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Al fin, el golpismo ha vuelto a ganar, como tantas veces lo hizo antes en muchos países al sur del Río Grande, el mismo río que los mexicanos vecinos de su orilla derecha llaman Río Bravo del Norte. Sea cual sea el resultado definitivo de las elecciones celebradas en Honduras el pasado domingo y sea cual sea el índice de participación, el solo hecho de celebrarlas bajo la benévola mirada de algunos países complacientes constituye el último clavo que cierra el ataúd de la que fue posible democracia hondureña.
Esta valoración no resulta modificada por la opinión oficial del Gobierno de EEUU de aceptar el resultado de esos comicios si se celebran con "libertad y limpieza", opinión que comparten algunos otros países americanos como Colombia, Panamá y Costa Rica -cuyo presidente ha sido el principal mediador entre las partes enfrentadas-, pero que rechazan de plano un gran número de Estados. En América, Argentina y Brasil han manifestado ya que no reconocerán el resultado de las elecciones, y la Organización de Estados Americanos ha rehusado enviar observadores al proceso electoral. Tampoco la ONU lo ha respaldado, como no podía por menos de suceder, aunque nada indica que siga firme en su propósito de aquí a algunos meses si, como lamentablemente parece probable, la farsa hondureña alcanza el objetivo que habían previsto los golpistas del 28 de junio.
La Unión Europea no aprueba estas elecciones, aunque unos europarlamentarios españoles del Grupo Popular viajaron a Honduras a título privado. Sorprende que alguien pueda pensar que se dan las condiciones necesarias para unas elecciones "libres y limpias", cuando el anterior presidente, democráticamente elegido, fue depuesto por la fuerza de las armas y permanece refugiado en la Embajada brasileña en Tegucigalpa desde finales del pasado mes de junio, configurando de este modo una esperpéntica situación legal y política que impide considerar siquiera normal cualquier tipo de elección celebrada en tan anómalas circunstancias.
Un diputado del Congreso Nacional hondureño declaró a la prensa chilena lo siguiente: "La pandilla que convoca estas elecciones hace fiesta mientras tienen bajo encierro y tortura al presidente legítimamente electo. Hay censura en los medios de comunicación; se persigue a los miembros de la Resistencia que hacemos oposición; aparecen asesinados opositores sin que el sistema judicial actúe; los militares son los que mandan tras las bambalinas, como lo reconoció el portavoz de la Policía Nacional en una entrevista encubierta". Su denuncia se extendía también a varios aspectos del proceso electoral, en el que los datos finales serán elaborados por una empresa telefónica que -según él- financió el golpe de Estado, los observadores internacionales que han aceptado acudir son ideológicamente aliados de los golpistas y las urnas serán custodiadas por los mismos soldados que apresaron y expulsaron a Zelaya.
No deja de sorprender a muchos observadores el hecho de que en Latinoamérica, durante la presidencia de Bush, que sin mucha exageración podía calificarse como un régimen de extrema derecha, sólo ocurrió un golpe de Estado -el fracasado en Venezuela contra el presidente Chávez en el 2002- y, por el contrario, las fuerzas políticas de izquierda alcanzaron democráticamente el poder en varios países, alumbrando entre las masas habitualmente desposeídas unas esperanzas de justicia social soñadas durante los largos años en que fueron gobernadas por las corruptas oligarquías de siempre.
En cambio, con Obama en la presidencia, en menos de un año ha prosperado el primer golpe de Estado sin apenas oposición firme y decidida de la Casa Blanca, y en otros países, como Paraguay, empieza a escucharse el ruido de los sables, aunque, como ha ocurrido en Honduras, éstos se disfracen con las togas de la Justicia para hacerse más digeribles por la opinión pública.
Es casi seguro que esta aparente contradicción sea producto de la situación política en EEUU, donde Obama se ve obligado a alcanzar difíciles equilibrios frente a una oposición mucho más dura que la que tuvo que soportar Bush. Ésta siembra de obstáculos los complicados caminos por los que el nuevo presidente ha de transitar para lograr la ansiada reforma sanitaria, atender a la crisis económica mundial y afrontar los numerosos problemas de política exterior que dependen básicamente de las decisiones de Washington; y todo esto con la vista puesta, como es natural, en las próximas elecciones presidenciales que deberá ganar para llevar a cabo sus ambiciosos proyectos a más largo plazo.
Que esos problemas internos de EEUU contribuyan al resultado de que en Tegucigalpa se instaure un régimen democráticamente dudoso, producto final de un golpe de Estado a pesar de estar vestido con el ropaje de unas elecciones absurdas, nos muestra los extraños recorridos de la política internacional en un mundo tan interconectado como el que nos ha tocado vivir.


A principios de los años ochenta el presidente francés Francoise Miterrand intermedió para la liberación de un pintor y poeta paralítico que en silla de ruedas estaba preso, el entonces presidente cubano Fidel Castro no puso ninguna objeción excepto una condición, que subiera caminando por la escalerilla del avión para que todo el mundo viera que era un impostor y Armando Valladares como Lázaro se levantó y caminó rumbo a su nuevo empleo.
Otro actor de la política, el presidente republicano Ronald Reagan, lo designó como embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pero tantas eran las prisas en su cruzada contra el comunismo que nos esperó para designarlo a que tuviera la ciudadanía norteamericana o que supiese al menos inglés, cosas curiosas del ajuste cubano.
Valladares que realmente estuvo preso por realizar atentados terroristas en los años sesenta, ahora por donde camina es por Honduras, acompañadazo de lo más granado de la ultraderecha de Miami, nada menos que como miembro de una Comisión de Observadores Internacionales para verificar que los comicios electorales del domingo fueron limpios.
Quien anda detrás de esta obra de teatro es nada más y nada menos que el diplomático estadounidense de origen cubano Otto Reich, el mismo que diseñó el golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya y que le escribió el guión a Valladares cuando dijo que el pueblo hondureño salió a votar masivamente, a pesar que las imágenes de Telesur desde el terreno certificaban que la abstención llegó al 70%.

Con ritmo de salsa culminó este domingo en Madrid el encuentro constitutivo del capítulo español del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, MOVICE, movimiento que aglutina en Colombia a miles de personas que han sido víctimas de acciones criminales por parte del Estado. En la reunión madrileña participaron cerca de un centenar de delegados y delegadas. La mayoría de ellos refugiados y refugiadas.
El Encuentro ha sido el resultado de un paciente esfuerzo de coordinar voluntades, consensuar temas y metodologías y generar el clima de confianza que requiere este tipo de eventos en los cuales sus participantes tienen necesidad de contar sus historias pero muchos y muchas arrastran sus miedos, recelos y temores. . Se trata al fin y al cabo de personas que han salido del país debido a amenazas, atentados o persecuciones.
En los debates se argumentó que quienes provocan el exilio forzado están cometiendo un crimen de lesa humanidad de la misma naturaleza que el desplazamiento forzado u otros que son el pan de cada día en Colombia. Obligando al desplazamiento interno o al exilio de dirigentes y activistas de la oposición y del movimiento popular busca el régimen destruir liderazgos y romper tejido social. Pero este propósito se les viene devolviendo. Y el surgimiento del MOVICE es la respuesta popular de lucha por la Verdad, la Justicia y la reparación integral más importante que haya conocido América Latina. Es un reclamo de masas. Miles y miles. Las propias víctimas haciéndose visibles. Visibilizando su existencia, su dolor y a sus victimarios. Señalándolos.
La constitución del MOVICE en España es una nueva etapa que fortalecerá la lucha que se libra en Colombia contra la impunidad. Ahora vendrán nuevos capítulos en otros países europeos y en el primer semestre del próximo año será la Audiencia internacional.
La lucha en Colombia contra la impunidad y por los derechos de las víctimas merece y necesita ser conocida por el mundo entero. Derrotando el miedo y enfrentando la re victimización, criminalizados por el gobierno que honra a los victimarios, la lucha de las víctimas y sobrevivientes ha conquistado grandes batallas. Colocó a las víctimas en el centro del debate, desnudó las artimañas del gobierno y ha empezado a generar hechos de justicia, en medio de la existencia y persistencia de prácticas de terrorismo de estado. El General Rito Alejo del Rio, carnicero de Urabá y hombre de confianza de Uribe está preso. Recientemente fue condenado a cuarenta años de cárcel el General del Ejercito Jaime Humberto Uscátegui por la masacre de Mapiripan, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997. A este lejano municipio colombiano llegaron más de cien paramilitares quienes procedían del norte del país. Fueron transportados por el Ejército. Torturaron, asesinaron y descuartizaron a 49 personas. Uno de los tantos de miles de crímenes cometidos por el paramilitarismo en total coordinación con el Ejército colombiano. Contra todos estos crímenes y la impunidad que les ha rodeado es la batalla de MOVICE. Es una lucha dura, larga, difícil y arriesgada.
Pero es la lucha necesaria.


| Candidatos de los partidos tradicionales derrotados por el llamado a la abstención antigolpista. |


“¿Qué vamos a hacer?, ¿quedarnos sentados durante cuatro años y simplemente condenar el golpe?” –declaraciones de un alto oficial del Departamento de Estado en Washington ayer.
Las verdaderas divisiones en América Latina –entre la justicia y la injusticia, democracia y dictadura, derechos humanos y derechos de corporaciones, poder popular y dominación imperial– nunca han sido tan visibles como hoy. Los movimientos de los pueblos por toda la región para transformar sistemas corruptos y desiguales que han aislado y excluido a la mayoría de las naciones latinoamericanas, hoy están tomando con éxito el poder de forma democrática y construyendo nuevos modelos basados en la justicia económica y la justicia social. Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador están en la vanguardia de estos movimientos, mientras que otras naciones, como Uruguay y Argentina, se están moviendo a paso un poco más lento hacia el cambio.
Históricamente, la región ha estado plagada de una injerencia brutal de Estados Unidos, la cual ha buscado a toda costa dominar y controlar los recursos estratégicos y naturales de este territorio abundante. Con la excepción de la desafiante revolución cubana, Washington logró instalar regímenes títeres por toda América Latina a finales del siglo XX. Cuando Hugo Chávez ganó la presidencia en 1998 y la revolución bolivariana comenzó a florecer, el balance del poder y el control imperial sobre la región se debilitaban. Ocho años del gobierno de George W. Bush trajeron de nuevo los golpes de Estado a la región, en Venezuela en 2002 contra el Presidente Chávez y en Haití en 2004 contra el Presidente Aristide. El primero fue derrotado por una insurrección popular masiva del pueblo, y el segundo logró secuestrar y derrocar a un presidente que ya no convenía a los intereses de Washington.
A pesar de los esfuerzos de la administración de Bush para neutralizar la expansión de revolución en América Latina por medio de golpes, sabotajes económicos, guerra mediática, operaciones psicológicas, intervención electoral y un incremento en la presencia militar, naciones justo a la frontera estadounidense, como Honduras, El Salvador y Guatemala eligieron presidentes con tendencias izquierdistas. La integración latinoamericana se consolidó con UNASUR y ALBA, y las garras del poder de Washington comenzaron a desaparecer.
Henry Kissinger dijo en los años setenta: “si no podemos controlar a América Latina, ¿cómo vamos a dominar al mundo?”. Esta visión imperialista está muy vigente hoy. La presencia de Obama en la Casa Blanca fue vista de forma errónea por muchos en la región como un señal de un final a la agresión estadounidense en el mundo, y especialmente aquí, en América Latina. Por lo menos, muchos pensaban que Obama disminuiría las crecientes tensiones con sus vecinos en el sur. Por cierto, el mismo, el nuevo presidente de Estados Unidos, hizo alusiones a tales cambios.
Pero ahora, la estrategia del “Smart Power” (poder inteligente) de la administración de Obama ha sido desenmascarada. Los abrazos, intercambios de manos, sonrisas, regalos y promesas de “no más intervención” y “una nueva era” realizadas por el Presidente Obama mismo ante los líderes de las naciones latinoamericanas durante la Cumbre de las Américas en Trinidad en abril pasado, se han convertido en cínicos gestos de hipocresía. Cuando Obama llegó al poder, la reputación de Washington estaba decayendo. Los intentos débiles de “cambiar” la relación Norte-Sur en las Américas han resultado en una situación peor, reafirmando que la visión de Kissinger sobre la importancia de controlar ésta región es una política de estado de Washington que no depende de ningún partido o jefe de estado.
El papel de Washington en el golpe en Honduras contra el Presidente Zelaya ha sido evidente desde el primer día. El financiamiento continua a los golpistas, la presencia militar del Pentágono en Soto Cano, las constantes reuniones entre funcionarios del Departamento de Estado y el embajador de EEUU en Honduras, Hugo Llorens, con los golpistas, y los intentos cínicos de forzar una “mediación” y “negociación” entre los golpistas y el gobierno legítimo de Honduras, son evidencias contundentes sobre las intenciones de Washington de consolidar esta nueva forma de “golpe inteligente”. La insistencia pública inicial del gobierno de Obama sobre la legitimidad de Zelaya como presidente de Honduras rápidamente desapareció luego de las primeras semanas del golpe. Los llamados para la “restitución del órden democrático y constitucional” en Honduras fueron cambiadas por cuchicheos débiles repetidos por las voces monótonas de los voceros del Departamento de Estado.
La imposición del presidente de Costa Rica, Oscar Árias – una ficha de Washington – para “mediar” la “negociación” ordenada por Washington entre los golpistas y el Presidente Zelaya fue un circo. Del primer momento, era obvio que el Departamento de Estado estaba promoviendo una estrategia de “ganar tiempo” para consolidar el golpe en Honduras. La falta de sinceridad de Árias y su complicidad en el golpe fue evidente desde la misma mañana del violento secuestro y el exilio forzado de Zelaya. Altos funcionarios del Pentágono, el Departamento de Estado y la CIA presentes en la base de Soto Cano, controlada por Washington, arreglaron el transporte de Zelaya a Costa Rica. Árias había ya expresado su disposición, de forma servil, para refugiar al presidente ilegamente exiliado y de no detener a los secuestradores que pilotearon el avión que –en violación del derecho internacional– llegó al territorio costarricense.
Hoy, Óscar Arias ha hecho un llamado a todas las naciones del mundo para “reconocer” a las elecciones ilegales e ilegítimas que están tomando lugar en Honduras. ¿Por qué no?, ha dicho Árias, si no hay fraude o irregularidades, ¿por qué no reconocer a un nuevo presidente? El Departamento de Estado y hasta el propio presidente Obama han dicho lo mismo y están llamando –presionando – a sus aliados de reconocer a un nuevo régimen en Honduras, elegido bajo una dictadura. El fraude y las irregularidades ya están presentes, considerando que hoy, ninguna democracia existe en Honduras que permitiría las condiciones adecuadas para un proceso electoral. Y el Departamento de Estado admitió hace dos semanas que están financiando activamente el proceso electoral y las campañas electorales en Honduras desde hace tiempo. Y los “observadores internacionales” enviados para dar credibilidad al proceso ilegal en Honduras son todas agencias y agentes del imperio. El Instituto Republicano Internacional (IRI), y el Instituto Demócrata Nacional (NDI), dos agencias creadas para filtrar el financiamiento de la USAID y la NED a partidos políticos en el exterior para promover la agenda estadounidense, no solamente financiaron a los grupos involucrados en el golpe de estado en Honduras sino ahora están “observando” las elecciones. Grupos terroristas como UnoAmerica, dirigido por el golpista venezolano Alejando Peña Esclusa, también han enviado “observadores” a Honduras. Y el terrorista criminal miamero-cubano Adolfo Franco, antiguo director de la USAID, es otro “pesado” en la lista de los observadores electorales hoy en Honduras.
Pero la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter, que no son entidades “izquierdistas”, han condenado al proceso electoral en Honduras como ilegítimo y rechazaron enviar observadores. Lo mismo lo han hecho las Naciones Unidas y la Unión Europea, tanto como la UNASUR y el ALBA.
Washington está sólo, junto a sus regímenes títeres en Colombia, Panamá, Perú, Costa Rica e Israel, como las únicas naciones que públicamente han indicado su reconocimiento del proceso electoral en Honduras. Un alto funcionario del Departamento de Estado declaró ayer al Washington Post: "¿Qué vamos a hacer, quedarnos sentados durante cuatro años y simplemente condenar al golpe?". Bueno, Washington se ha quedado sentado durante 50 años rechazando reconocer al gobierno cubano. Pero eso es porque el gobierno de Cuba no le conviene a Washington. Y el régimen dictatorial en Honduras sí le conviene.
El movimiento de resistencia en Honduras estuvo boicoteando las elecciones, llamando para la abstención masiva del proceso ilegal. Las calles de Honduras fueron tomadas por miles de militares, bajo el control del Pentágono. Con armas avanzadas de Israel, el régimen golpista estaba preparado para reprimir y brutalizar de forma masiva a los que resisten el proceso electoral. Debemos mantener nuestra vigilancia y solidaridad con el pueblo de Honduras frente al peligro inmenso que lo rodea. Las elecciones de ayer en Honduras constituyeron un segundo golpe de estado contra el pueblo hondureño, esta vez abiertamente diseñado, promovido, financiado y apoyado por Washington. Sin importar el resultado de las elecciones, no habrá justicia para Honduras hasta que cese la injerencia imperial.
La justicia de Colombia condenó a 40 años de cárcel al general en retiro del ejército Jaime Uscátegui, considerado responsable de una masacre que ocurrió en el suroeste del país en 1997 y que dejó unos 49 asesinados.
El Tribunal Superior de Bogotá señaló que el uniformado es culpable por omisión en la masacre de Mapiripán, un poblado del departamento Meta a donde llegaron paramilitares para atacar a pobladores.
"Hubo omisión deliberada del general Jaime Uscátegui y del coronel Hernando Orozco. Los dos oficiales engañaron a la justicia para proteger a los hombres del jefe paramilitar Carlos Castaño", juzgaron los jueces.
La masacre es una de las más conocidas cometidas por las desalmadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que según investigaciones, contaron con la anuencia de uniformados para irrumpir en el poblado y permanecer torturando durante varios días.
"Hubo integración de un plan delictivo de las AUC (extrema derecha) y militares, para que las primeras gozaran de absoluta libertad de ejecutar sus actos terroristas, que además fueron seguidos por el comandante del batallón durante los cinco días que permanecieron en la población", agregó el informe de los fiscales.
El general (r) se desempeñó como comandante de la Séptima Brigada que tiene jurisdicción en esa región del país y en principio fue absuelto de las indagaciones.
- Fuente: http://www.argenpress.info/2009/11/colombia-condenan-al-general-jaime.html


Aunque se supone que siempre es bueno empezar por el principio, esta vez voy a comenzar por el final.
Estamos en vísperas de la “Crónica de un fraude anunciado”: las elecciones en Honduras y la historia finaliza en que el 29 de noviembre tendrá lugar en Honduras un segundo golpe de Estado con la culminación de un proceso electoral viciado de origen. Convocado por una dictadura, sin el aval más que de EEUU, incumpliendo de forma grosera con el Acuerdo Guaymuras-Tegucigalpa-San José y ratificado por un Tribunal Electoral de magistrados inhabilitados. Todo para agradar. Los “magistrados” David Matamoros Batson y Enrique Ortez Sequeira, son a la vez diputados, y la empresa contratada para efectuar el cómputo electrónico es propiedad de un golpista llamado Arturo Corrales.
Orígenes del smart power
El Center for Strategic International Studies (CSIS) de EEUU postulaba ya desde 2008 que su gobierno necesita ser una “potencia inteligente”, (en serio, no se rían). Al menos esa fue la conclusión de una comisión mixta presidida por Joseph Nye y Richard Armitage, ex número dos del Departamento de Estado en el gobierno de Bush. La autodenominada Comisión del Poder Inteligente (CPI), fue convocada por el CSIS en Washington.
También participaron congresistas republicanos y demócratas, antiguos embajadores, oficiales retirados y otros “inteligentes”, todos preocupados por el retroceso de la diplomacia estadounidense con Bush y concluyeron que era mejor que Estados Unidos pase de exportar miedo a generar optimismo y confianza, privilegiando la diplomacia sobre la guerra.
Según sus propias definiciones, el poder inteligente es la capacidad de aunar el poder duro de la coacción y el dinero con el poder blando de la atracción, cuya combinación habría dado buenos resultados durante la guerra fría. Sin embargo, el análisis de Nye y asociados dice que la política exterior estadounidense durante Bush se desvió del rumbo apropiado y que luego del 11 de septiembre, exportó miedo e ira en lugar de sus valores más tradicionales de esperanza y optimismo.
Cinco áreas cruciales.
La CPI del CSIS reconoce que el terrorismo es una amenaza real y que los acompañará durante muchos años, pero destaca que una reacción desmesurada ante las provocaciones de los extremistas hace más daño a Estados Unidos del que podrían hacer los propios terroristas. Para el éxito en la lucha contra el terrorismo es necesario que la nueva administración de Obama encuentre un principio central que sirva de base a su política exterior y sustituya al tema actual de la “guerra contra el terror”, “ejes del mal” y todos los epítetos que demonizan al enemigo y que han justificado la guerra en la administración Bush.
La CPI recomienda cinco áreas cruciales:
Para llevar a cabo esta estrategia de poder inteligente, será precisa una revisión estratégica de las formas de organización, coordinación y asignación de presupuestos en el Gobierno estadounidense. Obama tiene que valerse de soluciones imaginativas para sacar el máximo provecho a la capacidad operativa de su administración, incluido el nombramiento de una serie de altos cargos que puedan servir de enlaces efectivos entre distintos organismos con el fin de utilizar mejor los recursos. Lo imperativo en el nuevo gobierno será mostrar capacidad para innovar sin perder de vista el tema de la seguridad, igualmente de manera inteligente.
Acuerdo de Honduras
A mi juicio, la administración Obama se mostró poco inteligente y tardó una eternidad en declarar que en Honduras hubo un golpe de Estado y en cortarles a los golpistas el apoyo económico. Peor tantito, Estados Unidos siguió apoyando a la dictadura de Micheletti. El Departamento de Estado jugó un papel fundamental –junto a la CIA- haciendo llegar millones de dólares a los golpistas desde dos años antes del aciago 28 de junio del golpe.
Descaradamente, Thomas Shannon del Departamento de Estado y el Embajador Hugo Lorens se pronunciaron por reconocer las elecciones del 29 de noviembre como “salida pacífica” de la crisis hondureña. Poco a poquito todos los personajes involucrados en la crisis han dado a entender que a fin de cuentas prefieren una elección amañada a una democrática.
Aunque uno no comparta las propuestas del “Poder inteligente” y las reflexiones de la CPI del CSIS no se puede negar que en teoría suenan interesantes y sientan las bases para una nueva estrategia de política exterior. Pero la aplicación cínica e insidiosa de estos criterios para abortar la resistencia pacífica de Zelaya y lavarle la cara a una dictadura como la de Micheletti demuestra que Obama desaprovechó la ocasión ideal para demostrar una nueva diplomacia. O bien, que se pasó de listo con su “smart power” para demostrar que su verdadera postura es hablar de muchos cambios pero dejarlo todo igual.
Para abordar el tema demos una mirada a lo que fue el borrador del Acuerdo de San José y como quedó al final, donde Zelaya se dejó engañar por los negociadores. (En negritas destaco la diferencia esencial).
| ACUERDO DE SAN JOSE | ACUERDO DE TEGUCIGALPA |
| Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, solicitamos al Congreso Nacional que, a efectos de recuperar la integración y legítima conformación de los poderes constituidos al 28 de junio de 2009, en lo procedente retrotraiga la situación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo Electoral a su estado previo al 28 de junio, por haber sido conformados según los artículos 202, 205, incisos 9 y 11, y 236 de la Constitución de la República de Honduras. Lo anterior implica el retorno de José Manuel Zelaya Rosales a la Presidencia de la República hasta la conclusión del actual período gubernamental, el 27 de enero de 2010. | Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, en el espíritu de los temas de la propuesta del Acuerdo de San José, ambas comisiones negociadoras hemos decidido, respetuosamente, que el Congreso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de sus facultades, en consulta con las instancias que considere pertinentes como la Corte Suprema de Justicia y conforme a ley, resuelva en lo procedente en respecto a “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período gubernamental, el 27 de enero de 2010”. |
Las elecciones del 29 de noviembre
El Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado, que sigue luchando por la restitución de Zelaya y por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, ha decido que no reconocerá las elecciones del 29 de noviembre ya que considera que se trata de un fraude que están organizando los golpistas para: "asegurar la imposición de uno de los representantes de la oligarquía golpista para dar continuidad a su proyecto antidemocrático y represor".
El Frente considera que se trata de "unas elecciones impulsadas por un régimen de facto que reprime y atropella los derechos humanos y políticos de los ciudadanos y ciudadanas, que serían sólo una forma de validación de la dictadura de la oligarquía a nivel nacional e internacional, y un método para asegurar la continuación de un sistema que margina y explota a los sectores populares para garantizar los privilegios de unos pocos".
También denuncia "la actitud cómplice del gobierno de Estados Unidos, que maniobró para dilatar la crisis y ahora muestra su verdadera intención de validar el régimen golpista y asegurar que el siguiente gobierno sea dócil a los intereses de las compañías transnacionales y su proyecto de control regional. Por ello, consideramos correcta la decisión del Presidente Manuel Zelaya de declarar fracasado el Acuerdo de Tegucigalpa que forma parte de la estrategia estadounidense de dilatar su restitución para validar el proceso electoral".
Es muy posible que el resultado de estas elecciones fraudulentas no sea reconocido por ninguna de las instituciones democráticas internacionales como la ONU, la OEA, el SICA, UNASUR o el ALBA, aunque algunos países integrantes de estas como EEUU, Israel, Panamá, México, Colombia o Perú si podrían cometer el error de hacerlo.
Demasiados inteligentes
Ya decía que Obama mostró su verdadero rostro y desperdició una ocasión para demostrar verdadero apego a la democracia. Hilary Clinton, por el contrario, encabezó la oleada conservadora que bajo un disfraz de nuevo hace perdurar lo de siempre.
De pasada, le dieron un golpe irreversible a la OEA que agotó todas su posibilidades y demostró que está atada de manos a la hora de revertir una situación de violencia. Víctima número uno la democracia, y daño colateral José Miguel Insulza, que actuó muy inteligentemente pero no logró nada concreto.
Vendrán los resultados electorales y las nuevas justificaciones, pero ya queda claro que este capítulo se cierra como una derrota a la voluntad popular y un triunfo de la hipocresía y la manipulación. Es de esperar que el próximo sea el de las movilizaciones y la lucha por una Constituyente, ahora si única salida viable a la crisis de ingobernabilidad que se anuncia en Honduras y, por extensión, a todo el Continente.



Antonio Ledezma y CAP. Dos crápulas asesinando juntos.
Masacre del Retén de Catia: memoria de un crímen de la IV República
Durante la IV República en Venezuela, el derecho a la vida estaba en permanente peligro
Chevige González Marcó | Patria Grande | 28-11-2009
www.kaosenlared.net/noticia/masacre-reten-catia-memoria-crimen-iv-republica
El 27 de noviembre de 1992, es una fecha grabada en el recuerdo del pueblo venezolano. Se vivían días de rebelión, se vivían días también de tragedia. Una agonizante IV República se negaba a morir aliándose con la muerte, reprimiendo al pueblo.
El Retén de Catia era parte de los símbolos de la muerte en tiempos del puntofijismo, allí la vida carecía de valor. Quizás por ello, en la estrategia del gobierno de Carlos Andrés Pérez, ejecutar una matanza de los reclusos que allí se encontraban no era sino una mancha más para un tigre.
Mientras un conjunto de organizaciones militares y civiles se levantaban contra un gobierno ilegítimo, la IV República se defendía con la represión. Que se regara por la ciudad la noticia de que los temidos presos del Retén de Catia se habían fugado era la excusa perfecta para generar caos y ejercer la más brutal represión en las parroquias aledañas, tradicionalmente combativas como el 23 de Enero y Sucre.
Ricardo Durán, concejal y periodista, que ha participado también en las denuncias ante la fiscalía general de la república, con la finalidad de que se juzgue a responsables del caso. Nos recuerda que para la fecha de la masacre, Antonio Ledezma, ejercía como Gobernador del Distrito Federal, por tanto, estaba a cargo de la Policía Metropolitana, a su vez este organismo de seguridad era el responsable de la vigilancia y custodia del Retén de Catia.
Recientemente la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público ha realizado más de 300 diligencias en la investigación por la llamada "Masacre del Retén de Catia". La justicia podría estar cada vez más cerca.
Todo pudo ser planificado
Llama la atención que durante el llamado Caracazo de 1989, en las cárceles venezolanas no se registró un solo muerto, mientras que el 27 de noviembre se produce una matanza de enormes proporciones en un penal.
Según testimonios de las víctimas, hubo durante los días previos a la masacre, una ext6raña clasificación de los reclusos. Alberto Medrano, quien para la fecha tenía a su hermano interno en el penal, dice que los presos tenían más información sobre la inminencia de un levantamiento militar que la que poseía el mismo disfrutando de la libertad.
La masacre se inició a partir de la 5 de la mañana del día 27, es decir, casi de inmediato con las primeras noticias que tenía la población. La policía aplicó ley de fuga, las órdenes las debieron recibir con anticipación, ya que no actuarían sin la anuencia de su jefe directo: Antonio Ledezma.
Los medios trataron de explicar lo sucedido como un enfrentamiento, sin embargo la desproporción era evidente, un solo policía falleció, mientras que por lo menos 200 reclusos fallecieron. Sin embargo, en algunos medios se resalta, que el entonces director del penal, Eloy Mora, andaba ametralladora en mano en las horas de la masacre.
El propio Antonio Ledezma, estaba preparada para justificar los hechos, y según recoge una edición del 01 de diciembre de 1992, del diario español El País, el actual alcalde mayor, afirma: “lo del Retén de Catia tiene vinculación con la insurrección golpista, porque no hay duda de lo que se pretendía era crear un caos en Caracas y que salieran a la calle más de 3 mil reclusos y eso tuvo que controlarse a costa de muchas vidas”.
No importaba la cifra de víctimas
El ministerio de justicia, admitía la muerte de 63 internos, el gobernador de Caracas (Ledezma) mas de 100 y el periódico El Nacional ubicada la cifra de víctimas fatales en alrededor de 200.
Durante siete días el Retén de Catia estuvo cerrado a las visitas y no se conocen de informes parlamentarios o de comisión que haya logrado ingresar al penal para cerciorarse de que había pasado allí. En tanto los testimonios de los internos y sus familiares abundan. En aquel momento se vivía horas de zozobra debido a la represión ejercida por las fuerzas leales a Carlos Andrés Pérez para aplacar la insurrección. En los barrios cercanos al Retén se cuenta sobre presos que eran acribillados sin reparo alguno en el derecho a la vida.
Familiares de las víctimas cuentan que en los días de la masacre, estuvo por el lugar el entones diputado adeco Francisco Narváez, quien en ningún momento procedió a cooperar a favor de lograr justicia o de tranquilidad para quienes no sabían del destino de sus seres queridos.
Derechos Humanos, Víctimas y Victimarios
En Venezuela, la población ya está acostumbrada a escuchar y ver constantemente a la dirigencia opositores acudir a organismos internacionales para implorarles que intervengan en los asuntos internos del país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de sus instituciones favoritas. Allí denuncian todo lo que se les ocurre. Sin embrago hay un detalle que suelen obviar.
En el año 2006, la CIDH publicó una sentencia donde exhortan al estado venezolano a ubicar y procesar a los responsables de la mascare del Retén de Catia. A todas luces, el nombre de Antonio Ledezma debería estar vinculado a la investigación, debido a sus responsabilidades de gobierno para la época.
No obstante, Ledezma acostumbrado a rogar la injerencia de organizaciones y otros países en Venezuela, ha visitado la sede de la CIDH sin contar que tiene cuentas pendientes con ese organismo y con la justicia venezolana.
¿Retaliación política futurista?
En la oposición venezolana se suele mencionar que cualquier proceso judicial que por cualquier delito se emprenda contra alguno de sus dirigentes los convierten automáticamente en presos políticos. También señalan que sus gestiones de gobierno regional y local son acosadas por el estado central. Sería descabellado que en este caso Ledezma acuda a los mismos argumentos. La sentencia del CIDH, un organismo del cual no hay sospecha alguna de que esté motivado por el chavismo, ocurre en 2006, antes de que Ledezma fuese electo Alcalde Mayor.
La investigación y las denuncias sobre las responsabilidades penales de Ledezma se han hecho en distintas fechas de distintos años anteriores a la elección del dirigente opositor, sin que nadie pudiese adivinar que fuese electo para cargo alguno. En todo caso, el primer perseguidor de Ledezma podrían ser sus propios fantasmas, ya que a sus espaladas carga con un caso que no prescribe sobre violación a los derechos humanos.