martes, 11 de agosto de 2009




Colombia ¿Un Israel tropical?

Argenpress..11/08/2009


¿Será que en la Bogotá oficial se aspira a que en pleno corazón del hemisferio, entre gobiernos y fuerzas progresistas en desarrollo, cuente Washington, como es su cierto propósito, con una punta de lanza émula de Tel Aviv en el contexto mesoriental?

Todo indica que ese y no otro es el propósito de los gobernan-tes colombianos, aún cuando ello implique fricciones serias con todos sus vecinos, y mayor oposición interna por su entreguismo y su falta de responsabilidad con relación a la autodeterminación nacional.

Y es que no podía ser más perturbador el reciente anuncio del ministro colombiano de defensa, el general Freddy Padilla, acerca de la concreción de un acuerdo para que tropas estadounidenses se establezcan en al menos cinco bases radicadas en territorio de su país, como evidente contrapartida al desmantelamiento de la instalación bélica de Manta, en Ecuador.

A estas alturas las tensiones son extremas con Venezuela, cuyo gobierno considera un acto deleznable y agresivo semejante paso de Bogotá, al punto que, en respuesta, Caracas retiró su embaja-dor en Bogotá y congeló las relaciones comerciales bilaterales, valoradas en unos siete mil millones de dólares de intercambio anual.

En contrapartida, el gobierno de Uribe echó mano a reiteradas acusaciones contra el gobierno de Hugo Chávez por una pretendi-da ayuda bélica a las guerrillas de la FARC, lo que elevó aún más el tono del diferendo.

Pero el asunto no ha quedado ahí. El mandatario brasileño, Luis Ignacio Lula Da Silva, su par chilena, Michelle Bachellet, y hasta el canciller español, Miguel Angel Moratinos, a la sazón en gira por Sudamérica, coincidieron en “la inconveniencia de una mayor pre-sencia militar de los Estados Unidos en Colombia”, un elemento a todas luces altamente peligroso para los pueblos y gobiernos de la zona.

La Bachellet, presidenta pro témpore de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, alentó la idea de debatir el tema en el Con-sejo de Defensa de la entidad multinacional, pero al parecer Bogo-tá no facilitará las cosas.

Uribe descartó su presencia en la reunión de UNASUR este diez de agosto en Ecuador, país al que también señala como “colabora-dor” con los insurgentes colombianos, y prefirió una gira por varias naciones del área, sin mayor resonancia pública, según sus afirma-ciones, para intentar justificar las ínfulas de gendarme imperial me-nor a las que parece ser gran aficionado.

Presencia indeseable

La historia regional es amplia en ejemplos de lo nocivo que se tor-na el despliegue militar del Norte en nuestras latitudes.

Las bases castrenses Made in USA no han servicio para otra cosa que para imponer los intereses geopolíticos gringos en la zona me-diante el apoyo a gobiernos afines, agresiones abiertas a movimien-tos populares y administraciones progresistas, puestos de entre-namiento de represores y mercenarios, y punto de partida de pro-vocaciones, altercados e invasiones contra nuestros países.

Basten como cercanos botones de muestra, la presencia por decenios en el Canal de Panamá de la sórdida Escuela de las Amé-ricas; la invasión bélica a la nación istmeña en 1989 desde ese terri-torio entonces usurpado, y la implicación del personal de la base de Palmerola o Soto Cano, en el golpe de estado contra el gobier-no legítimo de Honduras el pasado 28 de junio.

Más carga pesada

La página digital ALAI AMLATINA, con fecha 23 de julio del pre-sente año, abunda sobre la aplicación del acuerdo entre Bogotá y Washington para asentar nuevas fuerzas norteamericanas en Co-lombia.

La publicación indica que la principal instalación a utilizar por los nuevos efectivos extranjeros será la de Palanquero, a apenas a 100 kilómetros de la capital colombiana, y a orillas del río Magdalena. Creado en 1988, ese enclave ha sido punto de partida de agresio-nes aéreas contra poblados circundantes en medio de “operacio-nes contrainsurgentes”. “Palanquero cuenta con una pista aérea de tres mil 500 metros de longitud, dos hangares y aloja la división más importante de la fuerza aérea colombiana.

“Las tropas norteamericanas también operarán desde la base de Apiay, en los llanos orientales de Colombia, así como en Ba-rranquilla, y en la base Alberto Puowels, en la costa caribeña”, en-tre otros puestos castrenses, asegura la ya citada fuente.

El acuerdo bilateral, inicialmente válido por una década, con-templa además el incremento de visitas de naves de guerra de Es-tados Unidos a los puertos de Málaga, en el Pacífico, y Cartagena, en el Caribe, a la vez que elevaría el número de efectivos gringos en territorio nacional hasta mil 400 soldados y contratistas milita-res.

Según ALAI AMLATINA, la embajada norteamericana en Bo-gotá no suministra informaciones sobre el asunto, y el jefe de esa dependencia, William Brownfield, se limitó a señalar que no habrá inversiones de su país en la construcción de nuevas bases. Al con-trario, precisó, las tropas extranjeras sólo harán uso y moderniza-rán las instalaciones ya existentes en Colombia.

“Brownfield, recuerda la fuente, era embajador en Venezuela en 2002 cuando la conspiración para derrocar al presidente Hugo Chávez.”

Ya en julio de 2007, representantes de organizaciones populares colombianas dieron a conocer que para aquella fecha las fuerzas militares estadounidenses contaban con tres instalaciones en el país.

Se trataba de Tres Esquinas, en el departamento de Caquetá; la de Florencia, igualmente en Caquetá; y la tercera ubicada en la Hacienda Larandia, en el departamento de Meta, en la ciudad de Villavicencio. En esta última radicaban las unidades de aviación que combatían a las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la denominada “inteligencia técnica” del Pen-tágono en Colombia.

Tres Esquinas era hasta entonces la base militar norteamericana más grande en territorio colombiano, erigida entre los límites con Ecuador y Perú, cerca de la amazonía y del Río Putumayo, una cuenca hídrica de alta importancia.

Mientras, la de la Hacienda Larandia posee unas 40 mil hectá-reas, es de las más tecnificadas por los efectivos foráneos, y radica sobre la llanura colombo-venezolana, lo cual le permite controlar todo el sistema montañoso de la cordillera oriental y los llanos adyacentes.

En la actualidad, precisan analistas, Washington mantiene ofi-cialmente alrededor de 600 efectivos y personal militar en Colom-bia. Además, los asesores norteamericanos están incorporados a las divisiones del ejército nacional, tienen sus propias dependen-cias, y han entrenado a miles de oficiales desde el año dos mil a la fecha.

En consecuencia, será difícil para los interlocutores del resto de América Latina escuchar el mensaje de un Alvaro Uribe que justifi-que tamaña desmadre bélico imperial a cuenta del apoyo de su gobierno, un “Israel” de alma, en medio de la tez bronceada de nuestras tierras.




El imperio contrataca.

La Jornada...11/08/2009


Ante la irrupción de procesos políticos y sociales de nuevo tipo que desafían la hegemonía y el mito de la invencibilidad del dominio de Estados Unidos en América Latina, la administración Obama/Clinton viene profundizando las estrategias heredadas por George W. Bush, con énfasis en la intervención político-militar abierta y encubierta en áreas consideradas de importancia vital para el imperio. Se trata de la tradicional política del garrote y la zanahoria, con la novedad, ahora –a decir de Pablo González Casanova–, de que opera en redes. Es decir, Washington cuenta con una fuerza de tarea integrada por gobiernos clientes, como los de Álvaro Uribe en Colombia y Felipe Calderón en México.

La actual estrategia regional fue diseñada por el Departamento de Defensa durante el mandato de William Clinton. Su primera fase arrancó en 1999, cuando el Comando Sur del Pentágono tuvo que desmantelar la base Howard en la zona del Canal de Panamá y trasladar sus principales funciones e instalaciones a Florida y Puerto Rico. Ello obligó a cambios profundos en la presencia del Pentágono en América Latina y el Caribe. El nuevo modelo alternativo fue la instalación de una red de bases militares denominadas Centros Operativos de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés), y la selección de Colombia como plataforma para intentar una vietnamización de América del Sur.

Diseñadas como plataformas portátiles de inteligencia en conexión inmediata con el Centro Espacial de Guerra en la Base de la Fuerza Aérea Schriever, Colorado Springs (Estados Unidos), las bases FOL de Manta, sobre el Pacífico ecuatoriano; Comalapa, en El Salvador; Reina Beatriz (Aruba) y Hato Rey (Curazao) en el Caribe, han venido funcionando como infraestructura de apoyo en ruta para las fuerzas expedicionarias del Pentágono encargadas de la guerra de contrainsurgencia en la región. Washington complementó su nueva estructura militar con una red de 17 radares de largo alcance, como el que opera en Tres Esquinas (Caquetá, Colombia), y dos bases de tierra: Guantánamo en Cuba y Soto Cano o Palmerola, en Honduras, donde opera la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, la única del Comando Sur fuera del territorio de Estados Unidos, vinculada con las unidades secretas de Cerro La Mole y Swan Island, indispensables para el funcionamiento de la inteligencia militar estadunidense en el área.

Con Clinton se fue diluyendo la diferencia conceptual entre la lucha contra las drogas y la guerra contrainsurgente. El conflicto interno colombiano fue alimentado con denominaciones tales como narcoguerrilla y narcoterrorismo. Luego, la administración de Bush convirtió el prototipo colombiano, basado en el paramilitarismo y el terrorismo de Estado, en un producto de exportación. Las bases FOL del Plan Colombia sirvieron de modelo para la instalación de pequeñas bases en los países vecinos de Afganistán, y hoy la democracia de escuadrón de la muerte de Uribe aterriza en el México de Calderón, vía la Iniciativa Mérida, financiada por Estados Unidos, que, entre otros propósitos, busca consolidar un bloque de contención militarizado ante los procesos de transformación social que se vienen dando en Nicaragua, Honduras y El Salvador.

Lo anterior ha sido complementado con operaciones encubiertas del Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia, y las llamadas guerras por intermediarios que, basadas en el laboratorio de la ex Federación Yugoslava, fomentan la sedición y el separatismo en Bolivia, Venezuela y Ecuador. Las acciones clandestinas incluyen técnicas de penetración como la captación de aliados internos mediando la corrupción, el cohecho o la afinidad ideológica, que son utilizados luego como agentes provocadores, y que, como en el caso de las actividades secesionistas en la Media Luna boliviana, puede incluir acciones de carácter paramilitar y campañas de propaganda negra e intoxicación (des)informativa, que cuentan con apoyo de grandes medios bajo control monopólico privado, alimentados por la USAID y la USIA.

En 2008, el andamiaje militar de Washington fue reforzado con el relanzamiento de la Cuarta Flota de la armada de guerra, que incursiona ahora en los océanos Pacífico y Atlántico y en las aguas marrones del interior de América Latina, en abierta provocación al vacilante Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), integrada por 12 países del área.

En su fase actual, la estrategia de reversión Obama/Clinton recurrió al golpe de Estado en Honduras, ante la intención de Manuel Zelaya de convertir la base militar de Soto Cano en un aeropuerto comercial. El presidente depuesto pretendía seguir los pasos de su homólogo de Ecuador, Rafael Correa, quien no renovó el contrato para la permanencia de Estados Unidos en Manta. Sumada a Manta, la eventual pérdida de Soto Cano debilitaba la red de bases FOL del Pentágono. De allí la asonada. No obstante, Washington adelantaba negociaciones secretas con Álvaro Uribe para convertir a Colombia en su gran enclave militar en el corazón de América del Sur, con la mira puesta en los hidrocarburos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y los recursos de la Amazonia.

En el contexto de la doctrina de Guerra Irregular, el Comando Sur sustituirá las funciones de Manta con la base de Palanquero, que será apoyada por otros dos bastiones de la fuerza aérea colombiana en Apiay y Malambo, y las bases navales de Bahía de Málaga y Cartagena. Un nuevo contrato permitirá que soldados, aviones y buques de guerra de Estados Unidos participen legalmente en operaciones contra las guerrillas de las FARC y el ELN. A su vez, Venezuela quedará encerrada en un triángulo de hierro entre Colombia, la Cuarta Flota, Aruba, Curazao y Soto Cano. Y en breve, el papel de México, incorporado de facto a la guerra contrainsurgente regional de Estados Unidos, podría cobrar mayor visibilidad.



Honduras: ¿Una nueva fase inminente?

Tortilla con sal...11/08/2009


Cuando el Presidente Barack Obama dijo la semana pasada que él no pudo apretar un botón para restaurar al Presidente Manuel Zelaya al cargo por lo cual fue elegido, solo hubieron dos interpretaciones. O el Presidente de los Estados Unidos no estuvo dispuesto a implementar la resolución sobre Honduras de la Organización de Estados Americanos que en su momento el gobierno de Barack Obama apoyó. O, y absurdamente, el Presidente Obama alegó que su gobierno no pudiera implementar aquella resolución. El Presidente Obama usó un sofisma derechista cuando argumentó que los críticos que siempre condenaron a Estados Unidos por sus intervenciones ahora llaman precisamente por una intervención.

Pero el Presidente Manuel Zelaya y otras personas que critican el papel histórico de los gobiernos estadounidenses en la región no están exigiendo una intervención. Lo que esperan es que el gobierno de Estados Unidos cumpliera con sus obligaciones de acuerdo con las resoluciones de la OEA y de las Naciones Unidas para restituir inmediatamente a Manuel Zelaya como el Presidente legítimo de Honduras. Hay que recordar que es Estados Unidos que, durante décadas, ha entrenado a los militares hondureños en la Escuela de las Américas para desaparecer a las personas, para torturar, para reprimir las poblaciones civiles de la región.

Son las transnacionales de Estados Unidos que se han beneficiado durante décadas de un sistema de concesiones tributarias de parte del gobierno de honduras totalmente favorable a ellas para así acumular indebidas ganancias multimillonarias año tras año. Es Estados Unidos que ha equipado el ejército hondureño para asesinar, desaparecer y encarcelar a la heroica resistencia popular hondureña. Es Estados Unidos que ha intervenido constantemente en las políticas de los gobiernos de Honduras en contra de los intereses de la mayoría empobrecida. Y ahora Barack Obama, oportunista e hipócrita consumado, se mofa de que él no pueda apretar algún botón para apoyar a Manuel Zelaya.

Honduras - la diplomacia en la balanza

Puede ser que Obama no tenga las ganas de levantar un dedo para apretar ese mentado botón, pero otros dedos, miles, sí saben apretar un gatillo. Barack Obama y Hillary Clinton han empeorado las cosas de una manera deliberada por medio de su doble-discurso y sus cínicas tácticas dilatorias con el compinche perenne del imperio, Presidente Oscar Arias de Costa Rica. El rechazo por ellos de las medidas adecuadas para acabar con el golpe ha forzado al Presidente Manuel Zelaya y al movimiento popular en Honduras a adoptar las tácticas de una guerra de desgaste que se intensifica inexorablemente.

La estrategia del Presidente Zelaya ha sido de agotar todas las opciones diplomáticas mientras se esperan algunos resultados de la presión sobre el régimen golpista por medio de la resistencia no violenta del movimiento popular en Honduras. La ruta diplomática ya se ha agotado. El precio de aquella estrategia ha sido docenas de personas asesinadas, veintenas de personas desaparecidas, cientos de personas heridas y miles de personas detenidas. Los detalles completos de las violaciones masivas de derechos humanos fundamentales cometidas por el régimen golpista solo saldrá en las semanas y meses que vienen. Es algo estudiosamente ignorado por la maquinaria propagandística imperial de los medios corporativos internacionales, y también por muchos medios supuestamente alternativos.

La confianza inoportuna en la diplomacia y la ausencia de medidas suficientemente consecuentes contra el régimen golpista han conducido a un empate. El gobierno de Estados Unidos y sus aliados urgen al Presidente Manuel Zelaya a firmar el acuerdo confeccionado por ellos y Oscar Arias, un acuerdo que favorece burdamente a los golpistas. Ahora toca al Presidente Manuel Zelaya a dilatar. El y su equipo probablemente van a hacer lo posible para prolongar las negociaciones sobre un eventual acuerdo que se traban en varios puntos claves. Primero, el régimen golpista no acepta la restitución de Manuel Zelaya a la presidencia e insiste que cualquier gobierno interino incluye ministros impuestos por ellos para la defensa y la seguridad interna del país.

En segunda lugar, por su parte, la oposición popular en Honduras jamás aceptará la propuesta de impunidad para los golpistas y los verdugos militares quienes, a estas alturas, han cometido crímenes imperdonables. En tercer lugar es más que claro que Manuel Zelaya ya no es en una posición determinante con respecto al veto del acuerdo Arias de una asamblea constituyente nacional. Aquella demanda legítima y categórica del pueblo hondureño ya no depende de la voluntad del Presidente Manuel Zelaya.

En Honduras - una nueva fase

En los próximos días Manuel Zelaya y su equipo estarán negociando y dialogando a sabiendas de que en Honduras las cosas probablemente cambiarán dramáticamente si el régimen golpista siga intransigente. Para mañana, el martes once de agosto, cientos de miles de manifestantes pacíficas van a haber llegado en las dos ciudades más importantes de Honduras, Tegucigalpa, el capital, y San Pedro Sula, el centro industrial. Si el ejército y la policía intentan de nuevo de reprimir estas manifestaciones de apoyo masivo para el Presidente Manuel Zelaya, será imposible descartar un cambio repentino en las tácticas de la oposición popular.

Honduras es un país muy pequeño. Se sabe muy bien quienes son los principales golpistas. También se sabe que el asesor de seguridad de Roberto Micheletti, Billy Joya, y sus siniestros cómplices, cuentan con una lista de muerte que incluye más de cien dirigentes populares. En aquellas circunstancias no es posible evitar la violencia armada. Los dirigentes del movimiento popular en Honduras no van a esperar a brazos cruzados mientras los escuadrones de la muerte del régimen golpista los asesinen e intimiden a sus familias bajo la vista complaciente del gobierno de Estados Unidos.

Muchos de los golpistas principales - por ejemplo, Carlos Facussé, Jorge Canahuati, Rafael Ferrari, Ricardo Maduro, el banquero Jorge Bueso Arias - están muy conscientes de esta realidad. Algunos ya han trasladado sus familias a Miami. Los oligarcas plutócratas que organizaron el golpe confían en el poder de sus grandes sobornos. Ellos compraron al alto mando militar con millones de dólares - una cifra mencionada es de US$11 millones - para asegurar el golpe. Con el conflicto a las puertas de una nueva fase, los oligarcas y su retaguardia estadounidense y regional podrían ver su inversión sometida a una prueba dura y sangrienta.

lunes, 10 de agosto de 2009




10/08/2009.

AmericaLatina,Colombia,EE.UU

Alvaro Uribe consolida la entrega de la soberanía colombiana.

Carlos Iaquinandi Castro

En pocas semanas el escenario latinoamericano se ha complicado gravemente. Un golpe de estado de la oligarquía hondureña con todos los ingredientes de torpeza y brutalidad de los años 70, saca del país - en pijama y a punta de fusil- al presidente constitucional. La condena internacional, OEA y Naciones Unidas incluídas, no es suficiente para reponer a Manuel Zelaya en el gobierno. El pueblo hondureño inicia una dura y paciente resistencia, mientras los golpistas suspenden las garantías constitucionales, ponen al ejército y la policía en calles y carreteras, aplican el toque de queda, reprimen, secuestran y asesinan. Esos graves acontecimientos centraban la atención en nuestro continente, cuando Alvaro Uribe reveló el resultado de una negociación secreta que venía manteniendo con Estados Unidos. Y cayeron los desflecados velos que intentaban ocultar los verdaderos objetivos del "Plan Colombia": tras nueve años de de asistencia económica y militar para una supuesta lucha contra el narcotráfico, se transforma en una plataforma militar norteamericana en el corazón del continente , amenazando directamente a los procesos populares en desarrollo. Uribe está a punto de consolidar la entrega total de la soberanía colombiana a la nunca abandonada pretensión hegemónica norteamericana.

Aunque internamente no se han dado excesivos detalles, las afirmaciones del General Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Armadas colombianas definen claramente que el acuerdo que estaría próximo a firmarse dispone la cesión de 7 bases militares de ese país, para que sean operadas por el ejército norteamericano.

Enfatizó el general, especializado en inteligencia militar, que "se equivocan aquellos que insisten en afirmar que se permitirá la construcción de bases militares norteamericanas en territorio colombiano". El general tiene razón. No habrá necesidad de construírlas, porque ya están hechas y son de Colombia y de todos los colombianos. A lo sumo, como ocurrió con Manta, cuando otro gobierno entreguista, en este caso ecuatoriano, cedió esa base, tendrán que hacer algunas modificaciones para adaptarlas a sus equipos de comunicación o a sus aviones o barcos.

Posiblemente la base principal será la de Palanquero, en Cundinamarca, en el centro del país. Tiene una pista de 3.000 metros, amplios hangares e instalaciones como para albergar unos 2.000 hombres. El diario "Tiempo" de Colombia a fines de mayo revelaba el interés del Comando Aéreo norteamericano denominado "Estrategia Global en Ruta" por esta base y su deseo de que se convierta en eje de corredores aéreos y de otras bases que le permitan un mayor alcance en sus operativos. Estiman que desde allí, un avión C-17 podría recorrer la mitad del continente sin reabastecerse. El proyecto de presupuesto elevado al Congreso norteamericano contempla una partida de 46 millones de dólares para acondicionar y modernizar la base de Palanquero. En la misma región, la base de Tolemaida. En los Llanos Orientales, ocuparían la de Apiay. Sobre el Mar Caribe, dos bases navales: Cartagena y Malambo. Esta última, en el departamento Atlántico, muy cerca de la península de La Guajira que comparten Venezuela y Colombia. Del lado venezolano, el estado de Zulia, gobernado por la oposición a Chávez y donde actúan grupos segregacionistas similares a los de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. En el sur, próxima a la frontera con Ecuador, la base de Larandia, en Caquetá. Y por último, la base naval de Bahía de Málaga, sobre el Pacífico, próxima a la costa norte Ecuatoriana.

Uribe hace una gira y evita la reunión de UNASUR

El anuncio provocó ha provocado una dura crítica de Venezuela y la inquietud de otros gobiernos del continente. Estaba previsto que la cuestión se debatiera el 10 de este mes en la cumbre de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas en Quito, Ecuador, pero sorpresivamente Uribe anunció que no participaría de la reunión, y que en cambio iniciaría una gira por siete países del continente acompañado por su canciller Jaime Bermúdez. Lima, la capital peruana fue su primer objetivo. Luego estuvo en La Paz, donde se reunió con Evo Morales, quien le ratificó el rechazo de Bolivia por la instalación de bases militares extranjeras en territorio de América Latina, algo que -en su país - prohibe expresamente la Nueva Constitución Política del Estado aprobada en referéndum.

Para evitar que se organizaran protestas y rechazos por su visita, Uribe aceleró su gira y fue cambiando fechas y horarios, a pesar de lo cual en todas las capitales visitadas hubo movilizaciones populares. El recorrido se completó con su paso por Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil. Su periplo -involuntariamente- fue como templar las cuerdas de una guitarra. En una semana se pudieron escuchar los distintos "sonidos" de cada uno de esos gobiernos. Desde la total comprensión y paternal aire de compinche de Alan García, hasta el claro y firme rechazo expresado por Evo Morales. En el resto de los países visitados esos "sonidos" no fueron tan nítidos. Con distintas variantes, escuchó complacido como en distintas capitales le repetían eso de "respetar la soberanía de Colombia en sus decisiones". Pero eso no impidió que en Argentina y en Uruguay también le deslizaran que no comparten la instalación de bases militares extranjeras. En este último caso Tabaré Vázquez no hizo más que poner sobre la mesa la posición tradicional de su país. Puede que la Sra. Bachelet haya sorprendido a Uribe por su cordialidad y su comprensión. Las declaraciones públicas fueron mínimas, pero las imágenes mostraron un recibimiento que parecía exceder el mero protocolo. También hay que contabilizar la insólita violencia empleada por los carabineros para arrancar a pacíficos manifestantes las pancartas de rechazo a la presencia de Uribe en Santiago de Chile, y los innecesarios palos repartidos y las detenciones practicadas. Súbitamente la libertad de expresión retrocedió a los niveles en los que acostumbraba mantenerla el difunto dictador Pinochet. El gobierno de Lula también recordó principios de soberanía que asistían a Colombia para hacer lo que le pareciera conveniente en su territorio. Pero su canciller matizó que querían tener más claro los alcances de las bases que serán operadas por los militares norteamericanos. Y para ello, recordaron que la oportunidad será la reunión de UNASUR que debe celebrarse en Quito. Parece que en algunas de estas capitales le aconsejaron a Uribe que no esquivara el compromiso de la reunión en la capital ecuatoriana. Pero el presidente colombiano no solo se niega a que ese tema se trate en la reunión de UNASUR, sino que por las dudas, ni siquiera estará presente. Puede que tampoco envíe aunque sea a su canciller. Si así lo hace, matará dos pájaros de un tiro: no tendrá que afrontar preguntas o críticas de sus pares y tampoco tendrá que participar en los debates sobre la mejor forma de desbaratar el golpe de la oligarquía hondureña contra el presidente constitucional Manuel Zelaya. No es ningún secreto que ni Uribe, ni el peruano Alan García, ni el flamante presidente panameño Ricardo Martinelli quieren ir más allá de una condena retórica y sin consecuencias prácticas.

Rechazo regional

La decisión de Uribe convertiría al territorio colombiano en una especie de gigantesco portaaviones del ejército de los Estados Unidos en el corazón de América Latina. La oposición política a Uribe ha rechazado la instalación de las bases militares, afirmando que implica una cesión de soberanía, la sumisión a una potencia extranjera, y un factor de desestabilización en la región. En cuanto a los países del área, el primer y contundente rechazo provino de Venezuela. Hugo Chávez acusó a los gobernantes colombianos de “hipócritas” y de ser una amenaza para la estabilidad regional. Pero también Lula dijo claramente: “ a mí no me agrada la idea de otra base militar en Colombia” , y añadió que el asunto debe tratarse con cuidado. Rafael Correa recordó que Ecuador decidió por voto popular prohibir la instalación de bases extranjeras en su territorio, motivo por el cual no renovaron la cesión a EEUU de la base aérea de Manta, sobre el Pacífico. También Correa teme que esta fuerte y múltiple presencia militar norteamericana en Colombia, tenga un renovado papel de "gendarme" de la región. El más contundente fue Evo Morales, quien considera la decisión de Alvaro Uribe como una traición a los pueblos latinoamericanos.

Impunidad para delinquir

El acuerdo sobre las bases está en su proceso final, pero se descarta que haya modificaciones importantes con respecto a los que regulan hasta hoy la presencia militar norteamericana en el marco del llamado “Plan Colombia.” De ser así, los cientos de soldados y oficiales norteamericanos y los mercenarios que EEUU define como "contratistas" disfrutarán de impunidad en Colombia por los delitos que puedan cometer en ese país. Así está pactado hasta ahora, fijando que en el caso de que un militar de los EE.UU. cometa algún delito, este solo podrá ser juzgado por la justicia norteamericana. Si el acuerdo llega a su fin en los términos previstos, Colombia acentuará su dependencia con los Estados Unidos. El argumento del control de la producción de coca resulta una excusa poco creíble. En casi 10 años de ayuda y presencia norteamericana, gran parte de los operativos militares han estado vinculados con el control y represión de los grupos irregulares, esto es con el conflicto interno colombiano. Y la producción y actividad de los narcos sigue siendo el abastecimiento fundamental para los consumidores, en su gran mayoría precisamente ciudadanos de los Estados Unidos. Además, en los dos últimos años, diputados, senadores y altos funcionarios departamentales vinculados con la coalición gobernante están imputados por sus vínculos con los narcos y los paramilitares, lo que hace poco creíble el presunto empeño de Uribe en terminar con el narcotráfico. El gobierno colombiano ha recibido ya cinco mil millones de dólares de Estados Unidos por el Plan Colombia y ya están previstas presupuestariamente nuevas partidas.

Apuntes para la memoria

Es oportuno recordar que este "desembarco en Colombia" de las tropas norteamericanas, no constituye una circunstancia original. Actualmente ya operan en la base de Tres Esquinas y de forma más reservada al menos en otros cuatro puntos de Colombia. Y disponen de otras bases operacionales en el continente: en Iquitos, Perú; Palmerola ( hoy Soto Cano en Honduras); Comalapa en El Salvador, Reina Beatriz en la Isla de Aruba y Libería, en Costa Rica. Sobre la base de Soto Cano en Honduras, es oportuno recordar que en junio pasado, poco antes del golpe, el presidente Zelaya había anunciado la intención de utilizar la pista principal de esa base como aeropuerto civil internacional.

El presidente panameño Omar Torrijos se negó en su dia a renovar las condiciones de los asentamientos militares norteamericanos en su país, entre ellos la Base Howard, sede del Comando Sur de los Estados Unidos. En 1977 firmó un acuerdo con el presidente Carter por el cual Estados Unidos se comprometía a retirar sus tropas y sus equipos militares en el primer minuto del año 2000. Ese acuerdo fue aprobado por casi el 70 por ciento de los ciudadanos panameños en el referéndum celebrado el 23 de octubre del mismo año 77. Implicó también el retiro de la tristemente célebre "Escuela de las Américas" donde se formaron muchos de los generales golpistas y dictadores latinoamericanos. Ahora funciona en Fort Benning, estado de Georgia. La Base Howard también está ahora en Estados Unidos, en Miami, estado de Florida.

Hace ya diez años, Estados Unidos hacía valer el conflicto interno colombiano como argumento para justificar su presencia militar en la región. Antes de terminar el año 1999,
a pocos meses de la fecha fijada para el retiro de sus tropas del territoro panameño el jefe del Comando Sur de EEUU hizo vaticinios catastróficos por los riesgos que representaban las incursiones de los rebeldes de las FARC. El General Charles Wilhelm apuntó que "los enfrentamientos en Colombia ponían en peligro la seguridad del Canal de Panamá". En una intervención ante el senado de los Estados Unidos el jefe militar del Comando Sur llegó a decir que esas circunstancias podrían requerir " de una intervención militar unilateral de tropas norteamericanas para proteger el Canal.

Ya lo decía Paul Coverdale

Tampoco hay que olvidar, como apunte histórico, al primer ponente del Plan Colombia, el senador republicano Paul Coverdale. El legislador siempre esgrimió la necesidad de petróleo que tiene su país para avalar la implicación militar norteamericana en Colombia. En junio de 1999 un periodista del diario bogotano "El Tiempo" citó una intervención del senador republicano en el Congreso de Estados Unidos. En ellas reprochaba que el entonces presidente Pastrana seguía haciendo concesiones a las guerrillas y recordaba que a fines de ese año su país tendrá que retirar las bases militares en Panamá " y esto afectará dramáticamente nuestra habilidad para luchar contra el narcotráfico así como para garantizar la seguridad y estabilidad en la región". En base a estos argumentos y otros similares, el congreso aprobó ese año un aumento significativo de la ayuda militar a Colombia. Al año siguiente se daría forma a la intervención solapada con el comienzo del "Plan Colombia". Hoy, ese país latinoamericano es el tercer receptor de ayuda militar norteamericana en el mundo, y primero en el continente.

Algo más. En un editorial del 10 de abril del 2000, Coverdale afirmó que aunque muchos ciudadanos teman otro Vietnam, resulta necesario, porque Venezuela tiene petróleo. Y concluía que como Venezuela tiene animadversión por Estados Unidos, su país debe intervenir en Colombia para dominar a Venezuela. Y ya puesto, añadía que Ecuador también resulta vital, y los indios de allí son peligrosos, de modo que Estados Unidos, también tenía que intervenir en ese país. Y este auténtico visionario de los intereses expansionistas de su país remataba sus reflexiones afirmando que si su país podía librar una guerra "en la remota Irak", seguro que también puede hacerlo en Colombia. ( se refería a la primera guerra contra Irak emprendida por su país ya con el claro objetivo de control geoestratégico y de una de las más importantes reservas petroleras del mundo ).

La reunión de UNASUR

Dentro de unas horas comenzará en Quito la reunión de UNASUR y del Consejo Sudamericano de Defensa. Uno de los temas previstos es tratar, precisamente a través de ese mecanismo regional, consolidar un bloque que incluya aspectos de la defensa común. Uribe anunció que no concurrirá con lo cual quiere colocar a sus pares ante el hecho consumado de la instalación de las bases norteamericanas en su país. Veremos que posiciones asumen los restantes países, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Suriname y Uruguay, ante este desaire del mandatario colombiano.

En principio, Evo Morales anunció que concurrirá a Quito con una propuesta de resolución para que no se acepte ninguna base militar, ningún extranjero armado y uniformado en América Latina. "No aceptamos militares norteamericanos en Bolivia ni en latinoamérica porque siempre el imperio tiene sus objetivos; permitir bases militares es una agresión a la democracia". El líder boliviano manifestó su "enorme preocupación" por la prevista ausencia de Uribe en la reunión y dijo esperar que no se estuviera instrumentando una división de UNASUR, cuando precisamente, "estamos gestando una gran integración regional" desde ese organismo.

Por su parte, Lula que tácitamente admite un liderazgo amplio en el continente, no está tranquilo con los argumentos expuestos por Uribe durante su visita. Una cosa son sus formalidades en la recepción del visitante, y otra su preocupación por los alcances de las instalaciones militares en Colombia. Su equilibrio es difícil, porque intenta mantenerse como una referencia "seria y confiable" para Estados Unidos en la región, pero precisamente sin abandonar esa suerte de liderazgo que ejerce. Ocurre que hay fundados elementos para la intranquilidad de Lula. El diario "Folha de Sao Pablo" reveló la existencia de un documento de las Fuerzas Armadas Brasileñas que fue presentado durante un seminario militar realizado en abril pasado. Allí se contemplaba la posibilidad de que una base militar en el centro de Colombia, permitiría que uno de los modernos aviones-espía norteamericanos pudiera operar en gran parte del continente sin necesidades de reabastecerse. Como Ecuador y Venezuela, también Brasil teme que el verdadero propósito de Estados Unidos sea aumentar su control militar en el continente y eventualmente, actuar sobre procesos políticos en desarrollo que no convengan a los intereses norteamericanos.

La gira de Uribe pretendió explicar y atenuar el rechazo o la intranquilidad de los presidentes sudamericanos. La reunión de UNASUR, sus debates y sus resultados, permitirá saber como se define cada uno de los presidentes ante el rumbo unilateral que adoptó el colombiano, que implica un aumento importante de su deriva militarista y un grave elemento de tensión continental. Sin desdeñar las dificultades que entrañará para el pueblo colombiano, revertir esta decisión de Uribe y recuperar la plenitud de su soberanía y autodeterminación ante esta estratégica ocupación de varios enclaves militares.

También deberán definir que actitud toman colectivamente ante los golpistas hondureños que siguen reprimiendo a su pueblo y desoyendo los pronunciamientos internacionales de condena. Los pueblos americanos esperan que sus presidentes estén a la altura de las difíciles circunstancias. Pero mientras tanto, como lo hace el pueblo hondureño, siguen expresando sus reivindicaciones y fijando sus propios objetivos a través de sus organizaciones populares y sus movimientos sociales.


- Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa.




Los payasos serios de la política latinoamericana siempre tienen miedo
Bases norteamericanas en Colombia: fuerza imperial, antiimperialistas y gobernantes tributarios.
Por: Rómulo Pardo Silva
09/08/09

Según la aceptación del gobierno colombiano, Estados Unidos realizará operaciones en siete bases, Malambo, Apiay, Palanquero, Bahía Málaga, Cartagena, Larandia y Tolemaida y sus aviones podrán aterrizar en cualquier lugar del país que consideren conveniente. Obama informó que se enviarán tropas adicionales y el Jefe del Comando Sur de USA que no se ha determinado el tipo de material que se llevará a las bases. Como objetivos de la fuerza militar extranjera se mencionan el narcotráfico, el terrorismo y Obama se refirió a "una preocupación legítima con la actividad de las (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) FARC en la frontera", es decir la intervención en el conflicto político interno y la presencia en zonas vecinas a Ecuador y Venezuela.

"No he autorizado una base militar estadounidense en Colombia, no me lo han pedido", desmintió el presidente norteamericano. Explicó que sólo se ha actualizado un acuerdo de seguridad de muchos años.

Según sus palabras los gobiernos latinoamericanos y los medios de comunicación no han entendido el acuerdo al hablar de bases militares.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, hizo una gira por siete países sudamericanos para explicar el plan militar con EE.UU. Parte de su argumentación la había dado el ministro de defensa: "no son bases norteamericanas, son colombianas". En Lima, Uribe subrayó que el acuerdo militar con Estados Unidos no contempla la presencia de tropas norteamericanas en Colombia a pesar que la Casa Blanca había decidido lo contrario.

La respuesta de algunos gobiernos fue un rechazo absoluto a las bases.

El presidente Hugo Chávez de Venezuela afirmó que las bases norteamericanas podrían escalar “una guerra en Sudamérica”, especificó entre su país y Colombia, instigada por el imperio. Contestó a la afirmación de Obama: "Cómo que no son bases, quién se va a comer ese cuento de que... los militares colombianos son los que van a comandar eso. ¡Mentira!". Dijo que se trata de una amenaza militar norteamericana por el petróleo y la política antiimperialista venezolanos. Junto con armarse y cerrar relaciones comerciales con Colombia su gobierno abre vías pacíficas para encontrar una solución.

Fidel Castro escribió al respecto: "no se arma Venezuela contra el pueblo hermano de Colombia, se arma contra el imperio, que intentó derrocarlo ya y hoy pretende instalar en las proximidades de la frontera venezolana sus armas sofisticadas".

El presidente Evo Morales le expresó a Álvaro Uribe el rechazo de su gobierno a la presencia militar estadounidense en Colombia. Adelantó que su país planteará en la próxima Cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) una resolución “para que no se acepte ninguna base militar, ningún extranjero armado, uniformado, en Sudamérica y Latinoamérica”.

El ministro de Seguridad de Ecuador, Miguel Carvajal, afirmó que con la instalación de las bases la estabilidad en la región estará en juego.

El gobierno uruguayo expresó también su desaprobación a las bases militares extranjeras. Luego de la visita de Uribe el presidente Vázquez manifestó que "la posición histórica del Uruguay (es) contraria a la existencia o establecimiento de bases militares extranjeras no sólo en el país, sino también en cualquier territorio de América Latina".

Otros gobiernos de la Región, en cambio, apoyaron a Estados Unidos dando su aprobación a la instalación en Colombia de las siete bases norteamericanas.

El mandatario peruano, Alan García, definió a Uribe como "gran amigo" y agregó que en Perú “siempre estaremos respaldando el trabajo fundamental que ha hecho usted”.

En Chile al término de la reunión de la presidenta Bachelet con Uribe el canciller declaró "La presidenta… ha reiterado (...) que Chile respeta… las decisiones políticas de cada país en este continente, y en este caso particularmente de Colombia". "¿Cómo nos vamos nosotros a involucrar en parecernos bien o mal que haya acuerdos militares de un país con otro? Nosotros respetamos", precisó. Contrariando ese respeto a las “decisiones políticas de cada país” la Cámara de Diputados chilena condenó el "abuso de poder" en Venezuela por el cierre de unas radios.

Brasil por intermedio del ministro de Relaciones Exteriores apoyó el interés de Estados Unidos al decir que la instalación de bases militares estadounidenses en territorio colombiano, es una materia exclusiva "de la soberanía colombiana, siempre y cuando se limite" a su territorio. La condición de limitarse los militares extranjeros a operar en Colombia es simplemente formal. El gobierno de Lula da Silva sabe que el imperio nunca limita sus injerencias en otros países y él mismo ha denunciado la reactivación de la IV Flota y el interés norteamericano por su petróleo atlántico y la Amazonia. Conoce que en el año 2010, el gobierno de Estados Unidos empleará 2 200 millones de dólares a través del Departamento de Estado y la USAID para promover sus políticas en otros estados.

Para conocer la verdadera independencia de los gobiernos autodefinidos como respetuosos de la soberanía de otros habría que ver qué harían si en Latinoamérica de establecieran, por ejemplo, bases militares rusas, chinas o iraníes por invitación de algún país latinoamericano.

Una posibilidad es interpretar la política internacional de los países tributarios como ejecución de las directrices de Estados Unidos.




Hugo Chávez y los medios de comunicación privados.

Rebelión....10/08/2009




El 2 de agosto de 2009, Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó un comunicado denunciando el cierre de «treinta y cuatro medios audiovisuales sacrificados por capricho gubernamental» en Venezuela. La organización parisina «protesta con vigor contra el cierre masivo de medios audiovisuales privados» y pregunta: « ¿Acaso todavía está prohibido emitir públicamente la menor crítica hacia el gobierno bolivariano? Este cierre masivo de medios de oposición, peligrosa para el porvenir de debate democrático, sólo obedece a la voluntad gubernamental de callar las voces discrepantes, y sólo agravará las divisiones en el seno de la sociedad venezolana» (1).

RSF se refiere a la decisión que tomó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) el 1 de agosto de retirar la frecuencia a treinta y cuatro emisoras de radio y televisión. Según RSF, sólo el hecho de que estos medios se hayan mostrado críticos con el gobierno de Hugo Chávez motivaría la decisión. En una palabra, se trataría de un acto político para acallar la prensa de oposición. La gran mayoría de los medios occidentales ha transmitido esta versión (2).

Ahora bien, la realidad es otra que RSF y las multinacionales de la información han ocultado cuidadosamente con el objetivo de engañar a la opinión pública y presentar al gobierno más democrático de América Latina (Hugo Chávez se ha sometido a quince procesos electorales desde que accedió al poder en 1998 y ha salido victorioso de catorce en escrutinios celebrados por el conjunto de la comunidad internacional por su transparencia) como un régimen que atenta gravemente contra la libertad de expresión.

En efecto, la decisión de la Conatel se habría tomado en cualquier país del mundo en una situación similar. Varias radios ignoraron deliberadamente una citación de la Comisión destinada a averiguar el estado de la concesión y a actualizar su situación. Después de una investigación, la Conatel descubrió numerosas irregularidades, tales como la existencia de concesionarios fallecidos cuya licencia era utilizada por una tercera persona, la no renovación de los trámites administrativos obligatorios, o simplemente la ausencia de autorización para emitir. Ahora bien, la ley venezolana, similar a las del resto del mundo, estipula que los medios que no renueven su concesión en el plazo legal o emitan sin autorización perderán su frecuencia y ésta volverá al ámbito público. Así, treinta y cuatro emisoras que emitían ilegalmente perdieron su concesión (3).

En realidad, la decisión de la Conatel, lejos de limitar la libertad de expresión, ha puesto fin a una situación ilegal y ha abierto una política de democratización del espectro radioeléctrico venezolano con el fin de entregarlo al servicio de la colectividad. En efecto, en Venezuela, el 80% de las radios y televisiones pertenecen al ámbito privado, mientras que sólo el 9% de ellas son públicas, siendo el resto para los sectores asociativo y comunitario. Además, el conjunto de los medios privados venezolanos está concentrado en manos de 32 familias (4).

Así, RSF y los medios occidentales han manipulado totalmente una medida de rutina de la Conatel para poner fin a una situación ilegal.

RSF ha elegido su campo defendiendo a ultranza a la oposición venezolana, responsable de un golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002, golpe que la organización parisina avaló inmediatamente. RSF defiende particularmente al canal golpista Globovisión , al que considera como el símbolo de la libertad de expresión en Venezuela (5). No obstante, omite señalar que además de su participación activa en el golpe de 2002,Globovisión apoyó el sabotaje petrolero ese año, lanzó un llamado a los contribuyentes para que no pagaran sus impuestos y llamó a la insurrección y al asesinato del Presidente Chávez (6).

Últimamente, Globovisión brindó su apoyo a la junta golpista de Honduras que derrocó al Presidente democráticamente elegido José Manuel Zelaya, unánimemente condenada por la comunidad internacional. El propietario del canal, Guillermo Zuloaga Núñez, reconoció al gobierno ilegal de Micheletti, lanzando al mismo tiempo un llamado al golpe de Estado en Venezuela: « El gobierno usurpador de Micheletti está ajustado a la Constitución, y nosotros quisiéramos, nos encantaría que aquí en Venezuela se respetara la Constitución como se está respetando en Honduras»(7).

RSF no defiende la libertad de expresión en Venezuela. Prefiere ponerse al lado de los enemigos de la democracia.

Notas

(1) Reporteros Sin Fronteras, «Trente-quatre médias audiovisuels sacrifiés par caprice gouvernemental», 2 de agosto de 2009.http://www.rsf.org/Trente-quatre-medias-audiovisuels.html (sitio consultado el 3 de agosto de 2009).

(2) Agencia Bolivariana de Noticias , « Productores independientes respaldan suspensión de emisoras radiales ilegales», 4 de agosto de 2009.

(3) Fabiola Sánchez, «Radios desafían a Chávez operando por Internet», The Associated Press , 3 de agosto de 2009.

(4) Thierry Deronne, «Au Venezuela, la bataille populaire pour démocratiser le ‘latifundio’ des ondes», 2 de agosto de 2009. En español: La batalla popular para democratizar el latifundio de las ondas ; Agencia Bolivariana de Noticias , «Medida de Conatel no afectará libertad de expresión e información en Venezuela», 4 de agosto de 2009.

(5) Reporteros Sin Fronteras, «Le gouvernement accélère sa croisade contre les médias privés en voulant modifier les lois et les règles», 21 de julio de 2009.

(6) Salim Lamrani, «Reporters sans frontières contre la démocratie vénézuélienne», Voltaire, 2 juillet 2009. En español: Reporteros Sin Fronteras contra la democracia venezolana.

(7) Agencia Bolivariana de Noticias , «Globovisión apoya marcha a favor de gobierno golpista en Honduras», 22 de julio de 2009.

Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad París Descartes y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista francés, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ha publicado, entre otros, Doble Moral. Cuba, la Unión Europea y los derechos humanos (Hondarriaba: Editorial Hiru, 2008). Su nuevo libro se titula Cuba. Ce que les médias ne vous diront jamais (París: Editions Estrella, 2009) con un prólogo de Nelson Mandela.





Soberanía, REFIDONSA y Venezuela


Por David La Hoz ...10/08/2009



La negociación que el Gobierno Dominicano ha efectuado con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es uno de los acontecimientos del orden económico de mayor trascendencia de cuantos ha celebrado la República Dominicana en los últimos tiempos.

Es más, nos atrevemos a afirmar que tendrá una repercusión positiva mayor que el DR-CAFTA, no porque la nación no haya podido percibir todavía el impacto del DR-CAFTA sino porque los efectos de un sólido acuerdo en el tema de los combustibles fósiles inscribe a la República Dominicana dentro del marco de las naciones que tienen garantizado un efectivo suministro de combustibles, mientras estos existan, pues se sabe, que Venezuela es uno de los estados con mayor producción y reservas de petróleo del mundo.

Es decir, es un socio en capacidad de cumplir sus obligaciones contractuales por poseer en abundancia la cosa objeto de negociación.

El acuerdo garantiza precios justos, es decir, precios iguales a los que tienen los ciudadanos de Venezuela en su país. Algo de lo que nadie debe extrañarse si se toma en cuenta que ya para 1821, José Nuñez de Cáceres planteó que la República Dominicana formase parte de la Gran Colombia que estaba construyendo Simón Bolívar.

De entonces hacia acá, las relaciones Dominico-Venezolanas han sido relaciones de hermanos. No puede en consecuencia ningún dominicano entender que se lesionan los intereses nacionales con dicha negociación. Es más, si existen en Dominicana un empresariado nacional y un empresariado extranjero, como en efecto entendemos que existen, es obvio entender que la competitividad de Dominicana ha subido el precio de sus acciones luego de dicho acuerdo, porque aporta lo que está escaseando en el mundo para mover la industria y los negocios en la era moderna: petróleo. Es la forma más inteligente de poseer petróleo sin tener pozos petroleros.

Ningún interés particular puede estar por encima del interés general, ningún otro estado basado en los razonamientos que fueren, puede objetar ese acuerdo. Incluso, los propios Estados Unidos tienen acuerdos de suministro privilegiado de combustibles con la propia Venezuela, es decir, Estados unidos depende de Venezuela en el renglón combustibles, y pese a algunos escarceos diplomáticos, ningún congresista estadounidense ha objetado que el Estado de Washington y Jefferson mantenga dicho acuerdo con la Venezuela de Simón Bolívar. Esto así porque además, por encima de cualquier otro razonamiento jurídico-político, están los intereses de los consumidores que son derechos de tercera generación muy en boga para ser soslayados por rancios criterios de la era de la Guerra Fría.

La Refidonsa requiere ser transformada, se sabe que la Shell no invirtió un centavo en convertirla en una refinería real en su dilatada estancia al frente de ésta, se limitó a aprovecharse de las ventajosas condiciones de negocios que le otorgaba el Estado de Venezuela no a ella sino al Estado Dominicano, a quien explotaba por igual, sin dejar nada a cambio.

Las voces interesadas en pescar en río revuelto nunca dijeron nada sobre las desiguales relaciones que mantenía el Estado con la Shell porque eso era afectar la sacrosanta propiedad privada. A la Shell nadie la sacó, se fue cuando así lo determinaron sus intereses particulares, cuando se dio cuenta que para seguir el negocio debía invertir una fuerte suma en modernizar la planta que tantos beneficios les dio, y hubo que pagarle muy caro las chatarras que nos dejó con el falso nombre de refinería. Si Venezuela garantiza la inversión que la Shell se negó a hacer, nos suministra petróleo a precios estables, nos convierte en exportadores de productos refinados, creándonos de paso empleos ¿por qué rechazar dicha oferta? ¿Acaso somos tontos? ¿Quién puede hacer una oferta mejor que Venezuela? Ninguna de las voces que han salido, ni los lobbistas que han sido contratados con altas sumas de dólares generados en la República Dominicana, están en capacidad de ofertar una mejor opción.

En cambio, estamos de acuerdo con las críticas que se hacen al Gobierno Dominicano por su incapacidad para explicar al país los términos del acuerdo y para defenderlo a capa y espada, como si tuviesen vergüenza de haber realizando la más trascendente negociación que se ha hecho en el país casi en toda su historia.

El gobierno debe actuar de cara a la nación y defender con gallardía sus buenas ejecutorias. Las asociaciones de consumidores deben hacer oír su voz al respecto junto con las demás organizaciones de la sociedad civil en razón de que criterios corporativistas no deben prevalecer sobre los derechos de los consumidores.

El principio de soberanía resguarda a todo estado Nación de la posibilidad de negociar con sus pares del mundo. El DR-CAFTA no puede ser visto como una pinza para restringir la soberanía. Es un mal servicio que se hace a un acuerdo que ha nacido convaleciente por la pésima forma en que se negoció. Los que participaron en ese desastre no pueden aparecer ahora como profetas, tampoco los críticos interesados de la oposición vacía pueden darnos cátedras de buenas acciones, pueden opinar porque somos una democracia en construcción, pero sus demagógicos consejos de nada sirven.

Los demás razonamientos que manejan los críticos de la negociación con Venezuela, son injerencias, atentan contra el Derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es decir, violan la Carta de las Naciones Unidas, Carta de la OEA y el Acuerdo de Marrakech. Por tanto, una ilegalidad no puede dar lugar a un debate. DLH-9-7-2009.

domingo, 9 de agosto de 2009



Conatel y Asamblea Nacional buscan garantizar la democracia informativa.

Americasiglo XXI...09/08/2009


Legalidad: 285 medios audiovisuales perderán su concesión por no presentarse al llamado público de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a que exhibieran su documentación. Conforme a la Constitución de Venezuela, los espacios radioeléctricos recuperados serán cedidos a la ciudadanía a través de los Consejos Comunales. Conatel llevó adelante una evaluación exhaustiva de la situación tributaria de los responsables de las concesiones de radio y televisión: el 41% de los apoderados de las licencias de AM y FM no han pagado los impuestos correspondientes, y sólo el 51% de los responsables de los permisos televisivos está al día con los gravámenes. La Asamblea Nacional se comprometió a trabajar con la Comisión de Telecomunicaciones en su lucha contra el monopolio mediático. En el país, 300 emisoras están en manos de 27 familias.

“Vamos a trabajar para acabar con el latifundio radioeléctrico”, dijo Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y Vivienda, cuando el presidente Chávez lo designó al frente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). A principios de junio, Cabello llamó a los medios de comunicación a dirigirse a Conatel para presentar los documentos que demostraran la legalidad de sus concesiones: “Los invito a presentar sus datos a todos aquellos que posean concesiones. Tengan la seguridad de que vamos a trabajar ajustados a la ley”. Por no presentarse en el plazo indicado (del 2 al 23 de junio), 285 medios audiovisuales perderán su concesión. 45 emisoras de televisión, 86 radios AM y 154 emisoras FM no presentaron las autorizaciones correspondientes.

“El medio de comunicación que no fue a Conatel, renunció a cualquier derecho a la defensa, y al que fue a actualizar sus datos se le hará un proceso de revisión de cada uno de los documentos que entregó”, expresó el Ministro. El paso siguiente –indicó Cabello– será “abrir los procedimientos administrativos y eso llevará al decomiso de los equipos y sanciones para aquellos que están haciendo uso del espectro radioeléctrico sin estar debidamente autorizados en Conatel”.

Conforme a la Constitución de Venezuela, los espacios radioeléctricos recuperados serán entregados a la ciudadanía: a los Consejos Comunales y a personas que llevan más de 20 años solicitando una concesión. “El Gobierno Nacional está empeñado en democratizar el uso del espectro radioeléctrico”, indicó Cabello.

Cifras elocuentes

Luego del lapso de 15 días hábiles para la actualización de los datos de las concesiones de radio y televisión, el ministro Diosdado Cabello informó los resultados: de las radios de Amplitud Modulada (AM) privadas, el 47% no pasó por Conatel. De las concesiones de Frecuencia Modulada (FM) privadas, 154, equivalentes al 33% de las licencias, no pasaron por la Comisión, mientras que 318 –el 67%– sí lo hicieron. De televisión de alta frecuencia (VHF), 85 concesiones pasaron por Conatel. Un 11% no pasó por el organismo a presentar su documentación. En cuanto a la televisión de ultra frecuencia (UHF), 68 pasaron por la Comisión y 35 no asistieron. Conatel también llevó adelante una evaluación exhaustiva de la situación tributaria de los responsables de las concesiones de radio y televisión.El 19% de los apoderados de las licencias de radio de Amplitud Modulada no ha pagado los impuestos correspondientes, mientras que el 6% jamás ha ido
a la Comisión. De las FM, el 22% no ha pagado los impuestos correspondientes y el 9% nunca ha concurrido a Conatel. En televisión la situación no es diferente: el 13% no ha pasado por Conatel en esta ocasión y el 7% no ha concurrido nunca. Sólo el 51% de los responsables de las licencias televisivas está pagando impuestos correctamente.

Democratizar los medios de comunicación

Luego de dar a conocer los resultados obtenidos por Conatel, y respondiendo a las acusaciones de la oposición sobre la censura a la libertad de prensa, Diosdado Cabello dijo: “Defienden una libertad de expresión que no es permitida en sus países de origen. Están acostumbrados a ser jueces y verdugos, y no hay un solo país en el mundo que tenga la libertad de expresión que hoy existe en Venezuela, pero repito: no vamos a caer en el chantaje”. El responsable del organismo llamó a la opinión pública de Venezuela y del mundo a no “sorprenderse cuando el Gobierno tome una decisión sobre algunos medios de comunicación que tienen como política el terrorismo mediático y la violación sistemática de la Constitución”. Las vehementes citas del Ministro se apoyan en la investigación de la Comisión: 300 emisoras, de las más de 970 que hay en el país, están en manos de 27 familias. Bajo la figura eufemística de Circuitos, estos grupos
forman verdaderos latifundios mediáticos. “Imaginen que 27 familias tuvieran el 31% del territorio agrícola de un país”, dijo Cabello para ejemplificar. “Utilizando la figura del Circuito se han hecho 50 mil negociaciones no validadas ni ante Conatel ni ante el Ministerio de Obras Públicas”, remarcó el funcionario.

La Comisión no está sola en su lucha contra el monopolio mediático. El 16 de julio, la Asamblea Nacional aprobó un documento en el que se expresa el apoyo a Conatel en su trabajo por garantizar la democracia informativa. En el texto elaborado por la Asamblea se deja constancia que, según los datos corroborados por Conatel, más del 40% del espectro radioeléctrico está siendo utilizado y explotado de manera ilegal, contraviniendo lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que establece: “el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público de la República Bolivariana de Venezuela, para cuyo uso y explotación deberá contarse con la respectiva concesión de conformidad con la ley”. Basada en los datos provistos por Conatel, la Asamblea se comprometió a luchar por la democratización de los medios de comunicación.

El Parlamento denunció además que “la campaña mediática multimillonaria de las organizaciones Cedice y Asoesfuerzo, utilizada en contra del Anteproyecto de Ley de Propiedad Social, atenta contra la moral, la paz y la tranquilidad de la República, con el agravante del encubrimiento sobre el origen de los fondos utilizados en esa miserable campaña de manipulación y engaño, y con la perversa intención de generar miedo, confusión y terror en la gente”. Los legisladores abogaron por la apertura de una exhaustiva investigación ante la presunta violación del artículo 1171 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que establece: “El que utilice o permita el uso de los servicios de telecomunicaciones como medios para coadyuvar en la comisión de delitos, será sancionado con la revocatoria de la habilitación administrativa o concesión, según sea el caso”.

Lejos de amilanarse, Chávez aceleró: eso es el proceso en curso en estos meses, mediante el cual se convocó a sumar nuevos militantes, a reorganizar la estructura partidaria y revisar programa y estatuto en un congreso extraordinario. Los resultados están a la vista: alrededor de un millón de jóvenes menores de 29 años se sumaron al Psuv. Y la afiliación total llegó a siete millones 200 mil, con un activo estimado en alrededor de cuatro millones. Los Batallones de 300 miembros se transforman en Patrullas de 30, la organización territorial deja paso a la estructuración por lugar de trabajo o actividad y queda pendiente la manera como se dará el debate teórico-político y la elección de las nuevas autoridades. Es posible un pronóstico firme: el Psuv saldrá de esta prueba, hacia octubre próximo, más fuerte, más claro, más eficiente y más democrático.

Pensamiento y acción

Casi por unanimidad, la Asamblea Nacional, amparada en el deber del Ejecutivo Nacional de garantizar la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión en la difusión y recepción de mensajes; fomentar el equilibrio democrático y promover la justicia social y la sana formación ciudadana, se comprometió a darle continuidad a las investigaciones que adelanta la Asamblea Nacional a través de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, de acuerdo a las denuncias consignadas por las usuarias y usuarios, organizaciones sociales y productores audiovisuales independientes. Así como a respaldar categóricamente las medidas implementadas por el Gobierno a través del Ministerio para las Obras Públicas y la Vivienda, a fin de garantizar la democratización del espectro radioeléctrico, la eliminación del latifundio mediático, la paz, la tranquilidad y la salud mental del pueblo venezolano.
“Estas medidas son esenciales para la continuidad de la Revolución”, afirmó Diosdado Cabello al hacer uso de la palabra en la Asamblea Nacional.

Inés Hayes, con informes de Yvke Mundial y Radio Nacional de Venezuela.



Honduras: La obscenidad de un obispo y los muertos de la China.

Rebelión...09/08/2009


Acabo de escuchar una asombrosa entrevista con el golpista obispo auxiliar de Tegucigalpa monseñor Darwin Andino por Radio Globo de Honduras.

La valiente periodista Ariela Cáceres sometió al tal monseñor a un duro cuestionamiento. Darwin Andino negó obstinadamente que hubiesen habido muertos durante el golpe de estado negando además, por supuesto, que en Honduras hubiese ocurrido golpe alguno.

Todo esto lo decía al tiempo que aclaraba, sin el menor rubor, que él no tomaba partido por ningun bando desde su evangélica posición de imparcialidad celestial.

Monseñor Andino, negación de Darwin y prueba vivente de la involución humana en lo moral, reconoció hacia el final de la entrevista que han habido "algunos muertos" desde el 28 de junio, pero que eso para nada se compara a la horrenta masacre perpetrada por el antidemocrático (y ateo) régimen comunista de Pekín en la plaza de Tianamen en 1989.

El problema del monseñor golpista evidentemente no tiene nada que ver con las matemáticas sino con la deontología. Sin embargo, es oportuno el hacer un par de simples cálculos porque ¿será verdad eso de que la masacre de Tianamen fué peor que las masacres de Micheletti? Veamos:

Según un artículo del New York Times del 21 de junio de 1989, en la Plaza de Tianamen hubo de 400 a 800 muertos - esas son las cifras generalmente aceptadas. En 1989, China tenía 1 127 millones de habitantes.

En Honduras han muerto por lo menos siete personas desde el 28 de junio:

Un grupo de activistas guatemaltecos de los derechos humanos que había estado de visita en el país reportaba el 7 de julio al menos cinco muertos. Desde entonces, tenemos a los maestros Roger Vallejo y Martín Florencio Rivera Barrientos.

También hay otros casos de personas que han sido encontradas con incontables puñaladas en el cuerpo y señas de tortura, etcétera, pero vamos a ser generosos. No contaremos tampoco a la gran cantidad de desapariciones que han sido denunciadas. Démosle al moralmente impedido monseñor Andino el beneficio de la duda o - tal vez más apropiado a su alma de tendero de la fe - rebaja por los muertos.

La población de Honduras es, según datos oficiales, de 7 326 496 personas.

Si dividimos la cantidad de muertos entre la población total de los respectivos países tendremos que:

China: 800 muertos (por lo alto) entre 1 127 millones de habitantes igual a 0,000000709, es decir 0,7 muertos por millón de habitantes.

Honduras: 7 muertos (por lo bajo) entre 7 326 496 habitantes nos da 0,000000955, es decir 0,95 muertos por millón de habitantes, es decir, casi un muerto por millón.

Sí, lo sé. Es una matemática obscena. Pero un mundo en el que los altos sacerdotes de la CNN y los de la Iglesia Católica tratan de manera tan distinta a los muertos lo es mucho más.

Al finalizar el programa de Radio Globo un periodista reportó que diez hondureños que trataban de regresar a su país desde Nicaragua habían sido interceptados por tropas del ejército en la frontera. Tres de ellos fueron salvajemente golpeados y luego llevados a paradero desconocido por los uniformados.

Los siete que lograron huir alertaron a la prensa con sus celulares.