Uno de los lastres de la monarquía parlamentaria española es su continuidad con el régimen fascista del general Franco. El cordón umbilical que unía la sucesión monárquica con la dictadura no fue roto tras su muerte. No pocos de los actuales diputados y senadores de la derecha, de cuello y corbata, vistieron el uniforme de falange, entonando sus himnos y practicando el saludo fascista. Ministros y cargos públicos, antes de tomar posesión efectiva juraban lealtad al caudillo, a las leyes fundamentales del movimiento y a los ideales contenidos en " la cruzada contra el comunismo internacional." Un ejemplo de lo apuntado recae en el vigente presidente de Honor del partido popular, senador Manuel Fraga Iribarne. Y otro que no desmerece, lo tenemos en el mismo rey Juan Carlos I, quien se abstuvo de jurar la Constitución vigente de 1978, para no cometer perjuro. En su defecto estampó su firma.
Lo dicho podría formar parte del anecdotario político de España, de no ser porque muchos dirigentes del franquismo siguen en activo. Pero ahora tratan de ocultar sus orígenes mostrando una frágil memoria. Incluso tapan sus vergüenzas con el argumento de haber formado parte de los franquistas dialogantes. Entre ellos tenemos al actual Presidente de Honor del Comité Olímpico Internacional Juan Antonio Samaranch. Sus comienzos políticos los encontramos en Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Gracias a ello fue nombrado procurador en Cortes en las últimas tres legislaturas del franquismo (1964-1977), y entre tanto, ejerció como Presidente de la diputación provincial de Barcelona entre 1973 y 1977. Por servicios prestados a la Patria, en 1991, el rey le concede el título de Marqués de Samaranch y en el 2000 la orden de Isabel la Católica, la más alta distinción del Reino. Otro caso peculiar lo representa Rodolfo Martín Villa. Como estudiante, fue designado, en 1962, Jefe Nacional del Sindicato Español Universitario. Años más tarde lo encontramos como Gobernador Civil y jefe provincial del Movimiento de Barcelona, y en el período de descomposición franquista, en 1975, Franco le nombra ministro de Ministro de Relaciones Sindicales. Hoy su figura se reivindica como un demócrata ejemplar. Es Presidente de Honor de Endesa y Presidente de Sogecable, cuyo holding incluye el grupo editorial Prisa, editores del periódico "El País". Su trayectoria política continuo en 1977 siendo nombrado ministro del interior en el primer gobierno de Adolfo Suarez. Circunstancia que aprovecho para ordenar la destrucción de la mayoría de los archivos de Falange, donde se encontraba gran parte de la historia represiva que el mismo ejerció durante sus años de gobernador civil. Podríamos seguir, pero con estos dos casos tenemos suficiente. Ellos no han renunciado ni a los principios ni a los ideales que dieron vida al régimen franquista. ¿Porqué hacerlo si siguen en el poder?.
Su arrogancia les hace perder el sitio y en ocasiones se les ve el plumero lanzando diatribas contra leyes que buscan rescatar la memoria histórica y el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo.. Sus caras enrojecen de odio y deciden patear el tablero recurriendo a judicializar la política. En este sentido, la continuidad del orden franquista toma cuerpo en jueces y magistrados. Emergen lealtades espurias que enturbian y cuestionan la obligada independencia e imparcialidad del poder judicial. Pongámonos en situación. En la actualidad, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Eduardo Divar, juró los principios del movimiento y su lealtad a Francisco Franco, expresando públicamente que dicho juramento: " no es meramente ritual, -supone, dijo- un juramento de adhesión incondicional al caudillo".
El mantenimiento, sin excepción, de los jueces comprometidos con el régimen fascista ha supuesto un conflicto de intereses a la hora de juzgar la violación de los derechos humanos cometidos durante la dictadura. No debemos olvidar que una mayoría de los actuales magistrados del tribunal supremo iniciaron su carrera aplicando las leyes represivas del franquismo. Razón más que suficiente para hacer piña e impedir el desarrollo de la ley de la memoria histórica, ya de por si descafeinada. Para ellos su aplicación conlleva traicionar los pactos de la transición.
Por esos años, el PSOE y el Partido Comunista, a cambio de su legalización, negociaron implícitamente una "ley de punto final". Asumieron el compromiso de no investigar los crímenes del franquismo. De esta manera siguieron existiendo dos tipos de muertos, los reconocidos por el régimen y los "otros". Los primeros gozan de santuarios y durante el régimen fascista, rendirles homenaje constituía un acto oficial. Los "otros", no tienen nombre ni apellido. Fueron enterrados en fosas comunes, caminos rurales o en los extramuros de pueblos y ciudades. se les arrebató su honra y dignidad.
En la España del Siglo XXI, todavía hay calles y plazas con el nombre de los alzados y monolitos levantados en su honor. Por otro lado, los muertos del bando constitucional y republicano siguen demonizados, considerados asesinos de curas y enemigos de la patria. Según un estudio del historiador Josep Fontana: "naturaleza y consecuencias del franquismo", la cifra barajada a grosso modo, de los "otros" dado lo difícil de realizar una investigación, entre otras cosas, por la negativa a exonerar cadáveres y aplicar la ley de memoria histórica, supera las ciento setenta y cinco mil personas. De esta cifra, al finalizar la guerra, fueron fusiladas 23.000 personas. Sin embargo la cifra es aproximada, ya que muchos "otros" fusilados no pueden contabilizarse, ya que pasaron a engrosar las filas de "fallecidos por choque con la fuerza pública", ordenándose "el traslado a los depósitos correspondientes sin autopsia para proceder rápidamente a su enterramiento".
No cabe duda, los intereses creados y los compromisos adquiridos para no destapar los asesinatos políticos del franquismo son muchos. Razón suficiente para bloquear las iniciativas que supongan investigar la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la España franquista. Y si un juez, en este caso Baltasar Garzón, más allá de su controvertida personalidad y actuaciones, considera legítimo abrir causa, deberá atenerse a las consecuencias. Así, los poderes fácticos dan su visto bueno para interponer querellas espurias tendentes a inhabilitar y pedir su expulsión de la carrera judicial. Con estos mimbres le sientan en el banquillo, dando por buena la querella de Falange española y el sindicato ultraderechista: "manos limpias". De esta guisa transmiten un mensaje sin ambigüedad. No se van a permitir pesquisas para investigar crímenes políticos cometidos por la dictadura. La razón es de peso: les puede salpicar y eso, el poder político no está en condiciones de tolerar. Así es posible comprender la confabulación entre magistrados, fiscales, el partido popular, un sector del PSOE y del gobierno para que todo siga atado y bien atado. Ya lo digo Franco, a los españoles no se les puede dejar solos.
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