martes, 10 de agosto de 2010

NETANYAHU EMPRENDERÍA UNA JUGADA FATÍDICA AL ATACAR A IRÁN, CON GRANDES RIESGOS PARA TODOS LOS INVOLUCRADOS.

Advierten a Obama de que Israel podría bombardear Irán
Memorando al presidente de EE.UU. de antiguos oficiales de los servicios de inteligencia

Global Research...10/08/2010




DE: Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS)

REFERENCIA: Guerra con Irán

Le escribimos para alertarle sobre la probabilidad de que Israel podría atacar a Irán ya durante este mes. Eso probablemente conduciría a una guerra más amplia.

Los dirigentes de Israel calcularían que una vez iniciada la batalla, una política en la que usted dé algo menos que un generoso apoyo a Israel será insostenible, no importa cómo haya comenzado la guerra, y que entonces tropas y armamentos estadounidenses fluirán libremente. Una guerra más amplia podría terminar en última instancia en la destrucción del Estado de Israel.

Esto puede evitarse, pero sólo si usted actúa rápidamente para impedir un ataque israelí, condenando públicamente un acto semejante antes de que suceda.

Creemos que comentarios de altos responsables estadounidenses, incluyendo los suyos, reflejan una confianza mal colocada en el primer ministro israelí [Benjamin] Netanyahu.

En realidad, la expresión en sí puede ser reveladora, como cuando el director de la CIA, Panetta, señaló displicentemente que Washington deja que los israelíes decidan si atacan a Irán y cuándo, y cuánto “espacio” se deja al esfuerzo diplomático.

El 27 de junio, Panetta dijo a Jake Tapper de ABC: “Pienso que están dispuestos a darnos el espacio para intentar cambiar a Irán diplomáticamente… en lugar de cambiarlo mediante medios militares”.

De la misma manera, el tono que usted utilizó al referirse a Netanyahu y a su persona en su entrevista del 7 de julio con la televisión israelí estuvo claramente en desarmonía con décadas de historia deplorable con los dirigentes israelíes.

“Ninguno de nosotros trata de sorprender al otro”, dijo usted, “y pienso que el primer ministro Netanyahu está comprometido con esa actitud”. Tal vez convenga que usted pida al vicepresidente Biden que le recuerde el tipo de sorpresas que encontró en Israel.

Los ataques por la espalda han sido hace tiempo una flecha en el carcaj de Israel. Durante la crisis emergente en Oriente Próximo en la primavera de 1967, algunos de nosotros presenciamos de cerca una avalancha de sorpresas y engaños israelíes, cuando predecesores de Netanyahu simularon miedo de un inminente ataque árabe como justificación para iniciar una guerra a fin de apoderarse de territorios árabes y ocuparlos.

Hace tiempo habíamos concluido que Israel había estado exagerando la “amenaza” árabe mucho antes de 1982 cuando el ex primer ministro israelí Menachem Begin confesó públicamente:

“En junio de 1967, teníamos una alternativa. Las concentraciones del ejército egipcio en las cercanías del Sinaí no probaban que [el presidente egipcio] Nasser estaba realmente a punto de atacarnos. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Decidimos atacarlo”.

Israel, en los hechos, se había preparado bien en lo militar, y también había organizado provocaciones contra sus vecinos, a fin de provocar una reacción que pudiera utilizarse para justificar la expansión de sus fronteras.

Ante este historial, sería bueno encarar con un escepticismo adecuado cualesquiera garantías privadas que Netanyahu haya podido dar de que Israel no lo sorprenderá con un ataque contra Irán.

Los cálculos de Netanyahu

Netanyahu cree que tiene las cartas altas, en gran parte debido al fuerte apoyo del que goza en nuestro Congreso y de nuestros medios enérgicamente pro israelíes. Interpreta nuestra renuencia a llegar a mencionar públicamente temas bilaterales controvertidos durante su reciente visita como afirmación de que está bien ubicado en la relación.

Durante años electorales en EE.UU. (incluyendo las elecciones a mitad de período), los dirigentes israelíes se muestran particularmente confiados en el poder que ellos y el lobby del Likud poseen en la escena política estadounidense.

El actual primer ministro aprendió mucho de Menachem Begin y Ariel Sharon.

La actitud de Netanyahu se hace patente en un vídeo grabado hace nueve años y mostrado en la televisión israelí, en el que alardeó de cómo engañó al presidente Clinton para que creyera que él (Netanyahu) estaba ayudando a implementar los acuerdos de Oslo, en circunstancias en las que en realidad los estaba destruyendo.

El vídeo muestra una actitud despectiva hacia –y su asombro ante– un EE.UU. tan fácilmente influenciado por Israel. Netanyahu dice:

“EE.UU. puede ser dirigido con facilidad. Dirigido en la dirección correcta… No se interpondrá en nuestro camino… Un ochenta por ciento de los estadounidenses nos apoya. Es absurdo”.

El columnista israelí Gideon Levy escribió que el vídeo muestra que Netanyahu es un “estafador… que piensa que tiene a Washington en el bolsillo y que puede engañarlo”, y agrega que una conducta semejante “no cambia con el pasar de los años”.

Como hemos mencionado anteriormente, Netanyahu ha tenido modelos de conducta instructivos.

Ni más ni menos que el general Brent Scowcroft dijo al Financial Times que el ex primer ministro israelí Ariel Sharon había “hipnotizado” a George W. Bush; que Sharon “hacía con él lo que le daba la gana”.

(Scowcroft fue rápidamente relevado de sus tareas como jefe del prestigioso Consejo de Asesoría de Inteligencia Exterior del presidente y se le dijo que no volviera a dejarse ver nunca en el umbral de la Casa Blanca).

Si se necesitara otra prueba del apoyo político estadounidense para Netanyahu, éste fue manifiesto cuando los senadores McCain, Lieberman, y Graham visitaron Israel durante la segunda semana de julio.

Lieberman afirmó que existe amplio apoyo en el Congreso para utilizar todos los medios para impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear, incluso “mediante acciones militares si es necesario”. Graham también fue explícito: “El Congreso respalda a Israel”, dijo.

Hace poco, 47 republicanos de la Cámara de Representante firmaron H.R. 1553 declarando su “apoyo al derecho de Israel a utilizar todos los medios necesarios para enfrentar y eliminar amenazas nucleares planteadas por Irán… incluyendo el uso de fuerza militar”.

El poder del lobby del Likud, especialmente en un año electoral, facilita los intentos de Netanyahu de convencer a los pocos entre sus colegas que necesitan ser convencidos de que posiblemente no vuelva a haber un momento más propicio para producir un “cambio de régimen” en Teherán.

Y, como esperamos que sus asesores se lo habrán dicho, el cambio de régimen, no armas nucleares iraníes, constituye el interés primordial de Israel.

Si el pretendido temor de Israel de que una o dos armas nucleares en el arsenal de Irán puedan cambiar las reglas del juego, se habría podido esperar que los dirigentes israelíes saltaran de alegría ante la posibilidad de que la mitad del uranio poco enriquecido de Irán se envíe al extranjero.

Pero descartaron como un “truco” el acuerdo tripartito mediado por Turquía y Brasil, alentado personalmente por usted, que habría enviado la mitad del uranio poco enriquecido de Irán fuera del control de Teherán.

El Estimado Nacional de Inteligencia (NIE)

Los israelíes han estado observando atentamente los intentos de la comunidad de la inteligencia de EE.UU. de actualizar, en un “Memorando a los titulares”, el NIE de noviembre de 2007 sobre el programa nuclear de Irán. Vale la pena citar un par de las estimaciones esenciales de ese Estimado:

“Vemos con mucha confianza que en el otoño de 2003 Teherán detuvo su programa de armas nucleares… Evaluamos con una confianza moderada que Teherán no ha reiniciado su programa nuclear a mediados de 2007, pero no sabemos si actualmente se propone desarrollar armas nucleares…”

Antes este año, el testimonio público ante el Congreso del ex director de inteligencia nacional Dennis Blair (1 y 2 de febrero) y del director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, general Ronald Burgess con el vicepresidente el Estado Mayor Conjunto, general James Cartwright (14 de abril) no alteró esos cálculos cruciales.

Blair y otros siguieron subrayando el agnosticismo de la comunidad de la inteligencia respecto a un punto esencial. Como Blair dijo antes este año: “No sabemos si Irán terminará por decidir la construcción un arma nuclear”.

Los medios han informado de comentarios informales de Panetta y de su persona, con una evaluación más sombría –y que usted dijo a la televisión israelí: “…todos los indicadores sseñalan que ellos [los iraníes] efectivamente buscan un arma nuclear;” y que Panetta dijo a ABC: “Pienso que sigue trabajando en diseños en esa área [de armas nucleares]”.

Panetta se apresuró a agregar, sin embargo, que en Teherán: “Hay un continuo debate ahora mismo sobre si se debería o no seguir adelante con la bomba”.

Es probable que Israel crea que debe otorgar más peso al testimonio oficial de Blair, Burgess y Cartwright, que concuerdan con el anterior NIE, y los israelíes temen que el tan retrasado Memorando a los titulares del NIE 2007 confirme esencialmente las opiniones cruciales del Estimado.

Nuestras fuentes nos dicen que es probable que un Memorando a los titulares honesto haga precisamente eso, y que sospechan que el retraso de varios meses significa que las evaluaciones de inteligencia están siendo “ajustadas” a la política –como fue el caso antes del ataque contra Iraq.

Una guerra impedida

Las evaluaciones cruciales del NIE de noviembre de 2007 fastidiaron los planes del gigante destructor dirigido por Dick Cheney que avanzaba hacia la guerra contra Irán. El NIE enfureció a los dirigentes de Israel ansiosos de atacar antes que el presidente Bush y el vicepresidente Cheney dejaran el poder. Esta vez, Netanyahu teme que la emisión de un Memorando honesto pueda tener un efecto similar.

En resumidas cuentas: más incentivo para Israel para evitar un Estimado semejante mediante un ataque a Irán lo antes posible.

El anuncio de la semana pasada de que funcionarios estadounidenses se reunirán el próximo mes con sus homólogos iraníes para reanudar conversaciones sobre maneras de organizar el enriquecimiento de uranio poco enriquecido iraní para el reactor de investigación médica de Teherán fue una buena noticia para todos con la excepción de los dirigentes israelíes.

Además, se informa que Irán ha dicho que estaría dispuesto a detener el enriquecimiento a un 20% (el nivel necesitado para el reactor de investigación médica), y ha dejado claro que desea reanudar las conversaciones.

De nuevo, un acuerdo que envíe una gran parte del uranio poco enriquecido de Irán al extranjero dificultaría, por lo menos, el progreso hacia armas nucleares si Irán decidiera desarrollarlas. Pero también debilitaría considerablemente la justificación más aterradora de Israel para un ataque a Irán.

En resumidas cuentas: ahora que se programa la reanudación en septiembre de conversaciones que los dirigentes de Israel calificaron anteriormente de “truco”, aumenta el incentivo en Tel Aviv para que los israelíes ataquen antes de que se puede llegar a tal acuerdo.

Volvamos a decirlo: el objetivo israelí es el cambio de régimen. La creación de un temor sintético a armas nucleares iraníes es simplemente el mejor camino para “justificar” la realización de un cambio de régimen. Dio buenos resultados en Iraq, ¿no es cierto?

Otra guerra que hay que impedir

Es muy probable que una enérgica declaración pública suya, advirtiendo personalmente a Israel de que no ataque a Irán bloquearía una acción israelí semejante. Una segunda etapa podría incluir el envío del almirante Mullen a Tel Aviv con instrucciones de militar a militar a Israel que digan: Ni siquiera piensen en hacerlo.

Después del NIE de 2007, el presidente Bush se impuso sobre el vicepresidente Cheney y envió al almirante Mullen a Israel para transmitir ese duro mensaje. Esa primavera, Mullen volvió a casa muy tranquilizado, seguro y agradecido de haber evitado la probabilidad de tener que ejecutar una orden inspirada por Cheney de enviar fuerzas estadounidenses a una guerra contra Irán.

Esta vez, Mullen volvió nervioso de una visita a Israel en febrero de 2010. Desde entonces se ha estado preocupando a voces de que Israel pueda llegar a enredar a EE.UU. en una guerra contra Irán, aunque agrega la garantía obligatoria de que el Pentágono tiene un plan de ataque para Irán, por si fuera necesario.

En contraste con su experiencia en 2008, sin embargo, Mullen parece inquieto de que los dirigentes no hayan tomado en serio sus advertencias.

Mientras estaba en Israel, Mullen insistió públicamente en que un ataque contra Irán sería un “problema grande, grande, grande para todos nosotros, y me preocupan mucho las consecuencias imprevistas”.

Después de su retorno, en una conferencia de prensa en el Pentágono el 22 de febrero, Mullen dio a entender el mismo punto. Después de recitar el mismo texto manido de que Irán “está en camino de lograr armas nucleares” y su “deseo de dominar a sus vecinos”, incluyó lo siguiente en sus observaciones preparadas:

“Por ahora, las palancas diplomática y económica del poder internacional son y deberían ser las primeras a utilizar. Por cierto, espero que se utilicen siempre y consecuentemente. Ningún ataque, por efectivo que sea, será, de por sí, decisivo”.

A diferencia de generales más jóvenes –David Petraeus, por ejemplo– el almirante Mullen sirvió en la Guerra de Vietnam. Esa experiencia es probablemente lo que causa digresiones como ésta: “Quisiera recordar a todos una verdad esencial: La guerra es sangrienta y desigual. Es sucia y fea e increíblemente derrochadora…”

Aunque el contexto inmediato para esa observación fue Afganistán, Mullen ha subrayado una y otra vez que una guerra contra Irán sería un desastre mucho mayor. Los que tienen un cierto grado de familiaridad con los valores militares, estratégicos y económicos en juego saben que tiene razón.

Otros pasos

En 2008, después que Mullen leyó la cartilla a los israelíes, éstos dejaron de lado sus planes preventivos contra Irán. Habiendo cumplido esa misión, Mullen consideró seriamente maneras de impedir cualquier incidente no intencionado (o, en realidad, deliberadamente provocado) en el concurrido Golfo Pérsico que pueda conducir a hostilidades más amplias.

Mullen lanzó un interesante balón de prueba en una conferencia de prensa del 2 de julio de 2008, cuando indicó que el diálogo entre militares podría “aumentar el entendimiento” entre EE.UU. e Irán. Pero no se supo nada más de esta proposición, probablemente porque Cheney le ordenó que la abandonara.

Fue una buena idea –y lo sigue siendo. El peligro de una confrontación entre EE.UU. e Irán en el concurrido Golfo Pérsico no se ha encarado y debería hacerse. El establecimiento de un vínculo directo de comunicaciones entre altos responsables militares en Washington y Teherán reduciría el peligro de un accidente, error de cálculo, o un ataque encubierto de bandera falsa.

A nuestro juicio, esto debería tener lugar de inmediato –en particular porque las sanciones recientemente introducidas reivindican un derecho a inspeccionar barcos iraníes. Se informa de que el comandante naval de los Guardias Revolucionarios Iraníes ha amenazado con “una respuesta en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Ormuz” si alguien trata de inspeccionar barcos iraníes en aguas internacionales.

Otra válvula de seguridad resultaría de una negociación exitosa de algo como el protocolo de “incidentes en alta mar”, concluido con los rusos en 1972 durante un período de tensión relativamente alta.

Con sólo unos don nadie interinos a cargo de la comunidad de la inteligencia, usted tal vez podría considerar la posibilidad de darle una buena lección e insistir en que termine un honesto Memorando a los titulares del NIE de 2007 a mediados de agosto –mencionando cualquier desacuerdo, cuando sea necesario.

Lamentablemente, nuestros antiguos colegas nos dicen que la politización de los análisis de inteligencia no terminó con la partida de Bush y Cheney… y que el problema es agudo incluso en la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado, que en el pasado ha hecho algunos de los mejores análisis profesionales, objetivos y francos.

Eruditos, think tanks: no entienden de qué se trata

Como habrá observado, la mayor parte de la sección Outlook del Washington Post del domingo se dedicó a un artículo intitulado: “Un Irán nuclear, ¿atacaría EE.UU. para impedirlo? –Imaginando la reacción de Obama a una crisis de misiles iraníes”.

La página cinco estaba dominada por el resto del artículo con el título: “¿Quién parpadeará primero cuando Irán esté al borde?”

Una foto a todo lo ancho de la página de un misil que pasa frente a dignatarios iraníes en el pódium (reminiscente de los familiares desfiles en la Plaza Roja) apunta a la página del medio de la sección de Outlook, como si fuera a hacerla añicos.

Típicamente, los autores encaran la “amenaza” iraní como si amenazara a EE.UU., a pesar de que la secretaria Clinton ha declarado públicamente que no es así. Escriben que una opción para EE.UU. es “el camino solitario, impopular, de emprender una acción militar que carece de consenso aliado”. ¡O Tempora, O Mores!

En menos de una década, las guerras de agresión sólo se han convertido en caminos solitarios, impopulares.

Lo que tal vez sea lo más notable, sin embargo, es que en ninguna parte se encuentra la palabra Israel en ese artículo muy largo. Artículos de opinión semejantes, incluyendo algunos de think tanks relativamente progresistas, también encaran estos temas como si se tratara simplemente de problemas bilaterales entre EE.UU. e Irán, con poca o ninguna atención a Israel.

¿Cañones de agosto?

Hay demasiado en juego. El comienzo de hostilidades podría tener inmensas repercusiones. De nuevo esperamos que el almirante Mullen y otros le habrán dado informaciones exhaustivas al respecto.

Netanyahu emprendería una jugada fatídica al atacar Irán, con grandes riesgos para todos los involucrados. El peor de los casos, que no deja de ser concebible, es que Netanyahu represente –sin quererlo– el papel del “doctor muerte” para el Estado de Israel.

Incluso si EE.UU. fuera arrastrado a una guerra provocada por Israel, no hay la menor garantía de que esa guerra tenga buenos resultados.

Si EE.UU. sufriera considerables bajas, y si los estadounidenses tomaran conciencia de que esas víctimas fueron causadas por exageradas afirmaciones israelíes sobre una amenaza nuclear de Irán, Israel perdería gran parte de su alta estima en EE.UU.

Podría haber un aumento del antisemitismo cuando los estadounidenses lleguen a la conclusión de que funcionarios con dobles lealtades en el Congreso y en el poder ejecutivo lanzaron a nuestros soldados a una guerra provocada, bajo falsos pretextos, por likudniks en función de sus propios propósitos egoístas.

No tenemos la impresión de que los principales protagonistas en Tel Aviv o Washington estén suficientemente sensibilizados en estos factores críticos.

Usted está en condiciones de impedir esta aciaga, pero probable, reacción en cadena. Pensamos que es posible que una acción militar israelí no resulte en una gran guerra regional, pero consideramos que esta última es más bien probable.

NOTA AL PIE – La experiencia de los veteranos de la inteligencia

Nosotros, los profesionales veteranos de la inteligencia por la cordura (VIPS), nos hemos visto antes en esta posición. Preparamos nuestro primer Memorando para el Presidente en la tarde del 5 de febrero de 2003, después del discurso de Colin Powell en las Naciones Unidas.

Habíamos observado cómo se corrompía nuestra profesión para que presentara inteligencia falsa, que después fue criticada (correctamente) como “no corroborada, refutada e inexistente” – adjetivos utilizados por el ex presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Jay Rockefeller, después de cinco años de investigación por su comité.

Cuando habló Powell decidimos colectivamente que nuestra acción responsable debía ser advertir al presidente antes de que actuara sobre la base de información equivocada para atacar a Iraq. A diferencia de Powell, no afirmamos que nuestro análisis era “irrefutable e innegable”. Concluimos con la siguiente advertencia:

“Después de ver hoy al secretario Powell, estamos convencidos que le convendría ampliar la discusión… más allá del círculo de esos consejeros que están obviamente inclinados a favor de una guerra para la cual no vemos ningún motivo imperativo y que creemos que sus consecuencias no intencionadas probablemente serían catastróficas”.

http://www.afterdowningstreet.org/downloads/vipstwelve.pdf

No nos causa satisfacción que hayamos tenido razón respecto a Iraq. Otros que se basaron en más experiencia inmediata sobre Iraq emitieron advertencias similares. Pero nos mantuvieron muy lejos de las trincheras creadas por Bush y Cheney.

Desgraciadamente su propio vicepresidente, que entonces era presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, fue uno de los más asiduos en el bloqueo de oportunidades para que se escucharan voces discrepantes. Esto forma parte de lo que produjo el peor desastre de política exterior en la historia de nuestra nación.

Ahora creemos que también podemos tener razón respecto a (y directamente al borde de) otra inminente catástrofe de un alcance aún mayor –Irán– en la cual otro presidente, usted, no recibe buenos consejos de su círculo cerrado de asesores.

Probablemente le estén diciendo que, ya que usted ha aconsejado en privado al primer ministro Netanyahu que no ataque Irán, él no lo hará. Esto podría ser simplemente el síndrome familiar de decir al presidente lo que ellos piensan que quiere oír.

Póngalos a prueba: dígales que otros creen que están totalmente equivocados sobre Netanyahu. Lo único positivo al respecto es que usted –sólo usted– puede impedir un ataque israelí contra Irán.

Grupo directivo, Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS)

Ray Close, Directorado de Operaciones, División Oriente Próximo, CIA (26 años)

Phil Giraldi, Directorado de Operaciones, CIA (20 años)

Larry Johnson, Directorado de Inteligencia, CIA; Departamento de Estado, consultor del Departamento de Defensa (24 años)

W. Patrick Lang, coronel de Fuerzas Especiales de EE.UU. (en retiro); Oficial de Inteligencia de la Defensa para Oriente Próximo/Asia del Sur; director de Recolección de HUMINT, Agencia de Inteligencia de la Defensa (30 años)

Ray McGovern, oficial de Inteligencia del Ejército de EE.UU., Directorado de Inteligencia de la CIA (30 años)

Coleen Rowley, agente especial y abogado de la División Minneapolis del FBI (24 años)

Ann Wright, coronel, Reserva del Ejército de EE.UU. (en retiro), 29 años; Oficial de Servicio Exterior, Departamento de Estado, (16 años)

consortiumnews.com

© Copyright Veteran Intelligence Professionals for Sanity, consortiumnews.com, 2010

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Fuente: www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=20469

lunes, 9 de agosto de 2010

AL PUEBLO BRASILEÑO LE GUSTA EL ESTADO POR QUE LE GARANTIZA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.

Los errores de la derecha brasileña

Carta Maior...09/08/2010




Con su enorme confianza en sí mismo Lula llegó a decir que esta sería la campaña más fácil para el PT. Comparada con las anteriores el PT tiene la ventaja de poder presentar los resultados de su gobierno y no hallarse confinado al marco de las críticas a gobiernos anteriores. Este factor influyó fuertemente en la elección de 2006, pero ahora luego de dos mandatos, parece ser aún más decisivo.

Pero para ganar apoyos en la campaña actual han influido también los errores de la derecha de los que dicha campaña es una demostración cabal. Ante todo la derecha -cuya fuerza más importante es el monopolio de los medios de comunicación– ha seguido creyendo en un poder cada vez más declinante.

La campaña de 2005 contra el gobierno y la excesiva utilización de ese monopolio en la primera vuelta de las elecciones de 2006 – en las que fueron determinantes sus manipulaciones para acceder a la segunda vuelta - les proporcionaron una sensación de omnipotencia, de estar hablando en nombre de la opinión pública y del país. Se quedaron con la impresión de disponer de un poder que en realidad estaba declinando y que perdió fuerza aceleradamente a medida que se fue consolidando el apoyo al gobierno.

Pero las mayores equivocaciones procederían de la asunción a fondo de los valores neoliberales, creyendo que la población se solidarizaría con esas posiciones, confundiendo sus intereses con los del país – como resulta típico en los medios conservadores. Comenzaron a creer que la población brasileña no quiere al Estado, que todo lo que procede del Estado le parece negativo y que en consecuencia lo que viene del mercado es positivo para la población.

Critican cualquier gasto del Gobierno, sin discriminar nunca su destino como si a la población le pareciera negativa toda acción estatal. No discriminan entre contratar burócratas ineficientes – el prototipo del funcionario público – o profesores, enfermeras, médicos para atender a las mayorías de la población.

Las críticas de FHC (1) y de Serra(2) sobre el corporativismo (?) del gobierno de Lula no tienen ningún sentido para la población, que ni entiende lo que significa ni considera que sea uno de los problemas fundamentales del Brasil. La misma revista conservadora británica The Economist considera que al pueblo brasileño le gusta el Estado, que garantiza sus derechos. Como esta problemática – de los derechos – no está incluida en el espectro neoliberal, la derecha brasileña es víctima de sus propios preconceptos y se ubica a contramano de la opinión de los brasileños.

Consideran además que la participación en el movimiento sindical y en los partidos está mal vista por el pueblo, del mismo modo que juzgan que cualquier criterio ideológico desvirtúe los objetivos del estado. El pueblo prefiere un gobierno afín a los sindicatos – que significan reinvidicaciones para grandes contingentes de población- a un gobierno como el de FHC que criminaliza los sindicatos y les niega sus reivindicaciones.

En el plano internacional la derecha carga con la tradicional concepción de mantener relaciones privilegiadas (de subordinación) con los EEUU y con Europa. Cree que el dinamismo económico externo debe continuar según esos ejes y propugna privllegiar esas relaciones. La crisis actual demostró exactamente lo contrario. Los países centrales del capitalismo no superan la crisis mientras que los que optamos por la integración regional, la superamos junto a los demás países del sur del mundo.

La derecha cree en las mentiras que difunde. Por ejemplo que existe un empate técnico y que los candidtos comienzan el período electoral en una situación equilibrada. Son víctimas de su propio veneno.

El error más importante mientras tanto, y por el cual está pagando un alto precio, es el del gobierno de FHC que creyó que con la simple estabilidad monetaria podría conquistar el apoyo popular para perpetuar en el poder el proyecto del bloque “tucano-demista”. Sacrificó así las políticas sociales, el desarrollo económico, la soberanía nacional, el papel activo del estado, la regulación económica, los derechos de las mayorías de la población – a favor del ajuste fiscal y de la hegemonía del capital financiero.

FHC prefirió como tema central para enfrentar, la estabilidad monetaria, los datos inflacionarios a los salarios y el ajuste fiscal como remedio para todos los males. Lula prefirió en cambio la injusticia social, con el crecimiento y la distribución de la renta como antídotos. Queda claro quién tenía razón y quién triunfó. Con los méritos de la izquierda y los errores de la derecha.


Traducción del portugués para Rebelión por Susana Merino

Notas
(1) Fernando Henrique Cardoso, antecesor de Lula en la Presidencia del Brasil
(2) Serra: candidato a Presidente del PSDB

A LA DERECHA CAVERNARIA VENEZOLANA NO LE GUSTA QUE LE RECUERDEN SU AFINIDAD CON EL FASCISMO.

La derecha cavernaria está agazapada

Rebelión...09/08/2010


“Karl Marx fue, entre millones, realmente el único que con su visión de profeta descubriera en el fango de una humanidad paulatinamente envilecida, los elementos esenciales del veneno social, y supo reunirlos, cual un genio de la magia negra, en una solución concentrada para poder destruir así con mayor celeridad, la vida independiente de las naciones soberanas del orbe. Y todo esto, al servicio de su propia raza.” (Hitler. Mein Kampf)

Por una parte, cuando escucho el término “ Socialismo Democrático ” o “ Democracia Socialista ” como definición del camino socialista en Venezuela, digo “Ojalá, así sea”. Porque la deriva frente al término proviene de viejos prejuicios sedimentados por al menos 120 años de historia del S ocialismo Moderno Europeo , cuyo legado no se puede ignorar ni confundir con una mala copia de la tradición bolchevique, tan reclamada como “auténtico socialismo revolucionario” por los portavoces del ya enmohecido “leninismo de partido único”. Primer desacuerdo.

Desde allí ( leninismo de partido único ) no hay viabilidad histórica para el nuevo socialismo. Además, contribuye al extravío, el mar de confusiones, de intencionadas deformaciones, a manipulaciones ideológicas propias de la lucha, del conflicto, del antagonismo entre el campo del status quo y uncampo revolucionario que pretende rebasar el capitalismo desde la revolución democrática .

Proviene de una vieja historia, las erradas disyunciones entre la cuestión democrática y la cuestión socialista . Si usted separa la revolución democrática del socialismo surgen todos los desvaríos del despotismo burocrático . Pues no es lo mismo declararse críticamente frente al liberalismo democrático, rebasándolo a partir de una democracia participativa, deliberativa, protagónica, radicalizada, que confundirla con una confiscación del poder por un centro político burocrático . Segundo desacuerdo.

Por otra parte, viejos sectores contra-revolucionarios se acobijan en el manto del anti-totalitarismo, en clave de derecha, con complejo (o cálculo) de afirmar que son parte del patético anti-comunismo del “macartismo tropical”.

Son los viejos anti-comunistas de otrora, encubiertos en una mascarada que no deja de resonar en los tambores de la “guerra fría cultural”. Estos anti-totalitarios son poco respetables, sobre todo porque desvían la atención cuando se les advierte el sello totalitario del colonialismo occidental, del imperialismo, del fascismo, del integrismo católico o las ruinas que dejó el Mein Kampf hitleriano.

Bastaría que revisarán un significativo libro titulado: “ El Totalitarismo: trayectoria de una idea límite ”, escrito por la filósofa italiana Simona Forti (2008), para encontrar sus filiaciones, acentos y procedencias.

Algunas críticas anti-totalitarias muestran miradas de águila para condenar el estalinismo, pero son completamente miopes cuando están “cara a cara” con el legado de Mussolini, Franco, Hitler, o más cercano, con los “Estados de seguridad nacional” latinoamericanos y sus Constituciones legales, hechura de gente como Pinochet.

A esta derecha cavernaria no le gusta que le recuerden su afinidad electiva con el fascismo, ni cómo en 1933 el Vaticano desplegó su interés en el poder en ascenso del Nazismo cuando el Cardenal Pacelli (quien después llegó a ser el papa Pío XII) firmó en Roma un concordato entre el Vaticano y la Alemania nazi. En representación de Hitler, Von Papen firmó el documento y Pacelli, otorgó a Von Papen la elevada condecoración papal de la gran Cruz de la Orden de Pío. No hay que olvidar entonces (“anti-totalitarios de derecha”), cómo desde el Vaticano se dio apoyo a la tiranía nazi, que fue considerada un baluarte contra el “comunismo mundial”.

De este anticomunismo cavernario al anticomunismo de la politología norteamericana, no hay grandes cambios de registro ideológico. Tal vez quienes han sido socializados por métodos similares a los utilizados por las llamadas “juventudes hitlerianas” (Hitlerjugend), usen el término “totalitario”, en un sentido simplemente cínico o hipócrita.

No hay que olvidar tampoco que Hitler no sólo era anti-semita, sino que era (y por eso) un declarado anti-marxista: “ En aquella época abrí los ojos ante dos peligros que antes apenas si conocía de nombre, y que nunca pude pensar que llegasen a tener tan espeluznante trascendencia para la vida del pueblo alemán: el marxismo y el judaísmo .” (Mein Kampf)

No abundaremos en citas: “ Karl Marx fue, entre millones, realmente el único que con su visión de profeta descubriera en el fango de una humanidad paulatinamente envilecida, los elementos esenciales del veneno social, y supo reunirlos, cual un genio de la magia negra, en una solución concentrada para poder destruir así con mayor celeridad, la vida independiente de las naciones soberanas del orbe. Y todo esto, al servicio de su propia raza .” (Mein Kampf)

O para aclarar su desprecio por la democracia: “ La democracia del mundo occidental de hoy es la precursora del marxismo, el cual sería inconcebible sin ella. Es la democracia la que en primer término proporciona a esta peste mundial el campo de nutrición de donde la epidemia se propaga después .”

Cuando se afirma que el “socialismo marxista” es totalitario, el beneficio de la duda sugiere preguntarse: ¿Desde cuál sistema de referencia y de cuál marxismo me hablan estas presuntas voces anti-totalitarias?

El anticomunismo más ramplón tiene piernas cortas, como la mentira. Confundir las experiencias del estalinismo (o el marxismo-leninismo) con Marx es parte del juego de lenguaje de la derecha cavernaria . Basta advertir cómo Hitler se refería negativamente a la propia relación del legado de Marx, y un partido socialdemócrata que aún mantenía cierta fidelidad hacia la contribución de la teoría crítica radical .

Justamente hacia aquellas coordenadas espacio-temporales pueden seguir dirigiendo su mirada, quienes quieran enfrentar críticamente el legado despótico que terminó desplegando la experiencia bolchevique, sin denegar por eso del pensamiento crítico y creativo de Marx y Engels.

Aquí hay que volver a traer a colación la frase de Engels de 1891 (Contribución a la crítica del programa socialdemócrata), y el modo como fue distorsionada por Lenin (El Estado y la Revolución), en la que plantea: “ Está absolutamente fuera de duda que nuestro partido y la clase obrera sólo pueden llegar a la dominación bajo la forma de la república democrática. Esta última es incluso la forma específica de la dictadura del proletariado, como lo ha mostrado ya la Gran Revolución francesa.

Personajes como Rosa Luxemburgo quedaron sembrados en la historia como voces y signos de una crítica radical aún no suficientemente asumida. Como quedaron fuera del canon, voces tan heterodoxas como Korsch, Gorter, Serge, Souvarine, Djilas, Basso, e incluso Simone Weil ( Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social ).

La burocracia marxista-leninista generó su propia ideología legitimadora. Pero eso no era Marx. Tercer desacuerdo.

No hay democracia socialista sin ejercicio directo de la soberanía del pueblo, ni sin ejercicio directo del poder por parte de las clases trabajadoras, con sus múltiples expresiones organizativas, con la vitalidad de la polémica democrática y con corrientes de pensamiento diversas; no bajo sustituciones de centros políticos burocráticos , ni con la peor de las fórmulas: sistema de partido único , embrión de lo que a la postre ha sido la cuna de los rasgos autoritarios del llamado “Socialismo realmente inexistente”.

La naturaleza de las formaciones sociales de los países del este europeo y Rusia ha sido objeto de una amplia polémica, se han empleado un gran número de denominaciones para acercarse a una elemental verdad: no hubo socialismo de los trabajadores ni democracia revolucionaria alguna, y solo los desprevenidos por la mentira institucionalizada llegaron a reconocerlo desde 1991. Capitalismo de Estado, Socialismo burocrático, Colectivismo burocrático, vía no capitalista para la industrialización, transición bloqueada al socialismo, Estado obrero degenerado, o socialismo autoritario. Hay quienes han ironizado con las propias denominaciones de este tipo de sociedades y así hablan de “socialismo irreal” o de “socialismo inexistente”. Otros prefieren seguir habitando en la gran narrativa de la mentira institucionalizada .

El criterio para cotejar si la emancipación de los trabajadores, trabajadores, de los ciudadanos y ciudadanas, utilizando los hilos conductores de Marx, se hace por el camino de la democracia socialista , pasa por atravesar todos los fantasmas del totalitarismo y del despotismo burocrático, pasa por el balance de inventario crítico de todas las experiencias que fracasaron en su promesa .

Y sobre todo pasa por abrir (polémicamente) el canon del marxismo institucionalizado, sobre todo para de-construir y reconstruir el pluri-verso de la teoría crítica radical , des-dogmatizándola y descolonizándola. Sin esta práctica de fondo y de vasto calado (que no es una distracción especulativa, sino un asunto con implicaciones políticas en la praxis revolucionaria), sólo se le darán argumentos a la derecha cavernaria.

Y el viejo anticomunismo retornará como paranoia colectiva, como práctica contra-revolucionaria, no se sabe si con las mismas fórmulas de Hitler, Mussolini o Pinochet. O cínicamente en nombre del anti-totalitarismo.

jbiardeau@mail.com

domingo, 8 de agosto de 2010

ESTA LACRA QUE ACABA DE DEJAR EL PODER EN COLOMBIA FUE EL PRECURSOR DEL NARCO ESTADO.

A propósito del ex Presidente Álvaro Uribe y la Corte Penal Internacional

Rebelión...08/08/2010


La comunidad internacional ha asistido estas semanas con estupor a los denodados esfuerzos del todavía Presidente de Colombia por complicar aún mas las relaciones diplomáticas de su país con sus vecinos, especialmente con Venezuela, a la que ha hecho blanco de numerosas, graves e infundadas acusaciones politicas y juridicas. Pareciera que tras estas acusaciones se oculte la única intención de Uribe de concluir su mandato presidencial provocando el conflicto armado con Venezuela que tanto buscó -incluso con la instalación de 8 bases estadounidenses en Colombia- pero no consiguió en sus 8 años de presidencia.

Las complejas relaciones entre Venezuela y Colombia durante el mandato de Álvaro Uribe requieren de pormenorizados y extensos estudios que, afortunadamente, a partir del día 7 de agosto de 2010, corresponderá hacer a los historiadores. Uribe ya es el pasado y probablemente ese hecho y sus consecuencias jurídicas -respecto a la pérdida de cualquier inmunidad que le haya alcanzado durante el ejercicio presidencial- son perfectamente conocidas por el todavía Presidente colombiano. No exageraríamos si dijéramos que, tras su salida de la presidencia, el rastro del Presidente Uribe conduce indefectiblemente hacia la Corte Penal Internacional. Y no precisamente como acusador, tal y como ha intentado aparecerse estos días ante la opinión publica internacional, señalando al gobierno y funcionarios venezolanos de "colaboradores" en la perpetración de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y dando "instrucciones " al Fiscal General de Colombia para que presente las anteriores acusaciones contra el presidente Chávez -suponemos- y otros altos funcionarios venezolanos ante la Corte Penal de La Haya.

Por lo que a continuación expondremos, podemos avanzar no solamente que la acusación del presidente Uribe contra Venezuela carece de fundamento jurídico alguno, sino que más bien corresponde a una estrategia desesperada para ocultar el mayor de los problemas de Uribe a partir de este 8 de agosto: el abultado expediente de acusaciones que, caratulado bajo su nombre, descansa en los cajones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Es conveniente repasar la hoja de vida del ex presidente colombiano para comprender sus obvios temores a acabar compareciendo ante la Corte Penal Internacional.

Álvaro Uribe Vélez ha sido denominado como el "precursor del Narco-Estado" por uno de las mas importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional , "The Narco News" (http://www.narconews.com) desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave necesario en la manufactura de cocaína.

De acuerdo con un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín (Colombia) a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos. Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15.000 millones de dólares. Según el reporte de la DEA, el dueño de GMP Productos Químicos era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex Secretario de Gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía Presidente de Colombia.

Moreno fue el alter ego político de Uribe durante y después de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba los envíos de contrabando. Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia -cuya capital es Medellín- de 1995 a 1997, Moreno era el Secretario de Gobierno. Según el entonces jefe de la DEA Marshall, "entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia".

Recordemos que el primer cargo público del entonces joven licenciado en Derecho Álvaro Uribe, fue el de Director de la Agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre 1980 y 1982. La ex amante de Pablo Escobar y presentadora de televisión Virginia Vallejo, en su libro "Amando a Pablo, Odiando a Escobar" da nuevos datos de la relación entre Uribe y Pablo Escobar: según la periodista actualmente exiliada en los Estados Unidos, Uribe fue clave como Director de la Aeronáutica Civil para el otorgamiento de licencias masivas de vuelo al Cartel de Medellín, sin las cuales jamás habrían podido hacer sus inmensos envíos de la droga a los Estados Unidos ni acumulado sus inmensas fortunas. En una entrevista explica por qué el primo de Escobar, José Obdulio Gaviria, es actualmente el asesor presidencial de Uribe. Uribe tuvo a César Villegas como su delegado cuando fue Director de la Aerocivil. Éste último fue sentenciado a 5 años de prisión por nexos con el Cartel de Cali y asesinado para callar su testimonio. (Diario "El Tiempo" de Colombia, 17/03/2002)

Esta querencia de Uribe en materia aeronáutica quedó también de manifiesto cuando la policía y el ejército colombiano desactivaron el mayor laboratorio de transformación de cocaína encontrado hasta la fecha en Colombia, en el remoto paraje denominado eufemísticamente "Tranquilandia" (Operación Yarí). El 11 de marzo de 1983, la fuerza publica irrumpió en el laboratorio del conocido narco Gonzalo Rodríguez Gacha "El Mexicano" y entre otras evidencias intervino un helicóptero Hughes 500, matricula HK 2704 X, propiedad de Aerofotos Amortegui Ltda., empresa propiedad de la familia Uribe. Al respecto Álvaro Uribe alega que ese helicóptero había sido previamente vendido y que se le olvidó documentar dicha compraventa.

Álvaro Uribe ha demostrado tanto "empaque" que hasta tiene una "ficha", la número 82, en la "Agencia de Inteligencia de la Defensa" de los Estados Unidos. Veamos qué dice la indicada ficha de inteligencia (puede consultarse el original en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm:)

"Confidencial. Septiembre 1991.

Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency).

La información contenida en este informe hace referencia a fichas/archivos de los mas importantes narco-terroristas colombianos contratados por los Carteles de la droga colombianos para tareas de seguridad, transporte, distribución, recogida y puesta en practica de operaciones de drogas en ambos países, Estados Unidos y Colombia. Estos individuos son además contratados por los jefes de los Carteles como "ejecutores" para cometer asesinatos (…)

82. Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Él (Uribe) ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos) (…)"

Uribe ha sido señalado de participar habitualmente en el diseño y ejecución de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la "matanza de El Aro" cometida en 1997, en la cual, según relata el periódico de Miami, "El Nuevo Herald" en su edición del 6 de agosto de 2009, el mismísimo Álvaro Uribe, planeó la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudió personalmente a felicitar a los paramilitares que "brillantemente" habían asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamerica de Derechos Humanos condenó a Colombia.

El grupo paramilitar "Los doce apóstoles" habría tenido sede en la hacienda "La Carolina", en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez. El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por "Los doce apóstoles" entre 1993 y 1994. El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El fiscal colombiano Luís Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario sí había sido objeto de una investigación oficial en 1999, pero también indicó que se había declarado "un auto inhibitorio a favor del señor Uribe Vélez y se ordenó el archivo definitivo" ese mismo año. El 4 de diciembre de 2006, en declaraciones a W Radio de Bogotá, el Presidente Uribe Vélez debió admitir que su hermano sí fue investigado por involucramiento con el paramilitarismo. (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24 jun 05).

Tres parientes del Presidente colombiano, entre ellos dos primos hermanos, lideraron una banda paramilitar conocida como "Los Erre", señalada de haber asesinado a medio centenar de personas en varios municipios del departamento de Antioquia. Estos familiares fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos cerca de un año, hasta que un juez de apelaciones los puso en libertad y archivó el caso por considerar "que no había pruebas suficientes contra los acusados". Los parientes del presidente son Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, (también son familiares del clan Ochoa, capos del narcotráfico). (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24jun05).

El ex Senador colombiano Mario Uribe, primo y colaborador cercano en la presidencia de Álvaro Uribe, está acusado formalmente de narcoparamilitar por la justicia colombiana.

No es el único parlamentario de la mayoría uribista en esa situación. Más de 70 congresista y senadores de los partidos que apoyaban a Uribe en las cámaras legislativas hasta el pasado mes de marzo, se encuentran procesados por la justicia colombiana por narco-paramilitares. Casi el 50% de las cámaras legislativas.

Actualmente, 50 congresistas o ex congresistas uribistas ya cumplen condena por favorecer o pertenecer a grupos narcoparamilitares. Todos son de partidos políticos uribistas (Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Apertura Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana).

Tras las elecciones legislativas de marzo de 2010, continúa habiendo procesados por narco-paramilitarismo ocupando escaños en el Congreso de la República... ¿Se imagina el lector el escándalo que supondría que el 50% de la Asamblea Nacional venezolana estuviera procesado por narco-terrorismo?

De larga data, ya en sus tiempos de gobernador de Antioquia, viene la tendencia de Uribe a actuar como "señalador oficial" de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, convirtiéndolos en objetivos a eliminar por los narco-paramilitares.

Uno de los mas sonados "trofeos" que Uribe se cobró en esta otra actividad habitual en él, fue Jesús María Valle Jaramillo, abogado, Coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez" de Antioquia, quien fue asesinado por sicarios el 27 de febrero de 1998, cuando se encontraba en su oficina en el centro de la ciudad de Medellín. Varios días antes, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, había mencionado en una intervención pública a Jesús Maria Valle, señalándolo como "auxiliador de la guerrilla", a pesar de que el abogado era miembro del Partido Conservador colombiano.

Durante su mandato presidencial Uribe ha mantenido y expandido abusivamente esta tendencia suya a criminalizar a los defensores de los derechos humanos, equiparándolos a viles terroristas y situándolos sistemáticamente en el objetivo de grupos paramilitares y -según se ha confirmado a la vista del escándalo denominado "chuzadas del DAS"- convirtiendo tantos a los defensores como a sus familias en objetivos de las amenazas, seguimientos y atentados de los servicios de inteligencia presidencial, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Uribe Vélez ha puesto en marcha durante su presidencia el mayor operativo de espionaje ilegal que recuerde la sociedad colombiana. Nombró a Jorge Noguera, su director de campaña electoral en 2002, como Director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Después de salvarlo de su primera detención, Uribe lo designó cónsul en Milán. Actualmente Noguera paga condena en la cárcel por concierto para delinquir por vínculos paramilitares y permitir que el DAS (la agencia de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República) fuera puesto al servicio de los narco paramilitares ya con pruebas, recopiladas por la Fiscalía General de Colombia, que acreditan que cientos de sindicalistas, opositores a Uribe, periodistas y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia por encargo y con medios del DAS.

Noguera fue también protagonista del reciente escándalo de las "chuzadas" telefónicas, operaciones ilegales de intervención de las comunicaciones personales y seguimiento de políticos, jueces, periodistas y defensores de los derechos humanos colombianos perpetradas por el DAS. En la Colombia de Uribe no ha existido discriminación a la hora de espiar a cualquiera de sus críticos. El Presidente los espía y amedrenta a todos por igual y sin olvidarse de nadie, sea conservador o liberal, de izquierdas o de derechas, magistrado o periodista.

La política de "Seguridad Democrática" de Álvaro Uribe ha dado lugar al escándalo conocido como "falsos positivos": el asesinato de -al menos- 2.500 civiles inocentes por la fuerza pública colombiana, bajo el mandato de Uribe como Presidente y siendo Juan Manuel Santos el Ministro de Defensa, presentados como "guerrilleros dados de baja en combate", con la única intención de cobrar las recompensas que el Estado colombiano paga por "dar de baja a guerrilleros".

Tras ser denunciado el crimen de "los falsos positivos" por una Misión Internacional de Observación sobre Derechos Humanos en Colombia en Octubre de 2007 y negado y descalificado por Uribe, tuvo que ser reconocido por el propio Presidente cuando la OEA hizo suyas las conclusiones del informe de la Misión Internacional. El relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales no sólo ha dado por válidas estas acusaciones, sino que, tras hablar de un plan sistemático criminal, ha exigido su esclarecimiento y castigo a los culpables.

Colombia es el país del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se cometen- cuantitativa y cualitativamente hablando- de forma sistemática y respondiendo a un plan criminal perfectamente diseñado que tiene como finalidad el despojo de la tierra a los campesinos y su apropiación por las oligarquías terratenientes en alianza con narcotraficantes y organizaciones paramilitares. De los más de 4 millones de desplazados internos ocasionados en Colombia por el conflicto armado interno, la inmensa mayoría han sido provocados para consolidar la apropiación ilegitima de tierras de los campesinos. De estos desplazamientos, al menos 2 millones se han producido durante los 8 años de mandato del Presidente Uribe.

En la actualidad las organizaciones de víctimas y de defensores de los derechos humanos en Colombia intentan preservar la que sin duda es la mayor fosa común descubierta en América Latina con cadáveres "NN". Más de 2.500, según las primeras estimaciones, en la fosa denominada de "La Macarena", que escondería victimas campesinas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por destacamentos del ejército colombiano y organizaciones paramilitares.

No pierda de vista el lector que la "industria criminal", organizada entre otros por las autoridades colombianas durante el mandato del Presidente Uribe, llegó a utilizar -emulando la "solución final" del nazismo alemán- hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los miles de asesinados por funcionarios del Estado y sus aliados paramilitares: tres hornos al menos han sido descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y uno "móvil", en Bogotá.

En mayo de 2010 el diario The Washington Post daba cuenta de la confesión del oficial de la policía nacional colombiana Juan Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en operaciones paramilitares del grupo denominado "Los 12 apóstoles", de los que formaba parte Santiago Uribe, hermano del Presidente.

Ante tal prontuario "presuntamente" criminal, no deja de sorprender la osadía del todavía presidente Uribe cuando amenaza a su vecino venezolano con llevarlo ante la Corte Penal Internacional. Sin cabernos duda alguna de que los presuntos hechos perpetrados por y bajo las instrucciones de Álvaro Uribe -arriba descritos- son de una gravedad sin parangón en la historia contemporánea de América Latina, tras la desaparición de las dictaduras militares del periodo 1960-1990, examinemos desde un punto de vista exclusivamente jurídico la viabilidad de la denuncia ante la CPI anunciada por Uribe.

El pasado jueves 22 de julio Venezuela anunciaba en la OEA la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia como reacción a la campaña de descalificaciones que contra Venezuela inició Uribe, una vez conocido quién sería su sucesor el próximo 7 de agosto. No se recuerda en los anales de la diplomacia caso similar de un presidente que empeñe su último mes de mandato en provocar con tanto ahínco un conflicto bélico con su vecino.

Tras conocerse el anuncio de Venezuela, Uribe convocó al Fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza, para instarle a que iniciara el proceso necesario para llevar ante la Corte Penal Internacional a altos funcionarios venezolanos, incluído el Presidente Hugo Chávez Frías. Algunos periódicos han publicado estos días que fueron los máximos jefes militares colombianos quienes, en presencia de Álvaro Uribe, entregaron al Fiscal General documentación sobre acciones de organizaciones insurgentes colombianas que habrían utilizado suelo venezolano.

El Fiscal General anunció a la prensa que el encargo recibido era: "estudiar la posibilidad de llevar ante la Corte Penal internacional a autoridades venezolanas por proteger, ayudar o auxiliar a grupos que cometen crímenes de guerra o de lesa humanidad en la zona fronteriza colombiana".

Al margen de que Colombia, incapaz de controlar más de 50 frentes de organizaciones insurgentes dentro de su territorio, exija a Venezuela una diligencia de imposible cumplimiento en fronteras selváticas o montañosas, lo cierto es que desde que se realizaron las primeras acusaciones del presidente Uribe respecto a que Venezuela albergaba bases guerrilleras colombianas en su territorio, ni una sola prueba rigurosa ha sido presentada al respecto.

Para discernir si la iniciativa del ex presidente Uribe busca realmente conseguir una condena de la CPI al Presidente Chávez, nada más y nada menos que por "crímenes de lesa humanidad y de guerra", o simplemente es la última "pataleta" política del presidente latinoamericano con la mayor carpeta abierta en la Corte de La Haya, debemos examinar lo establecido en el Estatuto de la CPI, íntegramente en vigor para Colombia y Venezuela.

La Corte Penal Internacional únicamente es competente para conocer denuncias penales contra personas individualizadas -no contra Estados o gobiernos- y con carácter complementario con las jurisdicciones penales de los países donde hayan ocurrido los hechos. así se establece en el artículo 1 del Estatuto de la CPI:

"(…) La Corte (…) estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

Los "crímenes mas graves de trascendencia internacional" sobre los cuales tendría competencia la Corte, se indican en el articulo 5 del Estatuto y son:

"(…) a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; (…)".

Conforme a lo anterior, la iniciativa del ex Presidente Uribe, en caso de llegar a concretarse mediante la interposición de una acción penal contra funcionarios venezolanos ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional conforme a lo establecido en los artículos 13:

"Ejercicio de la competencia

La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:

a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; (…)"

y 14 del estatuto:

"Remisión de una situación por un Estado Parte

1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas."

necesariamente debería fundamentar racionalmente, al menos indiciariamente, que funcionarios venezolanos auxiliaron a las FARC de forma continuada y sistemática, que por ello pudieron cometer un crimen de lesa humanidad, y que el asunto nunca ha sido investigado por las autoridades venezolanas. Esto último, en términos jurídicos, hace referencia a la denominada "concurrencia de jurisdicciones" -entre la de la C.P.I. y las nacionales del país donde hayan ocurrido los hechos- supuesto en el que como establece el artículo 1º del estatuto, la jurisdicción de la C.P.I."tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales"

El artículo 15 del Estatuto de Roma regula el procedimiento que deberá seguir el Fiscal y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal, una vez recibida la información remitida por el Estado Parte, para iniciar una investigación respecto a los hechos denunciados, siendo imprescindible que el Fiscal analice "la veracidad de la información recibida." (art 15.2)

A la vista de lo anterior, no cabe duda alguna de que los Estados Parte en el Convenio de Roma de constitución de la C.P.I. -como es Colombia- pueden remitir información -equivalente a una denuncia- al Fiscal del Tribunal para que éste y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal estudien si la misma amerita el inicio de un procedimiento judicial ante esta Corte o en su caso el inicio de una investigación preliminar, siempre y cuando dicha denuncia tuviera un mínimo de veracidad a juicio del Fiscal de la C.P.I., lo que en el contexto que analizamos y a la vista de las pruebas -escasas e inconcretas- aportadas por el gobierno colombiano, no parece que sea el caso.

En todo caso, el procedimiento podria ser puesto en marcha por Colombia mediante presentacion de denuncia ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien en virtud del articulo 18 del estatuto, si hubiera "determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, (…) lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate"

De forma que el Estado notificado -en este hipotetico caso Venezuela- podrá informar a la Corte de que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto a actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.

"A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.

Es decir, antes de iniciarse cualquier investigación o al menos simultáneamente al inicio, el Fiscal de la Corte Penal debería dirigirse a Venezuela para comunicarle la interposición de dicha denuncia y esperar una contestación de Venezuela, siendo posible que la contestación de Venezuela sea precisamente la más evidente: que todo lo relativo a la presencia de la insurgencia colombiana en su terrilorio es algo que las autoridades y la justicia de Venezuela investigan y persiguen desde, al menos, el inicio del mandato del actual Presidente venezolano, en cuyo caso la Fiscalía de la C.P.I. debería inhibirse a favor de la justicia venezolana.

En este supuesto analizado, parece evidente que la denuncia con la que ha amenazado el ex presidente Uribe, tendría poco recorrido jurídico.

Entrando aunque sea brevemente en un somero analisis juridico sobre si los hechos imputados por Uribe a las autoridades venezolanas -la actuación de la insurgencia colombiana en territorio venezolano- podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad (art. 7 del Estatuto):

"(...) se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.",

o crimenes de guerra (art. 8 del Estatuto), es decir, violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adiccionales, lo primero que resulta destacable para cualquier observador es que los hechos criminales incluidos en la definición del tipo penal "crimen de lesa humanidad" antes indicado presentan bastante coincidencia con las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia de forma habitual, violaciones imputadas mayoritariamente -por organismos internacionales, observatorios y organismos de derechos humanos- a las autoridades colombianas y sus agentes. Nunca ningún organismo internacional o de derechos humanos mínimamente prestigioso ha relatado crimenes con apariencia de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.

Para nadie es un secreto que en Colombia existe un conflicto armado encardinable en los parámetros legales establecidos en las Convenciones de Ginebra de 1949 y respecto al cual las partes implicadas tiene la obligación de reconocer y aplicar las previsiones legales contenidas en las mencionadas cuatro Convenciones de Ginebra así como en los dos Protocolos Adicionales de 1977.

Al respecto, establece el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las victimas de los conflictos armados sin carácter internacional:

"TITULO I: AMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO

ARTICULO I Ambito de aplicación material.

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo I del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I ) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.

2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados".

Es una evidencia que dicho conflicto armado -que de una forma u otra ha venido manifestándose de forma ininterrumpida en el país desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, ya sea mediante la forma de guerras civiles o de guerra del Estado contra fuerzas irregulares- es de enorme complejidad a la vista de los numerosos actores armados implicados - diversas organizaciones armadas ilegales como las FARC y el ELN, fuerzas del Estado, ejércitos paramilitares diversos- existiendo en la actualidad al menos dos bandos enfrentados: el Estado colombiano, con la evidente connivencia de los ejércitos ilegales paramilitares correspondientes a organizaciones incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las AUC y las AUCC; y organizaciones armadas insurgentes de carácter ilegal, también incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las FARC y el ELN.

En lo referido al objeto del analisis que nos ocupa - la posible comisión de delitos de lesa humanidad por la insurgencia colombiana y la hipotética responsabilidad en los mismos de autoridades venezolanas- es conveniente recordar que la aparición de las FARC en el escenario colombiano se remonta a los años 60, cuando los restos de las antiguas guerrillas liberales campesinas se organizan como fuerzas de autodefensa para hacer frente a los escuadrones de la muerte, "los pájaros", puestos en marcha por los terratenientes conservadores para exterminar a los dirigentes sociales campesinos simpatizantes del partido liberal.

Las FARC-EP inician sus actividades armadas, de manera ininterrumpida desde el 27 de mayo de 1964, iniciada por 48 campesinos - 46 hombres y 2 mujeres -, en Marquetalia (Tolima), ante lo que consideraban una agresión del Estado y de los grandes propietarios latifundistas. Las FARC-EP manifiestan en ese momento que:

"están ejerciendo los legítimos derechos de rebelión y autodeterminación de los pueblos, luchan por la construcción de una nueva Colombia, sin explotados ni explotadores, en paz, con dignidad y soberanía y por los derechos fundamentales de la mayoría de los colombianos."

En el posterior devenir histórico, las FARC-EP se han desarrollado y expandido por toda Colombia, consolidándose como una organización ilegal armada con mas de 60 "frentes" que tiene presencia en toda la geografía nacional, por lo que pareciera se dan las premisas previstas en el antes citado articulo I del Protocolo II de 1977 para la aplicación al conflicto colombiano de las previsiones previstas en las Convenciones de Ginebra de 1949.

Las fuerzas beligerantes en el conflicto colombiano -FARC incluidas- sin duda han incurrido e incurren en numerosas violaciones del Derecho Internacional Humanitario contenido en las 4 Convenciones de Ginebra, provocando con ello numerosas víctimas entre la población civil. Para los organismos de derechos humanos colombianos más reputados, la responsabilidad de las violaciones graves del D.I.H. ocurridas en Colombia en 2007 se reparten de la siguiente forma, según el Informe "Noche y Niebla" del CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús: del total de 1.670 violaciones del D.I.H. reportadas en 2007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del Estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a "guerrilla" sin especificar.

La situación de los derechos humanos en Colombia es sumamente grave. Éstos son vulnerados sistemáticamente por todas las partes en conflicto, a la vez que incumplen sistemáticamente el D.I.H., no resultando un hecho objetivo ni verificable, por carente de sustento probatorio alguno, la afirmación de las autoridades colombianas de que las FARC o el ELN cometen sistemáticos crímenes de lesa humanidad o de guerra.

De los datos anteriores, se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio Estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN. Desgraciadamente, todos los actores del conflicto colombiano -empezando por el propio Estado- vienen utilizando métodos terroristas contrarios al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

En sustento de nuestra anterior afirmación, se referencian los siguientes documentos de organismos internacionales: el informe anual de Amnistía Internacional 2008, relata claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales siguen operando en la actualidad en muchas partes de Colombia con nombres nuevos, como los «Águilas Negras», manteniéndose los informes que señalan la connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad. El Departamento de Estado de EE.UU., a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano Álvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, señala en la sección 1, apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pública, así como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.

El grado de esta vinculación entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el escándalo de la parapolítica, reflejado en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de 28 de febrero de 2008:

La Corte Suprema de Justicia inició investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los cuales 18 están en prisión. También se iniciaron investigaciones contra cuatro ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de corrupción. Todas estas investigaciones han revelado el alto grado de infiltración paramilitar en el Estado a través de alianzas con políticos y con el sostén de algunas empresas privadas. La Corte Suprema ha dado claras muestras de fortaleza e independencia, lo cual refuerza la posibilidad de continuar revelando otros vínculos de paramilitares con miembros de instituciones públicas y privadas.

Las consecuencias de este tipo de vínculos pudieron ser constatadas por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad.

En el mismo informe de la OEA se destaca cómo la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos. Aunque se registraron algunos progresos en varios casos emblemáticos, en otros muchos no hubo avance alguno en la determinación de responsabilidades en la cadena de mando.

En el mismo sentido, según el informe 2007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a la desmovilización de las AUC persiste la violencia derivada del conflicto armado. La CIDH continúa recibiendo denuncias que indican que grupos armados al margen de la ley (paramilitares y guerrilla) y miembros de la fuerza pública continúan involucrados en la comisión de crímenes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil que se traducen en violaciones del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad:

    El "Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario" de la Vicepresidencia de la República (conforme a su metodología) señala que los primeros nueve meses de 2007 se habrían producido 13.023 homicidios. Asimismo, indica que durante el mismo período se habrían producido 21 casos de masacre con 98 víctimas. Por su parte, el CINEP (siguiendo su propia metodología de compilación y presentación de cifras) indica que en el primer semestre de 2007 se habrían producido 243 ejecuciones extrajudiciales; 231 homicidios intencionales de personas protegidas y 31 desapariciones forzadas. La CIDH estima pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodológicas entre ellas, a fin de dar cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil, como es su práctica consistente.

Igualmente, durante 2007 la CIDH constató el alto número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, tal y como ya hemos relatado en este artículo, destacando ahora lo que nos interesa: "los más de 2.500 casos constatados muestran lo que se denomina en Derecho Internacional como ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, acciones que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a patrones comunes de actuación diseñados y realizados, al menos, por las autoridades civiles del Ministerio de defensa y los funcionarios militares del Ejercito Nacional de Colombia, practica que se ha mantenido en el tiempo y se ha producido en un gran número de departamentos de Colombia".

Podemos concluir que aun en el improbable supuesto de que Colombia llegue a interponer la denuncia anunciada por Uribe Vélez y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llegara a admitir la misma para sus estudio, difícilmente puede afirmarse que los crímenes de lesa humanidad o de guerra perpetrados en el conflicto interno colombiano son responsabilidad de las organizaciones insurgentes, y ello a la vista de las innumerables pruebas -asumidas como propias por organismos internacionales multilaterales y de derechos humanos- que ponen de manifiesto que son las autoridades colombianas -en especial en el período 2002 al 2010- las mayores responsables de estos crímenes.

No se pierda de vista en el análisis de la realidad colombiana la "hoja de vida" arriba relatada del presidente Uribe y sus más que probables nexos con las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo. Por menos, el ex presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado por un tribunal de su país por delitos de lesa humanidad. Todo indica que la carpeta caratulada con el nombre de Álvaro Uribe ya existe en la Fiscalia de la Corte Penal Internacional, y su grosor es sustancialmente mayor que cualquiera otra relativa a América Latina.

(*) Enrique Santiago Romero es abogado, experto en Derecho Internacional. Responsable de los servicios jurídicos del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA)