viernes, 24 de agosto de 2012


         
Por qué Venezuela se retira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos


Opera Mundi...24/08/2012

El 28 de julio de 2012, el presidente Hugo Chávez hizo partícipe de su decisión de retirarse de la Comisión Interamericana de los derechos humanos, tras el fallo que condena a Venezuela por malos tratos a un detenido sancionado por terrorismo y que se fugó a Estados Unidos. Caracas denuncia un veredicto político.
El 24 de julio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su decisión de condenar al Estado venezolano por ser “ internacionalmente responsable de la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio del señor Raúl José Díaz Peña”. La instancia juzgó que “su detención habría sido ilegal y arbitraria y habría estado sometido a un régimen de detención preventiva que habría sobrepasado los límites establecidos en la ley penal, invocando una presunción de peligro de fuga”. La CIDH también condenó al Estado venezolana a indemnizar a Díaz Peña con 15.000 dólares (1).
¿Quién es Raúl José Díaz Peña?
Raúl José Díaz Peña es un prófugo venezolano de la justicia severamente sancionado por los tribunales por terrorismo y refugiado en Estados Unidos. En 2003, Venezuela vivía una situación de polarización política extrema tras el golpe de Estado abortado contra el presidente democráticamente elegido Hugo Chávez y el sabotaje petrolero que costó a la economía venezolana la suma de 10.000 millones de dólares. Ambos fueron organizados por la oposición con el apoyo explícito de Estados Unidos que había reconocido a la junta golpista de Pedro Carmona Estanga, entonces presidente de Fedecámaras –organización que agrupa los intereses económicos del país– y actualmente refugiado en Colombia.
El 25 de febrero de 2003, una facción radical de la oposición compuesta por Felipe Rodríguez, José Colina Pulido, Germán Varela López, Silvio Mérida y Raúl José Díaz Peña, decidida a derrocar a Hugo Chávez, colocó varias bombas en el Consulado General de la República de Colombia y en la Embajada de España. El objetivo era acusar de los atentados terroristas a los partidarios del presidente venezolano, los cuales habrían actuado en represalia por la decisión de Bogotá y de Madrid de reconocer a la efímera junta golpista de abril de 2002 (2).
No obstante el plan fracasó, pues las autoridades del país arrestaron a Díaz Peña y a sus cómplices ese mismo día. Tras su juicio, el 29 de abril de 2008, la justicia venezolana lo condenó en primera instancia a 9 años y 4 meses de cárcel por terrorismo. En mayo de 2012, un juez decidió conceder un régimen de semi-libertad a Díaz Peña y le permitió pasar los fines de semana con su familia y ejercer una actividad profesional. En septiembre de 2010, Díaz Peña huyó y se refugió en Estados Unidos (3).
¿La CIDH, una jurisdicción independiente?
Órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos, entidad bajo fuerte influencia de Estados Unidos –hasta el punto de que los países de América Latina y el Caribe decidieron crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en diciembre de 2011 con el fin de emanciparse de la sombra tutelar de Washington y de su fiel aliado canadiense–, la CIDH es sospechosa de parcialidad hacia los gobiernos de izquierda en América Latina.
Así, contra todo pronóstico, a partir de 2005 la CIDH aceptó estudiar el caso de Díaz Peña a petición de la Venezuela Awareness Foundation, una organización de la oposición a Hugo Chávez. Ahora bien, para poder analizar un asunto, los estatutos de la entidad interamericana estipulan que se deben agotar primero todos los recursos jurídicos del país de origen, lo que no es el caso para Díaz Peña. Es la primera vez en la historia de la justicia interamericana que la CIDH acepta estudiar el caso de un individuo condenado por terrorismo en su propio país, prófugo de justicia y cuyo juicio sigue abierto, en violación de su propia Convención. Hasta hoy, la CIDH no ha dado explicaciones al respecto (4).
Nicolás Maduro, canciller venezolano, expresó su consternación y anunció que su país se retiraría de la organización. “Es lamentable haber tenido que dar este paso, pero Venezuela se ha visto obligada, dadas las decisiones aberrantes y abusivas que se han tomado contra nuestro país durante 10 años. Ningún país de Europa ni Estados Unidos aceptarían que la CIDH protegiera a un terrorista”, declaró (5). La diplomacia venezolana acusa a la entidad de “complicidad con la política de Washington de protección a los terroristas” y exigió “que apliquen los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos” (6).
En efecto, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la CIDH multiplicó las decisiones e informes desfavorables a Venezuela, en proporciones ampliamente superiores al resto de América Latina. Así, desde su creación en 1959 y hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la CIDH sólo emitió cinco decisiones condenando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. En cambio, entre 2000 y 2012, la CIDH condenó a Caracas 36 veces. Así, en el espacio de 12 años, la CIDH condenó a Venezuela 7 veces más que durante los 40 años anteriores, marcados por exacciones de todo tipo y particularmente el Caracazo del 27 y 28 de febrero de 1989, sublevación popular contra la vida cara, que el ejército y la policía reprimieron en sangre, dejando un saldo de 3.000 civiles asesinados (7).
Por otra parte, durante el golpe de Estado de 2002, la CIDH, como Estados Unidos, reconoció abiertamente a la dictadura de Pedro Carmona en una carta que Santiago Antón, entonces secretario de la CIDH, dirigió a ése (8). Maduro no dejó de recordar este episodio que arroja una sombra sobre la credibilidad y la fama de la entidad interamericana: “ La Comisión reconoció a los golpistas y negó el apoyo al presidente Hugo Chávez” (9).
El presidente Chávez confirmó que su país se retiraría de la CIDH (10). “ Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos apoyando al terrorismo”, subrayó (11). La CIDH “ ni siquiera nos llam[ó] para consultarnos. Aquí hubo un juicio, una condena, hay testigos de que ese terrorista le puso bombas a la embajada de España y de Colombia, eso se comprobó”, agregó (12).
La reacción de Estados Unidos
Por su parte, Washington fustigó la decisión de Caracas. Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado declaró que “ Venezuela estaría enviando un mensaje profundamente lamentable acerca de sus compromisos con los derechos humanos y la democracia” al resto del continente, si se retirara de la jurisdicción de la CIDH. Nuland alabó la entidad interamericana y expresó su respeto por ella (13).
No obstante, la posición de Estados Unidos no está exenta de contradicciones. En efecto, contrariamente a todos los países de América Latina, Estados Unidos, así como Canadá, siempre se ha negado a someterse a la jurisdicción de la CIDH y no reconoce su autoridad pues estima que viola su soberanía nacional.
La reciente decisión de la CIDH relativa a Venezuela suscita varias interrogantes. ¿Por qué la CIDH aceptó estudiar el caso Ruiz Peña antes que se agotaran todos los recursos en Venezuela, violando así su propia Convención? ¿Cuáles fueron las motivaciones que llevaron a los magistrados a emitir una decisión favorable a un individuo que los tribunales venezolanos condenaron severamente por terrorismo y que es prófugo de justicia refugiado en Estados Unidos? ¿Acaso son políticas o jurídicas? ¿Acaso habría estudiado el caso si Ruiz Peña fuera colombiano, mexicano o chileno? ¿Cuál fue el papel de la CIDH en el golpe de Estado contra Hugo Chávez y la democracia venezolana en abril de 2012? En una palabra, ¿es la CIDH imparcial con respecto a Venezuela?

Notas:
(1) Corte Interamericana de Derechos Humanos, «Caso Díaz Peña vs. Venezuela», 26 de junio de 2012.http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_244_esp.pdf (sitio consultado el 31 de julio de 2012).
(2) Agencia Venezolana de Noticias , «Venezuela rechaza el fallo de CIDH a favor del terrorista Díaz Peña», 24 de julio de 2012.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(5) Agence France-Presse , «Venezuela denunciará a la CIDH ‘en las próximas horas’», 26 de julio de 2012.
(6) Ministerio del Poder Popular para Exteriores, «Comunicado», República Bolivariana de Venezuela, 24 de julio de 2012.http://www.mre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=22219:comunicado-oficial-mercosur&catid=3:comunicados&Itemid=108 (sitio consultado el 31 de julio de 2012).
(7) Telesur , «Venezuela afirma tener suficientes pruebas de la doble moral de la CIDH», 2 de mayo de 2012.http://www.telesurtv.net/articulos/2012/05/02/el-canciller-venezolano-nicolas-maduro-dijo-que-cidh-responde-a-intereses-de-eeuu (sitio consultado el 31 de julio de 2012).
(8) Ibid.
(9) Agence France-Presse , «Venezuela denunciará a la CIDH ‘en las próximas horas’», op.cit.
(10) Agence France-Presse , «Chávez dice que ya dio ‘las instrucciones’ para que Venezuela salga de CIDH», 28 de julio de 2012.
(11) EFE, «Insulza confía en que Venezuela no dejo la Corte IDH», 27 de julio de 2012.
(12) Alejandro Montiel, «Doble rasero de CIDH evidenciado con fallo que favorece a terrorista que atentó contra embajadas en Caracas», Prensa Presidencial , República Bolivariana de Venezuela, 26 de julio de 2012.
(13) Agence France-Presse, «EEUU estima que si Venezuela abandona Corte IDH enviará mensaje ‘lamentable’», 25 de julio de 2012.
* Salim Lamrani es Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad Paris-Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba , París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade. Contacto: lamranisalim@yahoo.fr Facebook:https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel
Revisado por Caty R.
Fuente: http://operamundi.uol.com.br/conteudo/opiniao/23694/as+razoes+da+venezuela+em+deixar+a+cidh+.shtml

domingo, 19 de agosto de 2012


         
Julian Assange, el caso Pinochet y los límites de la democracia británica


La Jornada...19/08/2012

Hace 14 años, en 1998, el mundo vivía apaciblemente, según se mire. Las guerras eran las mismas y tenían lugar en la periferia del capitalismo. El campo de batalla por el control de las materias primas se extendía, entraba en juego la privatización de todos los recursos naturales, incluido las fuentes hídricas. El neoliberalismo desregulaba a prisa para facilitar la llegada de las hipotecas basura y dar pingües ganancias al capital financiero. Nos advertían del apagón informático del año 2000 y dábamos la bienvenida al siglo XXI. En lo esencial los sobresaltos fueron pocos, pero de hondo calado. La primera guerra de Irak, las guerra espurias en el territorio de la ex Yugoslavia, la consolidación de los países emergentes y una América Latina sin dictaduras. Aún no existía la República Bolivariana de Venezuela y la derecha mundial concentraba sus descalificaciones en Cuba, sin variar el protocolo de la guerra fría. El mapa del siglo XXI aún estaba en ciernes, nada hacía prever el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, percutor del unilateralismo en las relaciones internacionales y las guerras contra el terrorismo internacional.Sin embargo, un hecho, en materia de derechos humanos, haría que la justicia internacional cobrara protagonismo en las postrimerías del siglo XX, la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet. Gran Bretaña debía resolver la extradición solicitada por el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, a demanda de la acusación particular y popular encabezada por el abogado Joan Garces. Gobernaba la socialdemocracia de Tony Blair y la tercera vía.
El gobierno de su majestad Isabel II, España y Chile sufrieron un shock. Ninguno de los tres estados deseaba que el tirano fuese juzgado por crímenes de lesa humanidad. Como demostración de su rechazo, Chile retiró a su embajador en Madrid y el entonces presidente del Gobierno español, José María Aznar, y su partido boicotearon el caso en los tribunales, realizando lo que se llama en la jerga legal terrorismo judicial. Por su parte, Margaret Thatcher se refirió a Pinochet como el único preso político existente en su país. Las argucias y artimañas para conseguir el objetivo, la libertad del dictador, dieron resultado en el medio plazo. El abogado de Pinochet, a la sazón también defensor de los intereses de Endesa en Chile, Pablo Rodríguez Grez, organizador del grupo paramilitar Patria y Libertad, movimiento que se dedicó a poner bombas y sabotear el gobierno de Salvador Allende, encontró la vía para lograr la libertad del susodicho. En una operación de encaje le hizo llegar al ministro del Interior de la corona, Jack Straw, un resquicio legal que posibilitaba bloquear la decisión judicial. La extradición podía frenarse políticamente si existían causas médicas, cuyo diagnóstico avalase la incapacidad mental del imputado. Straw agradeció el gesto del abogado. En un momento negro para la historia de la justicia internacional permitió que el dictador emprendiera viaje libremente a Santiago de Chile tras pasar 503 días detenido. Ahí se detuvo el reloj de la democracia en Gran Bretaña. Más tarde Blair, junto con Bush hijo, se daría un festín de sangre humana en la segunda guerra del golfo.
Hoy la historia se repite con otro caso similar en la esfera del derecho internacional. Inglaterra vuelve a ser el centro de atención. Esta vez se trata de la detención y posterior orden de extradición expedida contra Julian Assange a solicitud del gobierno sueco. Assange es imputado de cometer delitos sexuales. Agotadas las vías de apelación, la sentencia para ser extraditado se confirma. Es el momento cuando Julian Assange pide asilo político en la delegación de Ecuador. El caso no pasaría de ser una anécdota si el imputado no fuese uno de los creadores de Wikileaks. Persona buscada por Estados Unidos como divulgador de secretos de Estado y causante del mayor descrédito de la política exterior estadunidense en su historia contemporánea, no es un violador cualquiera. Aquí los ribetes políticos son claros. Las acusaciones de dos mujeres, cuyo sexo fue consentido, son a todas luces una tapadera. La excusa para privar de libertad a Julian Assange y entregarlo a las autoridades suecas tiene otra finalidad: servirlo en bandeja de plata a Estados Unidos. La triangulación es perfecta. Si con la negativa de extraditar a Pinochet se buscaba la libertad burlando la acción de la justicia, con Assange se trata de remar en sentido contrario, pero con el mismo resultado: hacer imposible que se haga justicia. En ambos casos salta a la palestra el nombre de Baltasar Garzón, antes juez que solicitara la extradición de Pinochet, hoy apartado de la judicatura española, convertido en uno de los abogados de Assange, pide la anulación y puesta en libertad del imputado.
Si vemos el caso, Assange tenía escasas probabilidades de evitar el traslado a Estocolmo. Si se trata de una imputación de violación, él mismo señaló que estaría dispuesto a someterse a la justicia sueca, no dudaba de tener un juicio justo, su defensa era de manual. Pero la ingenuidad tiene un límite. Con las cartas marcadas y viendo peligrar su integridad, el fundador de Wikileaks pide asilo político, dando al caso la dimensión política que realmente tiene. Su decisión, una vez resuelta favorablemente la petición de asilo político por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, da la razón a Assange.
La violencia inusitada de las autoridades británicas atacando la decisión del presidente Rafael Correa pone en cuestión la flema inglesa y dejan al descubierto la maniobra y el escaso respeto a la soberanía y leyes internacionales de los países imperialistas cuando sus demandas caen en saco roto. Más allá de los exabruptos extemporáneos, la manera de actuar de Gran Bretaña anuncia un empantanamiento, donde destaca la negativa a brindar el salvoconducto que facilite su traslado a Ecuador. El objetivo, dilatar tiempo de estancia de Assange en la legación ecuatoriana. Podrán pasar años, no sería el primer caso en la historia. Víctor Raúl Haya de la Torre pasó cinco años, de 1949 a 1954, en la embajada de Colombia en Lima, pues el gobierno peruano se negó a entregarle el salvoconducto. Seguramente el resultado final, en este caso, no variará. Pero negar el salvoconducto busca impedir la libertad del imputado y, de paso, presionar al Estado que lo concede.
Gran Bretaña, considerada cuna de la democracia parlamentaria contemporánea, con esta decisión renuncia a los principios de justicia internacional y retrocede siglos en la doctrina de los derechos humanos, situándose a la cabeza de los estados reaccionarios e imperialistas, cuyas viejas glorias pretende hacer valer por la fuerza. Pero los tiempos cambian, América Latina no es ese continente sumiso y dependiente. Algunos países, no todos, se alzan contra la colonialidad del poder y engalanan su soberanía bajo la bandera de la dignidad. En estas condiciones la lógica del caso Assange hace pensar que no habrá paso atrás por el gobierno ecuatoriano. En sesión plenaria urgente del viernes 17 de agosto, la Asamblea Nacional condenó sin ningún voto en contra, siete abstenciones y 73 votos en favor las amenazas de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de pretender irrumpir en su embajada, ya que ello constituiría un atentado contra la soberanía nacional y una violación de los principios del derecho internacional consagrado en la carta de la ONU y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Los tiempos están cambiando, el orden y mando del imperialismo, sea cual fuere su apellido, hoy tiene respuesta. La dignidad también existe. Gracias, Ecuador.
Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/2012/08/18/opinion/022a1mun