Los retos ante las bases gringas.
Es un suceso que recuerda otros. Un hecho que cambia la coyuntura y exige –además de las consabidas declaraciones-
Es un suceso que recuerda otros. Un hecho que cambia la coyuntura y exige –además de las consabidas declaraciones– un nuevo contenido en las tareas y el alcance de la unidad nacional por parte de las organizaciones sociales y políticas colombianas, que procuran la soberanía nacional.
No es para menos. Así lo exige la reciente aprobación por parte de la dirigencia tradicional de Colombia de siete bases declaradas y dos subrepticias (Marandúa y operaciones en Catam) para que los Estados Unidos desplieguen desde allí su potencial militar –complementario de la IV Flota en el Caribe–, tanto sobre el país como sobre toda la subregión, en su afán por acelerar y lograr, por una parte, una solución cruenta del histórico conflicto nacional, y, por otra, romper la dinámica de autonomía, soberanía y multilateralismo que se respira desde hace pocos años en diversos países del continente.
Una medida dentro presionada por el incumplimiento uribista de la promesa de “solución militar rápida” desde cuando el entorno paramilitar lanzó su candidatura en el hotel Tequendama, durante el acto de ‘desagravio’ al general Rito Alejo del Río. Con las bases militares, por tanto, retoman, y amplían, el proyecto de control, repotenciando la intención original del ‘plan Colombia’, que, ante la crisis económica mundial y la derrota de Bush, ve en riesgo su financiación.
Ahora, cuando la intervención extranjera se profundiza, la soberanía nacional queda aún más marchita, el Congreso Nacional evidencia aún más su papel de simple florero, la paz se ve más lejana y la guerra gana nuevos escenarios. Duele. De nuevo, en espiral, nuestro país es entregado como plataforma de intervención militar de una potencia, y corremos el riesgo de servir de provocadores para romper los incipientes procesos de unidad regional, así como de violadores de la paz que por muchos años imperó en la región.
Hacer memoria: Cero y van dos
Como se recordará, aunque traten de borrarlo de la historia nacional, la primera gran intervención de Estados Unidos en nuestro territorio y contra los intereses nacionales fue sellada con el robo del Istmo de Panamá, sin resistencia ante el fusilamiento del patriota liberal indígena Victoriano Lorenzo. Cercenado el país, la dirigencia criolla no dejó de implorar el favor del nuevo imperio. En los años 50 del siglo XX, tal dirigencia se sumó a las aventuras estadounidenses en Asia y acompañó con el “Batallón Colombia” la guerra contra el pueblo coreano, en un primer aprendizaje de aniquilamiento del ‘enemigo’ y antecedente de la paramilitarización en las fuerzas armadas. Unos años después, en la década de los 60, Estados Unidos orienta la consolidación del ejército nacional y forma desde entonces a miles de sus oficiales, dotados con una ideología antinacional.
Pero la más reciente intervención, violatoria de la soberanía nacional, con silencio del Congreso Nacional y con reacción tardía de la izquierda y los movimientos sociales, y con neutralización de la insurgencia ante el otorgamiento (farc) y la promesa (eln) de zonas de despeje, se presentó en 1999 con la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos del ‘plan Colombia’.
Cualquiera que lo revise podrá constatar que en este engendro antinacional se ordenan y se definen todas las medidas que habrán de aplicar el Estado y el Ejecutivo Nacional para enfrentar la guerra en curso, así como los ajustes en justicia, cárceles, fiscalía, economía, etcétera. Es un ‘plan’ aceptado y desarrollado con toda consecuencia por un Ejecutivo que, gracias al presidencialismo imperante, centraliza el poder en el país, y un Legislativo que se complace con las dádivas que le ceden para ganar su silencio. En aquel momento, las altas Cortes no atinaron a plantear crítica alguna. Un acuerdo stand by con el FMI, firmado por entonces, redondea las pretensiones, hoy evidentes en despojo, desplazamiento, reprimerización de la economía nacional, etcétera.
Así se ahondó la presencia de Estados Unidos en nuestro país: 800 soldados y 400 ‘asesores civiles’ –‘contratistas’– fueron autorizados para recomponer el ejército nacional, maltrecho tras la ofensiva de las farc en los años 90. Para colmo, se sumó la incapacidad del paramilitarismo –pese al mar de sangre con que ahogó al país– en su propósito de destruir el territorio de mando guerrillero y contener su concentración en el suroriente nacional. Miles de millones de dólares sirvieron para hacer realidad el plan.
En su refuerzo, la Iniciativa Regional Andina (2001) intentó llevar el ‘plan’ más allá de Colombia. Vano intento. Brasil no acogió la medida, y los acontecimientos que sirvieron para que Venezuela, Bolivia y Ecuador giraran en sus regímenes políticos dieron al traste con esa intentona. De igual manera, fracasó el Alca.
Directriz, acción y urgencia del momento
Cuando fue aprobado el llamado ‘plan Colombia’, tanto con la primicia de traducción al español de su texto, que incluyó cuatro cuartillas secretas de su misión militar, como consigna inmediata para el conjunto de las alternativas sociales y políticas del país, propusimos en nuestro periódico:
“Ser gobierno y ser poder”. Un nuevo contenido para la acción de organización y comunicación (más allá de la agitación y la propaganda que concibe la ortodoxia). Y al mismo tiempo,
Recorrer el camino de un Encuentro Nacional Popular (ENP). Este camino tenía –y aún tiene en su II Fase– como pretensión, encontrar y construir caminos de reconstrucción social y acción común, levantando –ante la claudicación del Congreso Nacional– el referente de una dualidad de poderes. Una meta popular por concretar a través de la realización de un Congreso o Parlamento de los Pueblos, con su sesión de cabildo abierto.
Pero no fuimos escuchados…
A pesar de esta circunstancia y con muy pocos aliados, intentamos informar y hacer realidad un día a día de esa directriz y ese proyecto. Ante el desafío, la fragilidad o crisis de la dirección nacional alternativa se hizo palpable, y asimismo la tradición grupista y ‘vanguardista’ de cada una de las organizaciones, algunas con abandono de la opción de poder, pero también con ausencia de liderazgo nacional de suficiente legitimidad.
Con las nuevas bases encima, y el cálculo de Uribe hasta 2019 para socavar la organización social urbana y aniquilar la resistencia contra el nuevo poder de latifundio-narcotráfico, conscientes también de la dinámica económica en que entró nuestro país, proponemos:
• Que el ENP, como principal esfuerzo de los movimientos sociales, entre en una nueva fase de reivindicación –por vida digna–, y que el reto de la dirigencia política se concentre en designar un Promotor con Contraloría de Unidad por la Paz Justa en cada comunidad y colectivo político y social existente en el país. En cada lugar donde raspe, camelle, sobreviva, viva, trabaje o se rebusque y luche por la justicia, cada uno de nuestros lectores debe exigir que se escoja un Promotor con Contraloría popular y social de unidad por la paz justa. Actividad, por supuesto, aunada al diseño colectivo de un modelo de país con orientación soberana y vocación latinoamericana, consigna ajena y escandalosa para la actual dirigencia nacional.
Sin duda, la articulación de las dinámicas y los esfuerzos sociales, así como su propia unidad, se convierten en una obligación de todos los que aspiramos a la paz y la integración de nuestros pueblos. Superar el error de no tenerla y alcanzar esa unidad, además de vocación y compromiso con el pueblo, exige: crítica, autocrítica, supervisión, y requiere ¡medir la correlación de fuerzas sin subjetivismos!
Esta vía para enfrentar la violación de nuestra soberanía nacional, que propicia el reencuentro de lo social con lo político, nos resulta útil al mismo tiempo para superar la crisis de dirección nacional que aún padecemos, y, cómo no, la crisis misma de liderazgo nacional que se prolonga en el tiempo y se confunde, en las coyunturas electorales, en liderazgos parciales que ganan cierta sintonía nacional.
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