EL DOBLE DISCURSO DE LA OEA.

Durísimo golpe a los golpistas

La OEA no reconocerá las elecciones en Honduras

Gonzalo Sánchez

Tercera Información...11/11/2009

José Miguel Insulza presentó su informe sobre la situación en Honduras por la petición expresa de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Brasil. En él, el secretario de la Organización de estados Americanos (OEA) ha declarado que no hay posibilidad de una salida dialogada al conflicto, responsabilizando de esto al régimen golpista que lidera el dictador Roberto Micheletti.

Insulza además descartó el envío de una misión de observadores internacionales, "no podemos observar ni mandar comisiones de elecciones a la luz de lo que se ha visto en la nación hondureña", por lo que no se reconocerán las elecciones que se celebrarán el próximo domingo 29 de noviembre.

Esto supone un duro golpe a los golpistas que en los últimos días, con el anunciado reconocimiento estadounidense a sus aspiraciones de legitimar su golpe mediante unas elecciones ilegales efectuadas en un cilma de terrorismo de estado, parecía que si se reconocerían sus elecciones.

Estas declaraciones de Insulza concuerdan con las de Zelaya y el Frente Nacional de Resistencia, que han descartado el díalogo como salida al golpe de estado y han llamado a no participar ni reconocer las elecciones que está organizando la dictadura hondureña.

Además, Insulza subrayó su apoyo a Zelaya exigiendo que él y no Micheletti ni nigún otro es el que debe presidir y liderar el Gobierno de Unidad. Sín este requisito la OEA no reconocerá las elecciones, aunque con ya tan poco tiempo para maniobrar el secretario de la Organización de estados Americanos considera que es improbable que se produzca "un vuelvo dramático" en la situación política hondureña.

Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article11085

Violencia sexual en el conflicto armado sin un sólo fallo condenatorio

Ángela Castellanos Aranguren

SEMlac...11/11/2009

A más de un año de la sentencia de la Corte Constitucional que ordena al Estado investigar los casos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado que vive Colombia y desarrollar una política pública para las colombianas desplazadas, no hay un sólo fallo condenatorio y los programas están muy retrasados.

"Toca hacer acciones de tutela (medida legal para defender derechos) para que le den a una la ayuda humanitaria, y cuando una gestiona algo (para la comunidad desplazada) la vuelven a amenazar (los grupos armados). Yo tengo un año de estar en Bogotá, y sólo me han dado un avantel (radio-teléfono), pero eso no sirve para parar las balas. Y a las que hemos sido violadas, nos toca contar la historia varias veces, hasta el vigilante de las oficinas públicas tiene que saber que una fue violada".

Así resumió para SEMlac C.A., una mujer de 32 años que sufrió cuatro desplazamientos, el asesinato de su hermano, un secuestro de los paramilitares y fue violada por soldados.

"Yo vivía de la agricultura, pero perdimos la tierra. He recibido apoyo psicológico de la organización 'Tierra de Hombres', pero dicen que necesito una atención más profunda". C. A., además, fue testigo de tortura sexual que llevó a la muerte a otras mujeres.

Las colombianas no sólo son víctimas del conflicto armado, en tanto que sus familiares son asesinados, secuestrados o desaparecidos. También enfrentan ataques, amenazas, asesinatos, al igual que los varones. Además, son víctimas de brutales actos de violencia sexual, tales como mutilación, esclavitud sexual y violación.

Con el fin de intimidar a la comunidad, cobrar venganza y ejercer control social, los grupos armados -paramilitares, guerrilla y fuerzas armadas- han cometido abusos sexuales contra las mujeres y niñas de la población civil.

Como resultado, muchas colombianas de las zonas rurales abandonaron sus tierras y huyeron hacia las ciudades capitales, constituyéndose en población en situación de desplazamiento forzado.

En el auto 092 de 2008, la Corte Constitucional dispuso, específicamente, que la Fiscalía de la Nación dé trámite acelerado a los casos de violencia sexual perpetrados en el contexto del conflicto armado, y ordena la creación y ejecución de 13 programas para llenar los vacíos en la atención a las mujeres desplazadas.

"Esta sentencia es el producto de la evaluación de la situación humanitaria de las mujeres desplazadas, a través de una audiencia con ellas, de la cual la Corte concluyó que los derechos que tienen las colombianas no se están cumpliendo para las desplazadas y, por ello, mediante los programas que ordena, busca que se ejecute una política pública de género para ellas", explicó a SEMlac Marco Romero, director de la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).

Los programas ordenados por la Corte comprenden prevención de violencia sexual, salud, educación, reparación, tierra, asistencia humanitaria y prevención de violencia intrafamiliar y comunitaria.

Estos "debían estar diseñados y en ejecución, a nivel nacional, en octubre del año pasado y apenas hay nueve, en etapa de diseño", afirmó a SEMlac Lida Núñez, coordinadora del Programa de Desplazados de la ONG Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE), que integra la Mesa de Seguimiento a los proyectos dictados en la mencionada sentencia.

Sin embargo, a nivel regional han avanzado un poco más. Recientemente se empezaron a ejecutar estas iniciativas en la ciudad de Medellín, pero sólo para las 98 mujeres que tienen una medida de protección emitida por la Corte Constitucional.

Entre los programas ordenados por la Corte Constitucional, uno se enfoca hacia la prevención de la violencia sexual contra las mujeres desplazadas y la atención integral a sus víctimas, y otro a la prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria en contra de la misma población.

"Acción Social -el organismo gubernamental encargado de atender a los desplazados- resolvió unir estos dos planes en uno, cuando la Corte ordenó que fuesen dos diferentes. En síntesis, Acción Social no ha mostrado avances en su cumplimiento. Este organismo se defiende diciendo que su tarea es coordinar. Esa es una pésima interpretación de lo ordenado por la Corte Constitucional", aseveró Núñez.

De otro lado, el director de CODHES, organización que hace parte de la Mesa de Seguimiento de los casos de violencia sexual, afirmó que "aunque la Fiscalía ha avanzado en las investigaciones, estas van muy lentas y todavía no hay fallos condenatorios".

Si bien 70 por ciento de las denuncias por violación de derechos humanos cometidos en el conflicto armado son presentadas por mujeres, muy pocas son sobre delitos sexuales.

De las 179.990 denuncias reportadas hasta diciembre de 2008, solo 28.644 se refieren a actos punibles contra las mujeres, y entre estas apenas 164 son referidas a delitos sexuales.

"En general, las mujeres sienten temor y pudor de denunciar los abusos sexuales. Organizaciones de mujeres y ONGs trabajan por su visibilización, pero son conscientes de que se trata de delitos cuyas víctimas requieren acompañamiento; y dado que el Estado no lo está brindando adecuadamente, pues las ONGs no promueven la denuncia, ya que sería irresponsable", explicó a SEMlac Luz Piedad Caicedo, coordinadora de Investigación de la ONG Corporación Humanas-Colombia.

Sin embargo, las ONGs no se han limitado a dar seguimiento, también han aportado para contribuir con el cumplimiento de la sentencia de la Corte. De hecho, la Mesa de Seguimiento diseñó los lineamientos de los programas que fueron acogidos por la Corte Constitucional, de manera que incorporen el enfoque de género.

Por su parte, la Corporación Humanas lanzó en julio pasado la primera "Guía para judicializar casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado".

Ese documento, que se elaboró luego de analizar 276 casos de violencia sexual, es una herramienta para los funcionarios judiciales, a fin de que investiguen el delito en su contexto, puedan entender que no se trata de un delito aislado y lo consigan documentar como parte de una estrategia de guerra", afirmó a SEMlac Cecilia Barraza, directora de la Corporación Humanas-Colombia.

Si bien este país no tiene tipificado el delito de lesa humanidad, sí lo contempla como circunstancia de agravamiento en el Código Penal. "Colombia debe armonizar su legislación con el Estatuto de Roma para poder pensar en declarar la violencia sexual en el marco del conflicto como un crimen de lesa humanidad. Y aún así, es difícil, pues se requiere probar varias condiciones", aclaró Barraza.

No obstante, la guía busca contribuir a que los casos empiecen a ser investigados, con miras a darles carácter de crímenes de guerra.

Paraguay: ¿una nueva Honduras?

Pablo Stefanoni

semanario Pulso (Bolivia)...10/11/2009

Hace poco más de un un año, el entonces obispo emérito Fernando Lugo conseguía la hazaña: poner fin a una hegemonía de seis décadas del Partido Colorado, con una alianza con los liberales y el apoyo de los movimientos campesinos y populares de un país gobernado por mafias de toda calaña, dedicadas a todo tipo de tráficos, contrabando e ilegalidades diversas, amparadas por un poder con el que compartían el botín. O simplemente eran las mafias las que ejercían, sin intermediarios, el poder. El dictador Alfredo Stroessner fue el gran organizador de este modelo: se afincó en el trono en los años 50 y se quedó en él hasta que fue derrocado por su yerno, Andrés Rodríguez, uno de los grandes narcotraficantes del país, en 1989. Había que seguir haciendo negocios... pero en democracia. Los tiempos habían cambiado.

Hartos del continuismo, no es casual que en un país donde la izquierda fue perseguida y casi exterminada, el anticomunismo devino política de Estado (una gigantesca estatua del líder chino anticomunista Chiang Kai Chek queda como recuerdo en la avenida del mismo nombre en plena Asunción), y la moral pública es un imperioso objetivo a conquistar, los paraguayos hayan apostado a un obispo, de una región popular, para sacar del pozo a la “isla rodeada de tierra”, al decir de su principal escritor, Augusto Roa Bastos. Pero para poder ganar, Lugo se alió con los liberales, un partido tradicional, que hoy controla el Parlamento con los colorados y los “colorados éticos” (una contradicción en todos sus términos) del ex golpista fascistoide Lino Oviedo.

Tras llegar al poder, la audacia del ex clérigo para acabar con el viejo Estado no fue precisamente su principal cualidad. Pero, al igual que en Honduras con las pequeñas reformas de Manuel Zelaya, la rancia elite paraguaya no soporta al ex obispo como Presidente. Sólo un parámetro: hacer un simple catastro de las propiedades agrícolas ya es una medida revolucionaria en Paraguay, donde entre terratenientes nativos y brasiguayos (hijos de brasileños nacidos en Paraguay) controlan sus haciendas a punta de escopeta.

Además, en septiembre, Lugo anunció la cancelación de ejercicios militares entre 500 militares de Estados Unidos y efectivos de Paraguay, programados para 2010 bajo el nombre de “Nuevos Horizontes”. “No es prudente ni conveniente en este momento y podría dar lugar a una repercusión de cuestionamientos entre los otros países hermanos del Mercosur y Unasur”, dijo entonces Lugo con tono pastoral. “Es una decisión lamentable, pero la respetamos. Esperemos que esto no sea un indicio de rechazo al resto de nuestros programas”, reaccionó la embajadora de EE.UU. Liliana Ayalde, con ese tonito de sutil amenaza que el término “esperamos” suele tener en boca de los diplomáticos del país del Norte. Efectivamente, por ahora otros programas de cooperación, incluidos algunos en el área militar, se mantienen.

“Poncho yuru”

Su política del “poncho yuru” (ubicarse en el centro, como la boca del poncho) no ahuyentó, sin embargo, los fantasmas que la burguesía paraguaya se hace sobre un tránsito de Paraguay hacia el “comunismo” de Chávez, Evo y Correa. Hace unas dos semanas, se conoció un e-mail (filtrado por error) de un ganadero chileno apellidado Avilés, residente en Paraguay desde algo más de 30 años, en el que propone realizar una contribución entre su pares empresariales para comprar armamentos, formar escuadrones e identificar y matar comunistas (ver más abajo). Esa propuesta se conoció en momentos en que ponía en marcha un plan para terminar con Lugo vía juicio político. Y esta semana hubo otra denuncia por un caso de paternidad no reconocida: los affaires del ex obispo que terminaron en embarazos de colaboradoras y empleadas abundan. Como le dijo a la periodista Hinde Pomeraniec, “El celibato es imperfecto, el único perfecto es Dios”. Un poco cínico, en todo caso.

El analista y dirigente político Hugo Richer, explicó a Pulso que “en los hechos, Lugo trató de mantenerse en su postura del ‘poncho yuru’, con un discurso político progresista, una política económica con componentes neoliberales (proyecto de privatización de rutas, por ejemplo) y una política social asistencialista”. Sin embargo –agrega – Lugo no ha renunciado a desarrollar la reforma agraria, los cambios en el poder judicial y otros puntos importantes de su programa. Y por eso la oligarquía y los partidos de derecha iniciaron una feroz ofensiva, en la que ciertos medios de comunicación juegan un papel fundamental. No toleran la presencia de Lugo en el gobierno y están dispuestos a sacarlo por la vía que sea. Lo identifican con el socialismo del siglo XXI y su alineamiento con Chavez, Evo Morales, etc. Más allá de que esto no sea verdaderamente así, lo que no soportan es su relativo distanciamiento de la política del imperio. Saben que Lugo no dará a su gobierno una orientación socialista (y lo saben muy bien), pero el gran temor es que el escenario político abierto permita el crecimiento de la izquierda, en su amplio espectro”.

No deja de ser tragicómica la razón en la que la derecha fundamenta el pedido de juicio político: haber afirmado en un barrio popular que los ricos se oponen al proceso de cambio. “Los que genuinamente quieren cambiar el país son los que no tienen cuentas bancarias, son los que no salen cada día en las páginas sociales de la prensa”. “Los que quieren seguir mirando el pasado en sus privilegios (...) en defensa de sus cajas de ahorros en bancos internacionales, ellos no quieren cambiar”. ¿Discurso inofensivo? Puede ser, pero no en el Paraguay de las mansiones insultantes rodeadas de miseria, moscas y olor a naranjas.

El ex candidato presidencial Pedro Fadul , del partido Patria Querida, cuarta fuerza parlamentaria, tildó de “criminal” el contenido del discurso “de confrontación”, que “daña el alma y el espíritu”... Curiosa, en cualquier caso, la capacidad de indignación del “espíritu” de esta burguesía mafiosa.

¿Golpe light?

Posiblemente, la derecha paraguaya haya aprendido de los gorilas hondureños que no es bueno sacar a Lugo en pijama, de madrugada, y enviarlo a algún país vecino en un “avión pirata”, pero eso no conduciría necesariamente a dejar de lado sus ambiciones desestabilizadoras sino, simplemente, a ser más cuidadosos. Para ello controlan el Congreso, donde podrían destituirlo legalmente. El partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), del vicepresidente Federico Franco, que pasaría a ocupar la primera magistratura de triunfar este golpe light, prácticamente dejó de ser un partido de gobierno: una buena parte de su cúpula, de sus senadores y diputados se jugaron abiertamente por el juicio político en las últimas semanas. Sólo el grupo de quienes ocupan cargos ministeriales son los que cuentan –por ahora- entre los supuestamente fieles al gobierno.

Por eso, Lugo llamó hace una semana a todos los partidos de izquierda (incluidos los socialdemócratas) para coordinar un nuevo bloque político para sostener su gobierno. Y de estas reuniones salió una inédita alianza en Paraguay, donde la izquierda nunca se había unido y menos aun con las fracciones socialdemócratas. Una iniciativa que cuenta, además, con el apoyo de organizaciones campesinas, las de mayor capacidad de movilización del país. El objetivo: organizar la resistencia al juicio político y a una posible destitución del Presidente. Como lo demuestra la consolidación en el poder de los golpistas hondureños, el rechazo de la “comunidad internacional” no alcanza para reponer la democracia si no hay una real base de movilización interna como sí la hubo en 2002 en Venezuela.

“Por ahora, la estrategia del juicio político se debilitó”, explica Richer. Y esta semana Lugo removió a la cúpula militar luego de denunciar la existencia de bolsones golpistas en el ámbito de lasa FFAA. Mientras tanto, la derecha trata de identificar a Lugo con las acciones del presunto grupo guerrillero que tiene secuestrado al ganadero Fidel Zavala (es el cuarto secuestro que se atribuyen). El ministro del Interior Rafael Filizzola responsabilizó del hecho a un supuesto grupo subversivo de izquierda vinculado a las FARC de Colombia, denominado Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), cuya existencia efectiva no ha sido nunca demostrada.

“Las Fuerzas Armadas no se merecen un comandante en Jefe como Lugo”, metió la cola el ex comandante de las Fuerzas Militares y actual dirigente colorado, Bernardino Soto Estigarribia, aunque descartó que algún militar vaya a arriesgarse al posible “juego político” para hacer un golpe, porque los militares, tras mucho esfuerzo, están alineados al régimen institucional y saben que el delito por golpismo no prescribe. Pero, otra vez: no es ningún delito destituir “democráticamente” al Presidente mediante juicio político. “Es una distorsión maliciosa hablar de golpe de Estado, pero no es un disparate hablar de un juicio político”, dijo a La Nación de Buenos Aires el analista político Gonzalo Quintana. El titular del Parlamento paraguayo, senador Miguel Carrizosa, confirmó que “ha existido un diálogo informal” entre las distintas fuerzas políticas para evaluar la posibilidad de un juicio político, aunque por el momento “no alcanzan los votos”. (Pero en un país donde no pocas cosas se compran y se venden, quizás no sea caro que mañana alcancen). “Lugo hizo un discurso incendiario incentivando la lucha de clases y la oposición no podía quedarse callada”, explicó el analista Carlos Redil, -cuyo espíritu también parece indignado- que cree que, por ahora, no están dadas las condiciones para un juicio político, pese a que el mandatario “está demostrando una real incapacidad para gobernar”.

Finalmente, ¿cuál es entonces el tema central de lo que pasa en el Paraguay? –se pregunta Richer-.“La tremenda crisis de los partidon tradicionales y la desesperación de una oligarquía ultraconservadora. Esa crisis los lleva a profundas contradicciones internas, aún más, a la falta de un funcionamiento institucional. No hay posibildades de acordar un consenso que consolide un nuevo modelo de acumulación, la mezcla de latifundistas (tierras mal habidas) y ‘empresarios’ que se enriquecieron con la influencia del viejo poder, las vinculaciones con la mafia de todo tipo, les impide reaccionar con una propuesta de consolidación de la democracia y producir ciertos cambios que la ciudadanía espera; amplios sectores le siguen esperando a Lugo”.

No faltan problemas en el gobierno de Lugo, pero ninguna de sus falencias está ausente en sus opositores (más bien, las multiplican por miles), todos los cuales reemplazaron hace tiempo sus biografías por verdaderos prontuarios. Es posible que con todos sus límites, Lugo sea solamente un dique de contención para que el infortunio no vuelva a enseñorearse (Roa Bastos, otra vez) de este castigado país sudamericano.

Correo electrónico filtrado de un empresario ganadero

(se respeta la ortografía) Ya hay una denuncia en la Fiscalía por esta convocatoria.

COMANDO ANTICOMUNISTAS

Estimados amigos:

Ya es la hora de ponernos los pantalones largos. Hasta cuando tenemos que esperar para combatir a estos Comunistas hijos de puta, que están queriendo destruir nuestro querido Paraguay, como lo hicieron los Allendistas en Chile, desde 1.968, hasta el ll de septiembre de 1.974, o convertirnos en una Nueva Colombia.
Cuantos padres, hermanos e hijos tendremos que enterrar, para poder reaccionar.Cuanto luto y dolor, tendrán que soportar nuestras madres, señoras o hijas antes de liquidar esta peste que se llaman subersivos comunistas.

Todos sabemos, que este gobierno no solamente los apaña, los ayuda, les dá dinero y alimentos, hace ojos ciegos ante el avance de la guerrilla, en vez de ordenar en un minuto la salida de las tropas a la zona en cuestíon, para cerrar con pinzas de fuego, y capturar a estos bandidos y ejecutarlos en el lugar donde se les encuentre.
Los verdaderos responsables de todo esto, Fernando Lugo, Lopez Perito, Marcial Congo, Camilo Suarez,( los intelectuales), Pakoba Ledesma, Elvio Benites y otros (los tontos útiles) , los Magda Meza, Cetrine etc. etc,( los ejecutores).

Es hora de despertar.
1-Juntar dinero, para poder liberar al amigo Fidel Zabala.
2-Juntar dinero para organizarnos, igual que ellos, pero en sentido contrario.( en Chile, 1.970, nos dío resultado).
3-Juntar dinero para que tengamos los AR-15, AK-47, etc. ect.
4-Perseguir, agarrar y liquidar fisicamente a todos los comunista que atentan contras nuestras vidas y pertenencias.
5-Comunicar públicamente al Gobierno del Sr. Lugo, que su fiesta comienza a terminarse, que su idilio con Chavez, Morales, Correa, Castro y otros, tiene los días contados.
Que sepa cuellito Filizzola, que o hace algo para terminar con todo esto, o que pronto salga del país.

Yo personalmente ya viví y pasé todo esto, no permitiré en lo posible que vuela a pasar con mi nuevo y querido país, ni menos con mi familia y amigos.
En estas situaciones debemos jugarnos el todo por el todo, estar dispuestos a matar y a morir, pero nunca aflojar, o si no, seremos víctimas igual que lo fueron los Salvadoreños, lo son los Cubanos, los Colombianos, y los Bolivianos.
Por la formación del Comando anticomunista Paraguayo ( C.A.P.).

Eduardo Avilés L.

Entrevista a Matt Ginsberg Jaeckle, integrante de la ONG norteamericana La Voz de los de Abajo

"Descaradamente, Estados Unidos se pronuncia por reconocer las elecciones hondureñas"

Mario Casasús

El Clarín de Chile / Rebelión..10/11/2009

En entrevista con Clarín.cl Matt Ginsberg Jaeckle, integrante de la ONG norteamericana La Voz de los de Abajo, responsabiliza al gobierno de su país en el golpe de Estado, luego del fracaso auspiciado por la administración Obama, “Estados Unidos sigue apoyando a la dictadura de Micheletti, el Departamento de Estado jugó un papel fundamental –junto a la CIA- haciendo llegar millones de dólares a los golpistas dos años antes al 28 de junio”

MC.- ¿Quiénes integran la delegación de La Voz de los de Abajo?, ¿cuál es el propósito de su viaje a Tegucigalpa?

MG.- Venimos con una delegación de 14 personas con varios propósitos: acompañar a la Resistencia y ser testigo de los abusos que suceden en Honduras y fortalecer la solidaridad en Latinoamérica, nuestra consigna es ¡Todos somos Honduras!, si dejamos que triunfen los ultraderechistas de aquí –relacionados con los ultraderechistas de Estados Unidos-, podrán triunfar donde quieran, tenemos que respaldar la lucha diga e inspiradora del pueblo hondureño. Llevamos todo tipo de gente de Chicago a Tegucigalpa, afroamericanos, pastores, periodistas independientes, para que vean lo que realmente pasa con la dictadura de Micheletti.

MC.- ¿Qué te llevas de este viaje?, ¿qué contarás en los Estados Unidos?

MG.- Yo ya había estado en Honduras, mantenía comunicación con la Resistencia; pero los que no habían viajado están bien sorprendidos, porque lo poco que muestran los noticieros norteamericanos son mentiras y manipulaciones, en CNN, Fox y NBC dicen que en Honduras todavía debaten si fue o no un golpe de Estado, difaman la idea de la Asamblea Constituyente argumentando que era un mecanismo para que el Presidente Zelaya se perpetuara en el poder. Nosotros vemos que no se trata de una persona, sino de un pueblo que busca alternativas para deshacerse del neoliberalismo, la Asamblea Constituyente es una táctica para lograr la Independencia, ese fue el temor de la oligarquía de aquí y los poderes facticos de Estados Unidos.

MC.- Siendo ciudadano norteamericano, ¿llevarás tus impresiones a la sede diplomática de EEUU en Tegucigalpa?

MG.- Estamos enojados con la posición de este gobierno, Obama fue elegido por el pueblo con una esperanza por el cambio, pero sólo cambió en palabras, nosotros queremos que cambie en hechos. La administración Obama tardó mucho para declarar que en Honduras hubo golpe de Estado y en cortarles el apoyo económico, pero a pesar de todo Estados Unidos sigue apoyando a la dictadura de Micheletti, el Departamento de Estado jugó un papel fundamental –junto a la CIA- haciendo llegar millones de dólares a los golpistas dos años antes al 28 de junio, exigimos que se investigue el financiamiento ilegal del régimen de facto; descaradamente Thomas Shannon del Departamento de Estado y el Embajador Hugo Lorens se pronunciaron por reconocer las elecciones del 29 de noviembre como “salida pacífica” de la crisis hondureña. No podemos permitir que esto pase, vamos a trabajar fuertemente para convencer a los Congresistas de Estados Unidos y daremos un informe a la Embajada norteamericana en Tegucigalpa, obvio saben lo que pasa, pero actúan como si hubiera normalidad, pero hay una realidad: el abuso de los derechos humanos.

MC.- ¿Dónde leeremos los informes de La Voz de los de abajo en Tegucigalpa?, ¿qué harán con todas las horas de video que grabaron?

MG.- Tenemos varias fuentes de información, a través de nuestra página Hondurasresists.blogspot.com -con una versión en español: Honduras resiste- ahí hemos subido varios informes de la delegación, hacemos traducciones de entrevistas con la Resistencia hechas por periodistas latinoamericanos, entrevistas que nosotros grabamos, contamos con Indymedia y estamos en contacto con programas nacionales como Democracy Now¡, tenemos un espacio en la Televisión Pública de Chicago, formaremos una Red Internacional en Solidaridad con Honduras Casa Morazán, con la intención de organizar a la comunidad de hondureños en EE.UU. y a través surgirán más medios para informar a nuestra gente. Por cierto, Alexy J. Lanza está haciendo un documental, ya presentó la primera entrega en DVD y ahora filma una segunda parte.

MC.- Un ciudadano español y otro de Colombia cayeron presos de forma ilegal, ¿el pasaporte norteamericano les da inmunidad diplomática?, ¿se sienten seguros?

MG.- La verdad cuando te pasas la vida luchando nunca estás tranquilo, en Chicago nos han encarcelado, nos llevaron presos –junto a 5 compañeros- por defender nuestro derecho a la vivienda; las condiciones de presidio serían peores aquí que en Estados Unidos, pero las consecuencias no nos asustan, Honduras es el punto más importante de todo el mundo, es el conflicto entre la explotación y un modelo basado en los derechos humanos, y si no estamos dispuestos a sacrificar, o arriesgarnos en las posibilidades que representa combatir a una dictadura, entonces no tendría sentido vivir la vida.

MC.- Trabajas como traductor para los latinoamericanos hospitalizados en Chicago, ¿viste las precarias condiciones médicas en Tegucigalpa?, ¿ves diferencias entre ambas pobrezas?

MG.- Soy uno de los que organiza a la delegación con la programación, soy el intérprete de los compañeros angloparlantes en Tegucigalpa; en mi vida soy intérprete y organizador comunitario, trabajamos con los grupos de base con los que luchan por los derechos humanos del pueblo pobre de Estados Unidos, que cada vez es más grande. Pensamos que un pueblo con buenas intenciones y privilegios económicos no basta, la solidaridad debe venir del pueblo pobre a todos los pueblos pobres de la tierra, por ejemplo: en la delegación viene una mayoría afroamericana, los capitalistas propician la rivalidad entre negros y latinos, así que nosotros tenemos claro que son los poderosos los que nos dividen, queremos llevar la lucha de Honduras a los pueblos pobres en Estados Unidos y formar las redes de solidaridad estrechas para la liberación.

MC.- ¿Cómo liberarnos de los prejuicios xenofóbicos en contra de los norteamericanos?

MG.- ¿Quién tiene más en común con un hondureño?, ¿has visto las condiciones en que viven los pobres de Norteamérica?, algunos integrantes de la delegación enfrentan problemas para comer todos los días, para pagar la renta, nosotros tenemos más en común con cualquier hondureño, a excepción de Facussé o Micheletti, Elvin Santos y el resto de golpistas. Nosotros tenemos que ver que las fronteras no separan a los pueblos, es la clase dominante, nosotros sufrimos las mismas opresiones del sistema neoliberal; no estamos aquí para agitar –como dicen las mentiras de los medios de comunicación golpistas-, estamos aquí porque nos interesa la lucha hondureña y su relación con la lucha de liberación de los pueblos latinoamericanos, estamos aquí para aprender y acompañarlos y decirles que nosotros también vivimos en pie de lucha, nuestro futuro está relacionado con el suyo. Con respecto a la cuestión sobre la confiablidad en los norteamericanos, es bueno no confiar en nosotros (risas), porque los gobiernos norteamericanos han invadido tantos lugares, la CIA tiene infiltrados, igual que aquí donde los poderosos son pocos y el pueblo somos muchos, igual en Estados Unidos los poderosos manipulan, pero la mayoría del pueblo norteamericano busca lo mismo que los hondureños: una Asamblea Constituyente, vivir en paz, vivienda digna, especialmente en este momento: mucha gente en Estados Unidos está más abierta que en toda sus vidas a escuchar nuevas ideas, porque antes creían en el “sueño americano”, ahora perdemos nuestras viviendas por la codicia de los banqueros, es el momento de hacer llegar el mensaje de que otros modelos son posibles, busquemos alternativas al modelo capitalista. No todos los norteamericanos somos enemigos, el gobierno sí.

MC.- Finalmente, háblanos del ámbito cultural de la Resistencia, ¿qué experiencias y aprendizajes son relevantes para tu formación política?

MG.- El arte es fundamental para llevar las enseñanzas al pueblo, puedes hablar todo el día sobre las listas de los asesinados y desaparecidos –es importante conocerlas-, pero si no utilizas la creatividad para hacer llegar ese mensaje se pierde. Los jóvenes de la delegación afroamericana están bien inspirados de lo que vieron aquí, la lucha no es exclusivamente marchar y manifestarse, nosotros también utilizamos el arte y la música, pero no habíamos pensando en retomar el teatro callejero como lo hacen los Artistas en Resistencia, los jóvenes en Chicago rapean sobre las violaciones que sufren por parte de la policía. Sin el arte la lucha no puede crecer, son infinitas las posibilidades de la creatividad humana.

Vecindad Letal

José Vicente Rangel

RNV...10/11/2009

Todo cuanto ocurre últimamente en la relación Venezuela-Colombia se veía venir. Para utilizar la manoseada expresión de García Márquez, se trata de la agonía anunciada de una relación. Consecuencia de un proceso de acumulación por el Gobierno de Álvaro Uribe —no del pueblo hermano—, de innumerables agravios, deslealtades, provocaciones veladas o abiertas y conductas hipócritas.

Para completar este deplorable cuadro, está la estrategia conjunta del Estado colombiano con el sector pentagonista del Gobierno de los Estados Unidos contra el proceso bolivariano, destinada a socavar la soberanía de Venezuela.

Uno de los objetivos de esa alevosa estrategia es, sin duda alguna, la primera reserva de petróleo del mundo ubicada en la Faja del Orinoco. Un manjar demasiado apetitoso para el imperio y sus vasallos.

Dicen que el dictador mexicano Porfirio Díaz exclamó una vez: “¡Pobrecito México: tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos!”. Cierto o no, hay vecindades que son un suplicio. Con Colombia la situación siempre fue incómoda.

La oligarquía de ese país, su clase dirigente, sus mandos militares, mantuvieron una constante hostilidad hacia Venezuela que se traduciría en despojo territorial, ventajas económicas, vaciamiento en nuestro país de la violencia que anida en su seno: paramilitares, narcotraficantes y delincuencia común.

En más de una oportunidad el núcleo de poder colombiano montó contra Venezuela provocaciones descaradas. Sin ir muy lejos está la emblemática experiencia de la corbeta ARC Caldas, colocada en agosto de 1987 en el golfo de Venezuela por el entonces presidente Virgilio Barco.

Este acto artero, realizado con el propósito de probar la capacidad de respuesta de Venezuela, estuvo a punto de desatar un conflicto armado de impredecibles proporciones.

Con el cual se atentó contra la soberanía nacional, lo mismo que a través de otras acciones con similares características como el secuestro por efectivos de la inteligencia colombiana de Rodrigo Granda; y ahora lo complementa la trama de la “Operación Falcón”, urdida por el DAS —con anuencia de Uribe—, para infiltrar agentes y promover la desestabilización del Gobierno de Chávez. Uribe y su equipo saben lo que buscan: apuntalar una relación privilegiada con los sectores de la ultra derecha norteamericana y sacar provecho al vínculo de excepción con el Pentágono.

Su conexión con el dispositivo militar de EE UU es directamente con el Secretario de Defensa, Robert Gates, y el Comando Sur. Consecuencia de semejante nexo es la instalación de las 7 Bases Militares, "y otro número indeterminado de unidades colombianas", como lo reconoce el Consejo de Estado de esa nación. Así como la inmunidad para los efectivos militares y los contratistas civiles.

Por cierto, el referido pronunciamiento del Tribunal de la justicia contencioso administrativa, deja mal parado al Gobierno uribista cuando afirma que el acuerdo “relega a Colombia a la condición de cooperante de los EE UU, y desequilibra las obligaciones entre los dos Estados de manera unilateral”. ¿Por qué Uribe paga tan elevado precio, en detrimento de la soberanía de su país? La respuesta a esta pregunta corresponde a los colombianos.

Pero yo, como latinoamericano, diría que ningún otro Gobierno de la región sería capaz de suscribir tan ignominioso documento. Uribe lo hace para apuntalar la condición de satélite privilegiado; de cuña del imperio en la región.

También encubre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Fuerza Armada y los paramilitares bajo la consigna de “seguridad democrática”, con lo que Colombia pasa a ser modelo en materia de violencia y militarización de una sociedad.

Convirtiéndose en un peculiar enclave donde el Estado de derecho abdica no solo ante ominosos factores internos de poder, sino que lo hace ante los designios de EE UU, que asume plenamente la discrecionalidad en la relación bilateral. Como vemos, la vecindad con Colombia, que es mandato de la geografía, se torna para Venezuela, por obra de aquellos que controlan el poder en esa nación, en fatalidad.

Fuente: http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=15&t=112794

¿Obama cayó o encalló en Honduras?

Roberto Quesada

Rebanadas de Realidad...09/11/2009

Tanto Micheletti como Vásquez Velásquez han demostrado, y continúan demostrándolo -como si no estuviéramos convencidos de ello- que no saben hacer las cosas. Los mandaron a hacer una sucesión presidencial y acabaron dando un golpe de Estado militar. Como bien lo calificó el novelista Mario Vargas Llosa: "Una acción militar de una gran torpeza".

Con esta torpeza han arrastrado a los plumígrafos del golpe, periodistas y columnistas, a formar parte de la antología del ridículo. A estos pobres colegas, que ya tenían destilada la tinta para defender la "sucesión" no les quedó de otra que lanzarse al vacío al intentar defender un golpe de Estado militar. Después de que esto acabe tendrán que hacer todo tipo de conjuros para ver si así pueden quitarse el estigma en la frente que los identificará a dónde vayan: Golpistas. Estoy seguro de que los más inteligentes dentro de ellos, le tienen rabia al dúo por inepto, pues era mucho más fácil defender una "sucesión", en cambio, un golpe de Estado militar, como ha quedado evidenciado, es imposible. Por muy experto/a que el "informador" sea en desinformar y mentir.

Y con tantas metidas de extremidades hasta sería graciosa esta dupla golpista, de no ser porque ya han dejado en el camino del golpe de Estado militar casi una treintena de muertos; compatriotas violadas; y una interminable lista de violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión. A todo esto habrá que agregar el despilfarro del erario publico, lo que, directa e indirectamente produce otras muertes ante la escasez en los hospitales.

Lo que para el dueto Micheletti-Vásquez es juego, no lo es para la gran mayoría de hondureños y de la comunidad internacional que respetan la vida. Se han hecho tantos esfuerzos, gasto de tiempo y económico por solventar esta crisis pero no ha sido posible puesto que el sector Micheletti abunda en charlatanería.

Desgraciadamente a este circo barato se unió Thomas Shannon, pues su propósito, ya hecho público, no era buscarle solución al golpe de Estado militar en Honduras sino su problema de ser vetado como embajador de Brasil y levantar el veto a Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado para América Latina, según lo vertido por el vetador, senador republicano Jim DeMint: "La secretaria (de Estado) Clinton y el (saliente) vicesecretario (de Estado para América Latina), Thomas Shannon, me han garantizado que Estados Unidos reconocerá el resultado de las elecciones hondureñas, haya sido restituido o no Manuel Zelaya", y como por arte de magia se levantó el veto a Valenzuela.

Lo de Shannon en CNN no es una entrevista ni una noticia sino un mensaje directo para que fuera explotado por los golpistas de la mejor manera y para desmoralizar al pueblo hondureño.

De ser cierta esa negociación a costa del pueblo hondureño -la Administración Obama y cualquiera que tenga duda, tiene que entender que el golpe de Estado militar no fue dado solamente al presidente Zelaya sino al pueblo hondureño, y es este mismo pueblo que exige revertir ese golpe y la única vía es la restitución del presidente constitucional Manuel Zelaya.

El malestar en el pueblo hondureño hacia los Estados Unidos ya se hace sentir, pues Barack Obama llamó hipócritas a quienes criticaban de insuficiente la intervención estadounidense para resolver con la restitución del presidente Zelaya la crisis hondureña y ahora el balón de la hipocresía está en la cancha del también basquetbolista Obama. Sin olvidar que la intervención republicana está antes y durante el golpe, el trío de Miami y el mismo senador Jim DeMint visitó Honduras para apoyar con total descaro el criminal golpe de Estado militar.

Algo curioso que ocurrió en los Estados Unidos fue cuando Obama anunció a Hillary Clinton como la jefa de la diplomacia, a la comunidad afroamericana y parte anglo no le convenció este nombramiento, puesto que Hillary había atacado ferozmente a Barack durante la campaña, y para muchos aunque Hillary sea Clinton está muy a la derecha de Bill. Ahora con este primer reto de Obama en el continente, florecen las dudas, el lenguaje ambiguo, la falta de firmeza, esa supuesta negociación a costa del pueblo hondureño sin importarles las muertes ya existentes, la violación a los derechos humanos y las muertes que pueden producirse de deteriorarse más la situación al respaldar unas elecciones en el contexto de un golpe de Estado militar.

Todo nos lleva a la sospecha de si Obama dentro de su misma Administración tiene quien le está haciendo mal los mandados para que pierda este primer round... y así sucesivamente, o tal vez sea verdad que la Administración Obama ha encallado en Honduras y no encuentra salida a la crisis. Quizá la Administración nos subestime por tratarse de un país pequeño y pobre pero no hay que olvidar que desde la niñez nuestros padres nos prevenían de que hay que tener cuidado con las honduras, Honduras, no es el primero que se ahoga.

Después de que los emisarios estadounidenses visitaron Honduras llevando ilusión al pueblo hondureño diciendo una cosa en Tegucigalpa y ya puestos en Washington expresando otra para las cadenas de prensa, sólo queda pensar que en comunión con los golpistas criollos han burlado al pueblo hondureño y a la comunidad internacional. Si el golpe de Estado militar persiste y no hay restitución del presidente constitucional Manuel Zelaya, y aun así los Estados Unidos se empecina en reconocer las elecciones, América Latina tiene que entender bien el mensaje que le da plena y justificada libertad de armarse, descabezar a jefes militares sospechosos, así como también se vuelve comprensible si los países deciden armar a sus pueblos ante la amenaza latente de un golpe de Estado militar, que de todas maneras será refrendado por la potencia militar más grande del mundo.

Otra cosa, ante la incapacidad de solucionar la crisis hondureña o lo que es peor utilizar esa crisis para sus intereses dentro del Senado, para diferenciarse de los golpistas, Barack Obama estaría en la obligación moral de no aceptar el Premio Nobel de la Paz, el discurso para hacerlo sería fácil y sencillo, yo se lo escribo: "Caí o encallé en Honduras".

Roberto Quesada, escritor y diplomático hondureño en resistencia, director de Honduras-USA Resistencia

Fuente: http://www.rebanadasderealidad.com.ar/quesada-09-04.htm

Entrevista a Agustín Jiménez, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)

7.000 presos políticos en Colombia

Sergio de Castro Sánchez

Diagonal...09/11/2009

Surgido hace 38 años, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) de Colombia, tal y como nos explica su presidente, Agustín Jiménez, centra su trabajo en dar una “atención especial a la situación carcelaria y jurídica de las personas que son acusadas de cometer delitos políticos”. De entre ellos, “la mayoría son personas que ejercen alguna acción social o actividad política. Como son opositores al Gobierno, éste les hace montajes para tratar de demostrar que son de la guerrilla o crea juicios fingidos para poderlos llevar a los centros carcelarios”.

PREGUNTA: ¿Qué tipo de presos políticos existen en Colombia?

RESPUESTA: Básicamente se dividen en tres grupos. Primero están las personas que participan directamente del conflicto armado y que son miembros de los grupos insurgentes. También están aquellos que viven en las zonas en las que estos grupos tienen presencia y que normalmente son acusados de pertenecer a la guerrilla porque en algún momento les dan algún apoyo o tienen algún contacto, como es normal que suceda ya que ellos están en la misma zona. La mayoría de ellos son humildes campesinos o indígenas que no escogen vivir allí, sino que están en su territorio y en los que se presentan estas situaciones. En tercer lugar, como grupo más numeroso, están los dirigentes sociales y sindicales, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición que son detenidos y acusados de pertenecer a la guerrilla.

P.: ¿Cuántos presos políticos hay en Colombia?

R.: Nosotros hemos estado manejando como 7.000 personas que están en los centros carcelarios acusadas de delitos como el de rebelión o de participar en el conflicto armado como miembros de los grupos insurgentes.

P.: ¿Cuál es la situación actual respecto a la criminalización de la lucha social en Colombia?

R.: Actualmente la situación es bastante grave porque el gobierno de Álvaro Uribe ha tratado de aprovechar la existencia de un conflicto armado para deslegitimar las acciones de las organizaciones y comunidades que luchan por sus derechos acusándoles de pertenecer a alguna organización [armada]. El Gobierno ha diseñado toda una serie de estrategias para hacer montajes judiciales en contra de estas personas. Especialmente ha utilizado los testimonios arreglados de quienes tienen la condición –o dicen tenerla– de reinsertados y que han pertenecido a los grupos insurgentes, testificando en contra de los dirigentes sociales y declarando lo que el Gobierno quiere que digan. Muchas veces los militares y los policías los entrenan para esto montando pruebas falsas. Otro de los recursos que utiliza el Gobierno es la red de informantes que se ponen de acuerdo con las autoridades para hacer los montajes judiciales.

Esto ha provocado que durante el gobierno de Uribe unas 10.000 personas hayan sido detenidas arbitrariamente como parte de una política que busca meterle terror a la población a través de detenciones masivas. La mayoría de ellas han quedado en libertad, pero otras se encuentran todavía en los centros carcelarios.

Pero el Gobierno también utiliza al Ejército para criminalizar la protesta. Por ejemplo, en el caso de las protestas universitarias, metiendo al Ejército en las universidades y violando la autonomía universitaria, o en los territorios indígenas, cuando estos realizan alguna protesta en sus territorios.

Además, el Gobierno sale permanentemente a los medios de información a estigmatizar a todo líder social o defensor de derechos humanos llamándolos terroristas y sosteniendo que todas sus acciones de denuncia están conjugadas con los grupos guerrilleros.

P.: ¿Cómo ha afectado al tema de los presos políticos la política de “seguridad democrática” de Álvaro Uribe?

R.: Con el epíteto de “terrorista”, el Gobierno ha pretendido justificar una acción de persecución y hostigamiento contra las personas detenidas por motivos políticos, colocándolas en situaciones aún más graves que las que viven el resto de presos.

Muchos presos políticos han tenido que sufrir aislamientos prolongados y situaciones críticas de derechos humanos y en algunos casos han tenido que soportar que se les coloque en los mismos espacios que a los presos paramilitares, lo cual supone un riesgo altísimo para ellos, sobre todo porque los paramilitares tienen el apoyo de la guardia e incluso a veces de la dirección de las cárceles para atacar a los presos políticos.

Además, los presos políticos son enviados a lugares muy alejados de su familia, lo que se convierte en un sufrimiento permanente para ellos.

P.: ¿Cómo ha afectado el Plan Colombia a la política carcelaria de Uribe y en concreto en lo referente a los presos políticos?

R.: A través del Plan Colombia, Uribe firmó un acuerdo con la Oficina Federal de Prisiones de EE UU para construir un número bastante grande de cárceles que ellos llaman de alta seguridad. En ellas, a imagen y semejanza de lo que plantea la política de EE. UU., lo que se busca es mantener de manera permanente una situación de presión y represión sobre el preso como una forma de castigo. Esto está provocando, por ejemplo, que algunos presos tomen la decisión de suicidarse ante la aplicación de un régimen carcelario que llega a ser inhumano.

La guardia de prisiones fue también formada por la Oficina Federal de Prisiones para aplicar presión permanente y control de seguridad, y los reglamentos carcelarios fueron cambiados para privilegiar la seguridad por encima de los derechos humanos.

Todo ello ha provocado un cuadro muy grave en los centros carcelarios del país para todas las personas detenidas, pero en especial para los presos políticos, porque esta política carcelaria también se desarrolla con la idea de tener elementos para la represalia contra el preso que se considera enemigo.

P.: ¿Hasta qué punto ha sido aplicada en Colombia la política estadounidense de defensa del uso de la tortura?

R.: No se ha notado un aumento importante en ese sentido porque ya el Ejército colombiano usa la tortura desde hace mucho tiempo.

Hasta hace no mucho en los centros carcelarios se ha tenido cuidado con el uso de la tortura, pero en los últimos tres o cuatro años han vuelto a aumentar los indicadores de tortura en todo Colombia. Ahora, mucha de la tortura se está dando fuera de los centros carcelarios, en el momento de la detención y en los centros de reclusión temporal, sobre todo con la finalidad de conseguir información que permita aumentar las órdenes de captura.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/7-000-presos-politicos-en-Colombia.html

Más información:

http://www.comitedesolidaridad.com/

Las veleidades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su papel contra los países del ALBA

Percy Francisco Alvarado Godoy

Rebelión...08/11/2009

El inicio de las sesiones del 137 periodo de ordinario de sesiones de la a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado día 2 de noviembre de 2009, ha desentrañado que este órgano de la OEA viene colaborando con la campaña ideológica contra las naciones del ALBA, particularmente contra Cuba y Venezuela, desde hace varios años.

La parcialización de la CIDH contra Cuba y Venezuela se ha puesto de manifiesto en el "Informe Anual" de la misma para el año 2008, en que evalúa y critica supuestas violaciones a los derechos humanos y al desempeño democrático en estas dos naciones, desvirtuando la realidad existente en esa materia.

La legítima reacción del representante de Venezuela ante la CIDH, Germán Saltrón, en las sesiones que lleva a cabo la misma, puso al desnudo cómo Venezuela se ha ubicado en el punto de mira de las maquinaciones desestabilizadoras de la contrarrevolución interna, apoyada por Estados Unidos y subvencionada por sectores de la derecha internacional, a los que se encuentra haciendo juego la CIDH.

Saltrón exclamó airado: "¿Por qué la comisión admite tantos casos contra Venezuela? No podemos concluir otra cosa que la comisión está parcializada en contra de nuestro país".

Las difamaciones contra Venezuela y su comportamiento democrático, producto de falsas acusaciones provenientes de la oligarquía desplazada del poder político y fabricadas por las ONG que sirven de pantalla a la actividad desestabilizadora de Estados Unidos e Israel, aceptadas de manera apresurada por la CIDH, de muestran que en el trasfondo existe una campaña anti bolivariana y antichavista, mantenida desde hace seis años. Prueba de ello fue el que la CIDH bendijo el golpe de estado de 2002 en Venezuela.

Por su parte, las sesiones actuales del CIDH dieron cabida a infamias de organizaciones terroristas y contrarrevolucionarias de origen cubano, que acusan a Cuba y tratan de denigrar su sistema social con manidas falacias y mentiras. Las imputaciones sobre supuestas torturas, ejecuciones extrajudiciales y la violencia por parte del estado cubano, fueron el centro del venenoso discurso ante la CIDH de la leguleya Janisset Rivero, Secretaria de la agrupación miamense Directorio Democrático Cubano (DDC). Sin sonrojo, sabiendo lo falaz de sus argumentos, expresó: “El régimen de La Habana aplica de forma sistemática métodos de tortura y aniquilamiento contra los cubanos desde hace 50 años y, en muchos casos, la represión, las amenazas y la tortura sicológica impiden a los sobrevivientes o familiares de víctimas salir ante la luz pública a denunciar estos hechos''.

La contrarrevolucionaria no vaciló en casi comparar a las cárceles cubanas con la prisión de Abu Grahib, endilgando al gobierno acusaciones sobre torturas deshumanizadas contra los detenidos y declarar que cincuenta de ellos han sido asesinados en prisión. Estoy seguro de que su voz acusadora nunca se levantó para condenar a los Estados Unidos, nación que financia su actividad difamatoria, por los crímenes cometidos contra los pueblos afgano e iraquí, ni tan siquiera levantó su voz para denunciar la represión que padece el pueblo hondureño a manos del régimen golpista e inconstitucional de Micheletti.

Cuando exclamó Janisset Rivero ante la CIDH: "Pedimos justicia y reparación para el pueblo de Cuba, sumido en el ostracismo y la dominación totalitaria por demasiado tiempo'', nunca se refirió a que ese pueblo que pretende defender sin autoridad moral ha padecido centenares de atentados terroristas y ha sufrido muerte, mutilaciones y pérdidas materiales, provocadas por extremistas y criminales que conviven con ella.

LA CIDH ARREMETE CONTRA VENEZUELA

Venezuela se opone firmemente a una visita requisitoria de la CIDH y exige la sustitución de su actual Secretario General Santiago Cantón.

Los ataques contra la República Bolivariana de Venezuela se iniciaron el mismo día 2 de noviembre, cuando se presentaron cuatro denuncias contra ella por parte de grupúsculos contrarrevolucionarios disfrazados de ONG. La primera de las acusaciones partió de Provea y arguye un supuestoproceso de criminalización de la protesta en Venezuela, en relación con la respuesta del gobierno bolivariano a la provocación montada por grupos estudiantiles dirigidos por agentes del Mossad y en contubernio con la contrarrevolución venezolana.

Baste reproducir algunos fragmentos del Informe anual para 2008 de la CIDH, repudiado por Chávez, para conocer el carácter parcializado de este organismo de la OEA, expresado en las conclusiones del Capítulo IV de dicho informe:

438. Por otra parte, entre los principales aspectos que la Comisión considera afectan de manera general el disfrute efectivo de los derechos humanos de todos los habitantes de Venezuela se encuentran la existencia de un ambiente hostil para el disenso político, el señalamiento u hostigamiento a organizaciones no gubernamentales o defensores de derechos humanos, (…) la existencia de obstáculos directos e indirectos a la libertad de expresión, la existencia de leyes, que en su aplicación, pueden afectar el goce de los derechos y las graves condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad.

Algunas de las recomendaciones, hablan por sí solas:

● Adoptar las medidas necesarias para promover la tolerancia y el pluralismo en el ejercicio de los derechos políticos, absteniéndose de fomentar todo tipo de represalia al disenso ideológico.

● Implementar mecanismos adecuados a fin de prevenir las violaciones del derecho a la vida e integridad personal y garantizar la seguridad ciudadana de los habitantes de Venezuela.

Otro ataque difamatorio contra el gobierno bolivariano provino de William Echevarria, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y representante activo de la labor de zapa y desestabilización interna contrarrevolucionaria. A sus embustes se sumó Mercedes Freitas, miembro de la provocadora Transparencia Internacional, quien acusó a Venezuela de limitar trabajo de medios independientes entiéndase los medios al servicio de la desestabilización y de la oposición contrarrevolucionaria, y de someterlos a diversos atropellos y persecución.

La verdad es que la CIDH, haciendo oídos a las campañas desestabilizadoras, a la desinformación mediática y a difamadores profesionales y mercenarios de la derecha oligárquica venezolana, ha colocado injustamente a Venezuela y a Cuba, de manera indigna y premeditada, en sus informes anuales de 2002, 2003, 2005, 2006 y 2008, como países violadores de los derechos humanos, incluyendo igualmente a Haití y Colombia en este grupo.

PRETENDEN SATANIZAR A BOLIVIA DENTRO DE LA CIDH

El 137 periodo de ordinario de sesiones de la a Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha presentado también como el marco propicio para arremeter contra el gobierno progresista de Evo Morales. La maniobra, en este caso, procede del presidente del Senado de Bolivia, Oscar Ortiz, y de los senadores Luis Vásquez y Roger Pinto, quienes como reconocidos saboteadores de las legislaciones progresistas promovidas por Morales, asumen el papel de víctimas, denunciando supuestos atropellos y restricciones a la actividad de los órganos legislativo y judicial en Bolivia.

La acusación, esgrimida también por el opositor Willman Durán, ex presidente del Tribunal Constitucional, acusa al gobierno boliviano de violar los derechos humanos y de imponer sus reformas por sobre la voluntad del Congreso Nacional.

Usando un sinnúmero de falacias que incluyen las ejecuciones sumarias, destituciones de miembros del aparato judicial, atentados y agresiones contra diputados opositores, Oscar Ortiz persigue que el caso boliviano sea llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos ataques, sin lugar a dudas expresión de la burguesía boliviana opuesta a las radicales transformaciones sociales en Bolivia emprendidas por Evo, se han sumado a los ataques mediáticos emprendidos contra el presidente por la USAID, la OTI y la Voz de las Américas.

La respuesta a las falsas acusaciones no se hizo esperar, esta vez en boca de Sacha Llorenti, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, quien argumentó que los representantes de las fuerzas de derecha en el Congreso Unidad Nacional y Plan Congreso para Bolivia Convergencia Nacional, lanzaron esas calumnias y detracciones con vistas a parcializar a la opinión pública internacional en la venideras elecciones generales en Bolivia, a realizarse el próximo 6 de diciembre y donde el presidente Evo Morales se erige como favorito para un segundo mandato por encima de su contrincante Manfred Reyes Villa. En el día de ayer, este representante de la oposición contrarrevolucionaria, asociado con los detractores de Bolivia ante la CIDH, prefecto de Cochabamba y aspirante a la presidencia, Manfred Reyes Villa, fue acusado de manejo dudoso de fondos públicos incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Para Llorenti, los ataques de los parlamentarios y otros miembros opositores al gobierno, es un “intento de instrumentalización de la CIDH, de electoralización y de defender los intereses de latifundistas y separatistas”.

Según Llorenti, en toda la historia de Bolivia no ha habido un Gobierno “tan abierto” a la presencia de organismos de derechos humanos, algo que evidenció en el hecho de que ha invitado a la Relatoría para la Libertad de Expresión al país.

MANIOBRA CONTRA NICARAGUA EN LA CIDH

Nicaragua tampoco está exenta de los ataques de las fuerzas contrarrevolucionarias, que encuentran en la CIDH el marco propicio para calumniar a las naciones progresistas del Continente. En este caso, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) presentó una denuncia sobre la existencia de fuerzas de choque empleadas por el gobierno en Nicaragua para reprimir el reclamo de la oposición sobre la violación de las libertades de expresión y manifestación. Según este organismo al servicio de la desestabilización, las expresiones de apoyo popular al gobierno de Daniel Ortega y sus enfrentamientos a las actividades provocadoras y desestabilizadoras de la derecha, constituyen una amenaza para la libertad de expresión.

Las recientes protestas de los seguidores del FSLN ante la embajada yanqui en Managua, ante las declaraciones injerencistas del embajador norteamericano Robert Callahan, parecen haber asustado a Vilma Núñez, presidenta de CENIDH, quien declaró tan infundadas acusaciones: “A los órganos oficiales de justicia y orden se han incorporado miembros de patrullas juveniles, que tienen la bendición del gobierno, del presidente y de su agitador principal, el diputado Gustavo Porras”.

La maniobra de la presidenta de CENIDH fue ripostada por Denis Moncada, embajador nica ante la OEA y quien puso al desnudo las verdaderas razones del infundio promovido por la organización de Vilma Nuñez. En este sentido, declaró: “Nicaragua no es una dictadura, y ni la policía ni el Ejército reprimen a los ciudadanos” (…) “Lo que hay en el país es un incremento de la lucha política de la derecha, que procura desestabilizar al gobierno del presidente Daniel Ortega. Dentro de esa lucha se producen confrontaciones, que no tienen que ver con la política del Estado”.

Moncada destacó que hay una clara guerra mediática contra el gobierno, capitaneada por los dueños de los medios de difusión, quienes distorsionan los avances del gobierno sandinista en el plano económico y social, limitándose a crear conflictos con las masas sandinistas y a desestabilizar al gobierno mediante una guerra ideológica y desinformativa.

Según Moncada, “Decir que no hay libertad de expresión es una afirmación desacertada que se hace con fines de propaganda política antigubernamental”.

Otra maniobra para satanizar a Daniel Ortega dentro de la CIDH se puso de manifiesto por parte de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, afiliada a la opositora Confederación de Unidad Sindical (CUS), quienes le acusan de haber cesanteado injustamente a 11 mil 702 trabajadores, hecho que responde a programas de racionalización del aparato estatal, abultado por los gobiernos anteriores y su injustificado apego a un enorme entarimado burocrático.

¿QUÉ ES REALMENTE LA CIDH?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, es junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el instrumento establecido para la protección de los derechos humanos en el continente americano.

Aunque sus integrantes son personalidades de reconocida trayectoria en Derechos Humanos, elegidos electos a título personal y no en representación de gobierno alguno, ha sido minada históricamente por representantes apegados a las derechas tradicionales latinoamericanas y han adoptado cuestionables acusaciones contra los movimientos de izquierda y naciones progresistas del continente. Por supuesto, jamás ha levantado, de manera enérgica y firme, contra el principal violador de los derechos humanos en el continente: Estados Unidos.

Como un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), siempre se ha prestado a representar y validar las posiciones de la misma, respaldando el aislamiento a Cuba y dando puerta abierta a cualquier creada por sus detractores internos y externos.

El escandaloso manejo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en la ciudad de Washington D.C. y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, a favor de las derechas y su bajo nivel de exigencia ante sus atropellos, así como su agresividad permanente contra Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, han puesto en serio cuestionamiento su imparcialidad y eficacia.

Aunque el SIDH se fundamenta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en la Carta de la OEA (1948) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969 y vigente desde 1978, nunca se ha pronunciado firmemente contra los constantes golpes de estado que han padecido nuestras naciones en décadas anteriores. En este caso, ha sido amiga de las medias tintas.

Tampoco el SIDH ha acusado alguna vez a los Estados Unidos por sus agresiones militares a Granada, República Dominicana y Panamá, por su papel en el creciente armamentismo en América Latina, por la guerra sucia diseminada en el continente y desatada contra Cuba, la Nicaragua Sandinista en los 80 y actualmente contra otras naciones progresistas. Tampoco el SIDH ha denunciado con energía el criminal bloqueo contra Cuba y los actos terroristas promovidos por Estados Unidos. Para ellos, con evidentes pruebas de la complicidad de los gobiernos de Estados Unidos, Venezuela y la dictadura militar de Pinochet, no hubo la más mínima declaración de repudio por el atroz crimen de Barbados cometido por Orlando Bosch Y Luis Posada Carriles.

ARREMETEN CONTRA ECUADOR EN LA CIDH

Ecuador ha sido también acusado dentro de la CIDH por arremeter supuestamente contra la libertad de expresión, valiéndose para ello los denunciantes del encarcelamiento de los provocadores Giancarlo Zunino y Félix Pilco, quienes fueron encausados por incitar al separatismo en Ecuador y promover la desobediencia civil contra el gobierno de Rafael Correa.

Tal vez el más álgido aspectos de las denuncias contra Ecuador ante la CIDH lo representa la demanda de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) contra el gobierno, en relación con la interpretación que éstos le han dado al proyecto de ley de Recursos Orgánica de Recursos Hídricos en debate en la Asamblea Nacional de este país.

Manipulado por sectores de la burguesía, la labor desinformativa de varias ONG al servicio de Estados Unidos y las apetencias de protagonismo que de manera individual muestran algunos dirigentes dentro de la CONAIE, el movimiento indígena ha protagonizado varias protestas contra leyes que, según ellos, ponen en peligro la vida de sus comunidades.

Mientras el CONAIE reclama una participación vinculante con respecto al empleo del agua y la legislación al respecto, el gobierno reconoce la participación de los mismos de manera consultiva con respecto a la formulación y discusión de la Ley de Aguas.

La disposición del presidente Correa de dialogar con los representantes de CONAIE ha sido un paso positivo, pues permite eliminar desacuerdos artificiales con sus bases de masas en el gobierno, a la par que esclarece la manipulación mediática y desestabilizadora que se ha dado al asunto. Desde luego, como medida preventiva ante el diálogo, se postergó el plazo para la aprobación de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos para enero del 2010.

El asesinato del maestro de origen indígena Bosco Wisum durante las protestas contra la Ley de Aguas inicialmente endilgado a la policía fue realizado por provocadores dentro de los manifestantes, interesados en minar la alianza del gobierno con su base de masas de los pueblos indígenas, que responden a los intereses del ex mandatario Lucio Gutiérrez..

Mientras el gobierno llama al diálogo, dirigentes de la CONAIE se apresuran a crear un ambiente desestabilizador. Correa les llamó a la sede de su gobierno, el Palacio de Carondelet, con estas palabras: "Bienvenidos hermanos. Este gobierno es de ustedes, de los pueblos indígenas, el Palacio de Carondelet es de ustedes. Ahí nos hemos reunido antes, me da un gran gusto y nos dará un gran gusto recibirlos nuevamente".

Por su parte, instigados por sectores opositores y enmascarados en ONG al servicio de la CIA, los dirigentes de la CONAIE han dado un peligroso paso al solicitar la fiscalización de organismos internacionales como la OEA y el CIDH, de dudoso compromiso con la verdad, para que actúen como observadores en su diálogo con el gobierno.

No fue raro entonces, que la Voz de las Américas (VOA) entiéndase instrumento al servicio de la CIA, se apresurara en entrevistar a los dirigentes de la CONAIE durante su arribo a Washington para participar en el 137 Período de Sesiones de la CIDH.

No puede negarse, sin embargo, que en muchas ocasiones los pueblos indígenas han sufrido en carne propia las decisiones de gobiernos anteriores en América Latina en general y en Ecuador, en particular. El recelo y la desconfianza justificada están arraigados en la idiosincrasia del indígena explotado y discriminado durante siglos, pero la renuencia a confiar en el gobierno de Correa y la búsqueda de alianzas con quienes le atacan, es un acto reprobable.

El tinglado acusatorio montado contra el gobierno de Rafael Correa no beneficia directamente a los pueblos indígenas y sí contribuye a la campaña desestabilizadora promovida por Estados Unidos y la extrema derecha ecuatoriana.

LA CUBA ATACADA POR LA CIDH DURANTE DÉCADAS

Los informes anuales de la CIDH constituyen una continuada expresión del papel parcializado de este organismo y cómo el mismo ha respondido directamente a los onerosos intereses de la OEA y a los designios imperiales de Estados Unidos.

Las falacias han sido sistemáticas, la detracción reiterativa y los infundios fabricados desde las oficinas de los especialistas en guerra mediática de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana y sus servidores como la USAID, la VOA, la mafia de Miami y sus servidores de la quinta columna contrarrevolucionaria dentro de Cuba.

Observemos, por ejemplo algunos fragmentos difamatorios sobre la situación de los derechos humanos expuestos en el Informe Anual de la CIDH, emitido el 16 abril 2001, donde se expresa:

19. La Comisión observa que a pesar de sus reiteradas recomendaciones al Estado para que reforme su sistema legal vigente a fin de lograr una irrestricta vigencia de los derechos humanos en Cuba, las autoridades no han variado su práctica de violaciones sistemáticas a la libertad de expresión, reunión y asociación, ni las disposiciones constitucionales y penales en que se apoyan.

Las restricciones de Cuba sobre los derechos humanos estaban ancladas en la estructura legal e institucional del país. Los derechos a la libertad de expresión, asociación, asamblea, movimiento y de prensa estuvieron estrictamente limitados por la legislación cubana. Al criminalizar la propaganda enemiga, la divulgación de noticias no autorizadas, y el ultraje a los símbolos de la patria, el gobierno reprimió la libertad de expresión bajo la apariencia de la protección de la seguridad del Estado.

Desde luego, este informe tendencioso recibió la respuesta adecuada del entonces Jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Washington, quien luego de devolver el informe: “en nombre del Gobierno de la República de Cuba, nuestro país no reconoce la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto no acepta lo expresado en el texto de este informe”.

La explicación a la respuesta cubana tiene su fundamentación histórica en el indecente papel desempeñado por la OEA contra Cuba, cuyos ataques tuvieron inicio en agosto de 1959 apenas ocho meses después del triunfo revolucionario en la Isla, en la Quinta Reunión de Consultas de los Ministros de RR. EE. de la OEA, celebrada en Santiago de Chile, donde se acusó a Cuba de injerencia en los asuntos internos de otras naciones.

Esta agresividad se repetiría sistemáticamente en los años subsiguientes, tal como ocurrió por citar un ejemplo, en la VII Reunión de Consulta de San José, Costa Rica en agosto de 1960. La nueva maniobra anticubana de la OEA fue fabricada por EE UU y empleó a Perú como peón acusatorio, endilgándole a Cuba el papel de amenaza para la paz en la región. Una vez más brilló nuestro extinto Canciller de la Dignidad, Raúl Roa, cuando concluyó su enérgica intervención ante el plan falaz de la OEA: “Me voy con mi pueblo, y con mi pueblo se van también de aquí los pueblos de nuestra América”.

Cuba también respondería a esta maniobra cuando el pueblo adoptó la Primera Declaración de La Habana, rechazando la sucia maniobra de la OEA y las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos.

La ofensiva anticubana alcanzó su colofón en dos eventos posteriores de esta organización:

● En la Octava Reunión de Consulta de la OEA, celebrada Punta del Este, Uruguay, en enero de 1962, se excluyó a la Isla del Sistema Interamericano.

● La Novena Reunión de Consulta de Ministros de RR EE de la OEA, celebrada en julio de 1964, en Washington, en la que se adoptaron injustas sanciones contra nuestro país, tales como la prohibición a las naciones miembros de mantener relaciones diplomáticas con Cuba, cese del intercambio comercial con Cuba, ampliando el bloqueo norteamericano que ya padecía la Isla. También se prohibió la interrupción del transporte marítimo entre los países de la OEA y Cuba.

Con la honrosa excepción de México, todos los miembros de la OEA rompieron relaciones con Cuba.

No por gusto se creó en esta misma Novena Reunión de Consulta la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pasaría a ser escenario de falacias y groseras acusaciones contra Cuba en materia de democracia y derechos humanos.

Los ataques reiterados de las CIDH y de la OEA contra Cuba fueron respondidos por el canciller Raúl Roa el 4 de noviembre de 1964, al responder a una comunicación de la CIDH, estableciendo la política cubana con respecto a las denuncias de estos engendros del sistema de dominación norteamericana en América Latina: “Cuba fue arbitrariamente excluida de la OEA... Ni jurídica, ni factual, ni moralmente la OEA tiene jurisdicción ni competencia sobre un Estado al que se ha privado ilegalmente de sus derechos.”

Los ataques de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido sostenidos, así lo demuestran los informes especiales sobre la Isla emitidos en los años 1962, 1963, 1967, 1970, 1977, 1979 y 1983. Actualmente, han emitido infundadas acusaciones contra Cuba en sus informes anuales de 2002, 2003, 2005, 2006 y 2008.

Un problema crucial en el papel de intromisión de la CIDH en los asuntos internos de Cuba es que siempre ha pretendido poseer, mediante artilugios legales, cierta competencia en lo referido a materia de derechos humanos en la Isla, lo que ha sido siempre rebatido e ignorado por la parte cubana. Sin embargo, la CIDH ha mantenido sus ataques difamatorios, tal como se evidencia en los siguientes fragmentos del Capítulo IV, Epígrafes 243 y 246, contenidos a las conclusiones del informa anual, en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Año 2008:

Tomando en consideración lo antes expuesto, la Comisión vuelve a manifestar que las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones y la falta de independencia del poder judicial, configura una situación permanente de trasgresión en Cuba de los derechos fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos e insta al Estado a realizar las reformas necesarias conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Finalmente, la Comisión insta al Estado cubano a adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir y erradicar las distintas formas de hostigamientos contra quienes ejercen el derecho de asociación con fines humanitarios y sindicales y contra quienes se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos.

En estos días sesiona, como señalamos al inicio de este artículo, la CIDH, comprometida hasta los tuétanos en prestarse al juego desestabilizador contra los países del ALBA. El supuesto informe titulado "Tortura, ejecuciones extrajudiciales y violaciones del derecho a la libertad de expresión en Cuba", elaborado por los detractores de la Revolución Cubana y quienes encargaron al Directorio Democrático Cubano el bochornoso papel de difundir falsedades en un teatro lleno de supuestos defensores de los derechos humanos, basándose en las calumniosas declaraciones de mercenarios y apátridas al servicio de Estados Unidos y de la mafia de Miami.

Cuba y el ALBA seguirán adelante a pesar de las calumnias y las mentiras.