El descubrimiento en 2008 de que las fuerzas de seguridad habían ejecutado extrajudicialmente a decenas de hombres jóvenes de Soacha, una localidad pobre cercana a la capital, Bogotá, obligó al gobierno a reconocer finalmente que las fuerzas de seguridad eran responsables de ejecuciones extrajudiciales y a adoptar medidas para abordar el problema. Los homicidios, cuyas víctimas fueron falsamente presentadas por el ejército como “guerrilleros muertos en combate” (y en ocasiones como “paramilitares muertos en combate”), se llevaron a cabo en connivencia con grupos paramilitares o bandas de delincuentes.
Los jóvenes habían sido atraídos al norte del país con promesas de empleo remunerado, pero posteriormente los mataron. En la mayoría de los casos los soldados recibieron dinero, días de permiso y una carta de felicitación de sus superiores, como recompensa por haber “matado a un miembro de la guerrilla”.
La dimensión nacional e internacional del escándalo fue tal que causó la expulsión en octubre de 2008 de 27 oficiales del ejército, entre ellos tres generales, y en noviembre de ese mismo año la dimisión del jefe del ejército, General Mario Montoya, quien había sido relacionado con violaciones de derechos humanos. El presidente Uribe afirmó que los homicidios de los jóvenes de Soacha serían investigados por tribunales civiles y no por el sistema de justicia militar, que a menudo reclama la jurisdicción en casos de esa índole y luego los cierra sin llevar a cabo ninguna investigación seria. En la actualidad la Fiscalía General de la Nación está investigando unas 2.000 ejecuciones extrajudiciales que al parecer fueron cometidas directamente por miembros de las fuerzas de seguridad durante las últimas décadas.
Desde el descubrimiento de las fosas comunes en las que fueron enterrados algunos de los jóvenes de Soacha y las protestas subsiguientes, las madres y otros familiares de las víctimas que han hecho campaña por la justicia han sido amenazados, hostigados y sometidos vigilancia con el fin de silenciar su campaña.
En 2009, y en buena medida a consecuencia de las protestas públicas que suscitaron los homicidios de los jóvenes de Soacha, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad fueron detenidos en relación con estas muertes. Sin embargo, en enero de 2010, las personas que hacían campaña por la justicia sufrieron un serio revés cuando unos 31 soldados detenidos fueron liberados por los tribunales por “vencimiento de términos”, ya que la audiencia de su juicio oral no se había iniciado en un plazo de 90 días desde su detención, tal y como establece la legislación colombiana. Otros miembros de las fuerzas de seguridad implicados en los homicidios también pueden ser liberados por la misma razón.
Casos
Luz Marina Porras Bernal
El hijo de Luz Marina Porras Bernal, Fair Leonardo Porras Bernal, desapareció el 8 de enero de 2008, a los 26 años. El 16 de septiembre del mismo año su madre recibió una llamada telefónica en la que le informaron de que se había encontrado el cadáver de su hijo en una fosa común del municipio de Ocaña, en el departamento noroccidental de Norte de Santander.
Según la información que facilitaron fuentes del ejército sobre su muerte, el fallecido era miembro de un grupo armado ilegal y había muerto en combate el 12 de enero de 2008. Investigaciones posteriores realizadas por la Fiscalía General de la Nación establecieron la falsedad de esta información e indicaron que Fair Leonardo Porras Bernal había sido ejecutado extrajudicialmente por el ejército. Fair Leonardo Porras Bernal, así como decenas de hombres jóvenes de Soacha y de otros municipios de Colombia, dejó su hogar atraído por falsas promesas de trabajo en otra ciudad, cuando en realidad iba a ser ejecutado por miembros del ejército y presentado como un miembro de un grupo armado ilegal muerto en combate.
El hermano de Fair Leonardo Porras Bernal, John Smith Porras Bernal, comenzó a recibir amenazas después de que su madre, junto a otras madres de Soacha cuyos hijos habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, comenzó su campaña por la justicia. El 2 de noviembre de 2009, alguien deslizó una carta por debajo de la puerta del domicilio de John Smith en Soacha. La carta contenía la siguiente amenaza: “Así se esconda y se encierre en ese apartamento usted sale porque sale y hay te vamos a coger porque se le advirtió […] si no quieres que te pase nada lárguese lo más pronto posible porque le queda muy poco tiempo no lo olvide no estamos jugando porque ya lo tenemos fichado créalo no estamos jugando […].
Ésta no era la primera amenaza que recibía John Smith. Ya había recibido en su domicilio una amenaza por escrito el 20 de octubre, en la que le decían que “se atuviera a las consecuencias”, en referencia a una carta enviada el 10 de octubre en la que le advertían que tanto él como otras personas de Soacha cuyos familiares habían sido víctimas de ejecución extrajudicial a manos del ejército debían guardar silencio. No lo habían hecho. Temiendo por su seguridad y la de sus familiares, John Smith decidió dejar su casa y a su familia y trasladarse a otro domicilio en Soacha. Se cree que estas amenazas contra John Smith pretendían coaccionar a Luz Marina Porras Bernal, su madre, para que ponga fin a su campaña por la justicia.
Carmenza Gómez Romero
El hijo de Carmenza Gómez Romero, Víctor Fernando Gómez, fue víctima de una ejecución extrajudicial cometida por las fuerzas de seguridad el 25 de agosto de 2008. Ella ha recibido amenazas, mientras que otro de sus hijos ha muerto víctima de homicidio y una hija también ha recibido amenazas telefónicas.
John Nilson, hijo de Carmenza Gómez Romero y hermano Víctor Fernando Gómez, sobrevivió a un atentado contra su vida ocurrido en el municipio de Fusagasuga, a 60 kilómetros de Bogotá, cuando fue empujado desde un puente de 20 metros de altura. Según los informes, el día del ataque debía mantener un encuentro con alguien relacionado con la investigación sobre el homicidio de su hermano.
Según el testimonio de su madre, el 22 de noviembre de 2008 John Nilson recibió la siguiente amenaza en una llamada telefónica: “No sirve la experiencia, no basta con lo de su hermano, deje de investigar”. John Nilson murió después de recibir varios disparos el 4 de febrero de 2009.
Tras la muerte de John Nilson otros miembros de la familia siguieron recibiendo amenazas. El 4 de marzo de 2009, Luz Nidia Torres Gómez , hija de Carmenza, recibió una llamada de teléfono en la que la persona que llamaba la amenazó en los términos siguientes: “Con que ha puesto denuncias que es lo que quiere triple hijueputa, acabar como su hermano […]”.
María Ubilerma Sanabria López
Jaime Steven Valencia Sanabria, hijo de Ubilerma Sanabria, fue ejecutado extrajudicialmente el 8 de febrero de 2008. María Ubilerma Sanabria recuperó el cadáver y lo enterró en noviembre de 2008. Pocos días después del entierro comenzó a recibir llamadas amenazadoras insultándola y recordándole que debía guardar silencio.
El 7 de marzo de 2009, María Ubilerma Sanabria se dirigía a recoger a su nieta del colegio cuando dos hombres montados en una motocicleta la abordaron. El hombre que iba sentado detrás del conductor saltó de la moto y, agarrándola por el cabello, la empujó contra la pared; mientras tanto, el otro le dijo: “[…] nosotros no estamos jugando siga abriendo esa jeta y vera que va a terminar como su hijo, nosotros no jugamos vieja hijueputa […]”
Otros familiares de Maria Ubilerma Sanabria, entre ellos sus hijas, también han recibido amenazas.
Blanca Nubia Monroy
El 25 de julio de 2009 a las 9:30 de la noche, dos hombres montados en una motocicleta y vestidos con trajes de faena del ejército dieron el alto a la hija de 15 años de Blanca Nubia Monroy y a su hijo de 17. Los registraron violentamente y les preguntaron qué hacían a esas horas en la calle y dónde vivían. Aunque los hijos de Blanca Nubia Monroy se encontraban en compañía de otros adolescentes, sólo los registraron a ellos.
Otro hijo de Blanca Nubia Monroy, Julián Oviedo Monroy, fue ejecutado extrajudicialmente el 3 de marzo de 2008.
Edilma Vargas Riojas
El 27 de enero de 2008 Julio César Mesa Vargas, hijo de Edilma Vargas Riojas fue ejecutado extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad. Tras la desaparición de su hijo, ella comenzó a hacer preguntas en el vecindario para averiguar su paradero. Un vecino le dijo que era mejor que dejara de hacer preguntas. Tras estas amenazas, Edilma Vargas Riojas se vio obligada a abandonar su casa en el vecindario de San Nicolás, en Soacha.
Flor Hilda Hernández
El 15 de agosto y el 20 de septiembre de 2009 a Flor Hilda Hernández le robaron el teléfono móvil y una agenda. Ambos contenían datos de personas e instituciones que le habían ayudado en el proceso de denunciar el homicidio de su hijo, Elkin Gustavo Verano, a manos del ejército, el 15 de enero de 2008.
Recomendaciones
Amnistía Internacional insta al gobierno colombiano a:
-Ordenar investigaciones completas e imparciales sobre las amenazas recibidas por Luz Marina Bernal Porras, Carmenza Gómez Romero, Maria Ubilerma Sanabria López, Blanca Nubia Monroy, Edilma Vargas Riojas, Flor Hilda Hernández y sus familiares; hacer públicos los resultados y llevar a los responsables ante la justicia;
-Emprender acciones decisivas para garantizar la seguridad de todas las personas citadas y de sus familiares, de acuerdo con su voluntad.
-Ordenar investigaciones completas e imparciales sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros de las fuerzas de seguridad, hacer públicos los resultados y llevar a los responsables ante la justicia.
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