A la par del sistema venezolano de administración de divisas, vigente desde 2003, existe un mercado ilegal de monedas foráneas —mayoritariamente dólares— en el que se efectúan diversas transacciones, que pueden resultar legítimas o no dependiendo del origen de los recursos y del monto que se negocie.
En dicho mercado, dado que no posee ningún tipo de regulación, se realizan operaciones cambiarias fraudulentas y se fomenta la especulación financiera, ya que los actores “pesados” mueven sus fichas para aumentar la cotización del dólar y con ello impulsar la inflación, acciones dirigidas a desestabilizar la economía.
Este escenario parece ajeno a la vida cotidiana de los venezolanos, pero son precisamente éstos los principales afectados por la existencia de esos mecanismos cambiarios no supervisados y se ven obligados a costear aumentos injustificados en los precios de los productos importados o con partes importadas.
Lamentablemente, el mercado nacional aún es altamente dependiente de las importaciones y aunque el Estado otorgue divisas para todos los sectores prioritarios y estratégicos, son incrementados artificialmente los precios de todos los rubros, incluso el del pan, ya que el trigo es importado.
Cadivi vs. Mercado paralelo
Entre 2002 y 2003, la oposición política venezolana concretó acciones dirigidas a acabar con la gestión del Gobierno revolucionario: Golpe de Estado, fuga de capitales, especulación, evasión fiscal y un paro con sabotaje a la industria petrolera, que impactaron fuerte y negativamente a la economía nacional.
Tales hechos desestabilizadores se tradujeron en caída de las reservas internacionales, de los ingresos petroleros y de los aportes al fisco, aumento de importaciones de alimentos ante el desabastecimiento y desestabilización del valor externo del bolívar.
Ante este escenario, desde el 05 de febrero de 2003, está vigente un régimen de control cambiario, tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Finanzas, en representación del Ejecutivo Nacional, y el Banco Central de Venezuela (BCV), cuya implementación está a cargo de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
Los analistas de oposición coinciden en argumentar que el control de cambio estimula el crecimiento del mercado paralelo y de la especulación en el mismo, pero la historia reciente demuestra que los actores inescrupulosos de la economía y la política nacional motivaron la creación del sistema de administración, mediante el cual se distribuye parte importante de las divisas requeridas en Venezuela.
De acuerdo con estimaciones del economista José Gregorio Piña, Cadivi cubre aproximadamente el 80% de la demanda interna de divisas, ya sea para importaciones, consumos en el exterior o consumos por internet, entre otros conceptos, tras las autorizaciones mensuales del BCV en concordancia con los ingresos del país.
Por tanto, máximo el 20% de esa demanda local es cubierto a través de dólares obtenidos en el mercado paralelo, un mercado poco transparente en el que confluyen divisas procedentes de origen lícito, como las exportaciones de las empresas locales, e ilícito, como los narcodólares. La mayoría de las transacciones son ilegales.
Entre mafias y conspiración
“Se presume que parte de ese monto es de tenencia legítima de los mismos agentes económicos, exportadores que tienen el derecho de negociar las divisas que poseen fuera del país a operadores en el país, lo que se llama operación offshore, por que se da fuera del ámbito cubierto por la ley venezolana”, explica Piña y añade que si éstos traen el dinero al país y lo comercian sin operadores cambiarios, la fuente es legítima pero no la operación.
Sin embargo, el analista financiero refiere que se estima que la mayoría de ese dinero proviene de actividades delictivas, entre ellas destaca el narcotráfico; la legitimación de capitales (también conocida como lavado de dólares), que consiste en el ejercicio de cualquier actividad legitima para justificar ingresos delictivos; trata de joyas; y falsificaciones.
La influencia de las transacciones en efectivo es muy baja, excepto cuando se trata de billetes falsos o blanqueo de dólares, en cuyo caso la oferta tiende a ubicarse por debajo de la cotización vigente el día de la operación. Para ubicar a los expendedores de dólares funciona el comentario de “boca en boca”.
Esto permite asumir que son grandes empresarios y mafiosos los principales actores económicos interesados en impulsar el alza del precio del dólar en relación al bolívar, pero ¿cómo lo hacen? Colocar grandes sumas de dólares en el mercado paralelo, fomentar expectativas negativas sobre el futuro económico de Venezuela y el intercambio de papeles del mercado financiero, son algunas de las respuestas.
“Los actores fuertes de ese sector (financiero) son los que realmente influyen las fluctuaciones del precio del dólar. Son los que hacen que esa cotización no sea transparente. Entre las casas de bolsas, emiten un título en divisas, lo venden, luego se los revenden, para así marcar un precio más alto”, detalló Piña.
La ausencia de una regulación completa sobre las casas de bolsas permitió que el precio del dólar se fijara en función de los títulos en divisas comercializados por éstas, las cuales obtenían ganancias de hasta 400.000 bolívares en un día. Una realidad que motivó la modificación de las regulaciones cambiarias, con el establecimiento de un sistema de bandas para la venta de dichos títulos y la obligación de su comercialización a través de operadores cambiarios autorizados.
En declaraciones a BBC Mundo, el economista y ex presidente del BCV, Domingo Maza Zavala, afirmó que cerca del 60% de los importadores que dependían del dólar paralelo pasarán a surtirse de divisas en el nuevo sistema de bandas regulado por el gobierno, mientras un 40% seguirá acudiendo al mercado ilegal. Si esto es así, el mercado negro sólo alimentaría al 8% de las importaciones totales.
Fronteras entre lo lícito y lo ilícito
Como en la mayoría de los países del mundo, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea incluidos, en Venezuela existen algunas restricciones a la libre convertibilidad de las divisas en función de proteger los intereses de la ciudadanía.
La Ley contra los Ilícitos Cambiarios precisa el tipo de operaciones permitidas y prohibidas en Venezuela, además de las correspondientes sanciones al incumplimiento de la norma.
No todo el que compra o vende dólares fuera del sistema estatal está incurriendo en un ilícito, pero sin duda contribuye en mayor o menor medida a fomentar la especulación, ya que generalmente se maneja la cotización vigente en el mercado negro, la cual es publicada en ciertas páginas web manejadas por y para los especuladores.
Incurre en una actividad ilegal quien en una o varias operaciones en un mismo año, sin intervención del BCV, compre, venda o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera o reciba divisas por un monto superior a $10.000, para lo cual existe una multa del doble del monto de la operación o su equivalente en bolívares. Si la operación supera los $20.000 la pena será de prisión de dos a seis años y multa equivalente en bolívares al doble del monto de la operación.
Asimismo, la persona que obtenga divisas, mediante engaño, causa falsa o cualquier otro medio fraudulento, será penada de tres a siete años de prisión y multa del doble del equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación cambiaria, además de la venta o reintegro de las divisas al BCV.
No menos importante que tales sanciones es el artículo 6 de dicha Ley, que dispone que los locales donde se comercialicen productos importados con divisas autorizadas por Cadivi tienen que publicar la lista de bienes en un anuncio visible al público. Es un deber de los ciudadanos, Consejos Comunales y demás organizaciones, velar por el cumplimiento de esta medida y denunciar cualquier irregularidad ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).
“No se trata de crear más organismos ni más leyes sino de hacer cumplir las que están y de que los entes competentes actúen. Particularmente considero que debería exigirse la colocación de una etiqueta (tipo PVP) a los productos importados con dólar Cadivi y no sólo un cartel en el establecimiento, ya que de esa manera todos los ciudadanos pueden contribuir a combatir la especulación”, sugirió Piña.
El Estado, a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Cadivi y demás instituciones vinculadas, debe crear mecanismos de cruce de información y e intensificar la vigilancia en las aduanas del país para detectar e impedir transacciones fraudulentas.
Especulación como arma política
Más allá de la evasión de los canales legales para las operaciones cambiarias y de la idea de obtener mayores cantidades de bolívares por la venta de dólares, la especulación en el mercado de divisas tiene una connotación política, no es casual que buena parte de los partidos, organizaciones no gubernamentales y empresarios ligados a la oposición formen parte del “negocio”.
La abogada e investigadora estadounidense Eva Golinger denunció que anualmente la oposición percibe entre 40 y 50 millones de dólares de parte de organizaciones estadounidenses y europeas, la mayoría de los cuales ingresan al país a través de “valijas diplomáticas”.
Partidos como Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Copei, así como Espacio Público, Instituto de Prensa y Sociedad y diversas universidades, son los principales receptores de esos recursos, de acuerdo con el informe referido por Golinger, el cual fue publicado por FRIDE de España correspondiente al mes de mayo de 2010.
La finalidad política de estos financiamientos externos ya los hacen ilícitos, pero a eso se suma la forma como se trasladan e ingresan los recursos al país, particularmente los procedente de Estados Unidos, ya que aparentemente las organizaciones europeas emplean canales regulares. Así se incorporan al mercado negro millones de dólares anuales en violación abierta a las leyes venezolanas.
Además, “dadas las circunstancias políticas podría considerarse que hay empresarios que traen sus divisas y las comercian fuera de las regulaciones para influir en la cotización del dólar”, apuntó Piña, al destacar que la oposición se ha valido de todos sus recursos para impulsar la inflación y así afectar la estabilidad política de Venezuela. Es un argumento circular que se retroalimenta y genera un impacto sobre la opinión publica.
Por su parte, el profesor de la Universidad Central de Venezuela, José Sojo, enfatizó que “quienes han venido conspirando siempre han encontrado una veta por donde perturbar, recordemos que antes del control de cambio la fuga de capitales fue un instrumento de quienes atentaron contra la economía y el Estado, aún pueden mantener su intencionalidad conspirativa”.
Incluso la venta de dólares falsos podría considerarse un elemento de guerra económica para desestabilizar políticamente, puesto que detrás de esas operaciones hay muchas veces intereses de gobiernos hostiles al gobierno venezolano. Los nazis en su momento inundaron el mercado inglés de libras esterlinas falsas y éstos hicieron los propio con los marcos en Alemania, se trataba de una estrategia desestabilizadora planificada.
¿Cómo afecta este mercado a la población?
No hay un solo sector de la economía real que no esté influenciado por el mercado negro de dólares. El sector inmobiliario y el automotriz son ejemplos claros de cómo los empresarios privados calculan los precios en función al tipo de cambio paralelo. Alimentos, medicinas, equipos tecnológicos, ropa…todo se vende con sobreprecio y los venezolanos se terminan acostumbrado a la estafa permanente.
En su artículo “Mercado paralelo o mercado negro de divisas ¿Puede hacerle un gran daño a la economía?”, Sojo refiere que “la mayoría de las actividades económicas venezolanas existen oligopolios, especialmente las que solicitan divisas, por tanto éstas empresas imponen su poder de mercado ante los últimos eslabones de la cadena (pequeños productores y comerciantes) y los más débiles terminan por ser los consumidores de bienes y servicios”.
Basta revisar en internet los precios de ciertos rubros en los mercados externos para percatarse de que aquí se ofrecen muy por encima de su costo. Un televisor que en Bogotá cuesta $900 dólares en Venezuela se ofrece hasta el Bs 8.000. Los vehículos tienen sobreprecios de hasta 50%, así como las viviendas. No obstante, grandes empresarios como Guillermo Zuloaga argumentan: “puede ser que especulemos pero damos fuentes de empleo”.
En una economía que, pese a los avances hacia la soberanía nacional, mantiene una elevada dependencia de las importaciones, un mercado negro de dólares intensamente especulativo aunado a empresarios inescrupulosos permite que sean éstos los que determinen los precios en la economía real, esa en la que participan diariamente todos los venezolanos, al hacer mercado, pagar servicios y alquileres, cancelar pasajes, etc.
El comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un reflejo del peso de los estafadores en la economía local. No se trata sólo de quienes obtienen divisas en el mercado paralelo, sino también de quienes las perciben de parte de Cadivi, pero no titubean a la hora de estafar al pueblo, por lo cual se hace impostergable la necesidad de intensificar las medidas estatales y la contraloría social.
Fuente: http://avn.info.ve/node/13491
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