| En América Latina, algunos grupos y familias poderosas controlan los medios, cerrando y bloqueando el espacio político y democrático. Una hegemonía que los gobiernos progresistas elegidos democráticamente quieren atacar en profundidad. |
El continente latinoamericano ha iniciado un viraje político que intenta romper con un pasado de sumisión a las reglas impuestas por Washington y el FMI. Los nuevos gobiernos han dado un giro progresista, con matices, según hablemos de un grupo más radical que incluye a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua o países como Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay o incluso Honduras.
La oposición reacciona de manera diferente según los casos, no dudando a veces en escoger formas violentas como las tentativas secesionistas en Bolivia o el golpe de Estado en Honduras. La derecha tiene en la prensa un aliado que palía frecuentemente las debilidades de un sector que ha perdido su credibilidad. Derecha y grandes grupos de comunicación denuncian censura, ataques a la libertad de expresión cuando Rafael Correa en Ecuador, o Hugo Chávez en Venezuela nacionalizan una cadena de televisión o cuando en Argentina Cristina Fernández propone una ley audiovisual que sustituiría a la heredada de la dictadura de 1976. ¿Qué ocurre realmente ?
América Latina es la única zona del mundo donde la economía está concentrada en las manos de un puñado de grupos de operan en lo agroalimentario, la industria y la información. En lo referido a esta última, se constata que algunas familias, Azcárraga, Slim en México, Noble en Argentina, controlan la prensa escrita, audiovisual, internet, la edición ; en Honduras cuatro grupos se reparten el espacio informativo, lo mismo que en Colombia donde opera la familia Santos de la cual dos de sus miembros están en el gobierno de Álvaro Uribe (uno es vicepresidente, el otro ha dejado la cartera de Defensa para poner en marcha su campaña presidencial del 2010). Este fenómeno ha dado nacimiento a la expresión ?latifundios de la información?. En ausencia de legislación clara, la prensa utiliza medios poco compatibles con la ética, amenazando de este modo incluso el derecho de los ciudadanos a la información. En lo que se refiere a Honduras, los telespectadores de América Latina solo recibieron los primeros días del golpe las imágenes de la CNN que mostraban manifestaciones y opiniones favorables a los golpistas, antes de ver los reportajes de Telesur creada por el gobierno venezolano como alternativa al monopolio privado ; sin embargo esta última no llega a todos los países.
En Venezuela, durante el último referéndum que modificaba la Constitución, un estudio muestra que el 76% de las informaciones se inclinaban hacia el ?no? a la reforma impulsada por gobierno contra el 22% favorable al ?sí?, "no", que finalmente ganará. Y recordamos el apoyo de la misma prensa al golpe de Estado contra el presidente Chávez en 2002. En Bolivia, la prensa escrita en su casi totalidad apoya a la oposición representada por los grandes propietarios terratenientes del Este, que intentan imponer la división del país. En Perú, durante las elecciones presidenciales, la mayoría de la prensa apoyó en la primera vuelta a los candidatos de la derecha antes de sostener al socialdemócrata Alan García en la segunda vuelta contra el candidato indigenista que invocaba a Evo Morales o a Rafael Correa. En Argentina, la prensa escrita y audiovisual que pertenece en un 85% a los grupos privados fue la punta de lanza de la oligarquía agraria deseosa de bajar las tasas a la exportación, durante el conflicto que oponía a este sector con el gobierno. Y se recordará el papel jugado en el pasado por el Mercurio en Chile en 1973, incitando y apoyando el golpe de Estado del general Pinochet.
En respuesta, Rafael Correa propone la creación de un organismo de control que permita proteger el derecho a la información del ciudadano. Conviene precisar cuáles serían sus atribuciones y su campo de acción. En Paraguay, el presidente Lugo ha creado la primera agencia nacional de prensa como contrafuego a los medios privados.
Estos hechos traducen la inquietud de los gobernantes elegidos democráticamente, que recurren a menudo al referéndum popular, cuya política es sin embargo puesta en tela de juicio por un poder no electo que extrae su legitimidad de su dominio en las esferas de la información. Estos grandes grupos de prensa denuncian ataques a la libertad de expresión, recibiendo frecuentemente el apoyo de sus colegas europeos, cuando se burla el derecho a una libertad de expresión mínimamente equilibrada que estos medios violan en ausencia de cualquier organismo de regulación.
Todopoderosos hasta hoy, los latifundios de la información se encuentran confrontados a la voluntad de gobiernos deseosos de romper con su hegemonía. Este aspecto de enfrentamiento forma parte de una lucha mucho más amplia por el pluralismo de la información y por una verdadera democratización de la sociedad.
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