La ONU denunció este jueves, 27 de mayo, que en Colombia existe "un patrón de ejecuciones extrajudiciales" y que la impunidad abarca el 98,5 por ciento de los casos.
Philip Alston, relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, así lo indicó en el informe, publicado este jueves y realizado tras su visita a Colombia en junio de 2009, en el que también afirma que persisten "graves problemas" en relación con las políticas de seguridad en el país.
"Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país", señala.
"Aunque estos asesinatos no fueron cometidos como parte de una política oficial, encontré muchas unidades militares comprometidas con los llamados 'falsos positivos', en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados", agregó.
El experto reseña que "generalmente las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un reclutador hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados, que informaban luego que había muerto en combate" y manipulaban la escena del crimen.
El relator destaca, además, que "los soldados sabían que podían quedar impunes".
No obstante, Alston destacó las medidas adoptadas por Colombia para reducir las ejecuciones, incluida la destitución de oficiales de alto rango así como permitir el monitoreo por parte de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
"La actual tasa de impunidad en relación con presuntas ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad, que llega hasta el 98,5% según fuentes creíbles, es demasiado alta", afirma el experto.
Y subraya que "a menos que el Gobierno asegure la efectiva investigación y juicio de las ejecuciones cometidas por las fuerzas militares, no podrá superar el escándalo de los falsos positivos".
El relator especial también encontró "un alarmante nivel de impunidad para los ex paramilitares".
Según Alston, "la inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de los derechos humanos fueron desmovilizados sin ser investigados y muchos se beneficiaron de amnistías".
"Hoy, el fracaso del proceso de rendición de cuentas es claro ante el dramático aumento de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales compuestos en su mayoría por antiguos paramilitares", añade.
Por ello, pide que el Gobierno colombiano impulse "cambios sustantivos" en la Ley de Justicia y Paz, que consagró la impunidad de los grupos paramilitares y consolidó la expropiación forzosa de millones de hectáreas y los resultados de sus crímenes.
También opina que "el Gobierno debería considerar establecer una comisión de la verdad independiente que conduzca una investigación sistemática de las violaciones cometidas por todas las partes del conflicto armado colombiano".
Respecto a las guerrillas, Alston resaltó que "tanto las FARC como el ELN cometieron asesinatos y a menudo atacaron o victimizaron a la población por la que ellos dicen luchar".
Y afirma que mientras la estrategia del Gobierno se ha enfocado en la derrota militar de la guerrilla, "también se debería considerar los acuerdos humanitarios y las negociaciones para terminar el conflicto de una vez por todas".
En cuanto a los grupos de población que son especialmente vulnerables a la violencia en Colombia, el informe señala que "históricamente y hoy en día, todas las partes del conflicto han atacado comunidades indígenas y afrocolombianas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros líderes sociales".
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