Tensiones entre modelos de desarrollo en los procesos de construcción de los Marco de Asociación País (MAP)
El caso de Colombia
Esteban Ramos*18 de Enero de 2012, por Revista Pueblos
El Marco de Asociación País (MAP) se constituye como el instrumento base de relación entre los Estados receptores de ayuda al desarrollo y el Estado español. En este artículo el representante en Colombia de la asociación Paz con Dignidad explica el reciente y controvertido proceso de elaboración de este documento en este país (aprobado el pasado mes de noviembre), y expone el escaso grado de participación que las ONGD y otros actores sociales han tenido en la elaboración de dicho documento, así como la apuesta de la cooperación española por defender un modelo de desarrollo en el que el sector privado es el gran protagonista.
¿Qué es el MAP?
El Marco de Asociación País (MAP) se constituye como el instrumento base de relación entre los Estados receptores de ayuda al desarrollo y el Estado español. En esencia se trata de la formalización de un acuerdo interestatal, en el que se recogen las principales líneas estratégicas y el contenido específico de las políticas de desarrollo que la cooperación española implementaría a lo largo de los siguientes años.
Este instrumento, promovido por el III Plan Director de la Cooperación Española, busca profundizar y orientar de manera más eficaz y eficiente la política de desarrollo concreta a implementar en los Estados receptores, siendo su contenido director y definidor de las políticas a seguir por las ONGD que se financien con los fondos puestos a disposición por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Metodológicamente, el proceso de construcción del MAP parte de un análisis previo a modo diagnóstico de la situación, que es elaborado por la propia Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID en el país receptor. Con base en éste, se conforma una nota concepto que recoge la primera propuesta de contenido del MAP. Esta nota concepto, tras ser supervisada y validada por la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE), es sometida a debate tanto con la sociedad civil del país receptor, las instancias de la administración y las estructuras de gobierno pertinentes, como con el resto de actores definidos por la cooperación española.
Con la presentación de dicha nota concepto y la conformación del grupo estable de coordinación (integrado por una representación de ONGD españolas, cooperación descentralizada, representación empresarial, la OTC y la Embajada) se pone en marcha la primera fase de debate, que concluye con el documento estratégico de contenidos de cooperación, que servirá de base para la firma con el gobierno del país receptor.
La conveniente alineación de la cooperación española con las políticas del presidente Santos
El fondo político y estratégico del MAP Colombia no ha sido sometido a reflexión colectiva. El mandato MAP, que obliga a alinear las políticas de la cooperación a las estrategias de desarrollo del país receptor, ha sido sistemáticamente interpretado como un sometimiento a las apuestas gubernamentales reunidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). La incoherencia se encuentra instalada en el seno de un proceso oficialmente destinado a que las decisiones estratégicas se constituyan como el producto de un debate colectivo basado en el diálogo con todos los actores, siendo la práctica con la que se ejecuta dicho proceso, fundamentalmente orientada a recabar respaldos a lo definido previamente, en consonancia con las posturas oficiales del gobierno receptor y emisor de ayuda. Esto se refleja en la decisión de la cooperación española de reflejar en el MAP Colombia solamente aquellas posturas de la sociedad civil colombiana que son afines a los intereses de ambos gobiernos, desechando la posición de amplios sectores de la sociedad civil que cuestionan o se oponen al modelo de desarrollo hegemónico. Las tensiones entre ambos modelos se fundan en las siguientes razones:
I. La apuesta de la cooperación española por un sector clave para Colombia llamado “Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza”. La inclusión de este sector como parte del MAP fue duramente criticada por parte de numerosas ONGD, dado el acento marcadamente economicista del mismo, y lo contradictorio de apostar por el crecimiento económico, en un país que a pesar de teer un incremento del PIB anual superior al 5 por ciento, es, por detrás de Haití, el país más desigual de América Latina, con una de las más enconadas tasas de concentración de la tierra [1]. En dicho contexto, el MAP España- Colombia se decanta por el fortalecimiento de una política de cooperación orientada a impulsar la creación de pequeñas o medianas empresas y la competitividad, por encima de políticas destinadas a fomentar la redistribución fiscal o la soberanía alimentaria de las comunidades, como se reclama desde buena parte de las ONGD y la sociedad civil colombiana (por ejemplo, en el Congreso Nacional de Tierras Territorios y Soberanías celebrado recientemente y que reunió a 15.000 delegados de diferentes movimientos sociales populares, con sectoriales de toda Colombia).
El apoyo de la cooperación española a las estrategias neoliberales del presidente Santos se refleja en un MAP, que toma como orientador al PND, y apoya las Leyes de Tierras y Víctimas. El respaldo a estos planteamientos gubernamentales supone apoyar un modelo de restitución de títulos de tierras que, en la práctica, obliga al restituido a vincularse a los proyectos agroindustriales instalados ilegal e ilegítimamente en dichas tierras, violentando su derecho al libre uso y disfrute, formalizando de esta manera la legalización del despojo y contribuyendo a la proletarización del campesinado.
II. El apoyo explícito dentro del MAP a los procesos de Desmovilización, Desarme y Reconciliación (DDR) para paramilitares y a la Justicia Transicional. Esa posición ha sido un asunto fuertemente criticado por parte del colectivo de ONGD españolas, en repetidas ocasiones, y de manera unánime. Sendas iniciativas, heredadas del gobierno de Uribe, no han sido fruto de un genuino proceso de construcción y negociación para la paz y no han estado dirigidas a garantizar la justicia, la verdad y la reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. De hecho, estos procesos han contribuido a agudizar la crisis de derechos humanos de Colombia y la impunidad reinante, como lo demuestra el hecho de que las estructuras paramilitares no sólo continúan activas en la actualidad, sino que incluso han multiplicado su número y presencia en el territorio colombiano. Además, al amparo de la Ley de Justicia y Paz, únicamente han sido dictadas 4 sentencias en 6 años de vigencia, de las cuáles sólo una de ellas lo es en firme. Finalmente, cabe mencionar que la vigencia de la llamada Ley de Justicia y Paz finaliza en 2012, fecha en la cual los paramilitares postulados quedarán en libertad, sin haber hecho contribuciones significativas al esclarecimiento de la verdad ni contribuido de manera eficaz a la justicia.
III. La apuesta dentro del MAP Colombia por el fomento de Alianzas Público-Privadas (APP) y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que supone en la práctica un enorme riesgo para la población más vulnerable y el reconocimiento de sus derechos.
Esta apuesta queda reflejada, por un lado, en la mercantilización del agua que se concreta mediante la alineación con los Planes Departamentales de Agua (PDA) propuestos por el gobierno colombiano, y que implica la privatización del servicio, abriendo de paso la puerta a empresas españolas para la prestación del mismo vía APP, desconociendo la gestión de acueductos comunitarios y vulnerando el derecho fundamental al agua [2]. Por otro lado, explicitando un apoyo a la RSC desde un modelo de crecimiento inclusivo [3], que considera “la iniciativa empresarial el mecanismo fundamental para hacer a la población pobre partícipe en la generación de riqueza y de empleos mediante la actividad económica” [4] , y que en última instancia, no sólo no combate de raíz la causa de las injusticias, atropellos y desigualdades sociales del sistema neoliberal, sino que además, profundiza en las mismas, ¡otorgando un espacio en la definición de las políticas de cooperación a las propias causantes de muchas de dichas desigualdades, injusticias y atropellos!: ¿acaso en Colombia no se ha podido constatar que las transnacionales han violado y siguen violando los derechos humanos; desplazando comunidades de sus territorios; han contribuido al incremento de los conflictos sociales con las comunidades afro, indígenas y campesinas; han vulnerado el principio de consulta previa contraviniendo la ley colombiana y sus acciones han tenido y siguen teniendo un impacto irreversible sobre el medio ambiente, han desconocido los derechos de los trabajadores al prohibir implícita o explícitamente la sindicalización, han contribuido y siguen contribuyendo a la precarización de los derechos laborales mediante el uso de la contratación tercerizada, han incrementado las tarifas de los servicios públicos que gestionan, contribuyendo al incremento de la inequidad, han puesto en peligro y continúan poniendo en peligro los derechos humanos al presionar e incluso forzar la privatización de sectores estratégicos para los Estados y sus pobladores, como es el caso del sector energético o el agua?
El incondicional apoyo a estas iniciativas corre el peligro de legitimar el despojo de tierras, profundizar en las aberrantes cifras de impunidad y contribuir a la expansión de un modelo de desarrollo economicista basado en la maximización de los beneficios, la expansión y acumulación de capitales y la explotación de los recursos humanos y ambientales, generador de más inequidad social, violación de derechos humanos y desplazamiento forzado. De hecho, en los actuales términos, la propuesta de MAP de la cooperación española viene a fortalecer la estrategia del ejecutivo colombiano para lavar su imagen internacional, restituyendo dos millones de hectáreas de tierras y reparando a parte de las víctimas del conflicto armado, con el objetivo de atraer mayor Inversión Extranjera Directa en materia agroindustrial exportadora, extractiva minero- energética, y macroproyectos de infraestructuras de comunicación.
La apuesta por un modelo innegociable, jerárquico e impuesto de desarrollo inclusivo, choca frontalmente con la consideración de un tercer sector como espacio alternativo a la lógica del mercado libre a ultranza, ajeno a la maximización del beneficio y al retorno de las inversiones, sin ánimo de lucro. Comprometido en la causa de forjar activa y participativamente un proceso de construcción de un marco de acción política, económica y social capaz de fomentar la potenciación de las necesidades humanas de manera integral y holística. Capaz de aportar fórmulas convivenciales a escala micro, meso y macro, cuya implementación signifique la atención de las necesidades humanas de manera recursiva e igualitaria para todos y todas.
La tensión latente en el proceso de construcción del MAP Colombia- España (y en general de todos los procesos MAP anteriores) responde a la lucha existente entre modelos de desarrollo incompatibles. Una política de cooperación al desarrollo que potencie un espacio de reflexión y acción por otro mundo posible, necesario e imprescindible, dispuesto a denunciar los abusos de los unos sobre los otros, dispuesto a dotar de fortaleza y visibilidad a los débiles en su lucha contra aquellos que vulneran sus derechos, y dispuesto a trabajar por un futuro que beneficie a todos y no sólo a unos pocos, choca frontalmente contra un modelo de desarrollo vinculado al crecimiento económico, la mercantilización del agua, y el apoyo implícito a las lógicas de maximización de beneficios, acumulación y expansión de capitales, camufladas en estrategias de RSC y APP.
La propia incorporación como actores de desarrollo en los procesos de definición del MAP de las empresas españolas, la Cámara de Comercio u otras instancias con ánimo de lucro e intereses irrenunciables, implica la incorporación de actores y toma en consideración de posturas contrarias a las políticas de desarrollo a escala humana [5] y sin ánimo de lucro que debería defender la cooperación española, y que numerosas ONGD entendemos como guía de nuestro accionar.
Por ello, a pesar de la realización de numerosas reuniones sectoriales nacionales e incluso regionales promovidas por la OTC para dotar de contenido al MAP, lo cierto es que éste dista mucho de ser resultado de un proceso de deliberación colectivo. El resultado actual del MAP, pese a las buenas voluntades de la OTC, no obedece a planteamientos emancipatorios, equitativos y redistributivos de la riqueza, sino todo lo contrario.
*Esteban Ramos es representante legal de Paz con Dignidad en Colombia.
Este artículo ha sido publicado en el nº 49 de Pueblos - Revista de Información y Debate, especial diciembre 2011.
Notas
[1] Colombia es el segundo país más inequitativo de Suramérica, alcanzando un coeficiente de Gini de 0,592. De acuerdo con las cifras oficiales del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 27,7 por ciento de la población nacional presenta necesidades básicas insatisfechas. Ese porcentaje casi se duplica en las zonas rurales, alcanzando el 53,5 por ciento de la población. Colombia también es uno de los países de mayor concentración de propiedad de la tierra en Latinoamérica. Según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 15.273 propietarios posees 61 por ciento de las áreas, que significan 47 millones de hectáreas y el 97 por ciento de los propietarios registrados, 3.5 millones de personas poseen el 24 por ciento del área equivalentes a 18.6 millones de Hectáreas. Ver: Machado Absalón, La Reforma Rural, Una deuda Social y Política, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, CID, 2009, pp. 135 y 136.
[2] Si bien la OTC, ante las propuestas realizadas por Paz con Dignidad y la sociedad civil colombiana, ha habilitado una línea concreta de apoyo (aún por definir) a las prácticas participativas comunitarias de gestión integral de cuencas hidrográficas.
[3] Basado en las consideraciones del capitalismo inclusivo inspiradas por Prahalad, La fortuna en la base de la pirámide: Cómo crear una vida digna y aumentar las opciones mediante el mercado, Barcelona, Granica, 2005.
[4] Según puede observarse en los FAQ de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores.
[5] Max Neef, Desarrollo a escala humana, Barcelona, Icaria, 1994.
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