El gobierno de Uribe amplía el convenio con Israel
Ocupación fronteriza, desplazamiento forzado y biocombustibles
Panorama Alternativo...12/11/2009
Una nueva arista en la alianza militar, económica, industrial y comercial entre Colombia e Israel se develó la semana pasada con la firma de la ampliación de los convenios de cooperación en materia agrícola. El Embajador de Israel en Bogotá, Meron Reuben, y la directora de Relaciones Internacionales del Servicio Nacional de Apendizaje (SENA), Julia Gutiérrez de Piñeres, firmaron un convenio en “Transferencia de Tecnología” para incrementar “el conocimiento y las habilidades tecnológicas” del personal del SENA, a través de capacitaciones presenciales en Israel relacionadas con el tratamiento de suelos. En realidad, se busca incrementar las relaciones entre el estado de Israel y el gobierno de Uribe para recuperar tierras poco cultivables que puedan utilizarse con especies vegetales aplicadas a la producción de “biocombustibles”. Estos carburantes han sido duramente criticados por especialistas de la comunidad internacional por utilizar plantas que sirven como alimentos, aumentar los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera (al contrario de disminuirlos) y desplazar poblaciones campesinas de sus tierras. También se vincula la instalación de plantas de biocombustibles a una estrategia de invasión de tierras lindantes con territorio venezolano.
Serán 21 instructores del SENA los que viajarán en el presente año a Israel como parte de una avanzada que se ampliara en 2010. Parte del convenio de cooperación entre Colombia e Israel incluyó este año el repotenciado y compra de 24 aviones de combate Kfir, 48 vehículos blindados y varios lanzadores de misiles antitanque israelíes “Spike”, además de armas automáticas, explosivos y aparatos de visión nocturna. Con el desarrollo de estos conevenios, los operativos y las acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares afectan a las comunidades campesinas que son saqueadas y violentadas ocasionando así, su desplazamiento forzado. La mayor parte de campesinos deben dejar abandonadas sus tierras, que son repobladas por otros que estén aliados o asuman la obediencia del grupo paramilitar armado que controla la región. Con diferentes denominaciones eufemísticas como la genérica "bandas emergentes", se asiste en la mayor parte del territorio colombiano a una recomposición del fenómeno paramilitar con los mismos elementos presentes desde comienzos de los noventa: narcotráfico, extorsión, toma de tierras con desplazamiento forzado e intervención en la política.
La inseguridad y el crimen se extienden en Colombia como evidente fracaso de la bandera con la que el presidente Álvaro Uribe es reelegido: la "seguridad democrática". En este sentido, diversas ONG y hasta la propia Defensoría del Pueblo tienen registradas más de 82 bandas que operan en 273 municipios, con no menos de 10.000 hombres bien armados, la mitad de ellos procedentes del viejo paramilitarismo, supuestamente alguna vez desmovilizado.
Las” bandas emergentes” más importantes que se extienden por el país son: las Águilas Negras, que actúan ya en Córdoba, Santander, Magdalena Medio, Antioquia e incluso en barrios populares de Bogotá, como San Cristóbal; Los Rastrojos, herederos del cártel del norte del Valle del Cauca y extendidos ya por gran parte del país, y Los Paisas. Practican sus actividades de siempre (narcotráfico, extorsión, toma de tierras y desplazamiento forzado de los campesinos, violaciones como arma de presión) y actúan en 25 de los 32 departamentos de Colombia.
También intervienen en política con la persecución de líderes comunitarios, de organizaciones de derechos humanos y de víctimas, y están enquistados en estructuras del Estado. Según el Defensor del Pueblo, las amenazas a ONG y defensores de Derechos Humanos son constantes en Bogotá, César, Magdalena y Bolívar. También los crímenes y amenazas para lograr el desplazamiento violento de los campesinos. Hoy hay en Colombia más de cuatro millones de desplazados y su número sigue en aumento. Como parte de la ampliación de los convenios militares establecidos entre el estado de Israel y el gobierno de Álvaro Uribe, empresas israelíes harán negocios en Colombia. Se trata de las firmas Ampal y Merhav MNF que invertirán 500 millones de dólares en un proyecto de etanol y biodiesel. Las firmas también están interesadas en entrar a Perú y Brasil. El proyecto lo financiará el banco HSBC.
Según el portal globes on line, el primer proyecto se concretará en Colombia y consistiráa en una planta de procesamiento a base de caña de azucar. El cultivo tendrá una extensión aproximada de 25.000 acres. Así, el gobierno busca transformar a Colombia en el mayor productor mundial de combustibles agrícolas y los ministerios de Agricultura y de Minas y Energía trabajan en varios proyectos para conseguir esa meta. Las autoridades han dado prioridad a la producción de combustibles agrícolas a partir de la caña de azúcar, palma africana, yuca y maíz y considera otros relacionados con la papa y la higuerilla.
El gobierno colombiano no otorga subsidios, sino que está "dando facilidades como créditos blandos, hasta de 80 por ciento en la asistencia técnica y exenciones tributarias para la producción biocombustibles", según el Ministerio de Agricultura. Colombia produce actualmente un millón de litros de alcohol carburante que abastecen sólo a Bogotá y al sur occidente del país, pero la producción deberá elevarse en medio millón de litros más para cubrir otras regiones importantes del norte y del oriente, según cálculos oficiales, en especial en los Llanos Orientales, una extensión de sabanas de unos 17 millones de hectáreas fronterizas con Venezuela y Brasil y utilizadas hoy sobre todo para la ganadería. Allí también se adelantan proyectos de biocombustibles a partir de la yuca.
Esta política irracional de proyectos agro-combustibles ya implementada, generó denuncias que vinculan estas plantaciones con el violento accionar de grupos paramilitares, con la sistemática violación de derechos humanos, intimidaciones, expropiación de tierras y desplazamiento forzado. En el Pacífico y en el occidente, donde la palma se cultiva desde los años 70, las Organizaciones de derechos humanos hacen estas denuncias desde 2004. Si bien el procesamiento de aceite de palma estuvo destinado inicialmente a la fabricación de alimentos y cosméticos, hoy las plantaciones de palma son la columna vertebral del estratégico mercado de los “biocombustibles”. Por su parte, se denunciaron "impactos ambientales socioeconómicos y efectos sobre la tenencia de la tierra, en comunidades campesinas, negras e indígenas" colombianas.
No solo el acuerdo político militar con Estados Unidos incrementará el número de bases y la producción de cocaína en territorio colombiano: también se habría incluído en los acuerdos, que aún se mantienen en secreto, el incremento de la producción de “biocombustible” para abastecer el mercado de los Estados Unidos, ocupando para ello tierras lindantes con Venezuela. Los EEUU están comprometidos en un ambicioso proyecto de expansión de la producción de “biocombustibles” y aspiran que para el 2022 se esté en capacidad de proporcionar por lo menos 36.000 millones de galones de combustible.
De hecho, la producción de etanol se ha cuadriplicado en sólo siete años, al pasar de 1.600 millones de galones en 2000 a poco más de 6.400 millones de galones en 2007. Otro tanto ha ocurrido con el biodiesel, del cual se produjeron en 2007, 450 millones de galones, para un incremento del 80% con relación al 2006. Al mismo tiempo que se diseñaban políticas de “biocombustibles” y avanzaban los tratados de libre comercio, Colombia pasó de importar 700 mil toneladas de alimentos en 1990 a importar en 2002, 6.106.564 toneladas; y ya para 2007, la cifra había subido hasta las 8.126.637 toneladas. El sector agropecuario que participaba con el 24% en el PIB en 1990, a duras penas alcanza hoy el 11.4% y en cuanto a las exportaciones pasó de representar el 80% en 1970 a sólo el 20% en 2005.
El convenio de cooperación entre Colombia e Israel, impulsa el desplazamiento forzado de campesinos mediante el paramilitarismo y sicariato, técnicas agíricolas e instalación de plantas productoras de agrocombustibles contaminantes (en especial el bioetanol), y la ocupación de territorios fronterizos a la República Bolivariana de Venezuela. Estos hechos reafirman la preocupación de este país ante el desarrollo de un plan de agresión de los gobiernos de los Estados Unidos e Israel desde territorio colombiano.
Serán 21 instructores del SENA los que viajarán en el presente año a Israel como parte de una avanzada que se ampliara en 2010. Parte del convenio de cooperación entre Colombia e Israel incluyó este año el repotenciado y compra de 24 aviones de combate Kfir, 48 vehículos blindados y varios lanzadores de misiles antitanque israelíes “Spike”, además de armas automáticas, explosivos y aparatos de visión nocturna. Con el desarrollo de estos conevenios, los operativos y las acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares afectan a las comunidades campesinas que son saqueadas y violentadas ocasionando así, su desplazamiento forzado. La mayor parte de campesinos deben dejar abandonadas sus tierras, que son repobladas por otros que estén aliados o asuman la obediencia del grupo paramilitar armado que controla la región. Con diferentes denominaciones eufemísticas como la genérica "bandas emergentes", se asiste en la mayor parte del territorio colombiano a una recomposición del fenómeno paramilitar con los mismos elementos presentes desde comienzos de los noventa: narcotráfico, extorsión, toma de tierras con desplazamiento forzado e intervención en la política.
La inseguridad y el crimen se extienden en Colombia como evidente fracaso de la bandera con la que el presidente Álvaro Uribe es reelegido: la "seguridad democrática". En este sentido, diversas ONG y hasta la propia Defensoría del Pueblo tienen registradas más de 82 bandas que operan en 273 municipios, con no menos de 10.000 hombres bien armados, la mitad de ellos procedentes del viejo paramilitarismo, supuestamente alguna vez desmovilizado.
Las” bandas emergentes” más importantes que se extienden por el país son: las Águilas Negras, que actúan ya en Córdoba, Santander, Magdalena Medio, Antioquia e incluso en barrios populares de Bogotá, como San Cristóbal; Los Rastrojos, herederos del cártel del norte del Valle del Cauca y extendidos ya por gran parte del país, y Los Paisas. Practican sus actividades de siempre (narcotráfico, extorsión, toma de tierras y desplazamiento forzado de los campesinos, violaciones como arma de presión) y actúan en 25 de los 32 departamentos de Colombia.
También intervienen en política con la persecución de líderes comunitarios, de organizaciones de derechos humanos y de víctimas, y están enquistados en estructuras del Estado. Según el Defensor del Pueblo, las amenazas a ONG y defensores de Derechos Humanos son constantes en Bogotá, César, Magdalena y Bolívar. También los crímenes y amenazas para lograr el desplazamiento violento de los campesinos. Hoy hay en Colombia más de cuatro millones de desplazados y su número sigue en aumento. Como parte de la ampliación de los convenios militares establecidos entre el estado de Israel y el gobierno de Álvaro Uribe, empresas israelíes harán negocios en Colombia. Se trata de las firmas Ampal y Merhav MNF que invertirán 500 millones de dólares en un proyecto de etanol y biodiesel. Las firmas también están interesadas en entrar a Perú y Brasil. El proyecto lo financiará el banco HSBC.
Según el portal globes on line, el primer proyecto se concretará en Colombia y consistiráa en una planta de procesamiento a base de caña de azucar. El cultivo tendrá una extensión aproximada de 25.000 acres. Así, el gobierno busca transformar a Colombia en el mayor productor mundial de combustibles agrícolas y los ministerios de Agricultura y de Minas y Energía trabajan en varios proyectos para conseguir esa meta. Las autoridades han dado prioridad a la producción de combustibles agrícolas a partir de la caña de azúcar, palma africana, yuca y maíz y considera otros relacionados con la papa y la higuerilla.
El gobierno colombiano no otorga subsidios, sino que está "dando facilidades como créditos blandos, hasta de 80 por ciento en la asistencia técnica y exenciones tributarias para la producción biocombustibles", según el Ministerio de Agricultura. Colombia produce actualmente un millón de litros de alcohol carburante que abastecen sólo a Bogotá y al sur occidente del país, pero la producción deberá elevarse en medio millón de litros más para cubrir otras regiones importantes del norte y del oriente, según cálculos oficiales, en especial en los Llanos Orientales, una extensión de sabanas de unos 17 millones de hectáreas fronterizas con Venezuela y Brasil y utilizadas hoy sobre todo para la ganadería. Allí también se adelantan proyectos de biocombustibles a partir de la yuca.
Esta política irracional de proyectos agro-combustibles ya implementada, generó denuncias que vinculan estas plantaciones con el violento accionar de grupos paramilitares, con la sistemática violación de derechos humanos, intimidaciones, expropiación de tierras y desplazamiento forzado. En el Pacífico y en el occidente, donde la palma se cultiva desde los años 70, las Organizaciones de derechos humanos hacen estas denuncias desde 2004. Si bien el procesamiento de aceite de palma estuvo destinado inicialmente a la fabricación de alimentos y cosméticos, hoy las plantaciones de palma son la columna vertebral del estratégico mercado de los “biocombustibles”. Por su parte, se denunciaron "impactos ambientales socioeconómicos y efectos sobre la tenencia de la tierra, en comunidades campesinas, negras e indígenas" colombianas.
No solo el acuerdo político militar con Estados Unidos incrementará el número de bases y la producción de cocaína en territorio colombiano: también se habría incluído en los acuerdos, que aún se mantienen en secreto, el incremento de la producción de “biocombustible” para abastecer el mercado de los Estados Unidos, ocupando para ello tierras lindantes con Venezuela. Los EEUU están comprometidos en un ambicioso proyecto de expansión de la producción de “biocombustibles” y aspiran que para el 2022 se esté en capacidad de proporcionar por lo menos 36.000 millones de galones de combustible.
De hecho, la producción de etanol se ha cuadriplicado en sólo siete años, al pasar de 1.600 millones de galones en 2000 a poco más de 6.400 millones de galones en 2007. Otro tanto ha ocurrido con el biodiesel, del cual se produjeron en 2007, 450 millones de galones, para un incremento del 80% con relación al 2006. Al mismo tiempo que se diseñaban políticas de “biocombustibles” y avanzaban los tratados de libre comercio, Colombia pasó de importar 700 mil toneladas de alimentos en 1990 a importar en 2002, 6.106.564 toneladas; y ya para 2007, la cifra había subido hasta las 8.126.637 toneladas. El sector agropecuario que participaba con el 24% en el PIB en 1990, a duras penas alcanza hoy el 11.4% y en cuanto a las exportaciones pasó de representar el 80% en 1970 a sólo el 20% en 2005.
El convenio de cooperación entre Colombia e Israel, impulsa el desplazamiento forzado de campesinos mediante el paramilitarismo y sicariato, técnicas agíricolas e instalación de plantas productoras de agrocombustibles contaminantes (en especial el bioetanol), y la ocupación de territorios fronterizos a la República Bolivariana de Venezuela. Estos hechos reafirman la preocupación de este país ante el desarrollo de un plan de agresión de los gobiernos de los Estados Unidos e Israel desde territorio colombiano.
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