales de poder y opuestos al dominio insultante de los Estados Unidos. Y Honduras no es ajena a este proceso; Manuel Zelaya, él mismo hijo de esa elite pero con vocación reformadora, decidió modernizar el país y cumplir las promesas electorales, alcanzando entonces un amplio apoyo popular. Era inevitable la respuesta de las minorías afectadas de dentro y fuera del país. Este es el transfondo real de los acontecimientos y no la supuesta intención de Zelaya de perpetuarse en el poder, como falsamente propalaron los medios de comunicación. Frente a los golpistas y sus aliados el Frente Nacional contra el Golpe - la Resistencia - mantiene sus tres exigencias fundamentales: regreso sin condiciones de Manuel Zelaya al poder, castigo a los responsables del golpe e inicio de un proceso constituyente que someta a la decisión ciudadana una nueva constitución para Honduras.

El gobierno de facto se sostiene básicamente en el apoyo de las fuerzas armadas. Carentes de toda legimidad tan solo les queda el recurso de la violencia. Si como ocurrió en Venezuela, una parte decisiva de las tropas se pusiera del lado de la legalidad, Micheletti duraría muy poco en el gobierno; nada sugiere sin embargo que esta sea la vía de solución del problema. Al menos que se sepa.

Mucho se juega en esta batalla. Una victoria popular en el pequeño país centroamericano supondría una derrota de gran trascendencia para la estrategia de la derecha del continente, algo que ni la oligarquía criolla ni la Casa Blanca se pueden permitir. La lucha de desarrolla ahora en las calles con la movilización popular y en la mesa de negociaciones. Si la primera se mantiene y la segunda da un vuelco positivo, sería posible un proceso electoral limpio en el cual el movimiento popular recuperaría el gobierno, dando curso nuevamente al proceso de reformas. Pero si el golpe se consolida necesitará una represión feroz para mantenerse y el camino a levantamientos violentos de la población estaría abierto. Los tambores de guerra en la región dejarían de ser meras conjeturas.
Más piedad y más cordura

El Tiempo...16/10/2009


La candidatura de Piedad Córdoba ha hecho emerger lo peor de Colombia. Cuando todos querían a la Selección Colombia en el Mundial, a Montoya ganando en la Nascar y a cualquier colombiano que se destacara en el mundo, se alzaron las voces para decir que sería un descrédito para la patria si a esa colombiana se le daba el Premio Nobel de la Paz. Con nuevo ímpetu se desató una campaña de odio hacia la senadora, que debe hacer reflexionar a los que tienen hiel por sangre y vinagre en las neuronas. Porque el odio sin fin, sin contraste, sin medida, solo es el resultado del prejuicio y la ignorancia. Es más fácil odiar que pensar. Queda demostrado que en nuestro país no se analiza, se prejuzga. Las posiciones tomadas están por encima del razonamiento y la argumentación. Esta es la manera de hacer política que nos han impuesto en los últimos años.

Es así que se ha asentado el infundio, sin fundamento real, de que Piedad Córdoba representa a las Farc. Han prosperado los esfuerzos del Gobierno y de sus ideólogos para confundir a los colombianos con la idea de que el que no esté de acuerdo con el presidente Uribe es de las Farc o es favorable a ellas, o es un idiota útil que les hace el juego. Los altoparlantes del uribismo califican a los opositores como socialistas o comunistas, iguales a las Farc; son terroristas a los que hay que acabar por las buenas o por las malas. Especialmente, por las malas.

La indiferenciación entre demócratas y terroristas se la ha tragado la masa y la ha llevado a la ingenuidad y a la incultura política. Cuanto más ciegos y borregos sean, más útiles serán para los propósitos de un poder autoritario. Quien mire el panorama internacional, por encima de la barda de esta provincia en la que quieren mantenernos encerrados, se dará cuenta de que, en muchos países, los socialistas o comunistas también son demócratas y no son iguales a terroristas. Tampoco los defensores de los derechos humanos son instrumentos del terror.
En nuestro país hay defensores del irracionalismo político, que ven mal cualquier opinión distinta a la del régimen. JOG, Londoño y Plinio acuden a argumentos bizarros para defender los abusos de las Fuerzas Armadas y atacar y desacreditar la acción de la justicia y sus magistrados cuando no responden a los intereses del Gobierno.

En una mezcolanza oprobiosa de frases e ideas a medias, todo ha venido a caer en la idea de que el intercambio humanitario es un instrumento de la guerrilla, que las acciones que buscan la entrega de los secuestrados de las Farc es una manera de reforzar el secuestro. No importa la suerte de los secuestrados, pues hay que entrar a saco, a sangre y fuego, para rescatar a los encadenados que las Farc tienen como a bestias. Importa más la entelequia de la seguridad democrática.

Por supuesto, Piedad Córdoba es la antítesis de la dictadura civil que compra conciencias, quiebra instituciones y sobrepone la sinrazón por encima de la condición humanitaria. La senadora Córdoba ha dado muestra de un interés real por salvar a los colombianos secuestrados y buscar la paz para este país. Paz que seguramente es incómoda y molesta para los que toman posiciones intransigentes. La paz implicaría ceder en muchas cosas: poder inmerecido, riqueza mal habida, y habría que cambiar costumbres y prejuicios sociales, como el racismo, que alimenta el odio que se le tiene a Piedad Córdoba.

Los que han usado los medios electrónicos para vilipendiar e insultar lo han hecho amparados por el principio democrático de que la red es de todos. Otra cosa es pensar que lo que han dicho es cierto. La carta dirigida a los miembros de la Academia Sueca, y muy difundida por Internet, no solo es provinciana y ridícula. Muestra la incapacidad de análisis que tienen sus autores, y muestra su profundo sentido antidemocrático. Tampoco representan a todos los colombianos.



El Premio Nobel de la Paz quiere implementar en la región una doctrina militar imperialista
EEUU y la OTAN cercan militarmente a Venezuela por aire, tierra y mar

ABN...16/10/2009


El Gobierno de los Estados Unidos, cuyo presidente fue galardonado recientemente con el Premio Nobel de la Paz, persiste en su intención de cercar militarmente a Venezuela por aire, tierra y mar. Para ello, cuenta con el apoyo y colaboración de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), los Gobiernos de Alemania, Colombia y Panamá, y de la Guayana Francesa, departamento de la República de Francia.

La denuncia fue formulada por el vicepresidente del Grupo Venezolano del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), diputado Carolus Wimmer. El funcionario informó que además de las 10 bases militares en territorio colombiano y la IV Flota en el Caribe -ya conocidas- ahora Washington contará con dos nuevas bases navales en Panamá y el lanzamiento de un satélite de comunicaciones militar desde la Guayana Francesa.

Wimmer se refiere específicamente al acuerdo militar que suscribirán el próximo 30 de octubre los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos, y que será firmado por el recién electo presidente panameño, Ricardo Martinelli, y la Secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton.

Destacó que las dos bases navales serán instaladas, una en Bahía Piña, en la provincia de Darién, limítrofe con Colombia, y la otra en Punta Coca, al sur de la provincia occidental de Veraguas, ambas en el litoral Pacífico de Panamá.

En ese sentido, recordó que este acuerdo contraviene el Tratado Torrijos-Carter, suscrito en Washington el 7 de septiembre de 1977 entre Omar Torrijos (Jefe de Gobierno de Panamá) y Jimmy Carter (presidente de EEUU), y que puso fin a la presencia militar norteamericana en Panamá en cuestión de semanas. En ese entonces, el país centroamericano se independizó militar y políticamente de Estados Unidos.

El diputado refirió además que movimientos sociales panameños denuncian la construcción de una amplia pista de aterrizaje en Metetí, Darién, que sería utilizada por aviones norteamericanos.

Otan y Alemania en Surámerica

Por otro lado, el parlamentario comentó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) lanzó recientemente un satélite de comunicaciones militar desde la Guayana Francesa, al este de Venezuela, que estará al servicio del Bundeswehr, el Ejército Federal alemán.

“ El satélite ha sido llamado SatcomBw y fue lanzado desde la base espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, un puerto a disposición de la Agencia Espacial Europea”, aseveró.

El Comando Sur también busca un lugar en la Guayana Francesa que permitiera a las aeronaves militares alcanzar lugares en África, vía la Isla Ascensión. EEUU aparentemente ya buscó usar instalaciones en Recife (Brasil) con el mismo propósito, pero agencias de prensa internacionales expresaron que las relaciones políticas con Brasil no son favorables para el acuerdo.

Militarización de Colombia y El Caribe

Ya el Gobierno de EEUU tiene tres bases militares en Colombia. La primera en Arauca, diseñada para “combatir” el narcotráfico en Colombia, pero realmente utilizada como punto estratégico para el monitoreo de la zona petrolera, especialmente la de Venezuela.

La segunda está en Larandia, sirve como base de helicópteros, posee pista de aterrizaje para bombarderos B-52, una capacidad operativa que sobrepasa el territorio Colombiano y permite una cobertura para ataques en casi todo el sur del continente.

La tercera se ubica en 3 Esquinas, sirve para operaciones terrestres, helitácticas y fluviales, además de haberse convertido en un punto estratégico para ataques contra la guerrilla. Esta instalación es receptora permanente de armamento, logística y sirve para el entrenamiento de tropas de combate.

Adicionalmente, el Pentágono, ministerio de guerra de Estados Unidos, está por instalar siete bases militares nuevas en territorio colombiano: tres aéreas en Malambo, departamento de Atlántico; Palanquero, en Cundinamarca; y Apiay, en Meta. Otras dos del Ejército en Tolemaida, en Cundinamarca; y Larandia, en Caquetá. Y las dos restantes serán en Cartagena y Bahía Málaga, en el departamento de Valle del Cauca.

La administración Obama ha expresado que la idea es sustituir la antigua Base Militar y Aeronaval de Manta, desalojada por el Gobierno de Ecuador. Manta era el principal centro de espionaje electrónico, con tecnología satelital, del Pentágono en Suramérica, utilizada como plataforma logística de inteligencia militar para desplegar operaciones del Comando Sur.

En tanto, hay otras dos instalaciones, la Base Militar Reina Beatriz en Aruba y la Base Militar Hatos en Curazao. Ambas conforman la conocida IV Flota y son utilizadas para el monitoreo satelital y como apoyo para el control de vigilancia en el Mar Caribe.

Amenaza declarada

“Efectivamente se trata de una amenaza múltiple, por parte de Estados Unidos y de la Otan, una seria amenaza de inteligencia y operacional”, condenó el diputado Wimmer.

Si bien el presidente Obama acaba de recibir el premio Nobel de la Paz por su “discurso pacifista”, Wimmer sostuvo que ahora la política está cambiando nuevamente y regresando a los aires del pasado, dando la impresión de que el Gobierno de Obama quiere implementar en la región una doctrina militar imperialista, aunque su discurso diga lo contrario.

Por ello, Wimmer, subrayó que las acciones son claras. “La administración Obama en lugar de reducir su presencia militar en el continente, la sigue incrementando constantemente. En ese sentido, la amenaza militar contra Venezuela se profundiza y fortalece”.

Fuente: http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=203118&lee=16



jueves, 15 de octubre de 2009




Carta abierta de un empresario hondureño
"He visto hombres cheles tipo yanki ordenando reprimir"

Radio La Primerísima...15/10/2009


Soy Arquímedes Alfaro Riestra, empresario hondureño dedicado a la producción industrial de utensilios de cocina, miembro del Concejo Superior de la Empresa Privada de Honduras y quiero hacer saber al mundo lo que en mi país nos está prohibido:

Todos los hondureños estamos sufriendo una crisis que nos tiene sin comida en los mercados y supermercados, escasez de combustible, cortes de energía eléctrica en horas laborales que nos impide trabajar, presencia militar en todas las calles, represión, ya la guardia ni pregunta la identidad, solamente te golpean y mandan a casa.

En los barrios aledaños a mi empresa no hay agua, la cisterna que tenía para mi trabajo la he regalado principalmente para los niños, hay hambre en la pobretería y uno como cristiano nada pueda hacer.

Mi empresa está tomada por 30 efectivos que permanecen todo el tiempo, han saqueado gran parte de mis herramientas, de 20 empleados operarios, 15 están detenidos sin cargo alguno y de eso hace más de un mes.

Uno de mis mejores operarios es de origen nicaragüense, de Ocotal, se llama Ramón Arellano Aráuz, desde hace dos semanas lo vinieron a traer preso, lo golpearon duramente frente a los demás empleados y desde esa fecha no aparece.

Por el lado de la salida sur de Tegucigalpa aparecieron como 30 personas muertas, fui con otros empleados a ver si reconocía al nica, pero ninguno era él, la mayoría eran jóvenes de unos 18 0 19 años, todos estaban semi quemados, amarrados de las manos con alambres y con tiros en la cabeza, pude observar a un grupo de derechos humanos recogiendo casquillos de armas y por mis conocimientos eran casquillos de M-16.

La organización nos convocó a una asamblea urgente en la que nos pidió que hiciéramos dos cosas; donar cinco mil dólares para un fondo de apoyo al gobierno golpista y escribir al exterior diciendo que todo está en calma.

Ninguna de las cosas he hecho, no estoy de acuerdo en engañar al mundo de algo que me duele en el corazón, a diario estoy viendo morir gente a manos de los militares, hay desesperación en el pueblo, muchos quieren enfrentar a los militares aunque los maten, nadie tiene armas pero están buscando como hacer para defenderse.

Yo estoy vendiendo todo lo que puedo y alistando a mi familia para salir del país, tengo otra empresa en El Salvador y ya envié parte de los equipos para ese país, de mis 3 hijos, ya 2 están fuera, sólo me acompaña el menor y mi esposa, creo que los otros corren peligro por la represión.

Le pido a todos los ciudadanos del mundo no olvidarnos. En Honduras se dio un hecho increíble, cuando vimos las calles llenas de militares fuertemente armados recordamos los años de dictadura ahora vemos de nuevo a esa dictadura queriendo matarnos a todos.

Don Mel Zelaya pudo tener defectos y cometer errores como presidente, pero es el único que en los últimos 20 años trabajó para todos, principalmente para los pobres, ayudó a la empresa privada que después lo traicionó, incluyéndome a mi, por que sin saberlo estuve aportando dinero a un fondo destinado a sobornar a los altos militares.

Ahora solo nos queda que el mundo ayude a regresar las cosas a su lugar, es triste ver en las calles a los militares golpeando gente, entre ellos he visto a hombres cheles* de tipo norteamericano dando órdenes a los soldados.


Gracias por divulgar mi testimonio y que Dios los bendiga.

* [Persona] Muy blanca o rubia.

Fuente: http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/62482



El Estado Libre Asociado de Colombia

Rebelión...15/10/2009


La América nuestra tiene hoy un nuevo Estado Libre Asociado, sujeto a los poderes plenarios del imperio estadounidense.

Colombia es el novel "socio asociado en sociedad", como describió magistralmente el poeta cubano Nicolás Guillén el funesto artificio jurídico-político implantado originalmente en Puerto Rico. Ya la Isla antillana no está sola como la última colonia en la región. Álvaro Uribe, el más reciente paladín de los happy colonials, ha embargado la soberanía de los colombianos a los intereses estratégicos de Washington. Al igual que en Puerto Rico, Colombia está gobernada de facto por una lumpenburguesía que, mediante un Tratado de Libre Comercio, ha decidido atar el destino de su país al mercado de Estados Unidos. Ello se ha hecho en desmedro de los aún frágiles procesos de integración andina y sudamericana. Ahora Colombia se propone, bajo Uribe, dar un nuevo salto en la entrega de la soberanía colombiana: casarse con los intereses estratégicos estadounidenses en la región y convertirse en plataforma militar yanqui en el corazón mismo de la América del Sur.

Mientras el pueblo puertorriqueño hace pocos años se levantó en rebeldía para forzar el cierre de Roosevelt Roads, la más importante base naval estadounidense en el Caribe, y el fin del uso de la isla-municipio de Vieques para sus ejercicios bélicos, Colombia se presta incondicionalmente para que Washington reemplace con siete bases en el país lo perdido en Puerto Rico y más recientemente en Ecuador. Una de las siete bases, la de Palanquero, será suficiente para trastocar por completo el marco de seguridad regional. Ésta le proveerá a Estados Unidos acceso, por la vía aérea, a todo el continente sudamericano, cuyos aviones militares C17 podrían desplazarse libremente sin necesidad de reabastecimiento de combustible.

"Hablar de soberanía colombiana es un chiste", afirmó recientemente desde Caracas Noam Chomsky. No es para menos. Desde la puesta en marcha del Plan Colombia, bajo la administración del presidente William J. Clinton, lo que se ha vivido en el país suramericano es un proceso de intervención expansiva que, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, sólo ha servido para apuntalar al régimen corrupto y represivo que allí le sirve fielmente de aliado. El resultado ha sido miles de ciudadanos colombianos asesinados y otros miles despojados de sus tierras o desplazados. El principal uso dado a las tropas estadounidenses ha sido en función de la lucha de contrainsurgencia que conduce el gobierno colombiano contra los diferentes movimientos guerrilleros que operan hace años en el país. Este y no otro fue siempre el motivo del lobo. Ahora Washington se propone ampliar las bases de apoyo de su estrategia de contrainsurgencia para garantizar su movilidad operativa hacia el resto de la América nuestra.

"Es la estrategia global de dominación de los Estados Unidos. Esa es la razón, es la razón de esto. Es la razón de que se estén instalando esas bases en Colombia", declaró el presidente venezolano Hugo Chávez Frías en Bariloche ante la reciente Cumbre de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) citada para evaluar la crisis regional creada por la unilateral decisión de Bogotá y Washington de proceder con este controvertible acuerdo. Por su parte, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa pidió una reunión urgente con el presidente de Estados Unidos Barack Obama para que dé explicaciones sobre las intenciones de su gobierno. No es posible que se nos siga tratando como colonia y patio trasero, puntualizó.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha insistido también en que el mandatario estadounidense dialogue con sus pares suramericanos sobre esta expansión significativa de la presencia militar de su país en Colombia. Según se informa, un intento inicial suyo en este sentido, transmitido por vía telefónica, no fue bien recibido por Obama. Éste se negó a acceder a un encuentro en septiembre en Nueva York con los mandatarios suramericanos, con motivo de la sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Obama sigue insistiendo en que no hay nada que discutir y que el tema constituye un asunto estrictamente interno entre Colombia y Estados Unidos. Curiosamente, esa es la misma razón que aduce el gobierno de Washington cada vez que se le pide que rinda cuentas ante la comunidad internacional por la soberanía negada al pueblo puertorriqueño bajo el régimen colonial que mantiene en Puerto Rico.

Por ello la importancia que, no obstante no haber incluido medidas de acción más concretas en la declaración final de la Cumbre del Unasur , los mandatarios presentes expresaron inequívocamente su compromiso en impedir "la injerencia en la soberanía de los pueblos latinoamericanos" e indicaron su deseo de fortalecer la región como una zona de paz.

El presidente ecuatoriano denunció ante el cónclave el completo fracaso del mentado Plan Colombia que, pese a las sumas multimillonarias invertidas, ha fracaso en todos sus objetivos declarados. Luego de más de una década de la presencia y la ayuda militar estadounidense, el narcotráfico sigue pujante, la producción va en incremento y los vínculos de los narcotraficantes con el gobierno ya es notorio. Incluso, se habla de la existencia de un nuevo cartel de la droga en Colombia, integrado por cuadros militares y asesores privados estadounidenses que operan al amparo de las protecciones que les cobija bajo el acuerdo actual. En ese sentido, Colombia sigue siendo uno de los principales proveedores de narcóticos para la mayor concentración de sus consumidores, que están precisamente localizados en Estados Unidos. Al igual que en Puerto Rico, donde el gobierno de Estados Unidos controla fronteras, puertos y aeropuertos, y aún así el país constituye uno de los focos de mayor trasiego de drogas ilegales y de paso se consume en medio de una mortífera guerra social que tiene en éste tráfico una de sus principales causas inmediatas.

Y lo que es peor, en el caso de los puertorriqueños Washington pretendió legitimar su engendro "estadolibrista" mediante la celebración de un referendo y la adopción de una Constitución subordinada al orden político-jurídico estadounidense. En el caso de los colombianos, ni siquiera una consulta popular y en cuanto a la Constitución, se ha ignorado olímpicamente sus disposiciones pertinentes.

El Estado Libre Asociado de Colombia se constituye así a modo de un Estado de hecho producto de un acuerdo inconsulto suscrito por su presidente con el gobierno estadounidense. Por ejemplo, la Constitución de 1991 requiere, cuanto menos, que el acuerdo internacional, al que Uribe califica de hecho irreversible, requiere de la aprobación del Congreso y de un proceso de control de constitucionalidad por la Corte Constitucional del país.

Ante ello el opositor Polo Democrático Alternativo emitió una declaración en la que se refiere a la "indigna condición a la que queda sometida la soberanía nacional" producto de la decisión de Uribe y Obama. "Esta aberrante concesión es contraria a la Constitución. Ni los artículos concernientes a estos asuntos, ni las instancias a las cuales deberían consultarse, han sido respetados. Es una de las más flagrantes violaciones que ha cometido este gobierno al Estado Social de Derecho", señala.

Tal vez habría que concluir que tanto en el caso de Colombia como en el de Puerto Rico, vivimos bajo unos Estados de hecho representativos de un orden imperial para el cual la soberanía de los demás sobra ante la pretendida omnipotencia de la suya. En ese caso, habrá que entender que vivimos en un mundo en que la soberanía sólo puede anidar en otra parte: no en nuestros respectivos gobiernos coloniales o neocoloniales, sino en la fuerza potenciadora del pueblo, como poder soberano originario, para reconstituirla a partir de sus propias luchas y aspiraciones.

- Carlos Rivera Lugo es Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico. Es, además, miembro de la Junta de Directores y colaborador permanente del semanario puertorriqueño "Claridad".

- Fuente: http://portal.ajintem.com/america-latina/1040-el-estado-libre-asociado-de-colombia.html



La American Democracy Watch, engendro de la ultraderecha en Miami

Percy Francisco Alvarado Godoy...15/10/2009


La ciudad de Miami, urbe en la que pululan centenares de organizaciones de corte terrorista, aherrojadas por la intolerancia y encontrados sentimientos de frustración y venganza, vio nacer el pasado primero de octubre a un nuevo engendro del extremismo y la ultraderecha: la American Democracy Watch (ADW). Según declararon sus organizadores a la agencia española EFE, la misma está encaminada a enfrentar una supuesta injerencia del presidente Chávez en América Latina.

Baste conocer a sus miembros fundadores para evaluar que estos caceroleros intransigentes, imitadores de gente como la Vigilia Mambisa de Miguel Saavedra, pretenden con marchas y revueltas callejeras, crear un estado de opinión a favor de los golpistas hondureños, en contra de los países del ALBA y promocionar una imagen de defensores de la democracia y los derechos humanos, en franco contubernio con los representantes de la derecha republicana en Miami.

Favorecidos por Ileana Ros Lehtinen y los hermanos Díaz Balart, este grupo de contrarrevolucionarios radicados en Miami representan los más sórdidos intereses de la burguesía venezolana, boliviana, hondureña, nicaragüense y cubana, que han echado pies en polvorosa ante los avances de procesos revolucionarios y progresistas en sus países de origen. Ligados por ideología y por recibir de ellos fuentes de financiamiento, los miembros de ADW, apoyan irresolutamente a los contrarrevolucionarios venezolanos radicados en Miami, atacando junto a ellos a la Revolución Bolivariana.

El 13 de octubre de 2009, en unión de otros grupúsculos de origen anti cubano como UMAP y la Junta Patriótica Cubana, los directivos de ADW y de la Organización Hondureña Integrada Francisco Morazán, convocaron a una nueva vigilia, entiéndase show mediático, para denunciar supuestos asesinatos cometidos en Cuba, Venezuela Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Otra vez la calle 8 de la Pequeña Habana los verá con sus acostumbrados alborotos, favorecer un discurso político basados en detractar a los gobiernos progresistas latinoamericanos mediante la difusión de falsas acusaciones contra los mismos en relación con el tema de los derechos humanos.

Su presidente, Francisco Portillo, ha defendido abiertamente el golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. Dirigente de una organización que ultraja al héroe hondureño al usar su nombre, la Organización Hondureña Integrada Francisco Morazán, defiende la realización de elecciones en Honduras, el próximo 29 de noviembre, excluyendo el retorno de Zelaya a la presidencia, posición compartida por los republicanos de derecha que han visitado recientemente Tegucigalpa. Su servilismo a los amos derechistas dentro del Congreso norteamericano, ha llegado al extremo de sugerir su participación en los próximos comicios como garantes internacionales.

La alianza de Portillo con los golpistas se puso de manifiesto el pasado 3 de octubre cuando con repudiable adulonería pidió la bendición de Dios para las FF AA de Honduras, a las que felicitó en el Día del Soldado hondureño, sin tener en cuenta que esos mismos militares hoy reprimen a su pueblo y ensangrientan las calles de Tegucigalpa y otras ciudades de Honduras.

Hace tres meses, el 10 de julio 2009, Portillo volvió a convocar a un grupo de hondureños y a sus socios de la mafia de Miami frente al Consulado hondureño en Miami, para presionar al presidente Barack Obama para que no apoye la restitución de Zelaya y ofrezca ayuda sin condiciones al golpista Micheletti.

Los ataques contra los países del ALBA no es un tema nuevo dentro del discurso político de Portillo, quien ha realizado frecuentes declaraciones al respecto a la prensa mediática de Miami y ha convocado, bajo la tutela de los mafiosos cubanos de Miami y el apoyo de sus congresistas ultraconservadores, para realizar labores de cabildeo dentro del Congreso norteamericano, en un intento por secuestrar la política de Obama hacia el conflicto hondureño. La adhesión de Honduras al ALBA el 25 de agosto de 2008, provocó de inmediato la reacción de los derechistas capitaneados por Portillo, quien declaró a raíz de este hecho: “Estamos muy preocupados con estas actuaciones del presidente Zelaya; no le traen ningún beneficio a los hondureños ni a la comunidad residente en Estados Unidos. Recogeremos firmas para enviárselas al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, y a los diputados para que no aprueben el Alba, que sólo desestabiliza la frágil economía”.

Los socios de Portillo en esta aventura mediática y contrarrevolucionaria han sido reconocidos terroristas y extremistas de origen cubano, venezolano y nicaragüense. Pruebe de ello, por citar un ejemplo, es que la ultraderechista Junta Patriótica Cubana de Miami, le ofreció su sede, sita en el 4600 NW 7 street, a los miembros de ADW para que se reunieran el 31 de agosto de 2009 con el fin de enrumbar sus próximos pasos. Como resultado de esta reunión, los miembros de la ADW movilizaron el 4 de septiembre a un grupo de personas bajo la consigna de “No más Chávez”.

Otro destacado colaborador de Portillo dentro de la mafia terrorista anticubana, es Emilio Izquierdo Jr., Secretario de Relaciones Publicas de la Asociación UMAP, quien en julio de 2003 se opuso a la posible presencia de músicos cubanos al evento de los Premios Grammy Latino, que se celebrarían en septiembre de ese año. Desde su cargo dentro de la organización UMAP ha actuado reiteradamente en protestas callejeras a favor del arreciamiento de las medidas anticubanas y ha promovido serios desórdenes callejeros en Miami ante la presencia de artistas cubanos, tal como sucedió en 1999 cuando la visita del grupo Irakere.

Los vínculos de Portillo y de ADW con contrarrevolucionarios cubanos se han puesto de manifiesto en las actividades anticubanas y anti bolivarianas en las que ha participado, haciendo compañía a reconocidos terroristas radicados en Miami. Allí se le vio en una marcha dirigida contra el presidente Chávez y la Revolución Bolivariana, efectuada el 29 de enero de 2003. Un año después, el 27 de marzo de 2004, la calle 8 de Miami vio a Portillo en compañía de contrarrevolucionarios de Alpha 66, de Cuba Independiente y Democrática, Unidad Cubana, UMAP y del Congreso Nacional Cubano.

Llama la atención que en las actividades antichavistas promovidas por Francisco Portillo y sus socios de compañía, los gusanos cubanos y los escuálidos venezolanos de Miami, se han visto terroristas de repudiable historial criminal confraternizando con autoridades del Condado Miami Dade, así como con congresistas de ultraderecha. El 18 de enero de 2003, los caceroleros contrarrevolucionarios desfilaron en compañía de personajes como el entonces alcalde de Miami, Alex Penelas, Lincoln Díaz Balart, el corrupto ex secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, el ex ministro de Defensa venezolano Radamés Muñoz, así como otros destacados extremistas. Varios miembros de la Junta Patriótica venezolana, aliada en actividades terroristas con los Comandos F 4, estuvieron presentes en actividades asociadas a los actuales integrantes de ADW.

Uno de los más destacados integrantes de la American Democracy Watch es Elio Aponte, presidente de la Organización de Venezolanos en el Exilio (ORVEX), la que se ha erigido como una organización que intenta capitanear las campañas contra los países del ALBA en Miami, fundamentalmente contra Cuba, Venezuela y a favor del golpista Micheletti.

El propio Aponte, en irrisoria demanda, exigió al presidente Hugo Chávez el 29 mayo de 2007, que abandonara el poder en menos de 72 horas o tendría que atenerse a las consecuencia. Esta amenaza quedó en el olvido pues ni ORVEX ni los escuálidos han podido socavar la fortaleza de la Revolución Bolivariana.

Muchas han sido las denuncias que vinculan a Aponte y a ORVEX en el financiamiento y estimulación a las actividades de la contrarrevolución interna dentro de Venezuela. Según denunció Aporrea en julio de 2007, miembros de ORVEX y la Fundación Nacional Cubano Americana estaban financiando las actividades de grupos de estudiantes en Caracas, vinculados a desórdenes y la indisciplina social desestabilizadora. El propio Aponte declaró al respecto:”Estamos abriendo caminos para enviar suministros desde los Estados Unidos, así como apoyo moral y tecnología de lucha no violenta”.