Organizaciones venezolanas como Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ypis), son las principales beneficiarias del financiamiento que el Departamento de Estado canaliza a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), Freedom House y la Agencia de Desarrollo Internacional de de Estados Unidos (USAID).
En 2007, la PADF destinó más de 700 mil dólares a un proyecto denominado “El fomento de la libertad de prensa en Venezuela”, que incluía un programa de entrenamiento a periodistas –realizado por agencias estadounidenses– para promover el uso de nuevos medios y tecnologías.
Asimismo, el Departamento de Estado capacitó a jóvenes opositores venezolanos para crear una “red de disidentes cibernéticos”, que fomentaran espacios en contra del mandatario nacional a través de blogs y otras comunidades como Twitter, Facebook y Youtube.
Otros 545 mil 804 dólares de la PADF se gastaron en un programa denominado “Venezuela: Las voces del futuro”. El proyecto de un año estuvo dedicado a la promoción de “una nueva generación de periodistas independientes” que ejercieran activismo político a través del uso de las nuevas tecnologías.
Además de ese “entrenamiento”, la PADF otorgó dinero a medios tradicionales y digitales para asegurar así la publicación de los trabajos de los periodistas que participaran en los talleres.
Por su parte, Freedom House destinó 716 mil 346 dólares en un plan para “fortalecer los medios independientes en Venezuela”. Este proyecto contempló la creación de un “centro de recursos para periodistas” (ubicado en una universidad venezolana no especificada), en la cual se tiene previsto realizar talleres de formación financiados por las agencias de Washington.
Los documento oficiales del Congreso norteamericano, confirman los datos revelados en el informe de evaluación de asistencia a Venezuela que realizó la Fundación para las Relaciones Internacionales y Diálogo Exterior (Fride).
Según Fride, Estados Unidos es uno de los países que en los últimos años ha incrementado su injerencia y financiamiento a la oposición venezolana (partidos políticos, estudiantes, medios de comunicación y ONG) pero, tal como queda evidenciado en los archivos desclasificados del Congreso, el gobierno norteamericano no ofrece mayores detalles de sus beneficiarios.
“Debido a tensiones con el gobierno de Chávez, y para proteger a sus socios, EEUU mantiene una presencia con poca visibilidad en el país”, reza un fragmento del documento elaborado por Fride.
Sin embargo, lo más grave es que el dinero que reciben las organizaciones evade cualquier tipo de fiscalización y se mueve en el mercado ilegal de divisas.
“La cifra no oficial del dólar es más alta que la oficial. Como la mayoría de los donantes están aplicando la cifra oficial, los fondos han sido reducidos de manera sustancial (…) Algunos donantes han resuelto este problema pagando en efectivo (dólares o euros), utilizan cuentas en el extranjero o aplican cifras semioficiales para el cambio”, dice el informe de Fride.
Esas transacciones realizadas por los grupos que atacan al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, atentan contra la Ley de Ilícitos Cambiarios, norma recientemente aprobada por el Ejecutivo que otorga al Ministerio de Finanzas la supervisión de las operaciones realizadas con títulos de valores y da competencia exclusiva al Banco Central de Venezuela para la venta y compra de divisas por cualquier monto.
En el informe de Fride se especifica que todas las operaciones cuentan con el respaldo de la embajada de Estados Unidos en Caracas.
“Como las agencias estadounidenses no tienen sus oficinas locales en Venezuela, los proyectos son principalmente canalizados a través de la Embajada de Estados Unidos en Caracas”, detalla el informe de Fride.
Ese detalle también queda claro en uno de los memorandos del Congreso norteamericano, que acompaña la información sobre los planes de asistencia en Venezuela y en países como Bolivia, Nicaragua, Guatemala y Haití: "los programas tienen el total soporte de las respectivas embajadas (de Estados Unidos)".
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