“El montaje judicial, desafortunadamente, no constituye una conducta excepcional, inusitada o extraordinaria en Colombia. Es mucho más “normal” de lo que uno pueda imaginarse y (…) se calcula que sólo en los dos primeros años del Gobierno del Presidente Uribe Vélez, se produjeron 6.332 detenciones arbitrarias.”
Padre Javier Giraldo “Carta de Objeción de Conciencia”
El gobierno Colombiano en el afán de mostrar resultados en contra del “terrorismo” ha recurrido a usar las cifras como una herramienta más de guerra. Cada “terrorista” dado de baja, detenido y/o desmovilizado es recompensado con ascensos y/o incentivos económicos y las cifras se utilizan para mostrar el supuesto éxito de la política de Seguridad Democrática.
A pesar de que las ejecuciones han sido una práctica denunciada a nivel nacional e internacional, los montajes judiciales como práctica de “falsos positivos” han quedado prácticamente invisibilizados e impunes, con la excepción de escasas denuncias como el informe de Human Rigths First “Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento”. Tal como ha pasado con las ejecuciones extrajudiciales, las víctimas de estas prácticas no han sido integrantes de las organizaciones guerrilleras, sino civiles, muchos de estos participando activamente en la denuncia y/o la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas. Los montajes judiciales han obstaculizado el trabajo de dichos defensores y a la vez, han sido utilizados para criminalizar y deslegitimar el trabajo en defensa de los derechos de las víctimas y los procesos organizativos tanto en zonas rurales como urbanas.
Los “falsos positivos judiciales” se destacan por sus irregularidades, el papel clave de supuestos desmovilizados de las organizaciones guerrilleras, la recolección ilegal de información por parte del DAS y otros organismos de inteligencia y la fabricación de informes de inteligencia dentro de instalaciones militares que luego son usados por las fiscalías para la apertura de los procesos.
El MOVICE en su trabajo a favor de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición ha sido revictimizado de forma sistemática por integrantes de la fuerza pública, funcionarios públicos y miembros de las estructuras paramilitares. Desde su nacimiento en junio de 2005 el MOVICE ha registrado alrededor de 170 violaciones de derechos humanos en contra de sus integrantes.
Capítulo Antioquia
“Es común que se realicen las investigaciones clandestinamente durante meses o años antes de detenerlos ilegalmente. Dos de los aspectos distintivos de los casos en contra de defensores son el uso de testimonio falso de excombatientes y el uso de archivos de inteligencia inadmisibles. Los cargos suelen basarse en alegaciones espurias de ex guerrilleros cuyo testimonio ha sido preparado o coaccionado por los fiscales regionales. Desde luego, frecuentemente los fiscales y otros públicamente juzgan a los defensores aún sólo con ese tipo de evidencia errónea, lo que obviamente no basta para un proceso penal justo, llevando a un fuerte señalamiento de los defensores como terroristas" (1).
El proceso que ha adelantado la Fiscal 74, seccional destacada ante el CTI en convenio con las fuerzas militares bajo el radicado 686 hace referencia a la existencia de un informe de inteligencia elaborado por el CTI Fiscalía en coordinación con la IV Brigada del Ejército Nacional, en el cual se relaciona a organizaciones políticas, sindicatos, defensoras de derechos humanos, estudiantiles y culturales como supuestos integrantes del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC de las FARCEP)
La investigación referida se inició el 29 de diciembre de 2006 cuando funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones solicitaron a la Fiscalía Seccional Destacada ante la RIME decretar la apertura de investigación previa en contra de varias personas que según “fuentes humanas” forma parte de una agrupación insurgente, más específicamente de las FARC.
En el marco del proceso 686 fue detenido el 10 de junio de 2009 el defensor de derechos humanos e integrante de la Fundación Sumapaz y el MOVICE Capitulo Antioquía Winston Gallego Pamplona, bajo los cargos de rebelión.
Hasta la fecha Winston Gallego Pamplona está detenido en la cárcel de La Dorada (Caldas). En el mismo proceso se ha abierto proceso en contra de otros integrantes del MOVICE Capitulo Antioquía.
Capítulo Caquetá
“El único derecho que tienen las víctimas de este país es de ser revictimizados” (2)
En el informe de la inteligencia militar regional no. 6 MDEJCCIMERIME653.1, fechado el 12 de febrero de 2008, se informa sobre un proceso de judicialización de 97 supuestos integrantes de la red de apoyo del Frente Amazónico de las FARCEP.
Hasta la fecha, alrededor de 10 de estas personas han sido detenidas en operaciones militares mediáticas, como fue la detención masiva de 21 personas en Cartagena del Chaira en mayo de 2008.
A las personas mencionadas en el informe de inteligencia, se las ubica con nombre y/o alias y varios, con dirección de domicilio, número de teléfono y fotografía. Entre estas personas se encuentran varios integrantes del Capítulo del MOVICE en Caquetá, el presidente de la Corporación Caguán Vive, abogados de presos políticos, profesores de la Universidad La Amazonia, miembros de ASOTAXIS, ASOGRICAK, FENSUAGRO, el presidente regional de ASPU, ASODEMCA, la JUCO, miembros del Polo Democrático Alternativo y del partido liberal, así como varios candidatos a las alcaldías en la región, exconcejales y candidatos a las asambleas municipales.
Capítulo Norte de Santander
“Ahora con los falsos positivos judiciales, en donde se insiste en perpetuar la persecución y criminalización de los habitantes del Catatumbo, no solo el ejército desarrolla sus habituales acciones ilegitimas, sino que un órgano de control como la Fiscalía, despliega todas sus facultades para legitimarlo, quedando la población confundida, desprotegida, vulnerada y desconcertada por la reacción del Estado que continua agrediéndola en lugar de brindarle el acceso a servicios, satisfacción de sus necesidades básicas y realización de sus derechos humanos” (3).
Entre el 6 y 9 de febrero de 2010 fueron capturados 18 líderes sociales y/o campesinos en la región del Catatumbo, la mayor parte de ellos pertenecientes a la organización campesina ASCAMCAT, que forma parte del Capítulo del MOVICE Norte de Santander. Las detenciones fueron precedidos de unas retenciones masivas en El Tarra los días 6 y 7 de febrero, donde fueron retenidas entre 100 y 150 personas. A la vez se conoce de un listado con alrededor de 78 nombres de campesinos y campesinas a quienes se les ha expedido orden de captura por parte de la Fiscalía 29, cuyas instalaciones se encuentran al interior de la Brigada 30 en la ciudad de Cúcuta. Esta situación desconoce los principios de autonomía e independencia judicial, y convierte a la fiscalía en un apéndice de las fuerzas militares; convirtiéndola en un factor de temor y amenaza para las personas capturadas, sus familias y defensores, ya que son precisamente los militares adscritos a esta Brigada, quienes han llevado a cabo un gran número de crímenes y vulnerado los derechos de los campesinos de la región
Las órdenes de captura en contra de los dirigentes de ASCAMCAT José del Carmen Abril Abril y Jhonny Abril Salcedo, quien había participado a finales de enero en un taller del MOVICE Nacional en la ciudad de Bogotá, muestran el interés que hay detrás de los falsos positivos judiciales de romper los procesos organizativos.
Exigimos:
A la Justicia Colombiana la liberación inmediata de Carmelo Agámez, Winston Gallego, Dioscamel Galvis Vergel, Neider Carrascal, Héctor Saúl Carrascal, Yorgen Acosta, José Alberto Quintero Salazar, Jesús Antonio Quintero Salazar, Olinto Salazar Pabón, Gabriel Quintero, Aleida Angarita, José de Dios Benítez, Roimer Carrascal, Edison Márquez y las otras personas detenidas en La Tarra el 7 de febrero como también cerrar los procesos en contra de los integrantes del MOVICE y otros defensores de derechos humanos y lideres sociales y campesinos en Antioquía, Caquetá y Catatumbo.
A la Fiscalía General de la Nación que ningún informe de inteligencia pueda utilizarse como evidencia en un proceso penal o administrativo.
A la Fiscalía General de la Nación que ningún informe ni testimonio ofrecido por testigos reintegrados puede usarse como prueba en un proceso judicial, tal y como ha señalado la Corte Constitucional en reiteradas instancias.
Al gobierno colombiano que da un respaldo público a la labor de los defensores de derechos humanos en cumplimiento con la Directiva Presidencial 007 de 1999 y 2001 y la Directiva 009 de 2003 del Ministerio de Defensa.
El traslado de las fiscalías ubicadas dentro de brigadas del Ejército.
Al Estado Colombiano que garantice la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) y a “garantizar la protección [...] de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la [...] Declaración” (Art. 12.2).
Notas:
(1) “Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento” Human Rights First febrero 2009
(2) Campesino de la Unión Peneya (Caquetá) marzo de 2010
(3) “Informe Comisión de Verificación Extraordinaria en el Catatumbo” Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez 24/03/2010
Sobre el mismo tema, ver en Rebelión: "Más de 40 personas son liberadas tras “falso positivo” jurídico masivo" (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104161)
Fuente: http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=554&Itemid=1
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