El 11 de abril de 2010, fue asesinado Henry Ramírez Daza, ex presidente del Sindicato de Trabajadores de Bebidas Alcohólicas Sintrabecólicas. Un sicario le propinó un disparo en la cabeza cuando veía televisión junto a su hijo menor de edad, en su residencia de la Ciudadela Comfenalco de la capital del Tolima. El criminal huyó a pie y posteriormente abordó un vehículo, según información suministrada por directivos del sindicato de Sintrabecólicas. Henry Ramírez fue un destacado líder sindical, social y político, el último cargo que ejerció fue de concejal del municipio de Ambalema, en el Tolima y aspiraba a la alcaldía de esta misma ciudad.
Este nuevo hecho se suma a los 2742 sindicalistas asesinados en Colombia desde el año 1986, genocidio que el gobierno busca desvirtuar y lo que logra es revictimizar a los compañeros, al señalar que los móviles de los crímenes no se relacionan con la labor sindical y social de los compañeros asesinados; lo que busca el gobierno es desmentir que en Colombia existe violencia antisindical. Cómo explicar entonces, que en lo corrido de 2010, doce compañeros y compañeras han ofrendado su vida, entre los cuales mencionaremos al compañero Henry Moya, asesinado en el Tolima, organizador del Sindicato ASTRACATOL, de FENSUAGRO, Javier Cárdenas Gil de la Asociación de Areneros del Quindio, Miyer Garcés de ASOINCA, e Israel Verona de ACA Arauca, entre otros. Debemos denunciar que la crisis humanitaria es creciente en medio de una impunidad del 98% y con vinculación de agentes de alto nivel del Estado en la victimización y violación a los derechos humanos de los trabajadores y sindicalistas colombianos.
En los múltiples escándalos que se vienen conociendo, y que vinculan al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, resaltamos lo denunciado el 15 de abril por el diario El Espectador, en donde informa como "el DAS husmeó en las oficinas de los sindicalistas".
Los hechos son narrados en los testimonios que serán presentados en el juicio contra Jorge Noguera, donde se revela una siniestra estrategia de espías. El diario señala: "uno de los detectives que tuvo a cargo el seguimiento a sindicalistas le manifestó a la Fiscalía que en dos o tres oportunidades le encargaron que sustrajera clandestinamente documentos de oficinas de sindicatos que contenían información sobre sus actividades…dijo que esa labor la había cumplido de manera eficiente mediante la colaboración de escoltas contratistas…Pero otro de los detectives fue más allá y le contó a la Fiscalía que en la Subdirección de Análisis de la Dirección General del DAS, en los años 2004-2005, se almacenaban las hojas de vida de reconocidos sindicalistas y opositores del Ejecutivo. Uno de ellos era precisamente Correa de Andreis, unos los "blancos de trabajo" del DAS. Un tercer testimonio de un detective adscrito a la Dirección de Inteligencia, detalla que cuando formaba parte de uno de los grupos especiales de inteligencia, que estaban bajo la coordinación del fallecido coordinador del G-3, Jaime Fernando Ovalle Olaz, en 2004, se adelantaron actividades de guerra política en contra de varias ONG. A esas organizaciones les fueron interceptados correos electrónicos y se los monitoreaban líneas telefónicas cuyos reportes se entregaban directamente al director del organismo, Jorge Aurelio Noguera Cotes."
Entendemos ahora por qué el gobierno no ofrece resultados en el tema de justicia y verdad, sobre los autores intelectuales de las violaciones a los derechos humanos contra el movimiento sindical, como se ve a todas luces en lo que se conoce en el juicio a los ex directores del DAS, las acciones ilegales, beneficiaban a los inmediatos superiores de estos funcionarios del Estado. En este marco, Juan Gossaín acaba de denunciar las diferentes operaciones criminales desarrolladas contra magistrados, sindicalistas y opositores, adelantadas por el Estado colombiano, las cuales, en documentos conocidos que provienen del DAS, llevan por nombre “operación Amazonas, Risaralda, Europa, Internet, Imprenta, Arauca, Intercambio, Hallowen, y operación Transmilenio”, y este periodista en su denuncia reclama que se conozca la verdad de quién ordenó esta conspiración y acción terrorista del Estado.
La profunda descomposición del régimen que busca perpetuarse a toda costa, ha encontrado un obstáculo en la medida en que se asoma la verdad, Uribe ha empezado a transitar la terminación de su periodo el próximo 7 de agosto, con un claro desgaste, aislamiento y desprestigio y cada día será más fuerte el reclamo de las víctimas y las organizaciones victimizadas en exigir verdad, justicia y reparación a los crímenes de lesa humanidad cometidos a nombre de la fascista “Seguridad Democrática”.
Este escenario se acrecienta con los múltiples informes de la comunidad internacional que vienen denunciando lo ocurrido durante los últimos ocho años. El reciente informe “Herederos de los Paramilitares” de Human Right Watch, enfatiza el fracaso de la llamada “Ley de justicia y paz” cuando manifiesta el crecimiento del número de víctimas en medio de la crisis que vive Colombia, en contra vía de los informes que elabora el gobierno, en donde afirma que Colombia es un país en progreso. La realidad muestra todo lo contrario, y el informe señala cómo crece el desplazamiento, el narcotráfico, los homicidios a sindicalistas, la revictimización de las víctimas de las AUC, y se oculta la verdad de los autores intelectuales de los crímenes y los vínculos y financiadores del paramilitarismo, así mismo, señala cómo el Estado delegó en la Policía de Carabineros el control de los nuevos grupos y que por el contrario las estructuras paramilitares vienen reorganizándose y reclutando nuevos miembros, convirtiéndose esta realidad en la herencia que deja Uribe después de legalizar y otorgar la impunidad a los victimarios.
Igualmente la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó un informe en el 2009. Frente al caso colombiano menciona los homicidios extrajudiciales, reconoce que se continúa violando el derecho a la vida de los sindicalistas y entre otros aspectos, en sus conclusiones recomienda al Estado colombiano, en el numeral 8, adoptar las medidas necesarias para proteger el trabajo de los defensores de derechos humanos, líderes sindicales, sociales y periodistas; prevenir la estigmatización y el indebido uso de mecanismos de inteligencia en su contra; y, remover los factores de riesgo que afectan el esclarecimiento de los actos de violencia, hostigamiento y amenazas. Esta breve reseña ejemplifica las preocupaciones del informe de la CIDH frente a la persistencia de la violación a los derechos humanos en Colombia.
Es en medio de esta crítica realidad donde desarrollamos nuestra labor sindical, en un debate desigual, porque nuestros victimarios no reparan en utilizar la mentira de la mano de la violencia. La CUT, que ofrenda el 87% de las víctimas del movimiento sindical, se prepara en unión con la CTC y la CTG a asistir a la 99 Conferencia anual de la OIT en el mes de junio, donde exigiremos que el gobierno y los empresarios colombianos, sean nuevamente sancionados por ser Colombia uno de los mayores violadores de los derechos laborales y de los derechos humanos de los trabajadores en el mundo.
Esto significa derrotar la labor de zapa que desarrolló el ex dirigente sindical Angelino Garzón, mientras representó al gobierno de Uribe ante la OIT, quien en una clara actuación de esquirolaje a la causa de los trabajadores colombianos, buscó en estos escenarios diplomáticos disfrazar y ocultar el drama que vive el sindicalismo colombiano.
Con nuestra asistencia buscamos denunciar cómo en Colombia ha existido un plan sistemático de persecución y arrasamiento a las organizaciones y a los dirigentes sindicales por parte de los empresarios, con la acción permisiva, y en muchos casos criminal, de agentes del gobierno en representación del Estado.
(*) Luis Alberto Vanegas es Director del Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad y miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).
NOTA:
Más información en la edición de abril del periódico de la CUT: http://www.cut.org.co/images/stories/file/61-informativo-cut%20nacional.pdf
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