Hay señales suficientes que muestran que el diálogo entre los representantes del régimen de facto y la representación del presidente Zelaya y de la Resistencia Nacional Contra el Golpe de Estado marcha de manera acelerada hacia el fracaso. Se está discutiendo el acuerdo de San José o Plan Arias, pero no hay avances en su punto central que es la restitución del presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales. El régimen golpista no cede en las condiciones mínimas que la OEA planteó para que se desarrollara un diálogo respetuoso: la restitución de las garantías constitucionales, reapertura de los medios de comunicación que han sido cerrados (Radio Globo y Canal 36), y las condiciones del presidente Zelaya, de acuerdo a su alta investidura.
La derogación del Decreto Ejecutivo PCM 016-2009, que suspendió las garantías constituciones y el derecho a la libertad de expresión, ha sido una farsa al no hacerse efectiva su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Además, se han emitido otros acuerdos ejecutivos como el 124-2009, que en su artículo dos establece: “Instruir para los efectos legales correspondientes a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y demás órganos competentes del Estado, para que procedan de conformidad a sus atribuciones legales a efecto de proteger la seguridad nacional en función de los grandes intereses de la patria, los bienes, integridad física y moral de la persona humana; ya que el Estado como propietario del espectro radioeléctrico podrá revocar o cancelar el uso de títulos habilitantes (permisos y licencias) otorgados por CONATEL a los operadores de medios de difusión sonora y televisión que emitan mensajes que generan apología al odio nacional, la afectación de bienes jurídicos protegidos, así como también un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la paz social y derechos humanos”.
Este decreto, además de represivo y dictatorial, refleja el cinismo de la dictadura. El régimen de facto habla de democracia, mientras tiene militarizada la sociedad hondureña y suspendidos los derechos civiles y políticos. El régimen de facto habla de respeto a los derechos humanos, mientras reprime las movilizaciones pacíficas, desaloja violentamente y encarcela a los campesinos, y asesina a hombres y mujeres opositores a la dictadura. El régimen de facto habla de Estado democrático, mientras viola permanentemente la Constitución de la República, entrega el Estado a la elite económica y mediática para que sigan acumulando capital a costa del patrimonio público. El régimen de facto habla de paz, mientras hace la guerra al pueblo hondureño y lo condena a la pobreza, miseria y desigualdad.
Bajo estas condiciones la dictadura busca realizar elecciones generales el 29 de noviembre para legalizar el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Es un proceso electoral que no garantiza las condiciones mínimas ni de una democracia procedimental: acceso a información, libertad de expresión, libre organización y movilización, y pluralismo en la competencia electoral. La dictadura que encabeza Micheletti Baín, pretende realizar elecciones en un contexto de militarización de la sociedad, y que el pueblo vote bajo la vigilancia de la mira de un fusil en las manos de militares y policías.
El Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado tiene el desafío de profundizar el desconocimiento y deslegitimación de la falacia electoral, y quebrar el Estado de Sitio con la movilización creativa del pueblo hondureño y la solidaridad de los movimientos sociales del mundo. El proceso electoral es el actual campo de batalla del bloque golpista y del pueblo hondureño, representado por las fuerzas sociales-políticas democráticas y progresistas.
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