No es la intención en este artículo dar detalles de lo que hemos podido ver sobradamente en los medios de comunicación si no de lo que no hemos visto.
No se ha dicho que las FACH (fuerzas armadas de Chile) estuvieron más de 35 horas esperando a que el Ministerio del Interior diera la instrucción de llevar ayuda humanitaria a las zonas afectadas ni tampoco se ha dicho que, en las horas subsiguientes al terremoto, empezó la especulación con los precios de gasolina, agua, transporte, alimentos y artículos de primera necesidad aprovechando, precisamente, la laguna abierta por el propio gobierno. Toda esta situación propicio los mal llamados “saqueos” que los medios de aquí y de allá se encargaron de criminalizar para justificar una entrada del ejercito en la zona afectada (7000 efectivos) y la implantación del toque de queda. Una de las cosas mas denunciables de esta decisión (a parte de que no se vivía un toque de queda en Chile desde la dictadura) es que fue tomada con una sospechosa rapidez (al día siguiente del terremoto) es decir, se priorizó la defensa de la propiedad privada cuando todavía no se habían ni restablecido los suministros básicos de agua, luz etc. Incluso, el mismo día 28 el presidente (todavía electo) Sebastián Piñera criticó la tardanza de la decisión y declaro que lo más urgente en esos momentos era "restablecer el orden público para llevar tranquilidad a la ciudadanía”.
Lo segundo que no se dice es que pasa con todas las personas que perdieron su vivienda a causa del sismo. La firma estadounidense AIR Worldwide estima que las pérdidas aseguradas probablemente superen los 2.000 millones de dólares (1.474 millones de euros), con unas pérdidas económicas totales que sobrepasarían los 15.000 millones (11.056 millones de euros). No obstante, se calcula que solo una parte del daño ocasionado a estas propiedades está asegurada, estimándose en menos de un 10% la penetración del seguro para residencia. Estas cifras nos hacen ver lo dramático de la situación para todas aquellas familias que han perdido su hogar y, teniendo en cuenta que en Chile no hay un fondo para riesgos catastróficos de terremotos o un fondo común o poolde aseguradoras como la CEA de California no quedan muchas opciones: o endeudarse con un banco o vivir de allegado en casa de algún familiar...eso, en el mejor de los casos. Es por esto que una de las reivindicaciones en estos momentos desde la izquierda no institucional chilena es la supresión de la deuda habitacional, casas dignas para los allegados y voluntad política para empezar con proyectos de vivienda impulsados y supervisados por los propios pobladores. En este sentido ya se están produciendo varias experiencias.
Enlazando con lo anterior, lo tercero que no se dice es que las empresas constructoras esperan sacar provecho de los efectos del terremoto. Como ejemplo, el caso del Barrio Yungay en Santiago. Dicho barrio lleva años en lucha vecinal contra las grandes constructoras que se empeñan en tirarlo abajo. Horas después del terremoto los medios de comunicación chilenos daban la noticia que el barrio estaba en ruinas cosa que obligó a diversos vecinos a filmar un video demostrando que no era así. En el mismo documento se puede ver como se trata de demoler un edificio sin ningún tipo de autorización (http://www.dailymotion.com/
En medio de todo este contexto y con constantes temblores que no habían censado desde el día del sismo, el jueves 11 de marzo se realizó la envestidura de Sebastián Piñera como nuevo presidente de Chile. Frente a invitados de “honor” como José Maria Aznar o Mario Vargas Llosa, el nuevo presidente anunció una de las “grandes” medidas contra los efectos del terremoto: el proyecto de ley “bono marzo” que supondría que cuatro millones de personas reciban un bono de 40.000 pesos (para hacerse una idea, el sueldo mínimo en Chile es de 130.000 pesos con lo cual, poco se puede hacer con el famoso bono) La ceremonia se vio interrumpida por un sismo de 7.2 en la ciudad de Rancagua que vino acompañado de una alerta de Tsunami. Inmediatamente el nuevo presidente se trasladó al lugar de los hechos en un avión militar. El lugar se declaró como zona de catástrofe permitiendo así la entrada del ejercito medida que permitía, según el propio presidente “que las fuerzas armadas asuman el control de la ciudad y su responsabilidad será mantener el orden publico y colaborar en la reconstrucción”.
Estos dos hechos producidos en el primer día oficial como presidente del gobierno nos hacen sospechar que a Chile le esperan tiempos difíciles.
Dada toda esta situación, algunas organizaciones de Catalunya hemos consensuado la siguiente declaración para su difusión y firma:
Declaración Internacional de Apoyo a las Organizaciones Sociales Chilenas
El terremoto que ha sacudido Chile ha agudizado la crisis social que sufría este país y la respuesta del Estado chileno (una alianza del saliente gobierno de la Concertación, con la entrante derecha y los empresarios) ha sido la represión de los que se han quedado sin techo y una profundización de las políticas neoliberales:• De los 17 millones de habitantes del país, más de 13 millones han sido afectados por el terremoto.
• A nivel institucional, el gobierno no ha sabido dar respuesta a la nueva situación ha decidido abrir una vía de endeudamiento del país para hacer frente a esta situación. Así, el país está adquiriendo créditos por valor de 30.000 millones de dólares, aspecto que condicionará el país en lo sucesivo.
• Las políticas del gobierno que animan la población a endeudarse se agudizarán. De hecho, los bancos ya han empezado a promover créditos “blandos” para que la gente pueda endeudarse para reconstruir su casa. Esto en vez de asumir él el liderazgo de la reconstrucción y trabajar por garantizar que todo el mundo tenga una casa digna.
• Empujados por años de políticas neoliberales que animaban la población a solo preocuparse por si mismos, fomentando el consumismo, miles de personas en medio de la destrucción que ha generado el terremoto, han saqueado distintos comercios.
Frente a esta situación social, y que demuestra las profundas desigualdades que persisten en Chile, la respuesta del Estado ha sido la militarización de las calles del país. Esto en vez de priorizar el bienestar de la población.
En ciudades como Concepción se han desplegado 15.000 militares, comandados por un general que gobierna ahora varias ciudades. Existen varias denuncias de que el Ejército retiene los alimentos y ayudas que llegan para castigar a los sectores más críticos y organizados contra el gobierno.
Frente a esta situación, las organizaciones populares chilenas se han empezado a coordinar por tal de protagonizar la reconstrucción y evitar que la especulación y el enriquecimiento de unos pocos marquen la nueva etapa que ha abierto el terremoto. Estas organizaciones se están organizando en los Comités Territoriales de Reconstrucción.
Las organizaciones abajo firmantes apoyamos a estas organizaciones populares y políticas que están impulsando la autoorganización comunitaria y que no quieren que la reconstrucción chilena quede en manos del gobierno neoliberal ni de la patronal.
• Animamos nuestras compañeras y compañeros chilenos a hacer frente a la represión y militarización que impulsa el gobierno.
• Además, nos comprometemos a difundir el que está sucediendo a las calles de Chile y a hacer de altavoz para denunciar la agudización de la represión que están sufriendo los movimientos vecinales, el movimiento mapuche y las organizaciones de izquierdas anticapitalistas.
Firman:
Asamblea Bolivariana de Cataluña
Brigada Vallesana Simón Bolívar
CAJEI, Coordinadora de Assamblea de Joves Independentistes
CGT-Catalunya
Grupo de Apoyo a la Central de los Trabajadores de la Argentina-Catalunya
CUP, Candidaturas de la Unitat Popular
Endavant (OSAN)
Latinoamérica 21
Revolta Global, Izquierda Anticapitalista
http://asembleabolivariana.
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