La transcripción íntegra del interrogatorio de Fernando Alonso Tabares Molina ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema, efectuado los días 9 y 13 de julio de 2010, está disponible en el sitio documental del Equipo Nizkor, en la página especializada sobre Inteligencia militar y paramilitarismo en Colombia, y es necesaria su lectura como complemento de este programa de Radio Nizkor.
Una de las primeras conclusiones derivadas de sus declaraciones es la confirmación de que, como dijimos en un comunicado de 18jun09, el Estado Mayor militar y civil que dirigió las operaciones mencionadas recibió órdenes expresas de incorporar en los planes de guerra a las organizaciones de derechos humanos, periodistas de investigación y jueces de las Altas Cortes y, por lo tanto, fueron considerados como "blancos", y algunos específicamente como "objetivos".
Fernando Alonso Tabares Molina es oficial naval retirado de la Armada de la República de Colombia; ingresó a dicha institución en enero de 1977 y a lo largo de su carrera en la misma desempeñó cargos de comando de unidades a flote en el Magdalena Medio, en la fuerza naval del Caribe y en la fuerza naval del Pacífico. Se desempeñó también como comandante del puerto naval avanzado en Puerto Bolívar, Guajira, y como comandante del grupo de tarea en Turbo, Antioquia. Específicamente en el área de inteligencia fue nombrado subdirector de la Dirección de Inteligencia de la Armada en 1993. Fue fundador y primer director de la Escuela de Inteligencia de la Armada Nacional con sede en Cartagena...
En 2005 fue designado como agregado naval ante la República de Brasil, regresando a Colombia el 06nov06. A partir de entonces fue destinado a apoyar la labor del Viceministro de Defensa, Jaime Jaramillo, formulando y desarrollando la política de desmovilización de mandos medios de los grupos narcoterroristas, proyecto éste que fue presentado al entonces Ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, y que se encuentra actualmente vigente... Asumió el cargo de Director General de Inteligencia del DAS el 14may07.
Tal y como exponía el Equipo Nizkor en un comunicado de 22oct09, técnicas como las empleadas por el DAS, "son incompatibles con el desarrollo de las libertades civiles en cualquier sociedad y, debido al desarrollo técnico y al avance de los sistemas de simulación sociológica, permiten el control político social de una sociedad, en este caso de la colombiana, dejando a los ciudadanos en total indefensión ante el uso masivo de estas técnicas... No cabe duda alguna de que este tipo de operaciones clandestinas e ilegales tienen como consecuencia la manipulación de los hechos, la alteración de los sistemas sociales y la destrucción de las organizaciones consideradas 'blancos'"...
Fernando Alonso Tabares Molina citó, además de al presidente Álvaro Uribe Vélez, al secretario privado del presidente, Bernardo Moreno, al secretario jurídico de la presidencia, Edmundo del Castillo, al más cercano asesor personal del mandatario, José Obdulio Gaviria, y al asesor en comunicaciones Jorge Mario Eastman.
Uribe ha negado reiteradamente cualquier participación de él o sus colaboradores en esas actividades y su más reciente negativa se produjo el mes de junio de 2010, en respuesta a un interrogatorio de la fiscalía, ante la que declaró por escrito: "Debo manifestar de manera categórica que nunca impartí de manera directa o por interpuesta persona, bajo ninguna circunstancia [...] instrucción alguna tendiente a que en el DAS se realizaran actividades ilegales, tales como interceptaciones o seguimientos a los magistrados de altas cortes, campaña de desprestigio para miembros de la oposición, políticos o persona alguna, ni ninguna actuación similar"...
La importancia de la declaraciones de Fernando Alonso Tabares Molina son obvias y, aunque no podemos medir su impacto en los procedimientos actuales sobre las operaciones de contrainteligencia del DAS, sí que sirven para comprender mejor los mecanismos que se utilizaron para lo que podríamos denominar el control político social de la sociedad colombiana.
Es posiblemente la primera vez que este tipo de operaciones de contrainteligencia militar utilizadas contra población civil, son probadas en sede judicial, lo que permite poder advertir de su uso en otros países con estructuras democráticas que con mayor o menos intensidad utilizan este tipo de medios para controlar a las organizaciones sociales, sindicales o incluso a instituciones del estado pertenecientes al sistema judicial de un país.
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