Si algún país se le puede clasificar entre los “Estados fallidos” es Colombia. A este estadio de degradación llegó el país, como resultado de los manejos de la oligarquía apoltronada en el poder, sin identidad nacional, ebria de egoísmos y sin otro norte distinto al enriquecimiento fácil y rápido.
Desde 1.810, cuando la primera independencia, no se detiene el registro de las guerras de expropiación de tierras y de enfrentamientos militares entre élites por el poder, de entrega de la soberanía al extranjero, para saquear recursos naturales y mantener un comercio desigual; que corren aparejados con negocios ilegales, como el contrabando, contratos leoninos con gobiernos corruptos, saqueo de bienes públicos, comercio de la marihuana y la cocaína, entre otros.
En esas prácticas se formó esta oligarquía, desde los siglos XIX y XX, la clase política y los gobiernos que la representan, sostenidos en el poder, con las armas de la república y ejércitos privados de matones.
Esta la historia de la guerra sucia y de la violencia dominadora, de las insatisfacciones de las necesidades elementales de la sociedad y de sus protestas; de la profundización de la pobreza y la miseria material y espiritual de todo el pueblo.
El gobierno del Presidente Uribe es una continuación de esa cadena de desgracias históricas, que sufre el pueblo colombiano.
En sus dos mandatos consecutivos (2.002-2.010), Uribe ha profundizado las injusticias sociales y el terrorismo de Estado; la entrega de la soberanía, con la instalación de nueve Bases militares de los Estados Unidos; el aislamiento del país, motivado por las agresiones y amenazas proferidos contra los vecinos; el arrinconamiento del Estado Social de Derecho, la degradación de la ética y moral públicas; el enriquecimiento acelerado de la minoría incondicional del gobierno, a costa del incremento de la pobreza y la miseria de los colombianos.
El imperialismo, la oligarquía y las trasnacionales están contentas con Uribe; por eso apoyan su tercer mandato (2.010-2.014), recurriendo a maniobras, mentiras y compra de conciencias, para intentar perpetuar este régimen fascista y dictatorial.
En su campaña reeleccionista recurren a forcejeos, prácticas delictivas de funcionarios sin ética, que evidencian la degradación moral de la clase dominante y del poco respeto del gobierno por las instituciones burguesas y sus leyes.
El Parlamento, ilegitimado por sus vínculos con los narco paramilitares, aprobó por sólo un voto de mayoría, la Ley para convocar al Referendo, que consulta sobre un tercer mandato para Uribe. Inmediatamente esta ley fue sancionada por el presidente y pasó al estudio de la Corte Constitucional, para que ésta falle sobre su constitucionalidad y cerca de cien demandas presentadas contra ella.
Para sobrepasar el umbral del 25 por ciento del Censo electoral, -unos 7,5 millones de votos-, ahora el gobierno impulsa una ley que lo faculte para cambiar el Censo y reducir la cantidad mínima exigida.
Razón tiene el Procurador General de la Nación cuando acaba de decir, que “el país pasó de la patria boba a la patria loca y debo controlar este manicomio”, en una crítica a la corruptela, y a los choques entre el presidente y las Cortes. Esta desinstitucionalización, junto a la crisis humanitaria y social soportada por el pueblo, configura la ruina del “Estado fallido”.
Colombia se merece otro destino, por eso hay que luchar por la unidad del pueblo y la nación para derrotar el actual régimen y establecer un gobierno de nación, paz y equidad.
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