| 22-12-2009 |
“Estamos en mora de que los liberen. Ustedes saben que el Gobierno ha atendido todas las exigencias. No los han liberado. ¿Por qué? Estamos en mora de que los liberen”, dijo el presidente colombiano ante las familias de los uniformados, entre quienes se encontraba el padre de Pablo Emilio, el profesor Gustavo Moncayo, también conocido como “el caminante por la paz”, por haber caminado durante 46 días desde Nariño a Bogotá para exigir la liberación de su hijo y el acuerdo humanitario.
La pregunta retórica del presidente Uribe ha debido de ser como una bofetada en el rostro de este padre incansable y valiente, que después de 11 años de lucha, vio cumplido su sueño cuando las FARC anunciaron su disposición de liberar unilateralmente –esto es, sin exigir ninguna contraprestación o canje de prisioneros- a su hijo. Esto ocurría el 16 de abril de 2009.
El comunicado del Secretariado de las FARC declaraba su disposición de entregar al prisionero personalmente a su padre y a la senadora Piedad Córdoba:
“(...) Ante la reiterada solicitud de la senadora Piedad Córdoba, de Colombianas y Colombianos por la Paz, del profesor Moncayo y de los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, anunciamos nuestra decisión de liberar unilateralmente al cabo Pablo Emilio Moncayo y entregarlo personalmente a una comisión encabezada por la senadora Córdoba y el profesor Moncayo una vez se organicen los mecanismos que garanticen la seguridad de la operación.
Así evidenciamos una vez más nuestra decisión irreversible de alcanzar el acuerdo humanitario sin más dilación y sembrar con certezas los caminos que lleven a la solución política del conflicto.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, abril 16 de 2009"
Poco después, las FARC se ofrecieron a entregar también al soldado Josué Daniel Calvo y los restos del capitán Julián Guevara, muerto en la selva en 2006 tras ocho años de cautiverio.
El presidente Álvaro Uribe no podía soportar la idea de otra imagen de reencuentro protagonizada por quienes más han abogado por el intercambio humanitario –es decir, por el canje de prisioneros de guerra- como un primer paso hacia una solución política del conflicto armado, de modo que vetó a la senadora Piedad Córdoba como mediadora para garantizar la entrega, acusándola de querer sacar “rédito político”.
Así dejaron pasar casi 3 meses más de la vida de Pablo Emilio Moncayo en las selvas de Colombia. Hasta que el 8 de julio, el presidente Uribe lanzó un escueto y calculado ultimátum, que venía a decir que su gobierno autorizaba la participación de la senadora Piedad Córdoba "en el acto de liberación", pero debían “ser liberados los 24 secuestrados en forma simultánea, y devueltos los cuerpos de los tres rehenes fallecidos en cautiverio".
En suma, el Gobierno colombiano rechazaba la liberación de Moncayo y Calvo Marín bajo el argumento de: “o todos o ninguno”.Sus palabras textuales fueron:
"El gobierno nacional autoriza a la senadora Piedad Córdoba para que, con la Cruz Roja Internacional y con la Iglesia Católica, participe en el acto de liberación de los secuestrados que están en poder de las FARC. Deben ser liberados los 24 secuestrados en forma simultánea, y deben ser devueltos los cuerpos de los tres compatriotas secuestrados que murieron en el asesinato del cautiverio. El tema de logística para efectuar esta liberación de manera discreta, lo coordinará el doctor Frank Pearl (el Alto Comisionado para la Paz del gobierno colombiano), con la Cruz Roja Internacional y las Fuerzas Armadas. Yo rogaría toda la paciencia y la comprensión de ustedes, apreciados comunicadores, y les rogaría simplemente transmitir este texto en las exactas palabras, que se ha estudiado con mucho juicio".
Efectivamente, la escueta comunicación había sido fríamente calculada. Parecía una concesión, pero en la práctica era un obstáculo insalvable para viabilizar la entrega de los dos rehenes.
Pablo Emilio Moncayo tuvo que desperdiciar otros dos meses más de su vida hasta que el Gobierno colombiano se avino a aceptar la liberación unilateral de los dos uniformados y la participación, en calidad de “acompañante” y no de “mediadora” de la senadora Piedad Córdoba, que en ese lapso de tiempo presentó ante la sociedad colombiana nuevas pruebas de vida y luchó pertinazmente por abrir la posibilidad de la liberación unilateral decidida por las FARC.
Córdoba, que conforma junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Iglesia católica la misión humanitaria que debe recoger a los liberados, ya ha anunciado que las liberaciones tardarán al menos un mes más, ya que apenas se han empezado a dar los pasos que permitirán materializar la entrega de ambos retenidos.
Durante estos 8 meses de “ñapa” que el Gobierno colombiano ha prolongado deliberadamente el presidio de Pablo Emilio Moncayo, es difícil calcular los peligros que han amenazado su vida, y no es descabellado pensar que lo peor esté por venir. El fantasma de una operación militar de rescate a sangre y fuego pende sobre las vidas de los retenidos y es un riesgo real, en la medida en que al presidente Álvaro Uribe, hablando en términos de “rédito político”, como le gusta a él, le rinden más dos muertos que poder achacar a las FARC que dos ciudadanos que recuperen la libertad gracias a una acción unilateral de la guerrilla, encaminada a posibilitar un acuerdo humanitario. Eso implica tanto como reconocer que hay guerra, y que su naturaleza, y por tanto su solución, son políticas y no militares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario