Chile, Colombia y Brasil están entre los países de América Latina en que más crecen las necesidades de los pobres y la distribución del ingreso resulta más desigual, pero a la vez se convirtieron en países campeones en adquisición de armamento en la región durante 2008, mientras el gobierno de Michelle Bachelet anuncia el envío de un proyecto de ley sin urgencia que modificaría la legislación secreta del cobre que financia el gasto militar. Según el estudio anual del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri, por su sigla en inglés), el gasto militar regional total ascendió a 34.071 millones de dólares, dinero que bien pudo emplearse en paliar la pobreza y mejorar la educación, la salud, etcétera..
La cantidad parece exigua (2,6%) si se la compara con el gasto militar mundial total del mismo año, estimado en 1.464 mil billones de dólares, con un aumento de 4% respecto a 2007 y de 45% en la última década. Los gastos militares de 2008 representan, aproximadamente, el 2,4% del producto interno bruto (PIB). Todas las regiones y subregiones tuvieron aumentos significativos desde 1999, excepto Europa occidental y central, indicó el Sipri.
Durante los ocho años de George W. Bush, el gasto militar de EEUU aumentó al nivel más alto en términos reales desde la Segunda Guerra Mundial, principalmente por las invasiones a Afganistán e Irak, horadando el presupuesto con un gigantesco déficit perpetuo. Las guerras de Afganistán e Irak se financiaron principalmente con créditos suplementarios de emergencia obtenidos fuera del proceso del presupuesto ordinario y respaldados por la emisión de bonos del Tesoro y “créditos” de la Reserva Federal, es decir, impresión de papel moneda “prestado” al gobierno federal.
Según un análisis del Conflicto Barómetro, citado por Rodrigo Álvarez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), muy pocos países latinoamericanos redujeron sus gastos militares (Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay), pero Chile lidera el gasto militar por habitante, que ascendió a 290 dólares “per cápita” en 2008, mientras Colombia gastó 115, Ecuador 89 y Brasil 80. En relación al PIB, Ecuador gasta el 3,81%, según el Sipri, seguido por Chile, con un 3,73% y Colombia, con 3,34%.
El gasto militar de la región en 2008 (34.070 millones de dólares) equivale al 2,6% del gasto mundial, que encabezó Estados Unidos, con 607mil millones de dólares deficitarios en su presupuesto. En términos absolutos, medidos en miles de millones de dólares, el país que más gasta es Brasil, con el 45% del total, seguido de Colombia y Chile:
2007 2008
Brasil 14.737 15.477
Colombia 5.579 6.568
Chile 4.864 4.778
Venezuela 2.262 1.987
Argentina 1.738 2.077
Perú 1.145 1.301
Bolivia 197 175
Fuente: Sipri/Flacso
Los militares chilenos se financian con un “impuesto propio” del 10% a las ventas brutas de la estatal Corporación del Cobre (Codelco), “tributo” establecido por la dictadura militar (1972-1990) en la llamada Ley Reservada del Cobre (eufemismo por “ley secreta”), cuyo texto nadie puede conocer. Esta “ley” de los dictadores continúa vigente y no grava las utilidades, sino las ventas brutas de Codelco, que explota menos de un tercio del metal porque el resto regresó a manos privadas, nacionales y extranjeras, cuando la dictadura revirtió la nacionalización de Salvador Allende.
Este impuesto castrense, que pocos conocen en Chile, en cierto modo ha salvado a Codelco de la privatización, por la oposición militar a cualquier innovación sobre su beneficio. Las corporaciones que explotan casi el 70% restante del metal no pagan más que un modesto royalty del 1,3%, al que siempre se opuso tenazmente el senador y candidato presidencial Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien privatizó el agua, el mar y otros recursos naturales cuando ya fue presidente.
La ley secreta del cobre surgió cuando la dictadura de Pinochet modificó la ley 13.196 de 1958, del gobierno de Carlos Ibáñez, que gravó con un 15% las utilidades -no las ventas brutas- de la minería del cobre para financiar a las fuerzas armadas y la reemplazó por tres normas secretas: el decreto ley 1.530 de 1976, la ley 18.445 y la ley 18.628 del 23 de junio de 1987, que contiene artículos clave respecto al financiamiento directo, secreto e independiente de las Fuerzas Armadas.
Esas “leyes” de la dictadura establecieron el destino militar del 10% del ingreso bruto en moneda extranjera de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) por sus exportaciones del metal y subproductos, más el 10% de los aportes en cobre al exterior efectuados por la empresa. La ley secreta estableció, asimismo, un piso mínimo: si el rendimiento del tributo resulta inferior a 180 millones de dólares, la diferencia deben pagarla "todos los chilenos" a través de la ley del Presupuesto.
El proyecto de Bachelet para resolver esta llamada "anomalía financiera fiscal" tendría el visto bueno de los comandantes en jefe y lo que en Chile denominan "consenso transversal" respecto a la urgencia de eliminar una carga que afecta la competitividad de Codelco. El nuevo sistema de compras de armas sería planificado a 12 años y su financiamiento se aprobaría año tras año en el presupuesto, como en cualquier país civilizado. Como el proyecto del ejecutivo no tiene calificación de "urgencia" podría terminar sus días en un cajón, sin llegar a dar muerte a este régimen feudal de financiamiento militar. Para que la iniciativa no se quede en un mero gesto electoral de cara a las elecciones presidenciales de diciembre, requiere el “consenso” de los votos mayoritarios de la extrema derecha, es decir, de una legión de legisladores pinochetistas y neo conservadores sin uniforme.
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