Para los colombianos y las colombianas no es un consuelo la afirmación oficial de que el influjo de las bases “se limitará a Colombia” y no afectaría a los países vecinos.
Una primera razón: la secuencia de los últimos 15 años muestra un creciente involucramiento directo de Estados Unidos en la guerra civil permanente devenida en política permanente de Estado en Colombia.
Como consecuencia de eso, el intervencionismo militar directo de USA se ha convertido en el obstáculo principal para alcanzar la paz, por una vía política, de diálogo y de razón. Estados Unidos incorpora el conflicto interno colombiano a su política exterior y a su relación con América Latina. Correlativamente, el Estado estadounidense no aporta nada al desarrollo, al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo ni al bienestar o al buen vivir en Colombia.
Una segunda razón: el gobierno nacional enajenó la política colombiana hacia América Latina a la política exterior de USA. De una simple anomalía en el marco continental Uribe pasó a convertirse en cabeza de una contraofensiva a los cambios democráticos, a la paz, al derecho a la autodeterminación y a la inviolabilidad de los territorios soberanos.
Uribe endureció la guerra civil como política permanente de Estado bajo la forma de “seguridad democrática”. Necesita prolongar la guerra para permanecer en el poder. Guerra y alianza con el Comando Sur son el substrato estratégico de su ambición personal de hacerse reelegir para permanecer.
Una tercera razón: si las bases, la presencia de tropas, asesores y “contratistas” vienen a reforzar la seguridad democrática, es decir la guerra interior, ese apoyo contraisurgente no es gratuito. No será la terminación del jugoso negocio capitalista de la producción y tráfico de narcóticos ante el cual ha fracasado estruendosamente en Plan Colombia y del que se nutren las mafias narcoparamilitares gobernantes.
¿Qué nuevas concesiones exige Washington del gobierno reverente y apátrida que nos rige? Hace algo más de un siglo el precio fue la división del país, con la separación de Panamá, propiciada por el Gran Garrote.
Las fuerzas democráticas y el movimiento popular deben levantar el derecho a una paz en Colombia sin intervención militar de Estados Unidos: paz desmilitarizada, sin carreras armamentistas inducidas desde el exterior, respetuosa de la autodeterminación de los pueblos y de sus procesos democráticos. Eso significa reconquistar, para la política latinoamericana, el derecho a una coexistencia pacífica en el plano continental de procesos de renovación y cambios democráticos, en un contexto de respeto por la autodeterminación de los pueblos, por su soberanía e integridad territoriales, sin bases militares de un Estado en territorio de otro, y el derecho a la no intervención bajo ninguna figura.
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