Desde hace algunos años, el periódico El País, anteriormente considerado de izquierda, se posiciona junto con la derecha en sus informaciones sobre los gobiernos progresistas de América Latina.
Los intereses que los gobiernos de izquierda a los que El País suele atacar tienen al pueblo como beneficiario y no a las empresas que conforman el emporio del Grupo PRISA. Las nacionalizaciones de los recursos naturales, el retiro de los libros de la Editorial Santillana de la educación pública, las concesiones de licencias de medios de comunicación al pueblo y no a sus empresas o el incremento de derechos laborales que ha favorecido un beneficio menor a las compañías en favor de los trabajadores, ha propiciado que desde las hojas de El País se ataque visceralmente, y hasta personalmente, a quienes dirigen esos gobiernos.
El rotativo español ha cosechado debido a esta actuación varias denuncias y ha sido acusado de no respetar el derecho a réplica de sus lectores, llegando incluso a rechazar en varias ocasiones publicar las cartas que la embajada de Venezuela en España le ha hecho llegar.
Anteayer, El País volvió a tergiversar. Esta vez manipularon las declaraciones de la Fiscal General venezolana, Luisa Ortega, para finalmente acabar acusando al Gobierno de Venezuela de prohibir las manifestaciones en su contra.
Según el titular de El País “Protestar en Venezuela será delito” ya que “La fiscalía procesará a los ciudadanos que se manifiesten contra el Gobierno”.
Estas aseveraciones las sustenta el periódico en unas declaraciones de Luisa Ortega, Fiscal General de Venezuela. Según El País, «la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, ha anunciado que abrirá procesos contra todos aquellos ciudadanos que "por cualquier motivo marchan" y que, en su opinión, sólo buscan "desestabilizar al Gobierno constitucionalmente electo". "Yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el Gobierno legítimamente constituido, sepan cuáles son las consecuencias", dijo Ortega, mientras moderaba su programa de radio En sintonía con el Ministerio Público, que transmite todos los viernes una emisora del Estado. Su opinión es que "(estas) conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil", que la ley venezolana castiga con penas de 12 a 24 años de cárcel.»
El diario español saca de contexto las declaraciones ya que no cuenta en ningún momento que Luisa Ortega se está refiriendo a los hechos violentos que la oposición provocó al romper la barrera de seguridad mientras marchaba por las calles de Caracas en una manifestación con recorrido legalizado por autoridades bolivarianas contra la Ley Orgánica de Educación, que entre otras cosas garantiza la gratuidad de ésta en todos los niveles académicos y la laicidad en la educación.
Los manifestantes opositores rompieron la valla de seguridad que marcaba el fin del recorrido legalizado y lanzaron botellas y piedras a la Policía Metropolitana.
Las declaraciones de la Fiscal General fueron “Anuncio que el Ministerio Público no va a permitir que esto continúe. Quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el Gobierno, que atenten contra el sistema democrático, vamos a solicitarle su enjuiciamiento, incluso, no sólo de los autores materiales, sino también de los intelectuales.” Refiriéndose a quienes protagonizaron los hechos violentos en la manifestación contra la LOE el pasado 22 de agosto.
Entre las declaraciones de la Fiscal General es imposible encontrar alguna que se refiera a que no se van a poder manifestar quienes opinen contrariamente al Gobierno Bolivariano sino que no se permitirán actos violentos, “yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido, sepan cuáles son las consecuencias.”
El País ha llegado al extremo de defender expresiones violentas con tal de atacar a quien considera su enemigo. En ningún momento se ha dicho que los contrarios al gobierno serán procesados, sino quienes cometan actos violentos.
El País apoya que se expresen las opiniones mediante la violencia en Venezuela a juzgar por sus informaciones. El periódico denuncia que ya hay once personas “entre rejas” arbitrariamente: “según el criterio” de Luis Ortega. Para el rotativo español no importa que se salieran violentamente del recorrido legalizado y atacasen a la Policía Metropolitana, si son contrarios al Gobierno que preside Chávez deberían estar por encima de la ley.
El diario nombra a Antonio Ledezma, alcalde de la Alcaldía Mayor de Caracas, pero sólo para hacer constancia de que los detenidos tienen de la condición de opositores y por tanto reforzar la idea de que son perseguidos políticos. Por desgracia a El País se le olvidó mencionar que casi 6.000 trabajadores, de un total de 11.000, han denunciado a Antonio Ledezma por despidos injustificados y que el propio Ledezma echó del Cuerpo de Bomberos de Caracas a todos los bomberos que formaban parte del Frente Bolivariano de Bomberos en un acto de caza de brujas contra los que opinan diferente a su administración.
Al no existir una ley, ni su proyecto en la cámara legislativa, que niegue el derecho de manifestación a los contrarios al Gobierno de Venezuela, no se puede determinar que “Protestar en Venezuela será delito”. Mucho menos confirmar que “la fiscalía procesará a los ciudadanos que se manifiesten contra el Gobierno” cuando la Fiscal General de Venezuela no ha declarado nada parecido.
La vocación manipuladora de El País no termina ahí. En la misma noticia arremete de nuevo contra la Fiscal General, “Luisa Ortega también propuso al Parlamento que aprobara una polémica "ley contra delitos mediáticos" para castigar a los medios de comunicación que difundieran informaciones que "incitaran al odio" o generasen "zozobra" entre la población.”
Según declaró el diputado Carlos Escarrá, “La Ley de Delitos Mediáticos nunca existió, sólo fue una invención de los medios de comunicación privados a partir de la propuesta presentada a la Asamblea Nacional (AN) por la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.” El País intenta crear una imagen de censora de Luisa Ortega achacándole iniciativas que el propio periódico se inventa, ya que esa ley, según los propios integrantes del poder legislativo no existe.
Siguiendo la línea editorial de defender hasta a los delincuentes si están en contra del Gobierno Bolivariano de Venezuela, El País informa que “desde 2007, al menos 300 estudiantes han sido detenidos por participar en las manifestaciones contra el cierre del canal privado Radio Caracas Televisión y contra la reforma constitucional propuesta por Chávez para establecer su reelección indefinida; desde entonces, 256 de ellos deben presentarse ante un juez de forma periódica y tienen prohibido salir del país.”
No se sabe a qué cierre se refiere el periódico ya que el mencionado RCTV sigue emitiendo con normalidad. Los estudiantes a quienes hace referencia El País quemaron el Parque del Ávila, un parque natural protegido y dieron varias palizas a estudiantes que sí apoyan al Gobierno del presidente Chávez, entre otras acciones vandálicas.
Una vez más el periódico El País confirma su apoyo a la violencia como forma de expresión, siempre y cuando esté dirigida a un gobierno que no represente los intereses de las compañías que conforman su grupo empresarial.
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