Para qué les sirve “la seguridad inversionista” de Uribe a las multinacionales
Sintraelecol...16/02/2010
La multinacional norteamericana Drummond Ltd, que explota las minas de Carbón de El Paso y El Descanso, en el departamento del Cesar, se caracteriza por hacer gala de la más intransigente postura antisindical y por utilizar formas de trabajo desregularizadas como las bolsas de empleo, los contratistas y subcontratistas, las Cooperativas de Trabajo Asociado y los aprendices del Sena y estudiantes en práctica.
En la actualidad hay más de 8.000 trabajadores tercerizados en las actividades de la mina, el ferrocarril, los puertos y las oficinas de administración. Solamente están vinculados de conformidad con la legislación laboral unos 4.500 trabajadores, de los cuales 2.500 son socios de Sintramienergética, sindicato filial de la CUT y responsable de la resistencia civilista y democrática que durante quince años han levantado los obreros contra los atropellos de la multinacional. Hay 500 trabajadores más, afiliados al sindicato patronal Sintradrummond, filial de la CGT y fundado por los trabajadores que intentaron romper la última huelga y al que sin ninguna reserva promueven los directivos de la compañía.
En 2001 fueron asesinados por grupos paramilitares los dirigentes de Sintramienergética VICTOR HUGO ORCASITA, VALMORE LOCARNO, MANUEL ENRIQUE CHARRYS ARIZA, SAMUEL SEGUNDO PEÑA SANGUINO y GUSTAVO SOLER MORA, después de librar permanentes luchas contra contratistas de Drummond, crímenes sobre los cuales cursan procesos en el sistema judicial de Estados Unidos. Por las declaraciones de los jefes paramilitares acogidos a la ley de justicia y paz, en Colombia se han emitido fallos contra personal de seguridad de la multinacional y hay implicaciones contra otros de ellos.
En este contexto se da la actual masacre laboral contra 36 dirigentes sindicales de las subdirectivas de Sintramienergética de Ciénaga, Chiriguaná y El Paso. Drummond se ampara en un fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que ilegalizó el justo paro realizado en marzo de 2009. El paro que duró seis días protestaba por la muerte del trabajador Dagoberto Clavijo, que en ese momento era la víctima número 15 de los accidentes de trabajo. Por estos accidentes, la Oficina Regional del Trabajo de Valledupar ha sancionado en seis oportunidades a la Drummond y sus contratistas. Tres de los fatales accidentes ocurrieron en 2009, año en el cual el Ministerio impuso dos sanciones por deficiencias en la prevención de accidentes y por obligar a los operarios a realizar las actividades de manera insegura.
La “seguridad inversionista” está funcionando para favorecer que Drummond recurra a la tercerización laboral, contamine los puertos marítimos, destruya las carreteras con el transporte de carbón y provoque inseguridad en la troncal del Caribe, contamine y destruya los cursos de agua y eluda impuestos, entre otros muchas violaciones de las normas colombianas. Pero principalmente se está favoreciendo el saqueo oprobioso de este recurso energético, por el cual al país le pagan los gringos un miserable 10% de regalías.
Ahora los castigados son treinta dirigentes sindicales y seis trabajadores de base, a quienes se les está aplicando el rigor del desafortunado fallo de la Corte Suprema de Justicia y procediendo a cancelarles el contrato de trabajo. Al momento de escribir esta denuncia, han despedido a 16 y están pendientes de rendir descargo otros 20.
La CUT reclama que cese esta represión contra Sintraminergetica y ha recurrido ante el gerente en Colombia, Augusto Jiménez Mejía, el dueño Gary Drummond, el Ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, el Ministro de Minas, Hernán Martínez, y el mismo presidente Uribe, sin resultado alguno. Queda convocar al movimiento sindical y a los sectores democráticos a unirse a la voz de los trabajadores contra los atropellos de la Drummond que, además del saqueo imperialista, arremete con la complacencia del gobierno nacional contra los derechos económicos y democráticos de los trabajadores del Carbón. En esta dirección pedimos la colaboración de sindicatos, partidos políticos, defensores de derechos humanos, ONG, entre otros, para desplegar la denuncia internacional contra este atropello.
En 2001 fueron asesinados por grupos paramilitares los dirigentes de Sintramienergética VICTOR HUGO ORCASITA, VALMORE LOCARNO, MANUEL ENRIQUE CHARRYS ARIZA, SAMUEL SEGUNDO PEÑA SANGUINO y GUSTAVO SOLER MORA, después de librar permanentes luchas contra contratistas de Drummond, crímenes sobre los cuales cursan procesos en el sistema judicial de Estados Unidos. Por las declaraciones de los jefes paramilitares acogidos a la ley de justicia y paz, en Colombia se han emitido fallos contra personal de seguridad de la multinacional y hay implicaciones contra otros de ellos.
En este contexto se da la actual masacre laboral contra 36 dirigentes sindicales de las subdirectivas de Sintramienergética de Ciénaga, Chiriguaná y El Paso. Drummond se ampara en un fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que ilegalizó el justo paro realizado en marzo de 2009. El paro que duró seis días protestaba por la muerte del trabajador Dagoberto Clavijo, que en ese momento era la víctima número 15 de los accidentes de trabajo. Por estos accidentes, la Oficina Regional del Trabajo de Valledupar ha sancionado en seis oportunidades a la Drummond y sus contratistas. Tres de los fatales accidentes ocurrieron en 2009, año en el cual el Ministerio impuso dos sanciones por deficiencias en la prevención de accidentes y por obligar a los operarios a realizar las actividades de manera insegura.
La “seguridad inversionista” está funcionando para favorecer que Drummond recurra a la tercerización laboral, contamine los puertos marítimos, destruya las carreteras con el transporte de carbón y provoque inseguridad en la troncal del Caribe, contamine y destruya los cursos de agua y eluda impuestos, entre otros muchas violaciones de las normas colombianas. Pero principalmente se está favoreciendo el saqueo oprobioso de este recurso energético, por el cual al país le pagan los gringos un miserable 10% de regalías.
Ahora los castigados son treinta dirigentes sindicales y seis trabajadores de base, a quienes se les está aplicando el rigor del desafortunado fallo de la Corte Suprema de Justicia y procediendo a cancelarles el contrato de trabajo. Al momento de escribir esta denuncia, han despedido a 16 y están pendientes de rendir descargo otros 20.
La CUT reclama que cese esta represión contra Sintraminergetica y ha recurrido ante el gerente en Colombia, Augusto Jiménez Mejía, el dueño Gary Drummond, el Ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, el Ministro de Minas, Hernán Martínez, y el mismo presidente Uribe, sin resultado alguno. Queda convocar al movimiento sindical y a los sectores democráticos a unirse a la voz de los trabajadores contra los atropellos de la Drummond que, además del saqueo imperialista, arremete con la complacencia del gobierno nacional contra los derechos económicos y democráticos de los trabajadores del Carbón. En esta dirección pedimos la colaboración de sindicatos, partidos políticos, defensores de derechos humanos, ONG, entre otros, para desplegar la denuncia internacional contra este atropello.
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