La ley pretende salir al paso de la inmigración que califica de ilegal, la que llega en busca de trabajo respondiendo a su demanda, sin atenerse a las previsiones del derecho estadounidense de inmigración. A dicho efecto criminaliza no sólo el ingreso por la frontera con México sin pasar por el control de migración, sino también toda una serie de conductas que coadyuvan a este movimiento de población, y dota a la policía del Estado con poderes que se tienen normalmente por inconstitucionales en los Estados Unidos, como el de proceder a detenciones arbitrarias sin existir indicios, salvo la mera sospecha, y sin requerimiento de mandato judicial.
La ley repite que ha de ser razonable lo que por definición no puede serlo: “Cuando exista la sospecha que la persona es extranjera ilegalmente presente en los Estados Unidos, se emprenderán diligencias razonables, de ser practicables, para la comprobación del status migratorio de la misma”; “el agente de la ley puede arrestar sin mandato judicial a una persona si cuenta con causa probable para creer que la misma ha cometido algún ilícito que permita su expulsión de los Estados Unidos”. La ley también compromete al Estado de Arizona en el respaldo, incluso económico, de los agentes que, por actuar conforme a una ley de tan débil, si es que alguna, consistencia constitucional, pudieran verse abocados a arrostrar exigencias de responsabilidades. ¿Dónde radica el racismo? Pues en el hecho bastante patente de que categorías tan indeterminadas como lasospecha razonable y la causa probable sólo se pueden concretar y activar sobre supuestos de racismo, de un racismo contra gentes de procedencia mexicana. La ley está redactada, por supuesto, con cuidado para disimularlo al máximo.
Arizona fue un Territorio y es un Estado de los Estados Unidos no sólo de una fuerte impronta mexicana, sino también de una fortísima tradición antimexicana como tal Estado. Baste un indicio entre tantos. Estableció su capital en la ciudad más caucásica, digámoslo así, de Phoenix por evitar que se ubicara en la más mexicana y entonces más importante de Tucson. En el presente Tucson es ciudad anglosajona, por así también decirlo, pero está contigua a la de South Tucson, que mantiene su carácter mexicano y donde hay barrios indígenas de procedencia igualmente mexicana como el del pueblo yaqui. Aunque la frontera fue recientemente alambrada y amurallada, dividiendo de paso no sólo a gentes mexicanas, sino también a pueblos indígenas como el o’odham o pápago, la misma artificialidad de su trazado impide que el tránsito humano resulte controlable ni siquiera por medios tan drásticos. Ahora se recurre a la nueva legislación que pone bajo sospecha a quienes no tienen la tez caucásica, la que en Estados Unidos se identifica con quienes no son ni indígenas ni latinos ni afrodescendientes ni de procedencia asiática o incluso europea meridional. Somos legión quienes en Estados Unidos hemos tenido la experiencia de no responder a la condición caucásica, a una categoría racista que no ha desaparecido por no ser ya legal y haber reducido con ello bastante su juego. Hay quienes la siguen sufriendo.
La nueva ley de Arizona viene a reactivarla. A nadie se le oculta, aunque quienes la han promocionado lo nieguen, que sospecha razonable o causa probable sólo puede en la práctica serlo una sospecha o una causa de índole racista, la de apariencia no caucásica o más en concreto, para el caso de Arizona, mexicana o indígena de tal misma procedencia. Por ello, la gobernadora que fuera democráticamente elegida en los últimos comicios se oponía y opone a medidas de tal género. Es Janet Napolitano, hoy Secretaria de Seguridad Nacional de la Administración Obama. Conforme a las previsiones de la Constitución de Arizona (art. 5, sec. 6), le ha sucedido, sin pasar por las urnas a este efecto, la anterior Secretaria de Estado, persona de otras posiciones, coyuntura que se ha aprovechado para hacer pasar la ley. Napolitano, la última gobernadora elegida como tal democráticamente, la hubiera vetado con toda seguridad. Nadie sabe hacer en Arizona previsión de cómo funcionará la ley si no es bajo los prejuicios del racismo. La nueva norma está redactada también con sumo cuidado para no chocar con el derecho federal de inmigración, pero el choque en todo caso se produce con el derecho federal de derechos civiles o constitucionales o con derechos más sencillamente humanos así asaltados por el racismo.
El actual Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, es ciudadano de Arizona y además, por descendiente de ambos lados de la frontera y también por indígena, apache y purépecha en concreto, tiene al perfil racial al que apunta la nueva ley. Podríamos recomendarle que no deambule desde ahora por Arizona sin documento de identificación y con vestimenta al estilo bracero de T-shirt, jeans y huaraches. Cabría incluso otra recomendación, la que responda a un precedente sentado por el anterior Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhaguen, ciudadano mexicano que rindió una visita oficial a México para levantar acta crítica del estado de los derechos de las personas y los pueblos indígenas. También cabe que el Relator Especial remita comunicados a un Estado, como Arizona en el caso, expresando preocupación por el impulso oficial a un racismo atentatorio contra derechos especialmente de indígenas.
La visita a Arizona o un informe sobre este Estado podría ser interesante por algo más, desde luego. En su condición oficial de Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya podría visitar a los pueblos indígenas, como el navajo y el hopi, para analizar su situación desde la perspectiva que corresponde a su mandato, la del derecho internacional de los derechos humanos, lo cual puede resultar realmente oportuno para el caso de los Estados Unidos. Con el gobierno anterior esto hubiera sido ciertamente difícil, pero ya no lo resulta tanto con el de Obama.
El embajador de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas en Nueva York, con ocasión del presente periodo de sesiones del Foro Permanente, ha anunciado que su país está revisando la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para considerar la cancelación formal del voto en contra emitido cuando la Asamblea General del organismo internacional la adoptó. En el periodo anterior de sesiones, hace un año, la misión de Estados Unidos manifestó que no se esperase ninguna novedad del nuevo gobierno en la oposición a la Declaración. Algo está evolucionando.
Este año los Estados Unidos han aceptado también participar en una sesión del Foro Permanente dedicada a la Norteamérica anglosajona, entablando así un diálogo con las respectivas organizaciones indígenas en el ámbito de las Naciones Unidas. Algo en efecto evoluciona. ¿No se está abriendo en casa al Relator Especial sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas todo un horizonte? ¿No le plantea un reto la activación legislativa de un racismo institucional en su propio Estado?
Una última pregunta a otra banda. ¿Qué tiene México que decir ante el tratamiento racista de los mexicanos en Arizona? ¿Qué dirían los Estados Unidos si fuera una ley del Estado mexicano de Sonora la que deparara a los gringos semejante trato?
Bartolomé Clavero es Vicepresidente del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
Fuente original: http://clavero.derechosindigenas.org/?p=5986
No hay comentarios:
Publicar un comentario