Tariq Ali, The Obama Syndrome
«Di una cosa durante la campaña y haz otra una vez en el cargo, y te conviertes en un típico político hipócrita.»
Barack Obama, The Audacity of Hope
Dos años de victorias políticas para Wall Street
En una entrevista para Bloomberg Businessweek publicada en febrero de 2010, el presidente Obama se quejaba amargamente de las críticas que estaba sufriendo su Administración: «la ironía es que en la izquierda se nos percibe como vendidos a los grandes negocios. Mientras que en el lado empresarial, se nos percibe como antiempresariales. (...) si miras a nuestras políticas reales, a diferencia de la especulación sobre nuestras políticas, estas han sido fundamentalmente favorables al mundo de los negocios». A Obama no le faltaba razón. Las críticas de la derecha empresarial han sido sorprendentemente duras con el presidente e injustas con los hechos. En cambio, para la mayoría trabajadora estadounidense, la Administración Obama está sirviendo a los intereses de Wall Street por encima del interés general. Según una encuesta publicada en septiembre de 2009, un 76% de los estadounidenses creía que la política económica del gobierno había favorecido a los grandes bancos, mientras que tan solo un 33% tenía la impresión de que se estuviera ayudando al trabajador medio. [1]
La desconfianza de la izquierda empezó a fraguarse poco después de la victoria electoral del 4 de noviembre de 2008, cuando el presidente electo fue anunciando los futuros nombramientos de altos cargos. Los keynesianos que inicialmente habían formado parte del amplio equipo de consejeros de Obama durante la campaña —Joseph Stiglitz y Robert Reich, entre otros— fueron rápidamente arrinconados. El proceso de selección reveló las marcadas preferencias de Obama por el ala neoliberal del Partido Demócrata. Larry Summers, principal consejero económico del presidente, encarna mejor que nadie la continuidad con los demócratas neoliberales clintonianos. Summers había ocupado el cargo de secretario del Tesoro en la última época de Clinton, sustituyendo a su gran amigo y mentor Robert Rubin. Desde su puesto, saboteó con éxito los intentos de regularización de los “derivados financieros” (descritos por Warren Buffet como «armas financieras de destrucción masiva») y contribuyó decisivamente a revocar laGlass-Steagall Act de 1933 (la ley que separaba la banca comercial de la banca de inversión). Junto con Rubin, Summers favoreció la creación de enormes conglomerados bancarios y la extensión de actividades de alto riesgo a todas las grandes instituciones financieras. Para el decisivo puesto de secretario del Tesoro, Obama nombró a Tim Geithner, el entonces presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y discípulo directo de Summers y Rubin. [2]
El equipo económico capitaneado por Geithner empezó su trabajo con dos frentes importantes. En primer lugar, la gestión y expansión del rescate bancario iniciado por la Administración Bush II, con el apoyo de la mayoría de demócratas en el Congreso. La gestión se caracterizó por la misma opacidad y el mismo favoritismo hacia los grandes bancos que había ejercido la administración anterior. La segunda respuesta urgente fue la aprobación de la Ley de Reinversión y Recuperación de Estados Unidos de 2009, un conjunto de medidas fiscales de inspiración keynesiana para estimular la demanda, principalmente a través de un fuerte y repentino aumento del gasto público federal. Según estimaciones del propio gobierno, este plan de estímulo económico ayudó a evitar el colapso de la economía, pero su efecto en el freno a la destrucción de empleo quedó relativamente diluido por el alto volumen de recortes de impuestos (un tercio del presupuesto total del plan) y por la necesidad de recurrir al auxilio de estados y ayuntamientos al borde de la quiebra, con lo que la subida de gasto federal apenas consiguió compensar el descenso de gasto público del resto de administraciones. [3]
Una vez aprobadas las medidas de urgencia, la Administración Obama y los congresistas demócratas centraron sus esfuerzos de política económica en un proyecto que pretendía ser el antídoto estructural para futuras crisis: la reforma financiera. Las propuestas que se debatieron incluían el restablecimiento de la separación entre la banca comercial y la banca de inversión, más transparencia y regulación de los derivados financieros y el fin de la incestuosa relación comercial entre las agencias de calificación de deuda y sus clientes. La seriedad de las propuestas de reforma reflejaba un cambio en el estado de ánimo de la población, cada vez más enfurecida con la élite financiera de Wall Street. Según una encuesta realizada porTime Magazine en octubre de 2009, el 67% de los norteamericanos querían que el gobierno forzara limitaciones en las retribuciones de los altos directivos bancarios y el 59% exigía una mayor regulación gubernamental del sector financiero. Desde el principio, los pasillos del Capitolio fueron convenientemente regados con abundante dinero para intentar aislar a los legisladores de la voluntad popular mayoritaria. Con el objetivo de evitar un serio freno a la fiesta especulativa, las grandes firmas financieras no tuvieron reparos en utilizar dinero público del rescate financiero. De los más de 1.500 miembros de lobbys registrados en el proceso de reforma financiera, solo 58 representaban asociaciones de consumidores, sindicatos u otras organizaciones partidarias de una mayor regulación del sector financiero. Sus adversarios los superaban en una proporción de 25 a 1. [4]
A principios de enero de 2010, ante la inminente derrota de los demócratas en las elecciones especiales para senador en Massachusetts, la Casa Blanca pareció marcar un distanciamiento con el mundo de las finanzas. En unas declaraciones televisivas para el programa 60 minutes , Obama afirmó que no se había presentado a las elecciones para estar ayudando «a una pandilla de peces gordos de la banca». Para decepción de sus partidarios de izquierda, las declaraciones del presidente fueron rápidamente desmentidas por los hechos. Aquel mismo enero, y a pesar de la oposición inicial de los líderes demócratas en el Congreso, Obama presionó fuertemente para conseguir la reelección de Ben Bernanke al frente de la Reserva Federal, el banco central estadounidense. Bernanke, nombrado por George W. Bush como sucesor de Allan Greenspan, no se ha destacado precisamente por una actuación brillante. Se le acusa de ser uno de los responsables directos de la burbuja inmobiliaria que estalló en el verano de 2007 y de inmiscuirse continuamente en cuestiones que rebasan sus competencias en política monetaria, como sus repetidas declaraciones señalando las prestaciones sociales como una de las principales causas del déficit presupuestario. [5]
Justamente la resucitada lucha contra el déficit marcaría el rumbo derechizado de la Administración Obama en su segundo año. El 27 de enero de 2010, un día antes de que una mayoría ajustada de senadores confirmara a Bernanke, Obama anunció la nueva prioridad antidéficit de su Administración con toda la pompa institucional posible. En el discurso del Estado de la Unión, el presidente concretó los primeros pasos de su plan para combatir el déficit con una propuesta de congelación general del gasto público para los siguientes tres años. La propuesta incluía tantas excepciones, especialmente en gasto militar y en seguridad social, que finalmente solo afectaba a una sexta parte del presupuesto. Más allá de su efecto inmediato, el discurso de Obama daba un espaldarazo al relato reaccionario y anticientífico de la crisis, preparando así el terreno para futuras concesiones a la derecha. Según el economista James K. Galbraith, vicepresidente de la Americans for Democratic Action —la histórica organización de la izquierda anticomunista norteamericana—, la congelación del gasto público de Obama suponía «otro sacrificio simbólico a los dioses del déficit». La nueva prioridad antidéficit del gobierno no responde a las preocupaciones de los votantes. Según una encuesta de CBS News, solamente un 4% de los americanos creen que el Congreso debería centrarse en la lucha contra el déficit, mientras que el 56% considera que lo más importante es la economía y la creación de empleo. En cambio, la propuesta de congelación del gasto público complació a los representantes intelectuales de los grandes bancos, quienes, después de mantener un oportuno silencio durante los rescates bancarios, habían reanudado sus exigencias histéricas de reducción drástica del déficit por medio de recortes sociales. «A los bancos no les gustan los déficits porque compiten con los préstamos bancarios como fuente de crecimiento», concluía Galbraith en un artículo de título provocador. [6]
Restablecida la atmósfera intelectual conservadora en la Casa Blanca, los legisladores acomodaron la reforma financiera a las demandas más importantes de Wall Street. No se ha restablecido la separación entre banca comercial y banca de inversión y se ha mantenido fuera de la regulación a buena parte de los derivados financieros, como las permutas de divisas que Goldman Sachs hizo famosas en Grecia. Cuando los legisladores estaban haciendo los últimos retoques a la ley, The Economist tranquilizó a sus lectores: «Wall Street se quejará pase lo que pase, pero sabe que las cosas podrían haber sido peor. (...) Los gigantes de la industria financiera no serán despedazados, ni obligados a encogerse ni a desprenderse de sus bancos de inversión. El daño a los beneficios se podrá manejar. (...) Los bancos encontrarán nuevos negocios, inventarán formas de eludir las normas». [7]
Con la reforma financiera, la doctrina antiliberal aplicada durante la crisis por los equipos económicos de Bush y Obama, conocida eufemísticamente como “too big to fail” (demasiado grande para quebrar), se ha visto nuevamente reforzada. Según los mandarines del Departamento del Tesoro, el papel principal del Estado en la economía debe ser el de “prestamista de último recurso”, ayudando masivamente a los grandes bancos a evitar la quiebra para que la economía pueda retornar, con su estructura intacta, a los niveles de falsa prosperidad de 2007. Para poder llevar a cabo una política tan impopular, la ayuda a los grandes bancos debe hacerse a través de la Reserva Federal, “libre de la intromisión de los políticos” (es decir, sin transparencia ni control democráticos). El principal problema práctico de la doctrina “too big to fail” es que, al limitar el auxilio financiero del Estado a aquellos grandes bancos cuya quiebra pueda implicar un desastre para el conjunto de la economía, se está incentivando una todavía mayor concentración económica en el sector financiero y, a la vez, un aumento del riesgo —cuando un banco consigue el estatus de “demasiado grande para quebrar”, el Estado se compromete a cubrir todas sus posibles pérdidas, aunque estas sean fruto de apuestas irresponsables y arriesgadas. Teniendo en cuenta estos incentivos, no resulta nada sorprendente la ola de fusiones y compras bancarias de los últimos años. Desde la última reforma, esta tendencia al engrandecimiento de las principales firmas financieras viene también acentuada por la ausencia de regulación en las operaciones financieras internacionales, con lo que la próxima crisis financiera promete ser más devastadora y globalmente intrincada que la anterior. [8]
El éxito de la doctrina “too big to fail” entre la clase dominante estadounidense tiene que ver con la transformación de la estructura económica en las últimas décadas, en las que el centro del motor económico nacional se ha ido desplazando paulatinamente hacia las finanzas en detrimento de la producción manufacturera. En 1960, los beneficios de la industria financiera norteamericana suponían el 17% del conjunto de los beneficios empresariales, mientras que en 2007 esta cifra había alcanzado el 44%. Esta tendencia, descrita en 1997 por el economista marxista norteamericano Paul Sweezy como “la financiarización del proceso de acumulación de capital”, ha tenido serias repercusiones en la cúspide de la clase capitalista. En 1988, entre los diez altos ejecutivos mejor pagados del país, no había ningún representante del sector financiero. En 2007, eran cuatro de los cinco primeros. [9]
En los pasillos del Departamento del Tesoro, los intereses de las grandes firmas financieras han sido debidamente protegidos por un mecanismo muy efectivo: la puerta giratoria. En efecto, la presencia de antiguos o futuros ejecutivos de los grandes bancos —con un claro predominio de Goldman Sachs y Citigroup— ha sido una constante en las administraciones de Clinton, Bush II y Obama. Los dos grandes partidos mantienen un fuerte consenso bipartidista en sus relaciones con los magnates de Wall Street. En el seno del Partido Demócrata, el ala financiera ocupa una posición mucho más influyente que la del mundo del trabajo. Lamentablemente, los sindicatos arrastran un fuerte declive desde que Ronald Reagan les declaró una guerra abierta a partir de la huelga de controladores aéreos de 1981. Tal como señala el politólogo de la Universidad de Princeton, Larry Bartels: «En la era del New Deal , el Partido Demócrata era tan liberal como podía serlo sin enemistarse con los racistas sureños. En la era contemporánea, el Partido Demócrata es tan liberal como puede serlo sin enemistarse con los banqueros de Wall Street». [10]
Para la base de votantes demócratas, la política económica de un Partido Demócrata dominado por el ala progresista de Wall Street resulta inaceptable. Ante las quejas de la izquierda, la Administración Obama les recuerda que el suyo es un gobierno más compasivo con los más pobres que el de sus predecesores republicanos. Ciertamente, en algunos ámbitos, la Administración Obama ha avanzado medidas para paliar el sufrimiento inmediato de los más necesitados. Un caso significativo es el de la lucha contra el hambre. Gracias al aumento de la pobreza y a los esfuerzos del gobierno para mejorar el acceso al programa federal de ayuda a los hambrientos, hoy en día unos 36 millones de norteamericanos usan cupones de comida del gobierno. El programa ayuda a alimentar a uno de cada cuatro niños norteamericanos. Sin embargo, el aumento en cupones de comida no ha conseguido atenuar del todo la indignación popular ante la llamada “recuperación sin empleo”. Actualmente, la tasa de desempleo real se sitúa entorno al 17% (uno de cada seis trabajadores). Los beneficios empresariales han alcanzado un nuevo récord histórico en dólares nominales, aunque este aumento espectacular no está basado en un aumento en el consumo sino en la destrucción de empleo local. Mientras el crédito sigue congelado para familias y pequeñas empresas, los directivos de los bancos se han premiado a sí mismos con las mayores retribuciones de su historia. Con razón o sin ella, la mayoría de votantes del Partido Demócrata esperaba otro tipo de política económica para afrontar la crisis, una en la que los sacrificios de la crisis fuesen repartidos de forma algo más equitativa. En tiempos de relativa bonanza económica, el Partido Demócrata demuestra ser muy hábil a la hora de contentar a sus diferentes bases sociales, pero la catastrófica situación económica actual no permite los malabarismos políticos de antaño. No es de extrañar, pues, que el Partido Demócrata fuera incapaz de arrastrar al grueso de los votantes de izquierda a las urnas en las elecciones congresuales de 2010, en las que la abstención y el Partido Republicano vencieron de forma rotunda. [11]
Pocos avances en la reforma sanitaria
En la campaña presidencial de Obama, la mayoría de propuestas concretas no tenían que ver con la política económica, sino con la reforma del sistema sanitario. Sin duda, la elección tenía cierto sentido. Junto con el sistema penitenciario, la desigualdad en el acceso al cuidado sanitario constituye uno de los aspectos más duros y violentos de la lucha de clases en Estados Unidos. Decenas de millones de norteamericanos de las clases populares no cuentan con ningún tipo de seguro médico y, cuando enferman, solo se pueden permitir acudir a las salas de urgencias de los hospitales, donde se supone que deben ser atendidos por ley. El sistema actual resulta especialmente lucrativo para las compañías de seguros y la industria farmacéutica. Los costes del sistema están descontrolados y afectan muy negativamente a la creación de empleo digno. Estados Unidos cuenta con un sistema de salud ineficiente y desigual, lo que no impide que sea, con mucho, el país del mundo que dedica un porcentaje más elevado de su PIB al gasto sanitario. [12]
En su primer año, la Administración Obama marcó la reforma sanitaria como su principal prioridad legislativa. En un principio, se trataba de garantizar un acceso casi universal a la sanidad, extendiendo ayudas a los más pobres y abaratando costes innecesarios. Para conseguirlo, la industria de seguros médicos y la farmacéutica tendrían que sufrir una inevitable pérdida parcial de beneficios, gracias a la puesta en marcha de un seguro público de sanidad que competiría con los privados y que, gracias a su tamaño, también podría negociar a la baja los precios de los medicamentos. El resultado final contiene elementos positivos. Gracias a la nueva ley, quedarán prohibidos algunos de los abusos más escandalosos de la industria de los seguros médicos. A partir de septiembre de 2010, las compañías de seguro ya no podrán rechazar a los solicitantes en función de su condición médica. Tampoco podrán rescindir unilateralmente el contrato de seguro una vez el cliente haya enfermado. Otro aspecto positivo es que, a partir de 2014, todos los ciudadanos americanos y residentes extranjeros legales que ganen menos del 133% del nivel de pobreza federal —en 2009 eso equivalía a 10.830 dólares— podrán optar a ayudas públicas para su cuidado médico. Se calcula que unos 16 millones de personas se beneficiarán de esta extensión de las ayudas públicas a los más pobres. [13]
A pesar de estos avances, la reforma sanitaria ha provocado una enorme decepción entre la izquierda norteamericana, ya que la nueva ley no se propone cambiar los problemas estructurales de la sanidad en Estados Unidos. La mayoría de trabajadores seguirá dependiendo del seguro médico vinculado a su puesto de trabajo —a menudo precario y con numerosos copagos. En la negociación con los lobbys empresariales del sector sanitario y con la derecha del Partido Demócrata en el Congreso, Obama tuvo que sacrificar al menos cuatro de sus principales promesas electorales sobre la reforma sanitaria. Finalmente, no habrá opción de seguro público, se gravarán los planes de salud de calidad que normalmente tienen los trabajadores sindicados, continuará la restricción a la importación de medicamentos a bajo precio procedentes de Europa y Canadá y, a no ser que se puedan demostrar unos ingresos míseros, se obligará a todos los ciudadanos estadounidenses a contratar un seguro privado de sanidad o a pagar una multa. Para Marica Angell, profesora en la Harvard Medical School, la reforma de Obama «requiere que millones de personas compren productos al precio que fijen las compañías de seguro. Es cierto que algunas de las prácticas discriminatorias de la industria pasarán a ser ilegales, pero si eso se suma a sus costes, simplemente pueden aumentar las primas». La frustración va más allá de los académicos progresistas. Howard Dean, médico de profesión y antiguo gobernador demócrata del Estado de Vermont, afirmó: «Si yo fuera senador, no votaría a favor de la actual ley de sanidad. Cualquier medida que amplía el monopolio de las compañías de seguros y transfiere millones de dólares del contribuyente a corporaciones privadas no es una auténtica reforma de la sanidad». [14]
BP y los debates trasnochados
El nuevo secretario de Interior bajo la Administración Obama, Ken Salazar, había sido senador demócrata por Colorado desde 2005. A Salazar se le consideraba un demócrata moderado, pero esto no le impidió criticar ferozmente a la Administración republicana. Concretamente, Salazar censuró con vehemencia la lentitud de George W. Bush a la hora de abrir nuevas áreas para la perforación submarina de petróleo. Durante los doce primeros meses de la Administración Obama, el secretario Salazar aprobó el arrendamiento de 53 millones de acres (214.483,39 km2) para la perforación submarina de petróleo, superando los récords de la Administración anterior. Por si fuera poco, a finales de marzo de 2010, Barack Obama anunció, en la base militar área de Andrews (Maryland), su propuesta de abrir vastas extensiones de las costas estadounidenses para la perforación submarina de petróleo y de gas natural. La extensión de la propuesta incluía casi toda la costa atlántica, la costa este del Golfo de México y la costa norte de Alaska. Ecologistas y científicos quedaron horrorizados. El presidente no desaprovechó la ocasión para sermonear al público sobre las virtudes de su tan cacareado centrismo: « En última instancia , tenemos que ir más allá de los debates trasnochados de la izquierda y la derecha , entre los líderes empresariales y los ecologistas , entre aquellos que afirman que la perforación es una panacea y los que dicen que no debería tener lugar ». [15]
Esos “debates trasnochados” retornaron trágicamente pocas semanas después, el 20 de abril de 2010, cuando una explosión en un pozo de British Petroleum (BP) en el Golfo de México causó la muerte de 10 trabajadores y derramó millones de galones de petróleo al océano. Se trataba del peor desastre ecológico en la historia del país. Un desastre provocado, principalmente, por las políticas de energía de Clinton, Bush II y Obama. Las organizaciones ecologistas pidieron responsabilidades a la Casa Blanca por su negligencia ante las torpezas y el comportamiento criminal de BP, así como por el impulso dado a la perforación submarina desde la Administración. Robert Reich, secretario del Trabajo durante la Administración Clinton, pidió que el gobierno confiscara inmediatamente las instalaciones de BP para hacer frente a la emergencia. Las críticas y propuestas de la izquierda fueron desoídas. Muchos se preguntaban por qué el gobierno se mostraba tan insensible con las críticas de los ecologistas y tan dócil con una gran empresa petrolífera extranjera.
Consenso bipartidista en política exterior
A diferencia de lo que piensa el jurado del premio Nobel de la Paz, en Estados Unidos hay un gran consenso en recalcar el continuismo entre la política exterior de la Administración Obama y la de sus predecesores, especialmente respecto al segundo mandato de George W. Bush. Los responsables de la política exterior de la anterior Administración no vacilan en dar fe de este consenso. La última secretaria de Estado republicana, Condoleezza Rice, ha celebrado en más de una ocasión el alto grado de coincidencia entre su gestión y la de la actual secretaria, Hillary Clinton. El continuismo en la Secretaría de Defensa (también conocida metonímicamente como el Pentágono) ha sido todavía más obvio. Obama mantuvo en su puesto al último ocupante, Robert Gates, republicano y alto funcionario de la CIA, cuya mancha más conocida en su currículo fue su cercanía con los máximos implicados en el escándalo Irán-Contra, hecho que le costó la nominación para jefe de la CIA en 1987. En el proceso de nominación para sustituir a Donald Rumsfeld como secretario de Defensa en 2006, también salieron a la luz sus recomendaciones de bombardear Nicaragua en 1984. [16]
A pesar de mantener a Gates, Obama no se ha librado de ser acusado de “blando con el terrorismo” por parte del vicepresidente Dick Cheney y de ciertos elementos marginales de la extrema derecha. En febrero de 2010, The Economist salió en defensa del presidente: «[Obama] es totalmente despiadado a la hora de golpear a sus enemigos hasta dejarlos hechos pedazos. (…) El señor Obama ordena asesinatos a un ritmo mucho más ágil que el de George W. Bush». En efecto, la Administración actual está apostando sistemáticamente por el asesinato de sospechosos de terrorismo en distintos países del mundo, en detrimento de la captura e interrogación. El Consejo Nacional de Seguridad de la Administración Obama incluso sentó un nuevo y sorprendente precedente al autorizar el asesinato selectivo de un ciudadano norteamericano, Anwar al-Awlaki, un imán de Nuevo México supuestamente escondido en Yemen. En la intensificación de asesinatos de presuntos terroristas, Obama parece haber encontrado una solución relativamente discreta al problema de relaciones públicas que supondría seguir llenando la prisión de Guantánamo. (17)
En campaña, Obama prometió llevar a cabo una lucha contra el terrorismo con más respeto a los derechos humanos y a las garantías constitucionales. Una vez en el cargo, Obama prohibió la tortura por asfixia simulada y cerró las prisiones secretas de la CIA, pero, en lo sustancial, los aspectos más regresivos de la legislación antiterrorista siguen vigentes: el uso de comisiones militares para juzgar a los sospechosos de terrorismo, la detención preventiva sin juicio y la “rendición extraordinaria” (la práctica de capturar y trasladar extrajudicialmente a prisioneros a terceros países para ser encarcelados e interrogados). El historiador Howard Zinn, poco antes de morir, confesaba haber esperado otro rumbo: «Esta es la mayor decepción, porque Obama fue a la Harvard Law School y se supone que se dedica a los derechos constitucionales. (…) cuando Obama propone sacar a la gente de Guantánamo y meterla en otras cárceles, no es que esté llevando muy lejos la causa de los derechos constitucionales». [18]
[1] «Obama’s corporate messaging», Bloomberg Businessweek , 22 de febrero de 2010; New Hart Research Poll , «Tracking the recovery: Voters’ views on the recession, jobs, and the deficit», Economic Policy Institute , 30 de septiembre de 2009.
[2] Incluso el presidente Clinton ha mostrado arrepentimiento público por haber seguido los consejos de Rubin y Summers y ha cuestionado su supuesta brillantez intelectual: «Su argumento era que los derivados no necesitaban transparencia porque “eran caros y sofisticados y solo un puñado de personas los comprarían y no necesitaban ninguna protección extra,” (…) El defecto en su argumentación es que, en primer lugar, a veces las personas con mucho dinero toman decisiones estúpidas y lo hacen sin transparencia alguna». Zumbrun , Joshua, «Clinton Says Rubin, Summers Advice on Derivatives Was ‘Wrong’», Bloomberg Businessweek , 19 de abril de 2010.
[3] El trato de favor a las grandes firmas financieras contrasta con la dureza dispensada a los pequeños bancos, cuya actividad financiera acostumbra a estar más vinculada con la economía productiva. En 2008 quebraron 25 pequeños bancos en un solo año, mientras que en 2009 la cifra se había elevado hasta llegar a los 140. Antes de terminar 2010, ya habían cerrado 149. Dash , Eric, «Failures of Small Banks Grow, Straining F.D.I.C.», The New York Times , 10 de octubre de 2009: Dash , Eric, «F.D.I.C. Says Many Small Lenders Are Still at Risk», The New York Times , 23 de noviembre de 2010.
[4] Sloan , Allan, «What’s Still Wrong with Wall Street», Time Magazine , 29 de octubre de 2009; Kranish , Michael y Wirzbicki , Alan, «Bailed-out banks lobby hard to stave off limits», The Boston Globe , 27 de septiembre de 2009; Salant , Jonathan D. y O’Leary , Lizzie, «Citigroup Taxpayer Ownership Doesn’t Prevent Lobbying», Bloomberg News , 23 de octubre de 2009.
[5] Williamson , Elizabeth, «Obama Slams ‘Fat Cat’ Bankers», The Wall Street Journal , 14 de diciembre de 2009; Irwin , Neil y Montgomery , Lori, «Federal Reserve Chairman Ben Bernanke sounds a warning on growing deficit», The Washington Post , 8 de abril de 2010. Una buena parte de los congresistas demócratas consideran a Bernanke un personaje sumamente peligroso. Su especialización en el campo de la historia económica es precisamente la Gran Depresión y, como ardiente seguidor de Milton Friedman, mantiene una interpretación de tipo monetarista. Alcaly , Roger, «How they killed the economy», The New York Review of Books , 25 de marzo de 2010.
[6] Chan , Sewell, «Senate, Weakly, Backs New Term for Bernanke», The New York Times , 29 de enero de 2010; «Briefing America’s deficit. Confronting the monster», The Economist , 20 de noviembre de 2010; Galbraith , James K., «In Defense of Deficits», The Nation , 22 de marzo de 2010.
[7] «America’s reform bill: Give us a huddle», The Economist , 29 de mayo de 2010. La confirmación del éxito de los grandes bancos vino de la mano de las bolsas. Cuando a finales de junio se dio a conocer la versión definitiva de la ley, la cotización de las acciones de los grandes bancos subió de forma sustancial. Baer , Justin, Braithwaite , Tom, Guerrera , Francesco y Kapner , Suzanne, «Bank stocks stage relief rally as cloud lifts», Financial Times , 26 de junio de 2010.
[8] Boone , Peter y Johnson , Simon, «Way too big too fail. Financial reform has a terrifying loophole—and the banks found it», The New Republic , 11 de noviembre de 2010.
[9] Boone , Peter y Johnson , Simon, «Shooting Banks. Obama’s impotent assault on Wall Street», The New Republic , 24 de febrero de 2010. Un análisis convincente y documentado sobre el proceso de financiarización del capitalismo norteamericano y sus consecuencias en la élite económica y política, en: Foster , John Bellamy y Holleman , Hannah, « The Financial Power Elite » , Monthly Review , mayo de 2010.
[10] Kuttner , Robert, A presidency in peril: the inside story of Obama’s promise, Wall Street’s power, and the struggle to control our economic future , White River Junction, Chelsea Green Publishers, 2010, p. xxii .
[11] DeParle , Jason y Gebeloff , Robert, «Food Stamp Use Soars, and Stigma Fades», The New York Times , 29 de noviembre de 2009 ; Rampell , Catherine, «Corporate Profits Were the Highest on Record Last Quarter», The New York Times , 23 de noviembre de 2010; Rappaport , Liz, Lucchetti , Aaron y Grocer , Stephen, «Wall Street Pay: A Record $144 Billion», The Wall Street Journal , 11 de octubre de 2010; Schwartz , Nelson D., «Industries Find Surging Profits in Deeper Cuts», The New York Times , 26 de julio de 2010; Gogoi , Pallavi, «Where are the jobs? For many companies, overseas», The Boston Globe , 28 de diciembre de 2010; Leonhardt , David, «Broader Measure of U.S. Unemployment Stands at 17.5%», The New York Times , 7 de noviembre de 2009.
[12] Randall , Tom, «Health Costs in U.S., World’s Highest, Jumped 47% in Six Years», Bloomberg News , 21 de mayo de 2009.
[13] Oberlander , Johnathan y Marmor , Theodore, «The Health Bill Explained at Last», The New York Review of Books , 19 de agosto de 2010.
[14] Dean , Howard, «Health-Care Bill Won’t Bring Real Reform», The Washington Post , 17 de diciembre de 2009; A A.VV. , «A Nation Forum. Obama at One», The Nation, 1 de febrero de 2010.
[15] Citado en Broder , John M., «Obama Oil Drilling Plan Draws Critics», The New York Times , 31 de marzo de 2010; Clair , Jeffrey St., «Oil Drilling under Clinton, Bush and Obama: Bad to Worse to Catastrophic», Counterpunch , 16-30 de junio de 2010, citado en Ali , Tariq, The Obama syndrome: surrender at home, war abroad , Londres y Nueva York, Verso, 2010, p. 104.
[16] Kessler , Glenn, «Rice meets with Obama, then defends his administration’s approach», The Washington Post , 15 de octubre de 2010 ; Barnes , Julian E., «Gates Pushed for Bombing of Sandinistas», Los Angeles Times , 25 de noviembre de 2006.
[17] «Is Barack Obama tough enough?», The Economist , 25 de febrero de 2010; DeYoung , Karen y Warrick , Joby, «Under Obama, more targeted killings than captures in counterterrorism efforts», The Washington Post , 14 de febrero de 2010; Shane , Scott, «U.S. Approves Targeted Killing of American Cleric», The New York Times , 7 de abril de 2010.
[18] A A.VV., «A Nation Forum. Obama at One», The Nation , 1 de febrero de 2010.
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