Piedad Córdoba ha sido sancionada disciplinariamente, no penalmente, por la Procuraduría General de la Nación. Un órgano del Estado colombiano, encargado de la vigilancia de la actividad pública. Se le acusa de "colaborar con la guerrilla y aconsejarla", de "intentar fraccionar la unidad nacional", de "instigar a la guerrilla para que sea hostil con los partidos políticos", de "usar la ayuda de gobiernos de otros países para buscar un nuevo gobierno en Colombia", de "traición a la patria y apoyo a la subversión".
Piedad es Senadora por el Partido Liberal, uno de las históricas formaciones políticas dominada por una recia oligarquía que ha acudido a todos los medios para mantenerse. Pero allí, ella representa el genuino sentimiento liberal de izquierda de esa colectividad, un partido venido a menos hace quince años. Precisamente en ese tiempo, Piedad Córdoba no corrió a buscar padrinos en las mafias sino que asumió cometer el pecado que se paga muy caro en Colombia. Soñar con transformar, apostar por la honradez, estar con los y las de abajo. La misma causa por la que miles de mujeres y hombres han caído en estado de lúcida rebeldía, con o sin armas. En una patria que está por construirse y en cuyo futuro ella es imprescindible.
Es una mujer hecha en el puente de la política institucional y popular, con carácter de disidente, de crítica, de insumisa. Apoya a las mujeres, a la población LGTB, a las negritudes, a los indígenas, a los pobres. Es defensora de derechos humanos, de los derechos de los pueblos, de la liberación personal y colectiva, es decir, emerge en contra de la injusticia, de la exclusión, de la opresión. Por lo tanto su lucha es un grito de humanidad presente y ausente, de construcción con la otredad, con la alteridad. Es su ética. Por eso defiende el derecho a ser, a ser límite frente a lo oprobioso. En consecuencia, lo diga ella o no, y sí que lo ha hecho alguna vez público y manifiesto, es abanderada de pensar la rebelión, la revuelta, la revolución, de reconocerla como probable alternativa, cuando otros caminos son minados en la historia, cuando están cerrados; cuando en ellos lo único que hay es preparativos de ignominia, de emboscadas para la muerte.
Acaba de ser emboscada. La mujer parlamentaria que ha sido secuestrada y violentada por paramilitares y militares. La mujer defensora de la paz con justicia que a diario recibe amenazas de muerte y viles ofensas, reproducidas por los medios de comunicación de una clase poderosa que la odia con saña. La mujer negra que tuvo que irse al exilio. La mujer no conservadora que ha afrontado atentados contra ella y su familia, así como sistemáticas acciones de espionaje. La mujer defensora de los derechos sexuales y reproductivos, a la que le secuestraron por años una hija. La mujer que defiende el aborto, es acusada por un antiabortista fanático. La misma que ha ido a la selva a dialogar con la guerrilla, a pedir y lograr la liberación de los retenidos por la insurgencia, es ahora castigada por un leguleyo que aceptó como pruebas contra ella lo que cualquier estudiante de derecho sabe que no procede. Por eso ella lo denunció, con pruebas, como prevaricador. Por eso el prevaricador la sanciona, sin pruebas válidas. Mientras los aliados fácticos del Procurador-prevaricador, que han dado órdenes de matar a campesinos con motosierra, están libres y orondos.
La amiga de los Comandantes Fidel y Chávez. La mujer de izquierda que goza del respeto de miles de personas progresistas en todo el mundo. La mujer de este Siglo XXI que encarna los valores de emancipación de siglos, que no aprendieron nunca varones y barones machistas de una clase política que gobierna un país del que hay que sentir vergüenza. Con más de 27 millones de pobres e indigentes; con saqueo a manos de empresas y actividades que expolian y matan sin cesar.
Destituida por la Procuraduría. Dieciocho -18- años. No podría ejercer la función pública en ese tiempo. En un país donde políticos como Uribe llegaron a cargos como la Presidencia tras encumbrarse de masacre en masacre. O como Juan Manuel Santos, ministro de guerra en los tiempos de miles de desapariciones forzadas y ejecuciones de jóvenes pobres (“los llamados falsos positivos”), así como de operaciones ilegales en países vecinos y otros delitos internacionales.
Donde cientos de políticos se han llenado los bolsillos en la geometría de una corrupción desbordante, Piedad paga. Con lo que tiene. Con su nombre, con su patrimonio moral. Por eso es emboscada. Por un Procurador de extrema derecha (apoyado por el ex izquierdista Gustavo Petro en su elección) que además de quemar libros de izquierda o condenar posiciones liberales, milita en las filas más reaccionarias del catolicismo, rayando en lo ridículo. Él es apenas un personaje cuyo visceral resorte ha servido a un propósito de Estado. Sustituir el atentado para la eliminación física de Piedad, por su separación de investidura pública alguna a fin de hacerla más indefensa, para aislarla y acabar, tras otros artificios, con lo que ella representa para el futuro de un país. Quizá esto no sea para ellos más que un bumerang.
Esto que se escribe entre un dolor de país y de humanidad que produce esta noticia y otras que llegan de la fosa, de la fetidez de los verdugos y de la suciedad de quienes les vitorean; esto que apenas se articula buscando responder a la ruindad, como uno más de los testigos privilegiados que han conocido una dirigente excepcional, tanto por su valentía, por su contundencia, por sus calidades, como por brotar en un tiempo de mercaderes en que ella ha decidido no venderse; esto obliga a solicitar a quienes defienden el Derecho a favor de la Justicia, pronunciarse para investigar al inquisidor Alejandro Ordóñez -el repugnante Procurador fascista-, a su Corte y sus propósitos.
Una comisión internacional debe constituirse ya para estudiar este exabrupto, para ejercer presión, para exigir responsabilidades del Procurador, para acusarle por este prevaricato, que no tiene sólo alcances domésticos. Con esta emboscada a una mujer digna, se está atentando contra valores comunes a la humanidad, valores por los que Piedad trabaja con honestidad: la paz, la justicia, la igualdad, la libertad, los derechos humanos. El derecho a luchar.
(*) Carlos Alberto Ruiz es jurista
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