El plan del gobierno hondureño de facto va ganando terreno. La fecha de las elecciones presidenciales se aproxima y la situación derivada del golpe de Estado continúa prácticamente igual. El gobierno de Micheletti ha sabido prolongar el tiempo para que nada suceda, para que no se cumpla con el plan de Tegucigalpa-San José, el cual plantea como punto principal la restitución del presidente Zelaya al cargo, y de esta manera se lleven a cabo las elecciones el 29 de noviembre y con eso se trate de dar borrón y cuenta nueva a la situación general del país y sobre todo se intenten restablecer relaciones diplomáticas con los países de la comunidad internacional.
El gobierno golpista de Micheletti ha desconocido una vez más los acuerdos que, con la intervención de enviados internacionales, que mediarían en la crisis, tratarían de destrabar las pláticas que se habían dado al interior del país. El más grave de todos es el desconocimiento del más reciente acuerdo en el cual las partes del conflicto habían quedado en la creación de un “gobierno de unidad nacional” integrado por miembros de los dos grupos en pugna pero con el presidente Zelaya a la cabeza como presidente del país. Esta fórmula era de por si totalmente impositora ya que maniataba cualquier decisión del presidente Zelaya dirigida a continuar con su plan de democratizar las instituciones y la legislación hondureña.
El acuerdo fue aceptado en términos generales y traicionado a los pocos días de su creación. El punto central era la restitución de Zelaya en la presidencia y la conformación del nuevo gabinete, pero el gobierno de facto no cumplió con lo pactado y ante la real falta de presión por parte de la comunidad internacional y de, hay que decirlo, del movimiento de resistencia hondureño, el cual no ha logrado reunir la fuerza suficiente para cambiar la correlación de fuerzas a su favor, los golpistas se dieron el lujo, de manera cínica, de anunciar que el nuevo gobierno de unidad nacional estaba bien y que sería encabezado por Roberto Micheletti, el propio presidente de facto.
Frente a esta situación podemos ver con mayor claridad lo que desde un principio se lograba vislumbrar con la firma del pacto de San José auspiciado por el presidente costarricense Oscar Arias y detrás de él la secretaria de Estado de EUA Hillary Clinton, a saber, la creación de comisiones, encuentros, pláticas, reuniones, gestiones, intervenciones, diálogos y etcéteras, con el objetivo de ganar tiempo para que primeramente el gobierno de facto se asentara y afianzara en el poder y después, una vez logrado esto, dejar correr el tiempo para que llegara la fecha en que se realicen las elecciones en el país.
La estrategia de los golpistas y sus aliados, tanto dentro como fuera del país, ha ido dando el resultado esperado. El inicio de las campañas electorales lleva ya más de un mes, y su desarrollo ha sido gris y descolorido pero eso es lo que menos les importa a los oligarcas, políticos y militares que detentan el poder real en Honduras. Aquí lo central es que se realicen las elecciones sea como sea y se dé un “aval” a quien salga triunfador para presentarlo frente a la comunidad internacional como la solución al conflicto y la salida a la crisis generada con el golpe de Estado, y de esta manera dar la vuelta a la página y continuar manteniendo en Honduras una situación de dominio, privilegios, autoritarismo, explotación, monopolios y opresión, pero ahora con el cobijo de un gobierno surgido de un supuesto proceso electoral apegado a la ley y en espera del reconocimiento internacional.
Hacia el 29 de noviembre se encaminan los esfuerzos del gobierno dictatorial de Micheletti y su camarilla de facto. Ven en esa fecha la oportunidad de salir ilesos y con ganancias de la aventura a la que se lanzaron cuando decidieron derrocar por la fuerza y el apoyo de las fuerzas armadas al presidente Zelaya y romper así el orden constitucional de ese país centroamericano. Lo que ahora esperan es que se desarrollen las elecciones y se elijan los nuevos gobernantes, elecciones que no está de más decirlo estarán organizadas a modo y por lo tanto se pueden calificar desde ahora de fraudulentas por el hecho de que no se desarrollarán dentro del marco de la constitución del país, ni el reconocimiento de la comunidad internacional, sino que serán organizadas, planeadas y truqueadas por un gobierno surgido de un golpe de Estado.
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