Buscar soluciones reales a la crisis nacional de Colombia.
Insurrección...26/09/2009
La propaganda que el gobierno hace sobre la violencia y el narcotráfico, tiene el propósito de desfigurar la realidad e impedir que se conozca la verdad sobre estos males, y que se destape a los impulsores y beneficiarios de ellos.
El Presidente y sus seguidores incondicionales en las intervenciones públicas, relacionan guerrilla y narcotráfico como si fuera la misma cosa, niegan la existencia del conflicto social y armado, y califican de terroristas a la oposición amplia y a la insurgencia.
Con esta propaganda fundamentan la cuestionada política de Seguridad Democrática o Doctrina de Seguridad Nacional, pues son la misma cosa; justifican la carrera armamentista del Plan Colombia, las nueve bases militares de Estados Unidos instaladas en el país -que apuntan hacia Suramérica-, el desaforado presupuesto para la guerra y el descuadernamiento que el Presidente viene haciendo del Estado y la sociedad colombiana.
A pesar de los recursos descomunales y los medios utilizados por el gobierno, los resultados no tienen correspondencia con los esfuerzos invertidos y es muy poco lo que Uribe tiene para mostrar, que no sea algunos ataques contra las guerrillas y golpes de efecto, como la captura de varios capos narco paramilitares, que se habían vuelto incómodos para el gobierno y ya no servían a la estrategia contrainsurgente.
En este año, en las principales ciudades del país aumentaron los delitos contra la vida, cometidos por numerosas bandas, casi todas asociadas al narco paramilitarismo.
En Medellín pasan de mil homicidios en los primeros siete meses de este año, le siguen muy de cerca Cali, Bogotá, Pereira y las ciudades de la Costa Atlántica; el desplazamiento forzoso producido por la Fuerzas Armadas y narco paramilitares continúa aumentando, igual que los crímenes de Estado, como las ejecuciones extra judiciales, ahora mal llamadas Falsos Positivos.
La persecución política ejecutada con amenazas contra la vida, se siguen intensificando por parte de fuerzas de la ultraderecha.
Antes las víctimas eran militantes de izquierda, sindicalistas, periodistas, campesinos, defensores de derechos humanos, indígenas, afro descendientes y desempleados de los barrios populares; ahora se suman a esa larga y tenebrosa lista, altos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ex Comisionados de paz del gobierno anterior y muchas otras personalidades contrarias a la política de Uribe, que nada tienen que ver con la izquierda.
La producción y exportación de narcóticos continúa creciendo, como en los mejores tiempos de los grandes Carteles mafiosos; los cargamentos que decomisan pertenecen a pequeñas mafias, aisladas de las grandes cadenas del crimen organizado, que pagan franquicias a los corruptos del régimen, asignados para recolectarlas.
El fracaso de la “guerra contra las drogas” se debe a que los esfuerzos han estado dirigidos a eliminar al movimiento insurgente, atemorizar a los críticos y opositores, y a preparar condiciones para prolongar el mandato del Presidente Uribe, que haga posible implantar el régimen fascista que encabeza.
Los fracasos de las políticas oligárquicas se originan en el uso de la violencia como instrumento para mantenerse en el poder; y en la corrupción y el narcotráfico como medios de enriquecimiento fácil e ilícito.
Además la indiferencia del régimen, que no busca soluciones a las causas del conflicto interno, a la degradación nacional ni a la descomposición ética y moral, mantiene a Colombia en el club de los Estados fracasados.
Esta forma de ser poder y acumular riqueza, es la gran causa de la profunda crisis que sufre Colombia; pero en vez de buscar solucionarla, se distrae la atención hacia sus consecuencias, como la resistencia armada al régimen y el narcotráfico.
Razón tiene el New York Times y muchos otros analistas de la realidad colombiana, cuando manifiestan que fracasaron la política de Seguridad Democrática y la “guerra contra las drogas”.
Buscar que todos los colombianos disfrutemos de libertad y justicia, es el gran cambio que debemos hallar entre todos, con la convicción que por este camino iremos resolviendo la aguda crisis nacional que padecemos.
El Presidente y sus seguidores incondicionales en las intervenciones públicas, relacionan guerrilla y narcotráfico como si fuera la misma cosa, niegan la existencia del conflicto social y armado, y califican de terroristas a la oposición amplia y a la insurgencia.
Con esta propaganda fundamentan la cuestionada política de Seguridad Democrática o Doctrina de Seguridad Nacional, pues son la misma cosa; justifican la carrera armamentista del Plan Colombia, las nueve bases militares de Estados Unidos instaladas en el país -que apuntan hacia Suramérica-, el desaforado presupuesto para la guerra y el descuadernamiento que el Presidente viene haciendo del Estado y la sociedad colombiana.
A pesar de los recursos descomunales y los medios utilizados por el gobierno, los resultados no tienen correspondencia con los esfuerzos invertidos y es muy poco lo que Uribe tiene para mostrar, que no sea algunos ataques contra las guerrillas y golpes de efecto, como la captura de varios capos narco paramilitares, que se habían vuelto incómodos para el gobierno y ya no servían a la estrategia contrainsurgente.
En este año, en las principales ciudades del país aumentaron los delitos contra la vida, cometidos por numerosas bandas, casi todas asociadas al narco paramilitarismo.
En Medellín pasan de mil homicidios en los primeros siete meses de este año, le siguen muy de cerca Cali, Bogotá, Pereira y las ciudades de la Costa Atlántica; el desplazamiento forzoso producido por la Fuerzas Armadas y narco paramilitares continúa aumentando, igual que los crímenes de Estado, como las ejecuciones extra judiciales, ahora mal llamadas Falsos Positivos.
La persecución política ejecutada con amenazas contra la vida, se siguen intensificando por parte de fuerzas de la ultraderecha.
Antes las víctimas eran militantes de izquierda, sindicalistas, periodistas, campesinos, defensores de derechos humanos, indígenas, afro descendientes y desempleados de los barrios populares; ahora se suman a esa larga y tenebrosa lista, altos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ex Comisionados de paz del gobierno anterior y muchas otras personalidades contrarias a la política de Uribe, que nada tienen que ver con la izquierda.
La producción y exportación de narcóticos continúa creciendo, como en los mejores tiempos de los grandes Carteles mafiosos; los cargamentos que decomisan pertenecen a pequeñas mafias, aisladas de las grandes cadenas del crimen organizado, que pagan franquicias a los corruptos del régimen, asignados para recolectarlas.
El fracaso de la “guerra contra las drogas” se debe a que los esfuerzos han estado dirigidos a eliminar al movimiento insurgente, atemorizar a los críticos y opositores, y a preparar condiciones para prolongar el mandato del Presidente Uribe, que haga posible implantar el régimen fascista que encabeza.
Los fracasos de las políticas oligárquicas se originan en el uso de la violencia como instrumento para mantenerse en el poder; y en la corrupción y el narcotráfico como medios de enriquecimiento fácil e ilícito.
Además la indiferencia del régimen, que no busca soluciones a las causas del conflicto interno, a la degradación nacional ni a la descomposición ética y moral, mantiene a Colombia en el club de los Estados fracasados.
Esta forma de ser poder y acumular riqueza, es la gran causa de la profunda crisis que sufre Colombia; pero en vez de buscar solucionarla, se distrae la atención hacia sus consecuencias, como la resistencia armada al régimen y el narcotráfico.
Razón tiene el New York Times y muchos otros analistas de la realidad colombiana, cuando manifiestan que fracasaron la política de Seguridad Democrática y la “guerra contra las drogas”.
Buscar que todos los colombianos disfrutemos de libertad y justicia, es el gran cambio que debemos hallar entre todos, con la convicción que por este camino iremos resolviendo la aguda crisis nacional que padecemos.
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