Rafael Palacios, director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, reveló a EL DÍA parte de las conclusiones del V informe de la visita asturiana de verificación de los derechos humanos en Colombia, que fue presentado ayer en Tenerife. Es la primera vez que se da a conocer este estudio en Canarias.
"Colombia atraviesa por una de las mayores crisis humanitarias del planeta, con las más altas tasas de personas desplazadas del mundo, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas y arbitrarias, ametrallamientos y bombardeos sobre comunidades inocentes e indefensas, junto con terribles violaciones de los derechos humanos y transgresiones al Derecho Internacional Humanitario".
Con esta rotundidad se expresó Rafael Palacios, director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, entidad dependiente del Gobierno del Principado de Asturias, quien ayer presentó en Santa Cruz de Tenerife, junto a Javier Orozco, coordinador del programa de protección a refugiados colombianos en Asturias, el V informe de la visita asturiana de verificación de los derechos humanos en Colombia, fruto de la visita realizada en mayo por una delegación de la que forma parte.
El informe fue presentado por primera vez en Canarias y Palacios subrayó a EL DÍA algunas de las conclusiones del mismo. "Lo más sorprendente es que al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, señalado de evidentes responsabilidades en esta situación, se le reciba en Europa, se le reciba en el Estado español, como un campeón de la democracia, cuando se le debían estar exigiendo sus responsabilidades e investigando sus actuaciones", señaló.
Rafael Palacios explicó que en su última reunión con Jesús Peña, coordinador del Área de Observación de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "nos expresó su grave preocupación por las capturas y detenciones arbitrarias, a veces masivas, de defensores de derechos humanos, así como por los procesos penales infundados iniciados contra ellos, sobre informes de inteligencia militares o policiales, y de testimonios de informantes a cambio de beneficios legales o económicos".
"Los defensores de los derechos humanos -añadió Palacios- sufren el hostigamiento y la estigmatización sistemática, por parte de funcionarios del Gobierno que los acusan de ser terroristas o guerrilleros, con total impunidad, poniendo en grave peligro sus vidas y la seguridad propia y de sus familias".
Asimismo, Palacios, detalla una realidad de "violencia" y "agresión" permanente contra el movimiento indígena, el campesinado, los movimientos sindicales, sociales y políticos, contra los defensores de los derechos humanos.
Ejecuciones
"Durante los gobiernos de Álvaro Uribe han sido asesinados más de 600 sindicalistas, se han cometido más de 14.000 asesinatos de carácter político entre los años 2002 y 2008, más de 1.500 personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por el Ejército colombiano y presentadas como guerrilleros dados de baja en combate? esa es la realidad de la llamada política de seguridad democrática".
"La permanencia del paramilitarismo es evidente como estrategia del propio Estado colombiano y la penetración de la narcoparapolítica en todas las esferas de poder es tan evidente que señala directamente al propio presidente de la República", matiza Palacios, quien subraya que "la Corte Suprema de Justicia continúa investigando procesos sobre presuntos vínculos entre miembros del Congreso y organizaciones narcoparamilitares, y ha denunciado que las críticas del Gobierno frente a estas investigaciones constituyen un intento de menoscabar la independencia judicial".
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