| La emergencia económica como pretexto neoliberal. Las CAR quedaron como aparato de bolsillo del Presidente. Se viola la Constitución. Menos controles ambientales a la gran minería. Decreto del 5 de agosto pasado muestra lo que quieren Uribe y Santos. |
El gobierno anunció, haciendo uso de la Emergencia Económica, el decreto de reestructuración de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Por el texto que se conoce se trata de aprovecharse de la tragedia de millones de compatriotas –cuyos problemas deben ser atendidos por el gobierno sin manipulaciones y con seriedad, cosa que no viene sucediendo– para hacer una reforma neoliberal, es decir, apoyada en falacias, en contra del medio ambiente, en beneficio de la gran minería y violando la Constitución.
1. Constituye una falsedad adjudicarles la responsabilidad principal del desastre invernal a las CAR. Solo por ignorancia o por viveza puede afirmarse eso. Porque las normas no les dan poderes suficientes para intervenir con suficiencia en todos los asuntos ambientales del país y porque su presupuesto –de apenas 800 mil millones de pesos para treinta CAR– es a todas luces insuficiente. Es obvio que el presidente Juan Manuel Santos quiere usar a las CAR como chivo expiatorio para ocultar la enorme responsabilidad que en el desastre les cabe a su gobierno y al de Álvaro Uribe, y a los anteriores. Un ejemplo de su culpa: desde mayo del 2009, los habitantes de la zona del Canal del Dique, en el Atlántico, le advirtieron al Ministerio de Vías que el dique amenazaba con fallar y los gobiernos no hicieron absolutamente nada por impedirlo.
2. El verdadero y principal propósito del presidente Santos es arrebatarles la autonomía que la Constitución les confiere a las CAR frente al gobierno nacional, de manera que el jefe del Estado pueda manejarlas a su antojo. En las nuevas CAR, el director será escogido por el ministro de Ambiente y en los consejos directivos tendrán mayoría los nombrados a dedo por el gobierno. Con esto, el gobierno nacional reemplazará a todos los directores por incondicionales suyos y definirá cada nombramiento y contrato, luego de barrer con los cinco mil funcionarios actuales. Así logrará darles el pase a todos los proyectos de gran minería que hoy se encuentran severamente cuestionados por las CAR, como ocurre con el de la Anglo Gold Ashanti, en el Tolima, que amenaza las aguas del departamento. Otra razón más para entender por qué el jefe del Cerrejón, León Teicher, hablando en nombre de toda la gran minería, considera que con Santos “se nos volvió a aparecer la virgen”.
3. Esta determinación del presidente Juan Manuel Santos es antidemocrática e inconstitucional de varias maneras. Porque la Emergencia no sirve para justificar legalmente medidas como esta, que constituyen una especie de dictadura constitucional calculada para romper con la separación de los poderes. Porque este uso abusivo de la Emergencia apunta a arrebatarle al Congreso el derecho constitucional de reformar las CAR, a partir del debate político democrático. Y porque es por completo violatorio de la Carta arrebatarles la autonomía a las CAR y someterlas al control del poder Ejecutivo, pues dicha autonomía es de rango constitucional. Sobre esto último, la Corte Constitucional dijo:
“El mandato de coordinación entre las distintas autoridades ambientales no puede traducirse en una subordinación orgánica de las CAR a las autoridades nacionales, que anule el contenido de autonomía de las CAR. Vulneran entonces la Carta todas aquellas regulaciones legales que desconozcan el manejo autónomo de sus asuntos por parte de esas entidades, ya que ese manejo hace parte del contenido constitucionalmente protegido de la autonomía” (Sentencia C-462 de 2008).
Como siempre en Colombia, no hay medida retardataria que no se presente en nombre de la lucha contra la politiquería, cuando los primeros politiqueros son los que así proceden para ocultar que su politiquería está puesta al servicio de intereses que no son los nacionales. Que lo que haya que mejorarles a las CAR –donde sin duda hay problemas–, se mejore, pero sin astucias ni manipulaciones demagógicas, respetando la Constitución y no para destruirles sus aspectos positivos.
Santos sí se tomó las CAR
Conocido el decreto de intervención de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) se confirma que el gobierno sí se aprovechó del desastre invernal para tomárselas. La reforma destituye a dos de los actuales directores de las CAR, que serán reemplazados por los que indique el Presidente de la República y desde el 2012 nombrará al resto. Además, el gobierno también se quedó con la mayoría en los Consejos Directivos de las corporaciones. Así, Juan Manuel Santos definirá a su antojo la política ambiental de las CAR, cosa que es ilegal porque les viola la autonomía que les confiere la Constitución, y se queda también con la capacidad para determinar la contratación y la nómina.
En el decreto el gobierno desnuda su manipulación. Porque primero dice que el desastre invernal era imprevisible, con lo que se absuelve por su negligencia y justifica la emergencia económica, pero luego le echa la culpa del desastre a las CAR. Para el senador del Polo Democrático Alternativo, las CAR como aparato de bolsillo de Santos no podrán defender los intereses medioambientales de las regiones, como ha sucedido en Tolima frente al proyecto de gran minería de la AngloGold Ashanti.
Lo que quiere Santos, que también lo intentó Uribe, se desnuda por el Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, en el empalme de los dos gobiernos. Ese decreto les quitó a las CAR la función de otorgar licencias, concesiones y permisos a los proyectos de gran minería e hidrocarburos en la etapa de exploración, para entregarle esta potestad al Ministerio de Ambiente.
El senador Robledo reiteró que, excusándose en la tragedia de millones de colombianos, el gobierno impone una especie de dictadura constitucional, pasa por encima del Congreso y profundiza las políticas sociales y económicas neoliberales que ya venían del gobierno de Álvaro Uribe.
Robledo denunció que el rumbo de los asuntos medioambientales también lo ilustra el Decreto 1469 de 2010 que permite que se otorguen licencias urbanísticas para construir en zonas de alto riesgo o amenaza alta.
Que lo que haya que mal en las CAR, pues que se resuelva, pero no violando la Constitución ni despojándolas de los aspectos positivos de su estructura institucional.
(*) Jorge Enrique Robledo es Senador del Polo Democrático Alternativo.
http://prensarural.org/spip/spip.php?article5213
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