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sábado, 3 de octubre de 2009
A pesar de que la cultura del terror y la influencia del imperialismo aún gravitan con fuerza en la memoria colectiva y en la geopolítica centroamericana, en los últimos años también asistimos a un despertar de los pueblos, de sus luchas y formas de organización, estimuladas por los procesos revolucionarios y de cambio político-cultural en nuestra América. Hoy, la resistencia del pueblo hondureño va abriendo nuevos caminos.
El mismo día que el presidente Manuel Zelaya sorprendió al mundo con su ingreso a Tegucigalpa, echando por tierra los cálculos políticos de impunidad de los golpistas dirigidos por Roberto Micheletti, el General Romeo Vázquez y sus aliados en el Departamento de Estado y el Comando Sur de los Estados Unidos, el diario La Jornada de México publicó una entrevista a Noam Chomsky (América Latina es el lugar más estimulante del mundo, 21-09-2009), en la que el intelectual estadounidense aseguró que ³Centroamérica está traumatizada por el terror reaganiano. No es mucho lo que sucede allí. Estados Unidos sigue tolerando el golpe militar en Honduras, aunque es significativo que no lo pueda apoyar abiertamente².
Chomsky acierta en cuanto que asigna al terror un lugar fundamental en el análisis y la comprensión de la realidad centroamericana. La carga de los soldados y policías hondureños contra hombres y mujeres armados únicamente con su dignidad, demuestra el grado de enajenación de ese aparato ideológico-militar. Entrenados según los principios de la doctrina de seguridad nacional, los militares hondureños ven en sus compatriotas al temible enemigo interno y a los fantasmas del comunismo internacional. En consecuencia, están dispuestos a matar y reprimir sin escrúpulos.
Ahora bien, se trata de una política del terror que antecede a la guerra sucia promovida por el expresidente Reagan y los halcones del Pentágono durante la década de 1980, en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Sus raíces se hunden en los orígenes mismos del Estado en Centroamérica, hacia mediados del siglo XIX, cuando desde la oligarquía se gestó una cultura de la violencia y un ejercicio arbitrario del poder que pervive en nuestros días, como obstáculo inmenso para la construcción de auténticas democracias.
Allí donde el Estado oligárquico, rendido a los intereses del monopolio y el capital extranjero, no logró subordinar a los sectores campesinos, indígenas y populares a su hegemonía, se impuso el orden a través del terror físico, sicológico y político.
Para comprobarlo, bastaría con repasar la historia de la represión en Centroamérica como forma de dominación y control social ejercido por la oligarquía y el imperialismo, con casos tan representativos como el genocidio de 30.000 campesinos, indígenas y obreros en El Salvador, en 1932; la explotación de los trabajadores bananeros en la costa Atlántica de Honduras, Nicaragua y Costa Rica; la usurpación de tierras indígenas y campesinas por parte de los latifundistas; o el etnocidio y las desapariciones (estimadas en más de 40.000 personas) practicados como política de Estado en Guatemala, durante la guerra de tierra arrasada y contrainsurgencia de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980.
Cultura del terror y abuso del poder forman un binomio clave en el desarrollo fragmentado, desigual y excluyente de los países centroamericanos.
Donde discrepamos del argumento de Chomsky es en su afirmación de que aquí, en nuestras sufridas tierras, ³no es mucho lo que sucede². A pesar de que la cultura del terror y la influencia del imperialismo aun gravitan con fuerza en la memoria colectiva y en la geopolítica centroamericana, en los últimos años también asistimos a un despertar de los pueblos, de sus luchas y formas de organización, estimuladas por los procesos revolucionarios y de cambio político-cultural en nuestra América.
Desde el año 2000, las movilizaciones populares contra el ALCA, el Plan Puebla Panamá y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y EE.UU, se fortalecieron en toda la región. Asimismo, el reciente triunfo electoral del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en El Salvador, evidencia un cambio importante en la correlación de fuerzas políticas y sociales, que alcanza también a Guatemala y Nicaragua.
Hoy, la resistencia del pueblo hondureño va abriendo nuevos caminos. Su lucha diaria, durante tres meses, contra la represión militar, así como la progresiva radicalización del liberal Manuel Zelaya y su acercamiento a los movimientos populares, campesinos e intelectuales, constituyen un proceso pedagógico y ejemplar, liberador y sumamente estimulante para la unidad de los pueblos centroamericanos.
Precisamente, el decidido apoyo a la democracia en Honduras, al Frente Nacional de Resistencia y al presidente Zelaya, por parte de los gobiernos y organizaciones sociales de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y de Costa Rica más allá del ambiguo papel desempeñado por el presidente Oscar Arias-, constituyen una señal alentadora en una región educada para el aislamiento y la mutua desconfianza.
En una de sus últimas reflexiones, publicada el 24 de setiembre, Fidel Castro explicó que ³hemos visto surgir una nueva conciencia en el pueblo hondureño. Toda una legión de luchadores sociales se ha curtido en esa batalla. Zelaya cumplió su promesa de regresar. Tiene derecho a que se le restablezca en el Gobierno y presidir las elecciones. De los combativos movimientos sociales están destacándose nuevos y admirables cuadros, capaces de conducir a ese pueblo por los difíciles caminos que les espera a los pueblos de Nuestra América. Allí se engendra una Revolución².
Los pueblos asumen el protagonismo de su destino. Hay triunfos y derrotas, pero el terror oligárquico e imperialista va quedando atrás, aunque los golpistas hondureños insistan en volver al pasado.
Definitivamente, algo empieza a ocurrir en Centroamérica.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
Fuente: http://tercerainformacion.es/spip.php?article10338Las verdaderas intenciones del Pentágono.
Ejército de Liberación Nacional
Argenpress...03/10/2009
¿Qué significa el Plan Colombia? Primero es contra Colombia, segundo es contra los pueblos y gobiernos progresistas y revolucionarios, tercero está dirigido a asegurar el dominio de recursos naturales, como el agua, maderas, biodiversidad, petróleo, gas, carbón, etc. y a reconquistar la hegemonía imperialista en el continente, perdida en algunos países.
El Plan Colombia fue hecho por el Departamento de Defensa (Pentágono) de Estados Unidos y no en Colombia, es un plan expansionista, que busca justificaciones en el narcotráfico y la insurgencia para imponerse en el continente; en aplicación de la "guerra contra las drogas".
Caras oculta y abierta del Plan
Desde mediados de los años 90, el imperio intenta formar una fuerza multilateral con varios ejércitos latinoamericanos para meterlos en Colombia, junto a nuevas instalaciones militares en países vecinos, para desde ellas controlar tecnológicamente el área Andina.
Simultáneamente consolidaron el arma narco paramilitar. El ex ministro de Defensa J. C. Esguerra Portocarrero en campaña nacional con ganaderos, industriales, corporaciones multinacionales y carteles mafiosos acordaron financiar este plan, consistente en sacar una parte de las tropas gubernamentales a actuar en la ilegalidad; priorizando a aquellos entrenados por asesores israelíes, en asesinar con motosierra, comer órganos de sus víctimas con azúcar, cómo masacrar, etc.
El destino de los narco dólares
La oligarquía para financiar a este ejército mercenario concedió a los cabecillas de él, franquicias para el tráfico de narcóticos, una por cada zona del país. Así se libraron de los tributos que se habían comprometido a entregar, además de neutralizar los crecientes secuestros y extorsiones de los que eran víctimas.
Este Plan contrainsurgente se paga con la entrega continuada de los recursos naturales y riqueza nacional, que aún nadie detiene. Su financiamiento se hace mayoritariamente con bienes públicos e impuestos cobrados a los colombianos; una porción menor llega como ayuda militar de EEUU y otra más mínima, proviene de la Unión Europea para ser invertida en ayudas de caridad para los desplazados - 300 mil nuevos, cada año- y otras víctimas de la guerra interna.
Fumigan los cultivos ilícitos en zonas donde no tienen el control de ellos, pero en sus poblaciones periféricas permiten el tránsito de narcóticos a cambio de un impuesto de peaje, mientras otros policías cobran por el transporte de las drogas hasta los puertos de exportación, también controlados por las Fuerzas Armadas. De esta forma es que tanto el área cultivada de coca, como las exportaciones de cocaína se han multiplicado, desde hace 10 años que inició el Plan Colombia.
Las Fuerzas Armadas y la Agencia para la lucha anti droga (DEA) vendieron por 10 millones de dólares a Salvatore Mancuso, la franquicia para explotar cultivos ilícitos en Norte de Santander, Santander del Sur y Sur del Cesar; los de la Costa Caribe los entregaron a Jorge Cuarenta por 15 millones de dólares. Ambos capos siguen supuestamente presos en EEUU, negociando con el Departamento de Justicia; si los dos les entregan gran parte de sus fortunas y delatan a otros, les concederán una pena pequeña.
Excusa para agredir
¿Por qué los últimos 10 años, convirtieron a Venezuela en una ruta de narcotráfico, en vez de seguirla exportando por el mar Caribe y el océano Pacifico, como desde siempre lo habían hecho los carteles colombianos? Porque necesitan corromper a Venezuela con este tráfico y buscar justificaciones para acusar a su gobierno e instituciones, de ser tolerantes con los narcotraficantes.
En el corazón de la Iniciativa para el Área Andina (IRA), está la pretensión de EEUU por controlar a Venezuela, Ecuador y Bolivia; además de contener a otros países vecinos como Brasil.
Desde el Comando Sur con sede en Miami y la Cuarta Flota de su Marina de guerra comandan el Plan Colombia, además de todas las bases estratégicamente ubicadas en todo el continente, en un cerco de tropas gringas destinado a reconquistar países, que antes eran dóciles a los mandatos de Washington y para batallar por mantener el férreo control que tienen sobre Colombia, Perú y México.
Hasta ahora se comienza a debatir la presencia de tropas extranjeras en Colombia, después que llevan más de 10 años operando abiertamente en nuestro territorio.
Esta semana el Presidente Lugo de Paraguay, rechazó la presencia de más un centenar de Infantes de la Marina de guerra de EEUU en su territorio, quienes supuestamente se iban a dedicar a construir escuelas. Así comenzaron la década pasada en Juanchaco, en la costa Pacífica y hoy cuentan con más de diez Bases militares en Colombia.
Este continente anhela la paz, pero debe resistir la guerra imperial en su afán hegemónico, más ahora que vive una crisis económica, las que siempre buscan resolver con el incremento del saqueo a los pueblos.
- Fuente: http://www.argenpress.info/2009/09/colombia-las-verdaderas-intenciones-del.html
viernes, 2 de octubre de 2009
Tres golpes en siete años: el Imperio perdió dos y corre el riesgo de perder uno más
En los últimos siete años, tres intentos de golpe de Estado fueron practicados por oligarquías latino-americanas coordinadas, de forma oficial u oficiosa por los Estados Unidos (EUA), a través del Departamento de Estado, el Comando Sur y agencias como la CIA y la DEA. El primero fue en Venezuela, en abril de 2002, cercando al cholo Hugo Chávez en el Palacio Miraflores y resultando en una poblada, con Caracas en pie de guerra y las fuerzas armadas divididas. Chávez volvió al poder, derrotó a los escuálidos y profundizó su estilo de gobierno. Después de la victoria contra los golpistas y la derrota sobre la derecha luego del lock out petrolero, el pueblo de los barrios y morros pasó la ofensiva, forzando al gobierno a profundizar el proceso de división de ingresos y rentas.
Otro intento ocurrió en Bolivia, en septiembre de 2008, a través de las oligarquías de la llamada Media Luna. En esta ocasión, la máscara cayó y uno de los líderes públicos de la oligarquía cruceña se hizo público. Se trata del notorio traficante de drogas y latifundista de soya, Branko Gora Marinkovitch Jovicevic; nacido en Bolivia, hijo de croatas pro-nazis y formado en la Universidad de Tejas. El entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, fomentó una rebelión derechista, moviendo la chicha y la cerveza de a litro, predicando la secesión del país “productivo” contra los “lerdos” del altiplano. La aventura terminó en la Masacre de Pando y en el cerco estratégico de columnas populares a algunas capitales separatistas. El gobierno del aymará Evo Morales se mantuvo gracias a su capacidad de respuesta, una vez que dos columnas de campesinos y mineros cercaron la capital de la secesión camba, Santa Cruz de la Sierra. La tierra de Túpac Katari e Inti Peredo casi vivió la última guerra de liberación anti-colonial. No se dió aquella vez y la legalidad republicana viene sobreviviendo desde entonces.
En la tercera tentativa, los poderes hondureños, a través de las fuerzas armadas entrenadas bajo la influencia de la Escuela de Américas, derrumbaron al presidente electo. No fue un golpe como los del periodo de la Guerra Fría y ni siquiera se parece al autogolpe del nipo-peruano Alberto Fujimori, en abril de 1992. José Manuel Zelaya Rosales fue derrumbado por un golpe cívico-militar el 28 de junio de este año. Justo el domingo de mañana, día en que se convocaba una consulta acerca de la necesidad o no de una Asamblea Nacional Constituyente, el presidente electo por el Partido Liberal de Honduras (PLH), fue cercado en su residencia y llevado preso a Costa Rica. A partir de este día hasta su retorno el 22/09 al país, Zelaya practicó una intensa actividad diplomática, rellenada de alianzas puntuales y dobles discursos. La motivación fáctica de los oligarcas bananeros de siempre en Honduras es la legalidad constitucional.
Parece que se inspiran en la posibilidad de repetir el año de 1955 en la Argentina. Una vez derrumbado Juan Domingo Perón a través de un golpe más a la derecha (gorilas, liberales, socialistas y comunistas pró-Moscú) iniciado el 16 de septiembre, el peronismo/justicialismo quedó prohibido de participar – al menos en su integralidad– en las elecciones subsecuentes. Si Zelaya no volviera, esa sería la línea adoptada por el presidente golpista Roberto Micheletti, por el general torturador Romeo Vásquez (el ex-jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas hondureñas, destituido días antes del golpe) y el gobierno exterior en paralelo comandado por los ultra-conservadores yankees encastillados en el Departamento de Estado y en el Comando Sur del Imperio.
En Honduras, hay una bomba de tiempo accionada
Hay momentos en la trayectoria de un país en que la toma de decisión es fundamental. En el caso de Honduras, a pesar y además de todas las alianzas y maniobras diplomáticas realizadas por el presidente depuesto José Manuel Zelaya Rosales, había un factor estratégico. Ese factor tiene un nombre y se llama correr riesgos. Si el liderazgo del presidente constitucional quería mantenerse legítimo, el latifundista convertido en líder popular tendría que luchar, ponerse en la recta y arriesgar la vida. El país sufrió un golpe a través de un ejército fiel y leal la Escuela de Américas que lo entrenó, y subordinado a los poderes instituidos bajo el control de la oligarquía local. Ese es el tipo de tropa que no juguetea y no se arrepiente. Todo golpe de Estado es sinónimo de violencia y peligro. Para recuperar partes de este poder, había que jugar con todas las posibilidades, inclusive de vida. Y, Zelaya, cuando cruzó la frontera y se refugió en la embajada brasileña en Tegucigalpa, tomó para sí esa carga.
Muchos analistas dudaban de la capacidad del político de carrera del Partido Liberal de Honduras (PLH) para aceptar el desafío impuesto. Los dos primeros intentos de retornar al país, sin siquiera pasar de la frontera con Nicaragua reforzaron este punto de vista. Confieso que estaba escéptico también, y erré. Detalle, eso no convierte a José Manuel en José Martí o José Gervasio ni nada parecido. Él es la última esperanza de un proceso de división de un poco de renta y riqueza y de un desarrollo capitalista parcialmente autónomo. A su izquierda, en el seno del Frente Nacional de la Resistencia tiene gente muy seria, peleando duro y asestando lejos, yendo más allá de los horizontes de la democracia liberal-burguesa, apuntando hacia objetivos finalistas de democracia de tipo directa e insubordinación del país al negocio de plataforma de exportación primaria para el Imperio. Fue esa la parcela de hondureños que obligó Zelaya a moverse. Y, para sorpresa de muchos, incluyendo este que escribe, él lo hizo.
En situaciones límite, la calidad del liderazgo político también implica en su pré-disposición personal a jugar duro y transitar en las parcelas grises de las estructuras y alianzas internacionales y continentales. No tengamos ilusiones, nadie hace política en el exilio sin infraestructura, recursos y seguridad individual. Dada la procedencia de los militares hondureños, la posibilidad de ser asesinado era y es una constante. Si el magnicidio es hablado abierta y públicamente en los medios de comunicación oligárquicos de Venezuela, que se dirá en las sombras de ventanas de fondos de cuartos de hotel y casas de apoyos en las zonas de frontera. El ex-presidente tiene agotamientos de confianza, y con certeza buenos contactos entre oficiales militares de su país. Aun así, para cruzar la frontera de un pequeño país extremadamente vigilado, tuvo que haber defección y errores entre sectores castrenses.
Durante los ochenta y seis días que peregrinó por la América Céntral y yendo a los foros diplomáticos adecuados, Zelaya contó con logística y un aparato de inteligencia operando para él. De lo contrario, ni vivo estaría. Aún un ex-presidente depuesto pasa dificultades, y todo aparato político –aún más en el exilio– cuesta caro. Sin infraestructura y recursos, no se hace nada más que testificar la decadencia de un proyecto político. No fue esta la alternativa de Zelaya, dada la velocidad con que se movía. Los países del Continente están jugando con la posibilidad de frenar la tentativa de contra-ofensiva del Imperio. Y el epicentro ahora está en Honduras. Esa constatación refuerza la tesis del apoyo directo o indirecto de gobiernos y administraciones latino-americanas.
Ciertamente para eso, contó con aliados diversos y muchas veces disputando liderazgo en la misma región. Tal es el caso entre Brasil (¡finalmente!) y Venezuela, que ya venía dando sustentación al gobierno de Mel a partir de las negociaciones lícitas del precio del barril de petróleo y en operaciones de tipo corazones y mentes, como la Operación Milagro, donde los ancianos fueron operados gratuitamente (como debe ser) de cataratas y otras enfermedades curables de los ojos.
Pero, en ese breve exilio el presidente depuesto tuvo que tener habilidad con las reglas de la política tradicional. Oscilando entre grupos, Zelaya juega un poco como franco-tirador en la política, aunque parezca un poco más bufón de lo que es. Primero señaló ser favorable al Acuerdo de San José, coordinado por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias. En este texto, constaba la amnistía para los golpistas y el abandono de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Si esta vergüenza se hubiera dado, quedaba abierta la puerta para una serie de golpes institucionales o posibilidades jurídicas “destituyentes” de los gobiernos electos. Por suerte, después del anuncio de Mr. Arias, Zelaya vociferó estar contra el texto y el “consenso” –cuyo precio era intentar “pacificar” la resistencia- para el retorno.
Lo que hay de inusitado es la reacción del presidente destituido. La mayoría de las veces, los líderes de tradición oligárquica, aún con apoyo popular, no arriesgan a la desintegración del orden social para recuperar una parcela del poder político. Tal fue el caso del ex-presidente brasileño depuesto João Goulart, por ejemplo. Ante la posibilidad de división de las fuerzas armadas y guerra civil en defensa de su gobierno y del proceso democrático-liberal, Jango roncó bajo y no accionó la cadena de mando entre militares aún leales a él. No tuvimos “guerra civil” en el Brasil, pero se pagó el precio de más de cuarenta mil torturados, presos políticos, desaparecidos y veintiun años de dictadura. El precio fue alto demás para mantener el orden social en detrimento delaorden político. Quedemos atentos, porque ese tipo de maniobra aún puede ocurrir con Zelaya. Aunque, seamos justos, cada día que pasa, los márgenes para tomar ese tipo de decisión se reducen.
Quién lucha en Honduras y como informarse de esta epopeya cívico-popular
No me sorprenden las multitudes en las calles de Tegucigalpa y de otras ciudades hondureñas. Desde el día 28 de junio leo diariamente los medios alternativos hondureños, A pesar de la desinformación por la cual pasamos, es posible atravesar el bloqueo mediático. Por un lado, acompañé al Frente Nacional de la Resistencia a través de medios hondureños alternativos, como el excelente proyecto Habla Honduras, o en las transmisiones de radio web de la Radio Feminista o de la Radio Liberada. Las fotos, vídeos y transmisiones radiofónicas no dejan dudas. Estamos delante de una pelea popular y con una dimensión gigantesca para las proporciones del país.
La pauta central de las entidades y organizaciones que componen el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe es la nueva constitución y la pulverización del poder. Este se concentra tanto en la oligarquía hondureña como en sus socias mayoritarias, transnacionales de mineración o bananeras como la estadounidense Chiquita, ex United Fruit.
Chávez, Lula y hasta Obama saben que Manuel Zelaya sabe que está sentado sobre una bomba reloj. Por un milagro de Don Oscar Romero milagrosamente, esta vez el Brasil y su diplomacia se comportaron a la altura de quien quiera ser líder en la región. Este país, que se enorgullece de ser neutral en los conflictos, fue el que ayudó a exportar la Doctrina de las Fronteras Ideológicas, enviando torturadores a los cuatro cantos del Continente, además de haber participado activamente en la Operación Cóndor. Se espera que la medida de recibir el presidente depuesto en la embajada de Tegucigalpa comience a cambiar las prácticas de Itamarati (Ministerio de las Relaciones Exteriores de Brasil).
Concluyendo el análisis
Honduras está próximo a un conflicto en gran escala, pudiendo resultar en una rebelión popular sin precedentes. Se espera que el pueblo hondureño en general, y el Frente Nacional de la Resistencia en particular, estén preparados para una lucha a largo plazo. En el corto plazo, derrotar a los golpistas tiene un significado estratégico para toda América Latina.
Luego de tres años del inicio de los procesos contra 'parapolíticos' en la Corte Suprema y contra paramilitares en la Fiscalía, está claro que esa división fue artificial, producto de que los paramilitares se desmovilizaron voluntariamente, mientras que los 'parapolíticos' no y, por el contrario confiaron, aún confían, en que pueden eludir su responsabilidad.
Basta leer cualquiera de las 2.300 versiones rendidas en Justicia y Paz para verificar que la creación, llegada y expansión de un grupo paramilitar siempre está conectada con una esfera de poder legal establecida. Siempre hay algún ganadero, gamonal, empresario, policía, militar, político o servidor público en la historia. Por eso, los paramilitares no fueron sólo un grupo armado, sino un grupo de poder que combinó múltiples conexiones, privadas y públicas, legales e ilegales, individuales y colectivas, desde lo local hasta lo nacional, para conformar su propia y, hasta cierto punto, autónoma estructura. Esas conexiones fueron determinantes en la conformación y operación de la estructura de poder paramilitar.
Eso es lo que nos negamos a reconocer. Que no fueron un puñado de narcotraficantes y criminales aislados los que causaron esta tragedia, sino la suma de miles de decisiones individuales de personas en la legalidad, en su inmensa mayoría, incapaces de dimensionar, y menos de controlar, las consecuencias de sus decisiones sobre una actuación criminal de magnitudes colectivas.
Por eso, la principal garantía de reparación para las víctimas de ayer y las generaciones futuras depende de un nuevo consenso político que reconozca la tragedia de la autodefensa individual e ilegal y se comprometa con la legítima defensa colectiva y, de otra parte, de la judicialización de los principales responsables.
Los servidores que ponen su función pública al servicio de un aparato de poder ilegal o se benefician del aparato para su función forman parte de los principales responsables. Así lo considera la jurisprudencia internacional y lo recoge la nacional.
En consecuencia, lo que deben reflexionar los 'parapolíticos' y demás paraservidores no es si eventualmente los harán o no corresponsables de lo ejecutado por el aparato de poder paramilitar, sino cuándo, dónde y en qué condiciones. Puede ser ya, en Colombia y condiciones favorables, o en unos años en cortes internacionales y condiciones menos ventajosas.
Nuestra reconciliación como sociedad no depende solamente de enjuiciar a los principales responsables, sino de reconocer las consecuencias colectivas, indeseadas e injustificables, que nuestras decisiones individuales generaron. Evitar ese reconocimiento y obstruir un nuevo consenso forma parte de la polarización política y de la actuación insólita de ciertos funcionarios.
Por ejemplo, en su afán por obstruir las funciones de la Corte, el procurador Ordóñez ha amenazado con demandar a los magistrados si adelantan entrevistas con desmovilizados como parte de su labor investigativa sin presencia de un delegado suyo, requisito que no existe para los demás procesos penales. Si el CTI y las cortes solo pudieran investigar con un procurador al lado colapsaría el sistema judicial. Otra cosa es que un juez y un procurador validen la legalidad de lo investigado para incluirlo al proceso. Además, se inventó la teoría de que la relación entre paramilitares y congresistas no tiene que ver con su función pública, como si la relación se acabara el día que los eligen. Tan se mantiene que la misma Procuraduría, que sólo sanciona a servidores públicos por hechos relacionados con su cargo, ha sancionado a varios congresistas por 'parapolítica', por ejemplo al ex senador Álvaro García. Sin embargo, ahora Ordóñez dice a la Corte que no puede reasumir el caso de García porque no tiene que ver con su función. Entonces, ¿por qué lo sancionó la Procuraduría?
Ordóñez debe al menos disimular su labor de abogado de oficio de quienes por el contrario debe investigar y dejar de obstruir el consenso y judicialización que requiere la reconciliación del país.
El acuerdo suscrito entre EEUU y el gobierno de Álvaro Uribe de Colombia para la utilización de bases militares en territorio colombiano es una prueba de que EEUU quiere continuar ejerciendo su influencia en América Latina y en especial ejercer presión sobre la Venezuela de Hugo Chávez.
El reciente acuerdo firmado entre los gobiernos de Colombia y EEUU sobre el uso de bases militares colombianas por parte del Pentágono para reforzar la lucha contra el narcotráfico, es la confirmación de que EEUU no se resigna a no intervenir en los asuntos internos de los países del continente sudamericano, pues el acuerdo viene precedido por la no renovación de otro acuerdo que permitía a Washington utilizar la base de Manta en Ecuador, que expira en el noviembre próximo, y que dejaba a EEUU sin bases operativas en el cono suramericano.
La importancia de este nuevo acuerdo –y ahí reside la gravedad del asunto- es que, hasta el momento, es secreto. Ni siquiera en la reunión de los jefes de Estado de Unasur en Bariloche (Argentina), Álvaro Uribe entregó al resto de mandatarios documento alguno que pudiera calmar las tensiones de los más afectados por las bases de EEUU, en particular sus vecinos Ecuador y Venezuela. Todo lo que ha trascendido a los medios es que EEUU podrá utilizar siete instalaciones militares colombianas para continuar la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, existe el temor de que el acuerdo vaya mucho más allá de la utilización conjunta de siete bases. Según el parecer de la oposición política en Colombia, el acuerdo permite al Pentágono la utilización de un número indefinido de instalaciones, es decir, que el gobierno de Uribe ha hipotecado la soberanía de Colombia dejando en manos del Pentágono la utilización de todo el territorio nacional como campo operativo militar para EEUU.
Cabe preguntarse ¿Por qué el acuerdo es secreto? La oposición en Colombia recurre a la Constitución para argumentar que cualquier tipo de acuerdo internacional debe ser refrendado por el Congreso (artículo 150); que, en política exterior, la Constitución vuelve a recabar que cualquier acuerdo debe someterse al referendo de la Cámara (artículos 189 y 224); y que en los artículos 9 y 227 se proclama el compromiso de Colombia de impulsar y articular la integración regional de América Latina y el Caribe. Es evidente que el acuerdo suscrito con la Casa Blanca va en sentido contrario, divide y enfrenta a Colombia con el resto de los países de la región.
Recordemos que la lucha contra el narcotráfico se tradujo en el Plan Colombia lanzado en 1998 durante la etapa de los presidentes Pastrana y Clinton, y proseguido después por Uribe y Bush con unos resultados a día de hoy catastróficos. Bajo la excusa de acabar con el cultivo de la coca se ha expulsado a 180.000 campesinos de sus tierras, muchos han acabado refugiados en Ecuador y Venezuela y otros desplazados en el interior de Colombia. No pasa día que no se conozcan nuevos asesinatos y masacres en la guerra sucia que practican los paramilitares mediante asesinatos y expulsión de campesinos e indígenas en beneficio de terratenientes dedicados a la ganadería y al cultivo de la palma africana para producir agrocombustible. En 10 años la producción de esta palma ha pasado de 145.000 hectáreas a 300.000, y el gobierno de Uribe aspira alcanzar los 6 millones. Además, a pesar de los doce años transcurridos, la coca continúa siendo la principal fuente de ingresos de las guerrillas y el principal producto que engorda el PIB colombiano para regocijo de los narcotraficantes.
Entonces, ¿para qué sirvieron los 5.000 millones de dólares de ayudas de EEUU para el Plan Colombia? Plan que por cierto obtuvo el apoyó del gobierno de José María Aznar con una aportación de 100 millones de dólares. Pues han servido para armar a las fuerzas armadas colombianas, como atestigua el presupuesto militar que ha pasado de 3.439 millones de dólares en el año 2000 a 6.558 millones en 2008. Es prudente suponer que el nuevo acuerdo militar seguirá el mismo camino, continuar aumentando la ayuda militar a Colombia.
Y ahí reside el principal peligro de ese insensato acuerdo, que todo se reduzca a un incremento de la militarización de la región, más armas, mayor presencia y libertad de movimientos para las fuerzas armadas de EEUU en Colombia. Esto sólo puede ser visto por los países vecinos como una intromisión en los asuntos regionales y una provocación, pues desde las bases colombianas el Pentágono no sólo someterá a vigilancia al narcotráfico y la guerrilla, cabe suponer que también someterá a vigilancia toda la región, convirtiéndose en una amenaza para la seguridad de Venezuela, Ecuador y Bolivia, los países más hostiles a la política exterior de EEUU. Es por ese motivo que los presidentes Rafael Correa de Ecuador y Hugo Chávez de Venezuela han lanzado agrias acusaciones contra Uribe y han hablado de una situación prebélica.
Pero el acuerdo de las bases con Colombia no llega solo, pues tiene el precedente de la reactivación de la IV Flota de EEUU. Despliegue que fue anulado en 1950, pero que desde enero de este año vuelve a patrullar por América Latina, hecho que ha merecido el rechazo unánime de los gobiernos del cono sur americano, con la sola excepción del gobierno colombiano de Uribe. Es decir, la región se encuentra ante una situación geopolítica extremadamente delicada. Recientemente se han repetido diversas tensiones entre Colombia y sus vecinos Ecuador y Venezuela, las más alarmantes: el ejército colombiano bombardeó bases guerrilleras de las FARC en territorio de Ecuador, y Uribe acusó al gobierno de Hugo Chávez de facilitar ayuda y armamento a las guerrillas que operan en Colombia. Barack Obama y su política exterior tienen una buena parte de responsabilidad en que la paz en Latinoamérica esté en peligro.
jueves, 1 de octubre de 2009
A día de hoy es aún incierto el desenlace de la crisis hondureña, más aún tras la llegada a la embajada brasileña del presidente constitucional Zelaya el pasado 21 de septiembre. El Gobierno golpista de Roberto Micheletti, cuyas horas parecían estar contadas después de la creciente movilización popular y, sobre todo, tras el claro aislamiento de la comunidad internacional, aprieta las tuercas de la represión contra la población, que cada vez hace mayor hincapié en la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente.
Para el régimen golpista la única salida posible parece ser mantener la situación tal y como está hasta las próximas elecciones del 29 de noviembre. “Ellos apuestan por ello como su última carta”, piensan que “la gente va a ir a las elecciones y que estará terminado el asunto”, afirma Miriam Miranda, representante del Frente Nacional de Resistencia al Golpe de Estado, organización que está coordinando las continuas movilizaciones populares. Pero según Erasto Reyes, miembro también del Frente, “con este Gobierno golpista no está garantizada una elección libre, pues los custodios de todo el proceso electoral serán las mismas Fuerzas Armadas que han dado el golpe”, por lo que aboga no sólo por la restitución del orden constitucional, sino por la convocatoria de un proceso Constituyente como única salida para el conflicto. La propia ONU comparte la desconfianza sobre los resultados que pudieran tener unas elecciones en estas circunstancias.
El secretario general, Ban Ki-Moon manifestó, tras la reciente condena por parte del Consejo de Seguridad, que “no existen las condiciones para organizar unas elecciones creíbles que impulsen la paz y la estabilidad”. En consecuencia, la ONU decidió suspender la asistencia electoral a Honduras.
La Asamblea Constituyente se ha convertido en la principal reclamación de las organizaciones populares, pues en el caso de regresar Zelaya a la presidencia, en el próximo enero acabaría su mandato, ya que no es posible la reelección presidencial en el país centroamericano. “La reinstauración del presidente es un objetivo fundamental, pero éste no es el propósito más importante de este proceso”, afirmó el investigador social Ricardo Arturo Salgado.
Un país paralizado
Mientras, organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, denuncian que en los últimos días se han incrementado las graves violaciones de los derechos humanos, en forma de asesinatos, agresiones indiscriminadas, persecuciones políticas o detenciones ilegales tanto individuales como colectivas, así como el uso, como medio para disolver las movilizaciones populares, de un agente químico tóxico con altas concentraciones de ácido cianhídrico que provocó sangrados por las vías respiratorias y por la orina de los afectados, además de vómitos, desorientación y fuertes dolores de cabeza. Efectos que también se habrían sufrido en el interior de la embajada brasileña.
Quedan aún dos meses para esas hipotéticas elecciones y no está claro qué puede suceder hasta entonces. Según la socióloga y economista Leticia Salomón, del Centro de Documentación de Honduras, los mismos sectores empresariales “han empezado a presionar para que se encuentre una salida, porque ya han llegado al límite de las pérdidas”. No en vano, los continuos estados de sitio y las movilizaciones y bloqueos de vías que están paralizando el país suponen un fuerte impacto en la economía nacional. Está por ver si esa salida pasa por la renuncia del Gobierno golpista o por un recrudecimiento de la situación.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Honduras-los-golpistas-se-aferran.html
El principal argumento de los golpistas en Honduras radica en que la constitución de 1982 no permite cambios en su letra (artículos 239 y 374) y establece la remoción de sus cargos a quienes las promuevan. La Ley de Participación ciudadana de 2006, que promueve las consultas populares, nunca fue acusada de inconstitucional. Por el contrario, la participación popular es una prescripción de la misma constitución (articulo 45). Todo lo que revela el espíritu escolástico de sus redactores, matizado con un lenguaje humanístico.
Ninguna norma, ninguna ley puede estar por encima de la constitución de un país. Sin embargo, ninguna constitución moderna ha sido dictada por Dios sino por seres humanos para beneficio propio. Es decir, ninguna constitución puede estar por encima de un derecho natural como lo es la libertad de un pueblo para cambiar.
Una constitución que establece su propia inmodificabilidad está confundiendo su origen humano y precario con un origen divino; o está pretendiendo establecer la dictadura de una generación sobre todas las generaciones por venir. Si este principio de inamovilidad tuviese algún sentido, deberíamos suponer que antes que la constitución de Honduras sea modificada debería desaparecer Honduras como país. De lo contrario, dentro de mil años ese país deberá regirse por la misma letra.
Ya los ortodoxos religiosos quisieron evitar cambios en el Corán y en la Biblia contando el número de palabras. Cuando las sociedades y sus valores cambian pero no se puede cambiar un texto sagrado, se salva el texto interpretando a favor de los nuevos valores. Esto queda demostrado por la proliferación de sectas, ismos y nuevas religiones que surgen de un mismo texto.
Pero en un texto sagrado la prohibición de cambios, aun siendo imposible, está mejor justificada, ya que ningún hombre puede enmendarle la letra a Dios.
Estas pretensiones de eternidad y perfección no fueron raras en las constituciones iberoamericanas que en el siglo XIX pretendieron inventar republicas, en lugar de que los pueblos inventaran sus repúblicas y las constituciones a su medida y según el pulso de la historia. Si en Estados Unidos aun está vigente la constitución de 1787 ello se debe a su gran flexibilidad y a sus muchas enmiendas. De no ser así, hoy este país tendría tres cuartas partes de un hombre en la presidencia; un casi-humano. “Ese negrito ignorante”, como lo llamó el ex canciller de facto Enrique Ortez Colindres. Por si fuese poco, el artículo V de la famosa constitución de Estados Unidos prohibía cualquier cambio de estatus constitucional referido a los esclavos.
El resultado de una constitución como la de Honduras no es otro que su propia muerte, previo derramamiento se sangre más tarde o más temprano.
Quienes alegan defenderla deberán hacerlo con la fuerza de las armas y con la estrecha lógica de un conjunto de normas que violan uno de los derechos naturales más básicos e irrenunciables.
Desde hace siglos, los filósofos que imaginaron y articularon las utopías que hoy se llaman Democracia, Estado y Derechos Humanos lo dijeron de forma explicita: ninguna ley está por encima de estos derechos naturales. Y si así se pretendiera, la desobediencia está justificada. La violencia no procede de la desobediencia sino de quien viola un derecho fundamental. Para todo lo demás está la política. La negociación es la concesión que hacen los débiles. Una concesión conveniente, inevitable, pero a largo plazo siempre insuficiente.
Una democracia madura implica una cultura y un sistema institucional que prevenga las rupturas de las reglas de juego. Pero al mismo, y por esto mismo, una democracia se define por permitir y facilitar los inevitables cambios que vienen con una nueva generación, con la mayor conciencia histórica de una sociedad.
Una constitución que lo impida es ilegitima ante el inalienable derecho a la libertad (de cambiar) y la igualdad (de decidirlo). Es papel, es un contrato fraudulento que una generación impone a otra en nombre de un pueblo ya inexistente.
Jorge Majfud, PhD, Lincoln University, School of Humanities, Department of Foreign Languages and Literatures. www.majfud.50megs.com -http://escritos.us
Fuente: http://alainet.org/active/33389
Dispositivo Acústico de Largo Alcance (LRAD, por sus siglas en inglés), se llama el arma "secreta" utilizado ilegalmente contra la embajada de Brasil en Honduras y luego para reprimir una manifestación no violenta en Pittsburgh. |
Dos veces en una semana ha sido utilizado un arma "secreta" de Washington para reprimir manifestaciones no violentas. Primero, en las afueras de la embajada de Brasil en Tegucigalpa, Honduras, fue detectado el uso de un aparato que emitía un sonido tormentoso hacia la sede diplomática, donde se refugiaba el Presidente Manuel Zelaya luego de su exitoso regreso al país. Días después, muy al norte de Tegucigalpa, el mismo aparato fue utilizado, ésta vez en la ciudad de Pittsburgh, donde se estaba realizando la reunión del G-20, organización que reúne a las grandes potencias mundiales para discutir a puerta cerrada las políticas que afectan a los pueblos.
Dispositivo Acústico de Largo Alcance (LRAD, por sus siglas en inglés), se llama el arma "secreta" utilizado ilegalmente contra la embajada de Brasil en Honduras y luego para reprimir una manifestación no violenta en Pittsburgh. Según la empresa productora, American Technology Corporation, miembro del complejo militar industrial, LRAD fue concebido después del ataque contra el buque de guerra estadounidense U.S.S. Cole en Yemen en 2000 como un arma no-letal con la capacidad de alertar y detener los avances del enemigo.
LRAD combina comandos de voz en 25 idiomas con tonos de alerta y sirenas capáces de "torturar" el oido humano, con un alcance por encima de los 500 metros. Según el periodista canadiense-cubano, Jean-Guy Allard, "a 100 metros, según los expertos, la recepción del rayo LRAD puede ser muy dolorosa. A plena capacidad, LRAD emite una onda acústica de 150 decibeles. Como comparación, el avión supersónico Concorde, emitía ondas de 110 decibeles a plena velocidadÂ…cualquier volumen encima de 90 db causa daños permanentes."
El arma LRAD, parte del nuevo arsenal tecnológico de Washington, ha sido utilizado en Irak y Afganistán para reprimir y detener manifestaciones populares contra la invasión estadounidense. El Pentágono también vendió LRAD a Georgia en 2007 para ayudar reprimir a las protestas en contra del gobierno títere de Washington liderado por Mikehil Saakashvili.
Pero es primera vez que LRAD aparece en las Américas, y primera vez que se utiliza para agredir a un presidente constitucional. Dentro de Estados Unidos, muchos se especulan que el uso de LRAD contra la manifestación en Pittsburgh fue un ensayo y un señal de que ya Washington está decidido traer a los armas más efectivos e útiles a casa, para reprimir a su propio pueblo.
Video del uso de LRAD contra la embajada de Brasil en Honduras: http://www.youtube.com/watch?v=Zhs_3tD4inQ
Fuente: http://www.telesurtv.net/noticias/opinion/1322/el-arma
miércoles, 30 de septiembre de 2009
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